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PALM BEACH, Fla. — In a historic shift for South Florida’s airspace, the Federal Aviation Administration (FAA) has…
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https://www.newsbeep.com/us/752330/

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Gas, guerra y poder en Israel

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Nuevo mapa del poder en el Mediterráneo Oriental (El Tábano Economista)

Las guerras, como los grandes incendios, suelen explicarse por la chispa que los enciende. Los titulares del mundo, en su vértigo diario, nos ofrecen razones inmediatas: seguridad, terrorismo, represalias, fronteras, religión o identidad nacional. Pero la historia, esa vieja maestra que rara vez se lee con atención, nos enseña que las transformaciones geopolíticas de calado nunca responden a una única causa, ni siquiera a una docena de ellas.

Debajo de los discursos oficiales, como corrientes subterráneas en un lecho seco, suelen encontrarse intereses estructurales que operan en horizontes de décadas y no de meses. En el caso de Gaza y del sur del Líbano, la dimensión energética constituye uno de esos factores silenciosos pero decisivos que, sin explicar por sí solos el conflicto, iluminan con una claridad incómoda por qué determinadas decisiones estratégicas –aparentemente desproporcionadas o irracionales desde la óptica humanitaria– adquieren una lógica implacable para el Estado de Israel.

El Mediterráneo Oriental se ha convertido en el siglo XXI en el escenario de una de las operaciones de reordenamiento geoeconómico más sofisticadas y, a la vez, más violentas de la historia contemporánea. No se trata ya de una simple pugna por unos pocos pozos de gas, sino de la edificación de una arquitectura de coerción donde la energía no es un puente para la paz, como tantas veces se proclamó en la retórica de los foros internacionales, sino el combustible de una maquinaria de guerra que requiere la destrucción continua de pueblos enteros para mantener sus turbinas girando. Esta es una afirmación dura, sin duda, pero que merece ser examinada con la frialdad, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión del orden emergente en una de las regiones más volátiles del planeta.

Para comprender la magnitud de este fenómeno, conviene recordar un dato fundamental que a menudo se pierde en la bruma de la actualidad. Durante gran parte de su historia moderna, Israel fue un importador neto de energía. Dependía de proveedores externos, a menudo hostiles, y de una geografía poco favorable para garantizar su seguridad energética. Esa vulnerabilidad, que durante décadas condicionó su doctrina de defensa y su política exterior, comenzó a disiparse de forma radical con los descubrimientos gasíferos del Mediterráneo Oriental.

Los yacimientos de Tamar en 2009, Leviatán en 2010, Tanin en 2016 y Karish en 2022 transformaron la ecuación estratégica israelí con una velocidad que pocos analistas supieron anticipar. De repente, un país históricamente dependiente pasó a disponer de reservas capaces no solo de abastecer su mercado interno con holgura, sino de exportar excedentes a sus vecinos y, lo que resulta aún más relevante, a un mercado europeo ávido de alternativas al gas ruso.

Desde entonces, la energía dejó de ser una cuestión meramente técnica o comercial para integrarse en el núcleo mismo de la doctrina de seguridad nacional israelí. Diversos estudios académicos, que han ido emergiendo en los últimos años, muestran cómo la política exterior de Jerusalén comenzó a girar alrededor de la construcción de alianzas energéticas con Grecia, Chipre y Egipto, y posteriormente con la Unión Europea. Desesperada por sustituir el gas del Kremlin, UE miró hacia el Mediterráneo Oriental y encontró en Israel un socio prometedor. Las cifras hablan por sí solas: en 2023, las exportaciones israelíes de gas hacia Egipto y Jordania crecieron un 25%, mientras Egipto reexporta una parte significativa de ese gas como GNL hacia los puertos europeos. La ruta energética del Levante hacia el Viejo Continente ya no es un proyecto de futuro; es una realidad en funcionamiento.

Sin embargo, esta historia, como todas las historias de poder y recursos, no se limita a la aparición de yacimientos y la firma de contratos. Incluye también a un actor sistemáticamente ausente de los acuerdos energéticos regionales: Palestina. Frente a la costa de Gaza se encuentra Gaza Marine, un campo gasífero descubierto en el año 2000 cuya explotación, según estimaciones recientemente citadas por The Guardian, podría proporcionar alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos y ofrecer una base económica estable para una futura entidad palestina.

El yacimiento de Gaza Marine se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros mar adentro de la Franja. Israel, gracias a su tecnología offshore y su poderío naval, puede explotar sus propios campos sin necesidad de controlar físicamente todo el territorio de Gaza. Esta es una objeción técnica que algunos analistas esgrimen para descartar la variable energética como motor principal de la guerra. Sin embargo, el argumento resulta engañoso, porque el control político del litoral, la capacidad de otorgar licencias, de garantizar la seguridad de las infraestructuras exportadoras y de integrar el gas en la red energética regional son funciones que requieren un dominio de facto sobre las aguas adyacentes. Y ese dominio, en la práctica, se ejerce mediante la fuerza naval, el bloqueo y la destrucción sistemática de cualquier infraestructura costera que pudiera albergar una amenaza potencial.

La destrucción de puertos, embarcaciones y zonas residenciales frente al mar en Gaza no es un efecto colateral del conflicto; es, visto desde esta óptica, una limpieza espacial profundamente intencional. Se trata de garantizar que el perímetro de seguridad de los activos energéticos regionales nunca sea amenazado por actores asimétricos. Israel ha logrado situarse en la posición de guardián energético del Mediterráneo Oriental bombardeando Gaza, convirtiendo la miseria y la muerte de millones de personas en el costo de operación de su nueva identidad como potencia energética.

El holocausto en Gaza, en este sentido, no es solo una operación militar contra Hamás; es la consolidación violenta de una arquitectura energética que requiere la neutralización de cualquier amenaza, real o potencial, que pueda surgir de la costa palestina. Esta es una de esas verdades incómodas que rara vez se pronuncian en las salas de prensa, pero que se imponen con la fuerza de la evidencia cuando se observa el mapa y se siguen los flujos del capital.

Pero el Mediterráneo Oriental no es solo Gaza. Al norte, la frontera marítima entre Israel y el Líbano ha sido durante años otro escenario de tensión y disputa. Existe una enorme confusión pública sobre la llamada «Línea 23», que no es una línea de explotación petrolera, sino una línea de delimitación marítima que ambos países han reclamado con argumentos contrapuestos. Durante años, la disputa involucró aproximadamente unos 860 kilómetros cuadrados, que las reclamaciones libanesas ampliaron hasta unos 2.290 kilómetros cuadrados de aguas potencialmente gasíferas.

En octubre de 2022, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos. Israel conservó el control sobre el yacimiento de Karish, mientras que el Líbano obtuvo derechos de exploración sobre la parte norte del campo de Qana, aunque la mayor parte de este quedó en manos israelíes al trazar la frontera que le correspondia en la línea 29 terminó en Israel linea 1 por la pendiente 45 grados arriba.

¿Por qué, entonces, bombardear y ocupar el sur del Líbano de nuevo, si existía un acuerdo negociado? Aquí la variable energética se mezcla inextricablemente con la militar. El problema central para Israel es que Hezbolá posee la capacidad de amenazar tanto las plataformas offshore como los gasoductos y las infraestructuras energéticas en tierra.

Durante la negociación de 2022, la milicia libanesa utilizó explícitamente la amenaza contra el campo de Karish como instrumento de presión, demostrando que la energía es un campo de batalla más. Desde la óptica israelí, la profundidad de seguridad en el sur del Líbano no solo protege los asentamientos civiles de Galilea, sino también las instalaciones energéticas marítimas y el corredor de exportación que conecta con el resto de la región. Por eso, la dimensión energética y la militar aparecen estrechamente vinculadas en la mente de los planificadores estratégicos de Jerusalén.

La actual guerra en el sur del Líbano y el establecimiento de facto de una zona de amortiguamiento al norte del río Litani no son solo tácticas de contrainsurgencia; son la extensión territorial de la protección de los activos offshore. Al controlar el litoral libanés y bombardear sistemáticamente las infraestructuras del sur, Israel asegura que ninguna amenaza asimétrica pueda surgir de la costa para interrumpir el flujo de gas de Karish o para amenazar las aproximaciones norteñas al campo de Leviatán.

Israel no solo explota sus propios yacimientos; concesiona pozos, firma contratos con multinacionales, como Chevron, y establece acuerdos de exportación con Europa. Pero para todo ello necesita el mando militar absoluto sobre las aguas y las costas adyacentes, un mando que solo puede mantenerse mediante la guerra perpetua. No es una cuestión de paranoia, sino de lógica estructural: la infraestructura energética es vulnerable por definición, y en una región tan volátil como el Levante, la seguridad de los activos estratégicos se convierte en una obsesión que justifica cualquier medio.

La principal vía de exportación de gas israelí a la Unión Europea pasa actualmente por un gasoducto que va de Ashkelon, en Israel, a Al-Arish, en Egipto. Una vez en suelo egipcio, el gas israelí puede usarse internamente o, lo que resulta más lucrativo, alimentarse en las plantas de licuefacción egipcias, desde donde se exporta gas natural licuado a nivel mundial. Este gasoducto, también conocido como gasoducto del Mediterráneo Oriental (EMG), discurre paralelo a la costa de Gaza, atravesando las zonas marítimas que Palestina reclama como propias según su declaración de 2019 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El trazado del oleoducto cruza la zona contigua palestina y su zona económica exclusiva, un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público pero que tiene profundas implicaciones jurídicas.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, cada estado costero tiene soberanía sobre su mar territorial hasta 12 millas náuticas, y derechos exclusivos sobre los recursos naturales en su zona económica exclusiva hasta 200 millas. Israel no es parte de esta convención, un detalle no menor que le permite esquivar con cierta comodidad los compromisos internacionales. Pero Palestina, que sí ha realizado declaraciones al respecto, ve cómo sus aguas son utilizadas para el tránsito de recursos energéticos sin su consentimiento, sin compensación económica y sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos.

Organizaciones como Global Witness han señalado que no existen pruebas de que Palestina reciba tasas de tránsito u otra compensación monetaria por el paso del gasoducto por sus aguas. En contraste, Ucrania, que no es un país petrolero, obtuvo 800 millones de dólares en 2023 por ingresos de tasas de tránsito que representan aproximadamente el 0,5% de su PIB. La diferencia es abismal y revela el grado de expropiación silenciosa que se está produciendo en el Mediterráneo Oriental.

La cuestión central, sin embargo, no es únicamente la existencia de gas bajo las aguas frente a Gaza. La cuestión estratégica, la que verdaderamente importa en el tablero geopolítico, es que Israel ha logrado situarse en la posición desde la cual puede autorizar, bloquear, proteger o integrar prácticamente cualquier proyecto energético relevante en el Mediterráneo Oriental meridional.

Ese poder no deriva solamente de la posesión de yacimientos, que son muchos y valiosos, sino del control de las aguas, de la seguridad marítima, de la infraestructura de exportación, de las conexiones con Egipto y, sobre todo, de la capacidad de determinar quién participa y quién queda excluido de la arquitectura energética regional. Es un poder de gatekeeper, de portero, que otorga una influencia desproporcionada en las decisiones que afectan a toda la región.

La prueba más evidente de esta dinámica apareció en 2022, cuando la Unión Europea, Israel y Egipto firmaron un memorando para incrementar el suministro de gas hacia Europa tras la ruptura energética provocada por la guerra de Ucrania. Palestina no participó en el acuerdo. Tampoco fue consultada sobre el tránsito de recursos energéticos por zonas marítimas que reclama como propias.

Lo verdaderamente revelador, y aquí es donde el análisis adquiere su dimensión más profunda, es que el debate ya no gira únicamente sobre la propiedad de un determinado yacimiento. Lo que está en juego es el control del sistema completo. La historia de las grandes potencias demuestra que el poder raramente proviene solo de la posesión de recursos. Los imperios marítimos construyeron su influencia dominando rutas, puertos y corredores comerciales. Estados Unidos consolidó su liderazgo global controlando líneas de comunicación estratégicas y puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz o el canal de Panamá. Turquía multiplica su importancia geopolítica gracias a su posición como corredor energético entre Asia y Europa. Israel parece perseguir una lógica similar en el Mediterráneo Oriental, pero con un componente adicional: la capacidad de usar la fuerza militar para garantizar la exclusividad de su dominio.

Bajo esta perspectiva, Gaza Marine, Leviatán, Karish, Tamar y la frontera marítima con Líbano dejan de ser elementos aislados para convertirse en piezas de un mismo tablero geoeconómico. El objetivo israelí no sería simplemente exportar gas, sino consolidar una arquitectura energética regional donde el Estado hebreo funcione como nodo indispensable entre Oriente Medio y Europa.

Un centro energético que no solo canalice sus propios recursos, sino que, en el futuro, pueda integrar gas de otros países de la región, siempre bajo su supervisión y control. En ese esquema, Gaza adquiere una relevancia estratégica que va mucho más allá de la lucha contra Hamás. El corredor marítimo frente a sus costas no solo alberga recursos energéticos potenciales; también constituye una zona crítica para la seguridad de la infraestructura gasífera regional. Es una pieza de un rompecabezas que no puede quedar en manos de un actor hostil o incierto.

Algo similar ocurre en el sur del Líbano. La presencia de Hezbolá cerca de las plataformas offshore israelíes representa una amenaza directa para instalaciones que se han convertido en activos nacionales estratégicos. Desde la perspectiva israelí, la profundidad de seguridad en la frontera norte no solo protege asentamientos civiles, sino también la infraestructura que sustenta su nueva condición de exportador energético. Por eso, cualquier operación militar en la zona adquiere una justificación que va más allá del mero enfrentamiento con una milicia; se convierte en una necesidad estructural para la supervivencia del modelo energético israelí. Esta lógica, una vez comprendida, ayuda a explicar por qué Israel ha estado dispuesto a escalar el conflicto en el Líbano incluso después de haber alcanzado un acuerdo de delimitación marítima. El acuerdo era útil, pero no resolvía el problema de fondo: la amenaza asimétrica que Hezbolá representa para los activos energéticos. Y esa amenaza, desde el punto de vista israelí, solo puede neutralizarse mediante la ocupación y el control del territorio desde el cual podría lanzarse.

La consecuencia de todo ello es la emergencia de una nueva geografía del poder en el Mediterráneo Oriental. Una geografía donde la seguridad militar, la diplomacia energética y las infraestructuras de transporte se encuentran íntimamente entrelazadas, hasta el punto de que resulta imposible analizar una sin tener en cuenta las otras. La destrucción de Gaza y las operaciones militares en el Líbano no pueden explicarse exclusivamente por la variable energética; sería una simplificación que empobrecería el análisis. Pero tampoco pueden analizarse ignorando el contexto energético que se ha desarrollado paralelamente durante las últimas dos décadas. Esa omisión, tan frecuente en el periodismo de actualidad y en la retórica política, conduce a una comprensión fragmentaria y engañosa de lo que realmente está sucediendo.

Desde esta perspectiva, lo que emerge es una estrategia israelí de largo plazo, una estrategia que no figura en ningún documento oficial pero que se deduce de la coherencia de las acciones militares, diplomáticas y económicas. Se trata de consolidar una arquitectura energética y logística en el Mediterráneo Oriental donde la seguridad de los espacios adyacentes a sus principales activos energéticos se convierte en una condición indispensable para proyectar influencia económica y geopolítica hacia Europa. Gaza Marine, Leviatán, Karish y la frontera marítima con Líbano no constituyen objetivos aislados, sino componentes de un mismo entramado destinado a transformar a Israel de importador vulnerable de energía en nodo estratégico de conexión entre Oriente Medio y los mercados europeos. Es un salto cualitativo en su posición geopolítica, comparable en su significado histórico a la adquisición de la capacidad nuclear, aunque con un perfil mucho más bajo y, por tanto, más fácil de ocultar detrás de la retórica de la seguridad.

Pero esta estrategia tiene un precio, y ese precio lo pagan los pueblos vecinos. La explotación del gas israelí no se produce en el vacío; se produce sobre las ruinas de Gaza y bajo las bombas que caen sobre el Líbano. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, se enfrenta a una elección incómoda. Mientras siga importando gas israelí sin exigir la desmilitarización de las zonas de exclusión, sin demandar el derecho de los palestinos a explotar Gaza Marine, y sin condenar la ocupación y el bombardeo del sur del Líbano como una violación inaceptable de la soberanía regional, estará siendo cómplice de esta arquitectura de coerción. No es una acusación liviana, pero es la conclusión a la que conduce un análisis riguroso de los hechos.

El gas que fluye por el Mediterráneo Oriental hacia los puertos europeos no es solo una fuente de energía para calentar hogares y hacer funcionar fábricas. Es también el combustible de una máquina de guerra que requiere la destrucción continua de Gaza y el Líbano para mantener sus turbinas girando. Esa es la realidad que los titulares ocultan, que los comunicados oficiales desdibujan y que los debates diplomáticos evitan. Es hora de que el mundo deje de mirar hacia otro lado mientras se quema el futuro de un pueblo para mantener las luces encendidas en otro. La negación de los vecinos de Israel a explotar las energías que les pertenecen no es un efecto secundario de la ocupación, ni una desgracia colateral del conflicto; es, en gran medida, el núcleo mismo del proyecto geopolítico israelí en el Mediterráneo Oriental.

Este proyecto, sin embargo, no es eterno ni inexpugnable. Descansa sobre una base frágil: la capacidad de mantener la guerra perpetua y la complicidad internacional. Si la comunidad internacional, y especialmente Europa, decidiera priorizar el derecho inalienable de los pueblos a la soberanía sobre sus recursos naturales por encima de sus propias necesidades energéticas a corto plazo, el castillo de naipes empezaría a tambalearse. No se trata de un idealismo ingenuo; se trata de reconocer que la estabilidad duradera en la región no puede construirse sobre la exclusión y la violencia, sino sobre una distribución equitativa de los recursos y un respeto genuino al derecho internacional.

El Mediterráneo Oriental es, en este sentido, un laboratorio del futuro que nos espera: un mundo donde la energía, el poder y la guerra se entrelazan de forma cada vez más inextricable, y donde las decisiones que se toman hoy en las salas de juntas de las compañías energéticas y en los cuarteles generales de los ejércitos tendrán consecuencias que perdurarán durante generaciones. La pregunta que debemos hacernos no es si el gas es la causa de la guerra, sino si estamos dispuestos a aceptar que la guerra sea el precio del gas. Y si la respuesta es no, entonces habrá que empezar a construir alternativas, por difíciles y complejas que sean, antes de que el Mediterráneo se convierta en un mar de sangre y de gas, y no necesariamente en ese orden.

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Gas, guerra y poder en Israel

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Nuevo mapa del poder en el Mediterráneo Oriental (El Tábano Economista)

Las guerras, como los grandes incendios, suelen explicarse por la chispa que los enciende. Los titulares del mundo, en su vértigo diario, nos ofrecen razones inmediatas: seguridad, terrorismo, represalias, fronteras, religión o identidad nacional. Pero la historia, esa vieja maestra que rara vez se lee con atención, nos enseña que las transformaciones geopolíticas de calado nunca responden a una única causa, ni siquiera a una docena de ellas.

Debajo de los discursos oficiales, como corrientes subterráneas en un lecho seco, suelen encontrarse intereses estructurales que operan en horizontes de décadas y no de meses. En el caso de Gaza y del sur del Líbano, la dimensión energética constituye uno de esos factores silenciosos pero decisivos que, sin explicar por sí solos el conflicto, iluminan con una claridad incómoda por qué determinadas decisiones estratégicas –aparentemente desproporcionadas o irracionales desde la óptica humanitaria– adquieren una lógica implacable para el Estado de Israel.

El Mediterráneo Oriental se ha convertido en el siglo XXI en el escenario de una de las operaciones de reordenamiento geoeconómico más sofisticadas y, a la vez, más violentas de la historia contemporánea. No se trata ya de una simple pugna por unos pocos pozos de gas, sino de la edificación de una arquitectura de coerción donde la energía no es un puente para la paz, como tantas veces se proclamó en la retórica de los foros internacionales, sino el combustible de una maquinaria de guerra que requiere la destrucción continua de pueblos enteros para mantener sus turbinas girando. Esta es una afirmación dura, sin duda, pero que merece ser examinada con la frialdad, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión del orden emergente en una de las regiones más volátiles del planeta.

Para comprender la magnitud de este fenómeno, conviene recordar un dato fundamental que a menudo se pierde en la bruma de la actualidad. Durante gran parte de su historia moderna, Israel fue un importador neto de energía. Dependía de proveedores externos, a menudo hostiles, y de una geografía poco favorable para garantizar su seguridad energética. Esa vulnerabilidad, que durante décadas condicionó su doctrina de defensa y su política exterior, comenzó a disiparse de forma radical con los descubrimientos gasíferos del Mediterráneo Oriental.

Los yacimientos de Tamar en 2009, Leviatán en 2010, Tanin en 2016 y Karish en 2022 transformaron la ecuación estratégica israelí con una velocidad que pocos analistas supieron anticipar. De repente, un país históricamente dependiente pasó a disponer de reservas capaces no solo de abastecer su mercado interno con holgura, sino de exportar excedentes a sus vecinos y, lo que resulta aún más relevante, a un mercado europeo ávido de alternativas al gas ruso.

Desde entonces, la energía dejó de ser una cuestión meramente técnica o comercial para integrarse en el núcleo mismo de la doctrina de seguridad nacional israelí. Diversos estudios académicos, que han ido emergiendo en los últimos años, muestran cómo la política exterior de Jerusalén comenzó a girar alrededor de la construcción de alianzas energéticas con Grecia, Chipre y Egipto, y posteriormente con la Unión Europea. Desesperada por sustituir el gas del Kremlin, UE miró hacia el Mediterráneo Oriental y encontró en Israel un socio prometedor. Las cifras hablan por sí solas: en 2023, las exportaciones israelíes de gas hacia Egipto y Jordania crecieron un 25%, mientras Egipto reexporta una parte significativa de ese gas como GNL hacia los puertos europeos. La ruta energética del Levante hacia el Viejo Continente ya no es un proyecto de futuro; es una realidad en funcionamiento.

Sin embargo, esta historia, como todas las historias de poder y recursos, no se limita a la aparición de yacimientos y la firma de contratos. Incluye también a un actor sistemáticamente ausente de los acuerdos energéticos regionales: Palestina. Frente a la costa de Gaza se encuentra Gaza Marine, un campo gasífero descubierto en el año 2000 cuya explotación, según estimaciones recientemente citadas por The Guardian, podría proporcionar alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos y ofrecer una base económica estable para una futura entidad palestina.

El yacimiento de Gaza Marine se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros mar adentro de la Franja. Israel, gracias a su tecnología offshore y su poderío naval, puede explotar sus propios campos sin necesidad de controlar físicamente todo el territorio de Gaza. Esta es una objeción técnica que algunos analistas esgrimen para descartar la variable energética como motor principal de la guerra. Sin embargo, el argumento resulta engañoso, porque el control político del litoral, la capacidad de otorgar licencias, de garantizar la seguridad de las infraestructuras exportadoras y de integrar el gas en la red energética regional son funciones que requieren un dominio de facto sobre las aguas adyacentes. Y ese dominio, en la práctica, se ejerce mediante la fuerza naval, el bloqueo y la destrucción sistemática de cualquier infraestructura costera que pudiera albergar una amenaza potencial.

La destrucción de puertos, embarcaciones y zonas residenciales frente al mar en Gaza no es un efecto colateral del conflicto; es, visto desde esta óptica, una limpieza espacial profundamente intencional. Se trata de garantizar que el perímetro de seguridad de los activos energéticos regionales nunca sea amenazado por actores asimétricos. Israel ha logrado situarse en la posición de guardián energético del Mediterráneo Oriental bombardeando Gaza, convirtiendo la miseria y la muerte de millones de personas en el costo de operación de su nueva identidad como potencia energética.

El holocausto en Gaza, en este sentido, no es solo una operación militar contra Hamás; es la consolidación violenta de una arquitectura energética que requiere la neutralización de cualquier amenaza, real o potencial, que pueda surgir de la costa palestina. Esta es una de esas verdades incómodas que rara vez se pronuncian en las salas de prensa, pero que se imponen con la fuerza de la evidencia cuando se observa el mapa y se siguen los flujos del capital.

Pero el Mediterráneo Oriental no es solo Gaza. Al norte, la frontera marítima entre Israel y el Líbano ha sido durante años otro escenario de tensión y disputa. Existe una enorme confusión pública sobre la llamada «Línea 23», que no es una línea de explotación petrolera, sino una línea de delimitación marítima que ambos países han reclamado con argumentos contrapuestos. Durante años, la disputa involucró aproximadamente unos 860 kilómetros cuadrados, que las reclamaciones libanesas ampliaron hasta unos 2.290 kilómetros cuadrados de aguas potencialmente gasíferas.

En octubre de 2022, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos. Israel conservó el control sobre el yacimiento de Karish, mientras que el Líbano obtuvo derechos de exploración sobre la parte norte del campo de Qana, aunque la mayor parte de este quedó en manos israelíes al trazar la frontera que le correspondia en la línea 29 terminó en Israel linea 1 por la pendiente 45 grados arriba.

¿Por qué, entonces, bombardear y ocupar el sur del Líbano de nuevo, si existía un acuerdo negociado? Aquí la variable energética se mezcla inextricablemente con la militar. El problema central para Israel es que Hezbolá posee la capacidad de amenazar tanto las plataformas offshore como los gasoductos y las infraestructuras energéticas en tierra.

Durante la negociación de 2022, la milicia libanesa utilizó explícitamente la amenaza contra el campo de Karish como instrumento de presión, demostrando que la energía es un campo de batalla más. Desde la óptica israelí, la profundidad de seguridad en el sur del Líbano no solo protege los asentamientos civiles de Galilea, sino también las instalaciones energéticas marítimas y el corredor de exportación que conecta con el resto de la región. Por eso, la dimensión energética y la militar aparecen estrechamente vinculadas en la mente de los planificadores estratégicos de Jerusalén.

La actual guerra en el sur del Líbano y el establecimiento de facto de una zona de amortiguamiento al norte del río Litani no son solo tácticas de contrainsurgencia; son la extensión territorial de la protección de los activos offshore. Al controlar el litoral libanés y bombardear sistemáticamente las infraestructuras del sur, Israel asegura que ninguna amenaza asimétrica pueda surgir de la costa para interrumpir el flujo de gas de Karish o para amenazar las aproximaciones norteñas al campo de Leviatán.

Israel no solo explota sus propios yacimientos; concesiona pozos, firma contratos con multinacionales, como Chevron, y establece acuerdos de exportación con Europa. Pero para todo ello necesita el mando militar absoluto sobre las aguas y las costas adyacentes, un mando que solo puede mantenerse mediante la guerra perpetua. No es una cuestión de paranoia, sino de lógica estructural: la infraestructura energética es vulnerable por definición, y en una región tan volátil como el Levante, la seguridad de los activos estratégicos se convierte en una obsesión que justifica cualquier medio.

La principal vía de exportación de gas israelí a la Unión Europea pasa actualmente por un gasoducto que va de Ashkelon, en Israel, a Al-Arish, en Egipto. Una vez en suelo egipcio, el gas israelí puede usarse internamente o, lo que resulta más lucrativo, alimentarse en las plantas de licuefacción egipcias, desde donde se exporta gas natural licuado a nivel mundial. Este gasoducto, también conocido como gasoducto del Mediterráneo Oriental (EMG), discurre paralelo a la costa de Gaza, atravesando las zonas marítimas que Palestina reclama como propias según su declaración de 2019 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El trazado del oleoducto cruza la zona contigua palestina y su zona económica exclusiva, un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público pero que tiene profundas implicaciones jurídicas.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, cada estado costero tiene soberanía sobre su mar territorial hasta 12 millas náuticas, y derechos exclusivos sobre los recursos naturales en su zona económica exclusiva hasta 200 millas. Israel no es parte de esta convención, un detalle no menor que le permite esquivar con cierta comodidad los compromisos internacionales. Pero Palestina, que sí ha realizado declaraciones al respecto, ve cómo sus aguas son utilizadas para el tránsito de recursos energéticos sin su consentimiento, sin compensación económica y sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos.

Organizaciones como Global Witness han señalado que no existen pruebas de que Palestina reciba tasas de tránsito u otra compensación monetaria por el paso del gasoducto por sus aguas. En contraste, Ucrania, que no es un país petrolero, obtuvo 800 millones de dólares en 2023 por ingresos de tasas de tránsito que representan aproximadamente el 0,5% de su PIB. La diferencia es abismal y revela el grado de expropiación silenciosa que se está produciendo en el Mediterráneo Oriental.

La cuestión central, sin embargo, no es únicamente la existencia de gas bajo las aguas frente a Gaza. La cuestión estratégica, la que verdaderamente importa en el tablero geopolítico, es que Israel ha logrado situarse en la posición desde la cual puede autorizar, bloquear, proteger o integrar prácticamente cualquier proyecto energético relevante en el Mediterráneo Oriental meridional.

Ese poder no deriva solamente de la posesión de yacimientos, que son muchos y valiosos, sino del control de las aguas, de la seguridad marítima, de la infraestructura de exportación, de las conexiones con Egipto y, sobre todo, de la capacidad de determinar quién participa y quién queda excluido de la arquitectura energética regional. Es un poder de gatekeeper, de portero, que otorga una influencia desproporcionada en las decisiones que afectan a toda la región.

La prueba más evidente de esta dinámica apareció en 2022, cuando la Unión Europea, Israel y Egipto firmaron un memorando para incrementar el suministro de gas hacia Europa tras la ruptura energética provocada por la guerra de Ucrania. Palestina no participó en el acuerdo. Tampoco fue consultada sobre el tránsito de recursos energéticos por zonas marítimas que reclama como propias.

Lo verdaderamente revelador, y aquí es donde el análisis adquiere su dimensión más profunda, es que el debate ya no gira únicamente sobre la propiedad de un determinado yacimiento. Lo que está en juego es el control del sistema completo. La historia de las grandes potencias demuestra que el poder raramente proviene solo de la posesión de recursos. Los imperios marítimos construyeron su influencia dominando rutas, puertos y corredores comerciales. Estados Unidos consolidó su liderazgo global controlando líneas de comunicación estratégicas y puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz o el canal de Panamá. Turquía multiplica su importancia geopolítica gracias a su posición como corredor energético entre Asia y Europa. Israel parece perseguir una lógica similar en el Mediterráneo Oriental, pero con un componente adicional: la capacidad de usar la fuerza militar para garantizar la exclusividad de su dominio.

Bajo esta perspectiva, Gaza Marine, Leviatán, Karish, Tamar y la frontera marítima con Líbano dejan de ser elementos aislados para convertirse en piezas de un mismo tablero geoeconómico. El objetivo israelí no sería simplemente exportar gas, sino consolidar una arquitectura energética regional donde el Estado hebreo funcione como nodo indispensable entre Oriente Medio y Europa.

Un centro energético que no solo canalice sus propios recursos, sino que, en el futuro, pueda integrar gas de otros países de la región, siempre bajo su supervisión y control. En ese esquema, Gaza adquiere una relevancia estratégica que va mucho más allá de la lucha contra Hamás. El corredor marítimo frente a sus costas no solo alberga recursos energéticos potenciales; también constituye una zona crítica para la seguridad de la infraestructura gasífera regional. Es una pieza de un rompecabezas que no puede quedar en manos de un actor hostil o incierto.

Algo similar ocurre en el sur del Líbano. La presencia de Hezbolá cerca de las plataformas offshore israelíes representa una amenaza directa para instalaciones que se han convertido en activos nacionales estratégicos. Desde la perspectiva israelí, la profundidad de seguridad en la frontera norte no solo protege asentamientos civiles, sino también la infraestructura que sustenta su nueva condición de exportador energético. Por eso, cualquier operación militar en la zona adquiere una justificación que va más allá del mero enfrentamiento con una milicia; se convierte en una necesidad estructural para la supervivencia del modelo energético israelí. Esta lógica, una vez comprendida, ayuda a explicar por qué Israel ha estado dispuesto a escalar el conflicto en el Líbano incluso después de haber alcanzado un acuerdo de delimitación marítima. El acuerdo era útil, pero no resolvía el problema de fondo: la amenaza asimétrica que Hezbolá representa para los activos energéticos. Y esa amenaza, desde el punto de vista israelí, solo puede neutralizarse mediante la ocupación y el control del territorio desde el cual podría lanzarse.

La consecuencia de todo ello es la emergencia de una nueva geografía del poder en el Mediterráneo Oriental. Una geografía donde la seguridad militar, la diplomacia energética y las infraestructuras de transporte se encuentran íntimamente entrelazadas, hasta el punto de que resulta imposible analizar una sin tener en cuenta las otras. La destrucción de Gaza y las operaciones militares en el Líbano no pueden explicarse exclusivamente por la variable energética; sería una simplificación que empobrecería el análisis. Pero tampoco pueden analizarse ignorando el contexto energético que se ha desarrollado paralelamente durante las últimas dos décadas. Esa omisión, tan frecuente en el periodismo de actualidad y en la retórica política, conduce a una comprensión fragmentaria y engañosa de lo que realmente está sucediendo.

Desde esta perspectiva, lo que emerge es una estrategia israelí de largo plazo, una estrategia que no figura en ningún documento oficial pero que se deduce de la coherencia de las acciones militares, diplomáticas y económicas. Se trata de consolidar una arquitectura energética y logística en el Mediterráneo Oriental donde la seguridad de los espacios adyacentes a sus principales activos energéticos se convierte en una condición indispensable para proyectar influencia económica y geopolítica hacia Europa. Gaza Marine, Leviatán, Karish y la frontera marítima con Líbano no constituyen objetivos aislados, sino componentes de un mismo entramado destinado a transformar a Israel de importador vulnerable de energía en nodo estratégico de conexión entre Oriente Medio y los mercados europeos. Es un salto cualitativo en su posición geopolítica, comparable en su significado histórico a la adquisición de la capacidad nuclear, aunque con un perfil mucho más bajo y, por tanto, más fácil de ocultar detrás de la retórica de la seguridad.

Pero esta estrategia tiene un precio, y ese precio lo pagan los pueblos vecinos. La explotación del gas israelí no se produce en el vacío; se produce sobre las ruinas de Gaza y bajo las bombas que caen sobre el Líbano. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, se enfrenta a una elección incómoda. Mientras siga importando gas israelí sin exigir la desmilitarización de las zonas de exclusión, sin demandar el derecho de los palestinos a explotar Gaza Marine, y sin condenar la ocupación y el bombardeo del sur del Líbano como una violación inaceptable de la soberanía regional, estará siendo cómplice de esta arquitectura de coerción. No es una acusación liviana, pero es la conclusión a la que conduce un análisis riguroso de los hechos.

El gas que fluye por el Mediterráneo Oriental hacia los puertos europeos no es solo una fuente de energía para calentar hogares y hacer funcionar fábricas. Es también el combustible de una máquina de guerra que requiere la destrucción continua de Gaza y el Líbano para mantener sus turbinas girando. Esa es la realidad que los titulares ocultan, que los comunicados oficiales desdibujan y que los debates diplomáticos evitan. Es hora de que el mundo deje de mirar hacia otro lado mientras se quema el futuro de un pueblo para mantener las luces encendidas en otro. La negación de los vecinos de Israel a explotar las energías que les pertenecen no es un efecto secundario de la ocupación, ni una desgracia colateral del conflicto; es, en gran medida, el núcleo mismo del proyecto geopolítico israelí en el Mediterráneo Oriental.

Este proyecto, sin embargo, no es eterno ni inexpugnable. Descansa sobre una base frágil: la capacidad de mantener la guerra perpetua y la complicidad internacional. Si la comunidad internacional, y especialmente Europa, decidiera priorizar el derecho inalienable de los pueblos a la soberanía sobre sus recursos naturales por encima de sus propias necesidades energéticas a corto plazo, el castillo de naipes empezaría a tambalearse. No se trata de un idealismo ingenuo; se trata de reconocer que la estabilidad duradera en la región no puede construirse sobre la exclusión y la violencia, sino sobre una distribución equitativa de los recursos y un respeto genuino al derecho internacional.

El Mediterráneo Oriental es, en este sentido, un laboratorio del futuro que nos espera: un mundo donde la energía, el poder y la guerra se entrelazan de forma cada vez más inextricable, y donde las decisiones que se toman hoy en las salas de juntas de las compañías energéticas y en los cuarteles generales de los ejércitos tendrán consecuencias que perdurarán durante generaciones. La pregunta que debemos hacernos no es si el gas es la causa de la guerra, sino si estamos dispuestos a aceptar que la guerra sea el precio del gas. Y si la respuesta es no, entonces habrá que empezar a construir alternativas, por difíciles y complejas que sean, antes de que el Mediterráneo se convierta en un mar de sangre y de gas, y no necesariamente en ese orden.

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Gas, guerra y poder en Israel

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Nuevo mapa del poder en el Mediterráneo Oriental (El Tábano Economista)

Las guerras, como los grandes incendios, suelen explicarse por la chispa que los enciende. Los titulares del mundo, en su vértigo diario, nos ofrecen razones inmediatas: seguridad, terrorismo, represalias, fronteras, religión o identidad nacional. Pero la historia, esa vieja maestra que rara vez se lee con atención, nos enseña que las transformaciones geopolíticas de calado nunca responden a una única causa, ni siquiera a una docena de ellas.

Debajo de los discursos oficiales, como corrientes subterráneas en un lecho seco, suelen encontrarse intereses estructurales que operan en horizontes de décadas y no de meses. En el caso de Gaza y del sur del Líbano, la dimensión energética constituye uno de esos factores silenciosos pero decisivos que, sin explicar por sí solos el conflicto, iluminan con una claridad incómoda por qué determinadas decisiones estratégicas –aparentemente desproporcionadas o irracionales desde la óptica humanitaria– adquieren una lógica implacable para el Estado de Israel.

El Mediterráneo Oriental se ha convertido en el siglo XXI en el escenario de una de las operaciones de reordenamiento geoeconómico más sofisticadas y, a la vez, más violentas de la historia contemporánea. No se trata ya de una simple pugna por unos pocos pozos de gas, sino de la edificación de una arquitectura de coerción donde la energía no es un puente para la paz, como tantas veces se proclamó en la retórica de los foros internacionales, sino el combustible de una maquinaria de guerra que requiere la destrucción continua de pueblos enteros para mantener sus turbinas girando. Esta es una afirmación dura, sin duda, pero que merece ser examinada con la frialdad, porque lo que está en juego es nada menos que la comprensión del orden emergente en una de las regiones más volátiles del planeta.

Para comprender la magnitud de este fenómeno, conviene recordar un dato fundamental que a menudo se pierde en la bruma de la actualidad. Durante gran parte de su historia moderna, Israel fue un importador neto de energía. Dependía de proveedores externos, a menudo hostiles, y de una geografía poco favorable para garantizar su seguridad energética. Esa vulnerabilidad, que durante décadas condicionó su doctrina de defensa y su política exterior, comenzó a disiparse de forma radical con los descubrimientos gasíferos del Mediterráneo Oriental.

Los yacimientos de Tamar en 2009, Leviatán en 2010, Tanin en 2016 y Karish en 2022 transformaron la ecuación estratégica israelí con una velocidad que pocos analistas supieron anticipar. De repente, un país históricamente dependiente pasó a disponer de reservas capaces no solo de abastecer su mercado interno con holgura, sino de exportar excedentes a sus vecinos y, lo que resulta aún más relevante, a un mercado europeo ávido de alternativas al gas ruso.

Desde entonces, la energía dejó de ser una cuestión meramente técnica o comercial para integrarse en el núcleo mismo de la doctrina de seguridad nacional israelí. Diversos estudios académicos, que han ido emergiendo en los últimos años, muestran cómo la política exterior de Jerusalén comenzó a girar alrededor de la construcción de alianzas energéticas con Grecia, Chipre y Egipto, y posteriormente con la Unión Europea. Desesperada por sustituir el gas del Kremlin, UE miró hacia el Mediterráneo Oriental y encontró en Israel un socio prometedor. Las cifras hablan por sí solas: en 2023, las exportaciones israelíes de gas hacia Egipto y Jordania crecieron un 25%, mientras Egipto reexporta una parte significativa de ese gas como GNL hacia los puertos europeos. La ruta energética del Levante hacia el Viejo Continente ya no es un proyecto de futuro; es una realidad en funcionamiento.

Sin embargo, esta historia, como todas las historias de poder y recursos, no se limita a la aparición de yacimientos y la firma de contratos. Incluye también a un actor sistemáticamente ausente de los acuerdos energéticos regionales: Palestina. Frente a la costa de Gaza se encuentra Gaza Marine, un campo gasífero descubierto en el año 2000 cuya explotación, según estimaciones recientemente citadas por The Guardian, podría proporcionar alrededor de 4.000 millones de dólares en ingresos y ofrecer una base económica estable para una futura entidad palestina.

El yacimiento de Gaza Marine se encuentra aproximadamente a 36 kilómetros mar adentro de la Franja. Israel, gracias a su tecnología offshore y su poderío naval, puede explotar sus propios campos sin necesidad de controlar físicamente todo el territorio de Gaza. Esta es una objeción técnica que algunos analistas esgrimen para descartar la variable energética como motor principal de la guerra. Sin embargo, el argumento resulta engañoso, porque el control político del litoral, la capacidad de otorgar licencias, de garantizar la seguridad de las infraestructuras exportadoras y de integrar el gas en la red energética regional son funciones que requieren un dominio de facto sobre las aguas adyacentes. Y ese dominio, en la práctica, se ejerce mediante la fuerza naval, el bloqueo y la destrucción sistemática de cualquier infraestructura costera que pudiera albergar una amenaza potencial.

La destrucción de puertos, embarcaciones y zonas residenciales frente al mar en Gaza no es un efecto colateral del conflicto; es, visto desde esta óptica, una limpieza espacial profundamente intencional. Se trata de garantizar que el perímetro de seguridad de los activos energéticos regionales nunca sea amenazado por actores asimétricos. Israel ha logrado situarse en la posición de guardián energético del Mediterráneo Oriental bombardeando Gaza, convirtiendo la miseria y la muerte de millones de personas en el costo de operación de su nueva identidad como potencia energética.

El holocausto en Gaza, en este sentido, no es solo una operación militar contra Hamás; es la consolidación violenta de una arquitectura energética que requiere la neutralización de cualquier amenaza, real o potencial, que pueda surgir de la costa palestina. Esta es una de esas verdades incómodas que rara vez se pronuncian en las salas de prensa, pero que se imponen con la fuerza de la evidencia cuando se observa el mapa y se siguen los flujos del capital.

Pero el Mediterráneo Oriental no es solo Gaza. Al norte, la frontera marítima entre Israel y el Líbano ha sido durante años otro escenario de tensión y disputa. Existe una enorme confusión pública sobre la llamada «Línea 23», que no es una línea de explotación petrolera, sino una línea de delimitación marítima que ambos países han reclamado con argumentos contrapuestos. Durante años, la disputa involucró aproximadamente unos 860 kilómetros cuadrados, que las reclamaciones libanesas ampliaron hasta unos 2.290 kilómetros cuadrados de aguas potencialmente gasíferas.

En octubre de 2022, Israel y el Líbano alcanzaron un acuerdo histórico mediado por Estados Unidos. Israel conservó el control sobre el yacimiento de Karish, mientras que el Líbano obtuvo derechos de exploración sobre la parte norte del campo de Qana, aunque la mayor parte de este quedó en manos israelíes al trazar la frontera que le correspondia en la línea 29 terminó en Israel linea 1 por la pendiente 45 grados arriba.

¿Por qué, entonces, bombardear y ocupar el sur del Líbano de nuevo, si existía un acuerdo negociado? Aquí la variable energética se mezcla inextricablemente con la militar. El problema central para Israel es que Hezbolá posee la capacidad de amenazar tanto las plataformas offshore como los gasoductos y las infraestructuras energéticas en tierra.

Durante la negociación de 2022, la milicia libanesa utilizó explícitamente la amenaza contra el campo de Karish como instrumento de presión, demostrando que la energía es un campo de batalla más. Desde la óptica israelí, la profundidad de seguridad en el sur del Líbano no solo protege los asentamientos civiles de Galilea, sino también las instalaciones energéticas marítimas y el corredor de exportación que conecta con el resto de la región. Por eso, la dimensión energética y la militar aparecen estrechamente vinculadas en la mente de los planificadores estratégicos de Jerusalén.

La actual guerra en el sur del Líbano y el establecimiento de facto de una zona de amortiguamiento al norte del río Litani no son solo tácticas de contrainsurgencia; son la extensión territorial de la protección de los activos offshore. Al controlar el litoral libanés y bombardear sistemáticamente las infraestructuras del sur, Israel asegura que ninguna amenaza asimétrica pueda surgir de la costa para interrumpir el flujo de gas de Karish o para amenazar las aproximaciones norteñas al campo de Leviatán.

Israel no solo explota sus propios yacimientos; concesiona pozos, firma contratos con multinacionales, como Chevron, y establece acuerdos de exportación con Europa. Pero para todo ello necesita el mando militar absoluto sobre las aguas y las costas adyacentes, un mando que solo puede mantenerse mediante la guerra perpetua. No es una cuestión de paranoia, sino de lógica estructural: la infraestructura energética es vulnerable por definición, y en una región tan volátil como el Levante, la seguridad de los activos estratégicos se convierte en una obsesión que justifica cualquier medio.

La principal vía de exportación de gas israelí a la Unión Europea pasa actualmente por un gasoducto que va de Ashkelon, en Israel, a Al-Arish, en Egipto. Una vez en suelo egipcio, el gas israelí puede usarse internamente o, lo que resulta más lucrativo, alimentarse en las plantas de licuefacción egipcias, desde donde se exporta gas natural licuado a nivel mundial. Este gasoducto, también conocido como gasoducto del Mediterráneo Oriental (EMG), discurre paralelo a la costa de Gaza, atravesando las zonas marítimas que Palestina reclama como propias según su declaración de 2019 de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El trazado del oleoducto cruza la zona contigua palestina y su zona económica exclusiva, un hecho que ha pasado prácticamente desapercibido en el debate público pero que tiene profundas implicaciones jurídicas.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982, cada estado costero tiene soberanía sobre su mar territorial hasta 12 millas náuticas, y derechos exclusivos sobre los recursos naturales en su zona económica exclusiva hasta 200 millas. Israel no es parte de esta convención, un detalle no menor que le permite esquivar con cierta comodidad los compromisos internacionales. Pero Palestina, que sí ha realizado declaraciones al respecto, ve cómo sus aguas son utilizadas para el tránsito de recursos energéticos sin su consentimiento, sin compensación económica y sin ningún tipo de reconocimiento de sus derechos.

Organizaciones como Global Witness han señalado que no existen pruebas de que Palestina reciba tasas de tránsito u otra compensación monetaria por el paso del gasoducto por sus aguas. En contraste, Ucrania, que no es un país petrolero, obtuvo 800 millones de dólares en 2023 por ingresos de tasas de tránsito que representan aproximadamente el 0,5% de su PIB. La diferencia es abismal y revela el grado de expropiación silenciosa que se está produciendo en el Mediterráneo Oriental.

La cuestión central, sin embargo, no es únicamente la existencia de gas bajo las aguas frente a Gaza. La cuestión estratégica, la que verdaderamente importa en el tablero geopolítico, es que Israel ha logrado situarse en la posición desde la cual puede autorizar, bloquear, proteger o integrar prácticamente cualquier proyecto energético relevante en el Mediterráneo Oriental meridional.

Ese poder no deriva solamente de la posesión de yacimientos, que son muchos y valiosos, sino del control de las aguas, de la seguridad marítima, de la infraestructura de exportación, de las conexiones con Egipto y, sobre todo, de la capacidad de determinar quién participa y quién queda excluido de la arquitectura energética regional. Es un poder de gatekeeper, de portero, que otorga una influencia desproporcionada en las decisiones que afectan a toda la región.

La prueba más evidente de esta dinámica apareció en 2022, cuando la Unión Europea, Israel y Egipto firmaron un memorando para incrementar el suministro de gas hacia Europa tras la ruptura energética provocada por la guerra de Ucrania. Palestina no participó en el acuerdo. Tampoco fue consultada sobre el tránsito de recursos energéticos por zonas marítimas que reclama como propias.

Lo verdaderamente revelador, y aquí es donde el análisis adquiere su dimensión más profunda, es que el debate ya no gira únicamente sobre la propiedad de un determinado yacimiento. Lo que está en juego es el control del sistema completo. La historia de las grandes potencias demuestra que el poder raramente proviene solo de la posesión de recursos. Los imperios marítimos construyeron su influencia dominando rutas, puertos y corredores comerciales. Estados Unidos consolidó su liderazgo global controlando líneas de comunicación estratégicas y puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz o el canal de Panamá. Turquía multiplica su importancia geopolítica gracias a su posición como corredor energético entre Asia y Europa. Israel parece perseguir una lógica similar en el Mediterráneo Oriental, pero con un componente adicional: la capacidad de usar la fuerza militar para garantizar la exclusividad de su dominio.

Bajo esta perspectiva, Gaza Marine, Leviatán, Karish, Tamar y la frontera marítima con Líbano dejan de ser elementos aislados para convertirse en piezas de un mismo tablero geoeconómico. El objetivo israelí no sería simplemente exportar gas, sino consolidar una arquitectura energética regional donde el Estado hebreo funcione como nodo indispensable entre Oriente Medio y Europa.

Un centro energético que no solo canalice sus propios recursos, sino que, en el futuro, pueda integrar gas de otros países de la región, siempre bajo su supervisión y control. En ese esquema, Gaza adquiere una relevancia estratégica que va mucho más allá de la lucha contra Hamás. El corredor marítimo frente a sus costas no solo alberga recursos energéticos potenciales; también constituye una zona crítica para la seguridad de la infraestructura gasífera regional. Es una pieza de un rompecabezas que no puede quedar en manos de un actor hostil o incierto.

Algo similar ocurre en el sur del Líbano. La presencia de Hezbolá cerca de las plataformas offshore israelíes representa una amenaza directa para instalaciones que se han convertido en activos nacionales estratégicos. Desde la perspectiva israelí, la profundidad de seguridad en la frontera norte no solo protege asentamientos civiles, sino también la infraestructura que sustenta su nueva condición de exportador energético. Por eso, cualquier operación militar en la zona adquiere una justificación que va más allá del mero enfrentamiento con una milicia; se convierte en una necesidad estructural para la supervivencia del modelo energético israelí. Esta lógica, una vez comprendida, ayuda a explicar por qué Israel ha estado dispuesto a escalar el conflicto en el Líbano incluso después de haber alcanzado un acuerdo de delimitación marítima. El acuerdo era útil, pero no resolvía el problema de fondo: la amenaza asimétrica que Hezbolá representa para los activos energéticos. Y esa amenaza, desde el punto de vista israelí, solo puede neutralizarse mediante la ocupación y el control del territorio desde el cual podría lanzarse.

La consecuencia de todo ello es la emergencia de una nueva geografía del poder en el Mediterráneo Oriental. Una geografía donde la seguridad militar, la diplomacia energética y las infraestructuras de transporte se encuentran íntimamente entrelazadas, hasta el punto de que resulta imposible analizar una sin tener en cuenta las otras. La destrucción de Gaza y las operaciones militares en el Líbano no pueden explicarse exclusivamente por la variable energética; sería una simplificación que empobrecería el análisis. Pero tampoco pueden analizarse ignorando el contexto energético que se ha desarrollado paralelamente durante las últimas dos décadas. Esa omisión, tan frecuente en el periodismo de actualidad y en la retórica política, conduce a una comprensión fragmentaria y engañosa de lo que realmente está sucediendo.

Desde esta perspectiva, lo que emerge es una estrategia israelí de largo plazo, una estrategia que no figura en ningún documento oficial pero que se deduce de la coherencia de las acciones militares, diplomáticas y económicas. Se trata de consolidar una arquitectura energética y logística en el Mediterráneo Oriental donde la seguridad de los espacios adyacentes a sus principales activos energéticos se convierte en una condición indispensable para proyectar influencia económica y geopolítica hacia Europa. Gaza Marine, Leviatán, Karish y la frontera marítima con Líbano no constituyen objetivos aislados, sino componentes de un mismo entramado destinado a transformar a Israel de importador vulnerable de energía en nodo estratégico de conexión entre Oriente Medio y los mercados europeos. Es un salto cualitativo en su posición geopolítica, comparable en su significado histórico a la adquisición de la capacidad nuclear, aunque con un perfil mucho más bajo y, por tanto, más fácil de ocultar detrás de la retórica de la seguridad.

Pero esta estrategia tiene un precio, y ese precio lo pagan los pueblos vecinos. La explotación del gas israelí no se produce en el vacío; se produce sobre las ruinas de Gaza y bajo las bombas que caen sobre el Líbano. La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, se enfrenta a una elección incómoda. Mientras siga importando gas israelí sin exigir la desmilitarización de las zonas de exclusión, sin demandar el derecho de los palestinos a explotar Gaza Marine, y sin condenar la ocupación y el bombardeo del sur del Líbano como una violación inaceptable de la soberanía regional, estará siendo cómplice de esta arquitectura de coerción. No es una acusación liviana, pero es la conclusión a la que conduce un análisis riguroso de los hechos.

El gas que fluye por el Mediterráneo Oriental hacia los puertos europeos no es solo una fuente de energía para calentar hogares y hacer funcionar fábricas. Es también el combustible de una máquina de guerra que requiere la destrucción continua de Gaza y el Líbano para mantener sus turbinas girando. Esa es la realidad que los titulares ocultan, que los comunicados oficiales desdibujan y que los debates diplomáticos evitan. Es hora de que el mundo deje de mirar hacia otro lado mientras se quema el futuro de un pueblo para mantener las luces encendidas en otro. La negación de los vecinos de Israel a explotar las energías que les pertenecen no es un efecto secundario de la ocupación, ni una desgracia colateral del conflicto; es, en gran medida, el núcleo mismo del proyecto geopolítico israelí en el Mediterráneo Oriental.

Este proyecto, sin embargo, no es eterno ni inexpugnable. Descansa sobre una base frágil: la capacidad de mantener la guerra perpetua y la complicidad internacional. Si la comunidad internacional, y especialmente Europa, decidiera priorizar el derecho inalienable de los pueblos a la soberanía sobre sus recursos naturales por encima de sus propias necesidades energéticas a corto plazo, el castillo de naipes empezaría a tambalearse. No se trata de un idealismo ingenuo; se trata de reconocer que la estabilidad duradera en la región no puede construirse sobre la exclusión y la violencia, sino sobre una distribución equitativa de los recursos y un respeto genuino al derecho internacional.

El Mediterráneo Oriental es, en este sentido, un laboratorio del futuro que nos espera: un mundo donde la energía, el poder y la guerra se entrelazan de forma cada vez más inextricable, y donde las decisiones que se toman hoy en las salas de juntas de las compañías energéticas y en los cuarteles generales de los ejércitos tendrán consecuencias que perdurarán durante generaciones. La pregunta que debemos hacernos no es si el gas es la causa de la guerra, sino si estamos dispuestos a aceptar que la guerra sea el precio del gas. Y si la respuesta es no, entonces habrá que empezar a construir alternativas, por difíciles y complejas que sean, antes de que el Mediterráneo se convierta en un mar de sangre y de gas, y no necesariamente en ese orden.

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Reactions to PBI (Palm Beach International) airport being renamed, were made public through a FL Public Records Act request.
"At least seventeen messages mentioned pedophilia."
"Several commenters encouraged Florida officials to perform sex acts on themselves."
Commenters noted that the president was licensing his name & stood to profit from the arrangement.
#fascist #USA #OurPutin #PBI #airport #PalmBeach #Florida #man #espionage #case #TopSecret #documents in #bathroom
https://www.rawstory.com/trump-airport-florida/

Tr^mp Crime Family's grift is so blatant & constant, the press rolls over, plays dead - just like Congress!
The agreement stuns w/ its profit seeking priorities. They retain the licensing & only loan it to the county, but they control every image, every statement(!)
[This is the same party who made poor #JimmyCarter sell his family peanut farm. Their hypocrisy is blinding, especially to themselves.]
#PalmBeach #InternationalAirport #PBI #GOP #DEI #ICE #DHS #KKK #OurPutin
https://www.theguardian.com/us-news/2026/may/09/trump-airport-branding-profit-deal

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The agreement stuns w/ its profit seeking priorities. They retain the licensing & only loan it to the county, but they control every image, every statement(!)
[This is the same party who made poor #JimmyCarter sell his family peanut farm. Their hypocrisy is blinding, especially to themselves.]
#PalmBeach #InternationalAirport #PBI #GOP #DEI #ICE #DHS #KKK #OurPutin
https://www.theguardian.com/us-news/2026/may/09/trump-airport-branding-profit-deal

How many runways can you see for Palm Beach International airport in West Palm Beach area (USA) ? : The answer is on https://www.bigorre.org/aero/meteo/kpbi/en #palmbeachinternationalairport #airport #westpalmbeach #usa #kpbi #pbi #aviation #avgeek vl

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Alemania, del escudo social al escudo militar

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)

Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.

La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.

El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.

Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.

El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.

BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.

La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.

La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.

El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.

El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.

Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.

En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.

BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.

El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.

No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.

El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.

El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.

La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.

Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.

La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.

Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».

El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.

Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.

Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.

Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.

El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.

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Alemania, del escudo social al escudo militar

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)

Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.

La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.

El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.

Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.

El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.

BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.

La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.

La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.

El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.

El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.

Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.

En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.

BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.

El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.

No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.

El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.

El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.

La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.

Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.

La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.

Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».

El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.

Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.

Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.

Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.

El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.

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Alemania, del escudo social al escudo militar

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)

Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.

La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.

El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.

Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.

El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.

BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.

La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.

La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.

El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.

El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.

Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.

En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.

BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.

El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.

No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.

El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.

El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.

La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.

Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.

La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.

Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».

El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.

Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.

Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.

Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.

El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.

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Alemania, del escudo social al escudo militar

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

 La regla es: déficit para las armas, austeridad para las personas (El Tábano Economista)

Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.

La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.

El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.

Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.

El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.

BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.

La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.

La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.

El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.

El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.

Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.

En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.

BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.

El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.

No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.

Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.

El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.

El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.

La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.

Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.

La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.

Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».

El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.

Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.

Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.

Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.

El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.

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Detienen a ladrón en Indios Verdes y recuperan celular robado

El detenido cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y tres presentaciones al Ministerio Público

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que realizaban acciones de revisión y prevención, en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, como parte de las acciones del operativo “Pasajero Seguro”; detuvieron a una persona que, al parecer, sustrajo de una mochila el equipo de telefonía móvil de una usuaria.

El hecho sucedió cuando los policías realizaban sus funciones de vigilancia y seguridad en el paradero que se localiza en la avenida de los Insurgentes Norte y la calzada Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, de la alcaldía Gustavo A. Madero, y fueron solicitados por una ciudadana de 35 años de edad.

La mujer denunció que, momentos antes, al encontrarse en la fila para abordar una unidad de transporte público, un sujeto se colocó muy cerca de su espalda, abrió su mochila, sustrajo su equipo de telefonía y después comenzó a correr.

Al observar a los oficiales de la PBI pidió su apoyo y, con las características físicas y de vestimenta del posible responsable, se abocaron a su búsqueda, por lo que realizaron recorridos por la zona, y en uno de los andenes lo ubicaron, e iniciaron una breve persecución que culminó con su detención.

De acuerdo con el protocolo de actuación policial, al hombre de 37 años de edad, se le efectuó una revisión preventiva, tras la cual se le hallaron entre sus ropas, el teléfono celular que fue reconocido por la denunciante que acreditó su propiedad. –sn–

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Detienen a presunto ladrón dentro de vivienda en Álvaro Obregón tras denuncia ciudadana

El hombre de 25 años de edad fue detenido, y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Durante sus labores de vigilancia y prevención, oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, atendieron el reporte de un robo al interior de una casa habitación ubicada en calles de la colonia La Presa, en la alcaldía Álvaro Obregón y detuvieron al posible responsable.

Los uniformados en campo fueron solicitados por una mujer de 47 años de edad, en las calles Orureños y andador Artiguenses quien refirió que, momentos antes, se percató que un sujeto ingresó a su vivienda y hurgaba entre sus pertenencias para buscar objetos de valor.

En una rápida respuesta a la denuncia, con autorización de la afectada, los oficiales entraron al inmueble y ubicaron al posible responsable, por lo que con los comandos verbales le marcaron el alto y en apego al protocolo de actuación policial, le efectuaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron diversa herramienta, una plancha de vapor y una bolsa de mano. –sn–

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Disculpe estimado Sr. @paulfoerster, pero la verdad que da la impresión que usted se dejo distraer por la naturaleza juguetona de @[email protected] y/o no comprendió del todo la consulta de @[email protected]. Conociéndolo bien, y observando lo que escribió, es evidente que eligió cada una de las palabras, o al menos resumió bastante bien la idea y objetivo del sistema de #paqueteDeApoyo propuesto.

Por no decir, manda decir la patronal que la consideración parece muy ajustada.

* El camino y el laburo para ustedes allá hasta el avión, mejor dicho hasta el correo es el mismo, asi que para ustedes allá no implica mas complicación.

* Respecto al costo de envió de la encomienda no habría variación.

* Las implicancias aquí no solo tienen un montón de #valorAgregado para el #Uruguay del viejo, al menos en el entorno de nuestras buenas costumbres, cultura establecida, economía local y #PBI, sino incluso hasta forman parte importante para la vida social inexistente del mandadero. Es mas, podría dar lugar a crear material audiovisual para nuestros proyectos y su promoción adecuada.

Como podrá ver, alguien publico desde la cuenta de @utopiarte una propuesta colaborativa hacia la comunidad de creación de contenido audiovisual @studi0 con el titulo a #rockyRescue request:
https://swiss.social/@utopiarte@tupambae.org/114299834818291300

Justamente en este contexto la propuesta hecha seria no solamente lo mas fácil si no ademas lo mas oportuno.

Lo mas fácil es que ustedes allá hacen un paquete, imprimen unas hojas a agregar al mismo para la aduana, lo entregan al correo y que dicho paquete llega al almacén de la esquina al que vamos si o si cuando vamos a hacer las compras.

La escena fabulosa de la película "Los dios deben de estar locos" de la pequeña botella de Cola de vidrio la conocemos todos, y de hecho hemos incluso ido al almacén a pedir que nos compren las de vidrio de litro, por no decir, pedimos un cajón entero, pero resulta que no las consiguen. Solo hay de plástico de 2,5 litros, traen Cola que no es siquiera la mitad de rica que la de litro de vidrio y encima no son retornables por lo que nadie nos las lava gratis cuando se ensucian por demás.
¡Siquiera traen Kronkorken!
Mas claro, y para citar a @[email protected]:
#elPlasticoEsMalNegocio!

Mencionamos todo eso porque justo paso el @[email protected] por el casco diciendo que el del troet.cafe sigue intrigado en que habrá de fácil en abrir la puerta o ventana de un avión cuando de hecho la consideración en realidad debería ser que se envié por barco y no por #airMail, para empezar por el clima de los nietos. Cosa que mejor no hubiera dicho nada ya que se trenzo con el @requeteche @sinmisterios, sacando cálculos sobre si hay mas contenedores que van de acá para allá con materia prima o de allá para acá con mercadería con valor agregado. Tuvo que venir el hornero para sacar los corriendo y para que se pusieran a laburar porque estaban por montar una #ruedaDeMate en la portera.

Bueno, los por menores de #elinteriorDelinterior, ya sabe:
#andereLänderAndereSitten

@mina @dprieto @aiquez @sfb

Disculpe estimado Sr. @paulfoerster, pero la verdad que da la impresión que usted se dejo distraer por la naturaleza juguetona de @[email protected] y/o no comprendió del todo la consulta de @[email protected]. Conociéndolo bien, y observando lo que escribió, es evidente que eligió cada una de las palabras, o al menos resumió bastante bien la idea y objetivo del sistema de #paqueteDeApoyo propuesto.

Por no decir, manda decir la patronal que la consideración parece muy ajustada.

* El camino y el laburo para ustedes allá hasta el avión, mejor dicho hasta el correo es el mismo, asi que para ustedes allá no implica mas complicación.

* Respecto al costo de envió de la encomienda no habría variación.

* Las implicancias aquí no solo tienen un montón de #valorAgregado para el #Uruguay del viejo, al menos en el entorno de nuestras buenas costumbres, cultura establecida, economía local y #PBI, sino incluso hasta forman parte importante para la vida social inexistente del mandadero. Es mas, podría dar lugar a crear material audiovisual para nuestros proyectos y su promoción adecuada.

Como podrá ver, alguien publico desde la cuenta de @utopiarte una propuesta colaborativa hacia la comunidad de creación de contenido audiovisual @studi0 con el titulo a #rockyRescue request:
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Justamente en este contexto la propuesta hecha seria no solamente lo mas fácil si no ademas lo mas oportuno.

Lo mas fácil es que ustedes allá hacen un paquete, imprimen unas hojas a agregar al mismo para la aduana, lo entregan al correo y que dicho paquete llega al almacén de la esquina al que vamos si o si cuando vamos a hacer las compras.

La escena fabulosa de la película "Los dios deben de estar locos" de la pequeña botella de Cola de vidrio la conocemos todos, y de hecho hemos incluso ido al almacén a pedir que nos compren las de vidrio de litro, por no decir, pedimos un cajón entero, pero resulta que no las consiguen. Solo hay de plástico de 2,5 litros, traen Cola que no es siquiera la mitad de rica que la de litro de vidrio y encima no son retornables por lo que nadie nos las lava gratis cuando se ensucian por demás.
¡Siquiera traen Kronkorken!
Mas claro, y para citar a @[email protected]:
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Mencionamos todo eso porque justo paso el @[email protected] por el casco diciendo que el del troet.cafe sigue intrigado en que habrá de fácil en abrir la puerta o ventana de un avión cuando de hecho la consideración en realidad debería ser que se envié por barco y no por #airMail, para empezar por el clima de los nietos. Cosa que mejor no hubiera dicho nada ya que se trenzo con el @requeteche @sinmisterios, sacando cálculos sobre si hay mas contenedores que van de acá para allá con materia prima o de allá para acá con mercadería con valor agregado. Tuvo que venir el hornero para sacar los corriendo y para que se pusieran a laburar porque estaban por montar una #ruedaDeMate en la portera.

Bueno, los por menores de #elinteriorDelinterior, ya sabe:
#andereLänderAndereSitten

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Disculpe estimado Sr. @paulfoerster, pero la verdad que da la impresión que usted se dejo distraer por la naturaleza juguetona de @[email protected] y/o no comprendió del todo la consulta de @[email protected]. Conociéndolo bien, y observando lo que escribió, es evidente que eligió cada una de las palabras, o al menos resumió bastante bien la idea y objetivo del sistema de #paqueteDeApoyo propuesto.

Por no decir, manda decir la patronal que la consideración parece muy ajustada.

* El camino y el laburo para ustedes allá hasta el avión, mejor dicho hasta el correo es el mismo, asi que para ustedes allá no implica mas complicación.

* Respecto al costo de envió de la encomienda no habría variación.

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Como podrá ver, alguien publico desde la cuenta de @utopiarte una propuesta colaborativa hacia la comunidad de creación de contenido audiovisual @studi0 con el titulo a #rockyRescue request:
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Justamente en este contexto la propuesta hecha seria no solamente lo mas fácil si no ademas lo mas oportuno.

Lo mas fácil es que ustedes allá hacen un paquete, imprimen unas hojas a agregar al mismo para la aduana, lo entregan al correo y que dicho paquete llega al almacén de la esquina al que vamos si o si cuando vamos a hacer las compras.

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Mas claro, y para citar a @[email protected]:
#elPlasticoEsMalNegocio!

Mencionamos todo eso porque justo paso el @[email protected] por el casco diciendo que el del troet.cafe sigue intrigado en que habrá de fácil en abrir la puerta o ventana de un avión cuando de hecho la consideración en realidad debería ser que se envié por barco y no por #airMail, para empezar por el clima de los nietos. Cosa que mejor no hubiera dicho nada ya que se trenzo con el @requeteche @sinmisterios, sacando cálculos sobre si hay mas contenedores que van de acá para allá con materia prima o de allá para acá con mercadería con valor agregado. Tuvo que venir el hornero para sacar los corriendo y para que se pusieran a laburar porque estaban por montar una #ruedaDeMate en la portera.

Bueno, los por menores de #elinteriorDelinterior, ya sabe:
#andereLänderAndereSitten

@mina @dprieto @aiquez @sfb

Disculpe estimado Sr. @paulfoerster, pero la verdad que da la impresión que usted se dejo distraer por la naturaleza juguetona de @[email protected] y/o no comprendió del todo la consulta de @[email protected]. Conociéndolo bien, y observando lo que escribió, es evidente que eligió cada una de las palabras, o al menos resumió bastante bien la idea y objetivo del sistema de #paqueteDeApoyo propuesto.

Por no decir, manda decir la patronal que la consideración parece muy ajustada.

* El camino y el laburo para ustedes allá hasta el avión, mejor dicho hasta el correo es el mismo, asi que para ustedes allá no implica mas complicación.

* Respecto al costo de envió de la encomienda no habría variación.

* Las implicancias aquí no solo tienen un montón de #valorAgregado para el #Uruguay del viejo, al menos en el entorno de nuestras buenas costumbres, cultura establecida, economía local y #PBI, sino incluso hasta forman parte importante para la vida social inexistente del mandadero. Es mas, podría dar lugar a crear material audiovisual para nuestros proyectos y su promoción adecuada.

Como podrá ver, alguien publico desde la cuenta de @utopiarte una propuesta colaborativa hacia la comunidad de creación de contenido audiovisual @studi0 con el titulo a #rockyRescue request:
https://swiss.social/@utopiarte@tupambae.org/114299834818291300

Justamente en este contexto la propuesta hecha seria no solamente lo mas fácil si no ademas lo mas oportuno.

Lo mas fácil es que ustedes allá hacen un paquete, imprimen unas hojas a agregar al mismo para la aduana, lo entregan al correo y que dicho paquete llega al almacén de la esquina al que vamos si o si cuando vamos a hacer las compras.

La escena fabulosa de la película "Los dios deben de estar locos" de la pequeña botella de Cola de vidrio la conocemos todos, y de hecho hemos incluso ido al almacén a pedir que nos compren las de vidrio de litro, por no decir, pedimos un cajón entero, pero resulta que no las consiguen. Solo hay de plástico de 2,5 litros, traen Cola que no es siquiera la mitad de rica que la de litro de vidrio y encima no son retornables por lo que nadie nos las lava gratis cuando se ensucian por demás.
¡Siquiera traen Kronkorken!
Mas claro, y para citar a @[email protected]:
#elPlasticoEsMalNegocio!

Mencionamos todo eso porque justo paso el @[email protected] por el casco diciendo que el del troet.cafe sigue intrigado en que habrá de fácil en abrir la puerta o ventana de un avión cuando de hecho la consideración en realidad debería ser que se envié por barco y no por #airMail, para empezar por el clima de los nietos. Cosa que mejor no hubiera dicho nada ya que se trenzo con el @requeteche @sinmisterios, sacando cálculos sobre si hay mas contenedores que van de acá para allá con materia prima o de allá para acá con mercadería con valor agregado. Tuvo que venir el hornero para sacar los corriendo y para que se pusieran a laburar porque estaban por montar una #ruedaDeMate en la portera.

Bueno, los por menores de #elinteriorDelinterior, ya sabe:
#andereLänderAndereSitten

@mina @dprieto @aiquez @sfb

Disculpe estimado Sr. @paulfoerster, pero la verdad que da la impresión que usted se dejo distraer por la naturaleza juguetona de @[email protected] y/o no comprendió del todo la consulta de @[email protected]. Conociéndolo bien, y observando lo que escribió, es evidente que eligió cada una de las palabras, o al menos resumió bastante bien la idea y objetivo del sistema de #paqueteDeApoyo propuesto.

Por no decir, manda decir la patronal que la consideración parece muy ajustada.

* El camino y el laburo para ustedes allá hasta el avión, mejor dicho hasta el correo es el mismo, asi que para ustedes allá no implica mas complicación.

* Respecto al costo de envió de la encomienda no habría variación.

* Las implicancias aquí no solo tienen un montón de #valorAgregado para el #Uruguay del viejo, al menos en el entorno de nuestras buenas costumbres, cultura establecida, economía local y #PBI, sino incluso hasta forman parte importante para la vida social inexistente del mandadero. Es mas, podría dar lugar a crear material audiovisual para nuestros proyectos y su promoción adecuada.

Como podrá ver, alguien publico desde la cuenta de @utopiarte una propuesta colaborativa hacia la comunidad de creación de contenido audiovisual @studi0 con el titulo a #rockyRescue request:
https://swiss.social/@utopiarte@tupambae.org/114299834818291300

Justamente en este contexto la propuesta hecha seria no solamente lo mas fácil si no ademas lo mas oportuno.

Lo mas fácil es que ustedes allá hacen un paquete, imprimen unas hojas a agregar al mismo para la aduana, lo entregan al correo y que dicho paquete llega al almacén de la esquina al que vamos si o si cuando vamos a hacer las compras.

La escena fabulosa de la película "Los dios deben de estar locos" de la pequeña botella de Cola de vidrio la conocemos todos, y de hecho hemos incluso ido al almacén a pedir que nos compren las de vidrio de litro, por no decir, pedimos un cajón entero, pero resulta que no las consiguen. Solo hay de plástico de 2,5 litros, traen Cola que no es siquiera la mitad de rica que la de litro de vidrio y encima no son retornables por lo que nadie nos las lava gratis cuando se ensucian por demás.
¡Siquiera traen Kronkorken!
Mas claro, y para citar a @[email protected]:
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Mencionamos todo eso porque justo paso el @[email protected] por el casco diciendo que el del troet.cafe sigue intrigado en que habrá de fácil en abrir la puerta o ventana de un avión cuando de hecho la consideración en realidad debería ser que se envié por barco y no por #airMail, para empezar por el clima de los nietos. Cosa que mejor no hubiera dicho nada ya que se trenzo con el @requeteche @sinmisterios, sacando cálculos sobre si hay mas contenedores que van de acá para allá con materia prima o de allá para acá con mercadería con valor agregado. Tuvo que venir el hornero para sacar los corriendo y para que se pusieran a laburar porque estaban por montar una #ruedaDeMate en la portera.

Bueno, los por menores de #elinteriorDelinterior, ya sabe:
#andereLänderAndereSitten

@mina @dprieto @aiquez @sfb

Earth Day Celebration Live Chat 2025
https://www.youtube.com/watch?v=IYsu_dEYlbA
#youtube_ExploreLiveNatureCams #earth_day #celebrate #live_chat #2025 #conservation #education #pbi #explore_org #mike_fitz #alyssa_mcall #explore_partners

"Colombia Forum invites you to the tenth “Together for Peace in Colombia” conference, a significant platform in Norway for discussing the Colombian peace process."
Oslo – 24 November 2023 12:00-16:00

#PeaceConference #Oslo #Norway #Allheimen

#PeaceBrigadesInternational #PBI #Regnskogfondet #SAIH #NHRF #LAG #FOKUS #MentalHealthAndHumanRightsInfo #NorwegianPeoplesAid #Caritas #NorwegianRedCross #ReddBarna #IKFF #NRC #WWF

https://www.together4peacecolombia.no/?fbclid=IwAR1tGipDRcltgqjYpZ7wYQfR5XVOUGswQoZUsVrUDAC7KuJ4zu6uboujkJc

Pension Benefit Information has reported a #MOVEit-related breach in relation to an unspecified client which affected >300k people.

#PBI's clients include orgs which have already disclosed being impacted: #CapPERS, #CalSTRS, #TIAA and #TCRS.

Stats -

Organizations impacted: 280
Individuals impacted: 18,139,588

https://apps.web.maine.gov/online/aeviewer/ME/40/14efac97-4a7c-4322-98eb-2e953884eb58.shtml

Pension Benefit Information has reported a #MOVEit-related breach in relation to an unspecified client which affected >300k people.

#PBI's clients include orgs which have already disclosed being impacted: #CapPERS, #CalSTRS, #TIAA and #TCRS.

Stats -

Organizations impacted: 280
Individuals impacted: 18,139,588

https://apps.web.maine.gov/online/aeviewer/ME/40/14efac97-4a7c-4322-98eb-2e953884eb58.shtml

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Individuals impacted: 18,139,588

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#PBI's clients include orgs which have already disclosed being impacted: #CapPERS, #CalSTRS, #TIAA and #TCRS.

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Organizations impacted: 280
Individuals impacted: 18,139,588

https://apps.web.maine.gov/online/aeviewer/ME/40/14efac97-4a7c-4322-98eb-2e953884eb58.shtml

Pension Benefit Information has reported a #MOVEit-related breach in relation to an unspecified client which affected >300k people.

#PBI's clients include orgs which have already disclosed being impacted: #CapPERS, #CalSTRS, #TIAA and #TCRS.

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Individuals impacted: 18,139,588

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#PBI Research Services - the company which exposed #CalPERS' data via #MOVEit - works with multiple other public pensions including #NVPERS, #NJDPB, and #TCRS.

#PBI Research Services - the company which exposed #CalPERS' data via #MOVEit - works with multiple other public pensions including #NVPERS, #NJDPB, and #TCRS.