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IA: del sueño tecnológico al riesgo sistémico

Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

Un Black Monday donde la euforia supera a los fundamentos (El Tábano Economista)

Existía un viejo adagio en las profundidades de las minas de carbón del siglo XIX que advertía a los picadores sobre el peligro invisible del gas grisú. Antes de que existieran los sensores electrónicos, los mineros descendían a las galerías acompañados de un canario en una pequeña jaula de mimbre. El ave, mucho más sensible a las toxinas que el ser humano, servía como un sistema de alerta temprana; si el canario dejaba de cantar y caía al suelo, los hombres sabían que tenían apenas unos segundos para huir antes de que la atmósfera se volviera letal o una chispa provocara una explosión catastrófica.

Hoy, en las pantallas de las terminales financieras de todo el mundo, hemos encontrado a nuestro propio canario. No está en una mina de Gales o de Virginia Occidental, sino en el índice bursátil de Seúl. Un reciente y revelador informe publicado por Asia Times nos muestra cómo la extrema exposición de la economía surcoreana a la fiebre de la Inteligencia Artificial no debe leerse como un evento aislado, una simple anécdota de un mercado emergente tecnológico, sino como el canario en la mina de un riesgo sistémico global.

Si se quiere una imagen sencilla, Corea hoy funciona como alerta. No porque sea el único país vulnerable a la IA, sino porque condensa en un solo mercado varios de los riesgos que veremos dispersos por Asia y por el sistema financiero internacional: rentabilidad dudosa, inversión desbordada, endeudamiento, presión sobre monedas, dependencia de una cadena de suministros muy concentrada, así como una carrera entre gigantes tecnológicos que puede dejar mucho valor destruido antes de crear productividad real.

Lo primero que conviene decir con claridad es que la IA no está financiándose, en gran medida, con el dinero “limpio” de una expansión autosostenida, sino con una mezcla de caja de las grandes tecnológicas, deuda, vehículos especiales y crédito privado. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) describe la inversión en IA en su análisis The AI investment race como uno de las mayores expansiones tecnológicas de la historia de Estados Unidos, y señala además que el proceso ya mostró dos rasgos preocupantes: una tendencia a la sobreinversión y la aparición de financiamiento circular entre grandes tecnológicas, llamadas hiperescaladores (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle), laboratorios y proveedores de infraestructura. Ese último punto es crucial, porque la circularidad vuelve más difícil distinguir entre ingresos reales y movimientos contables que alimentan valuaciones.

La inversión circular funciona como sigue. Imagina una rueda que gira y en cada vuelta casi todos los que están encima creen que están ganando dinero nuevo. Nvidia fabrica los chips más buscados del mundo para inteligencia artificial. CoreWeave, una empresa que construye y alquila centros de datos especializados, necesita miles de esos chips para ofrecer potencia de cálculo a los grandes laboratorios. Nvidia no se limita a vendérselos: también invierte dinero en CoreWeave y se queda con una parte de sus acciones. CoreWeave, con ese capital y con deuda, compra todavía más chips a Nvidia. Nvidia registra una venta enorme, sus ingresos se disparan y el precio de su propia acción sube. Al mismo tiempo, la participación que Nvidia tiene en CoreWeave también vale más porque CoreWeave parece un negocio en plena expansión. Primera vuelta de la rueda: Nvidia gana por la venta de chips a la empresa que invirtió y vuelve a ganar porque sus acciones en CoreWeave se revalorizan.

Ahora entran los laboratorios. OpenAI necesita una cantidad colosal de potencia de cálculo para entrenar y operar sus modelos. Firma contratos plurianuales con CoreWeave como proveedores de nube. Para poder pagarlos, OpenAI recibe miles de millones de Microsoft. Con ese dinero, OpenAI alquila capacidad a CoreWeave. Al tener un cliente del tamaño de OpenAI, puede pedir más préstamos o atraer más inversores, y con ese dinero nuevo vuelve a comprar chips a Nvidia. Segunda vuelta: Nvidia vende otra vez más chips, CoreWeave crece, OpenAI parece más valioso porque tiene acceso garantizado a una gran capacidad de cómputo y Microsoft ve cómo su propia división de nube crece gracias al gasto de OpenAI.

Microsoft, además, tiene una participación importante en OpenAI. Cuando la valoración de OpenAI sube, Microsoft se apunta una ganancia contable por la revalorización de su inversión. Tercera vuelta: el dinero que Microsoft puso en OpenAI regresa, en parte, como ingreso y otra como aumento del valor de su stake (término que se utiliza para medir el nivel de confianza que tenemos en una apuesta).

En cada giro parece haber más actividad, más demanda, más ingresos y valoraciones más altas. Pero una parte importante del dinero que alimenta la demanda es capital que los propios actores del círculo inyectaron antes. Mientras la rueda gira rápido, Nvidia, CoreWeave, OpenAI y Microsoft celebran ganancias en distintas formas: ventas de chips, ingresos de nube, revalorización de acciones y participaciones. El día que el capital nuevo deje de entrar con la misma fuerza, o que las empresas y los usuarios reales no paguen precios suficientes para cubrir el coste de toda esa infraestructura, la rueda se frena.

Aquí el centro del problema: la diferencia entre inversión y su retornos o ganancia. Los llamados hiperescalares — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle— están en una carrera de gasto gigantesca. El BIS calcula que este auge de inversión en IA se encuentra entre los más rápidos e intensos de la historia tecnológica estadounidense y que la inversión conjunta de los principales grandes tecnológicas superará con holgura el billón de dólares entre 2025 y 2026. Y esto en un contexto en el que el gasto de capital de 2026 ya se proyecta por encima de los 700.000 millones de dólares. El punto no es que estos montos sean imposibles de financiar para grupos tan grandes; el punto es que la velocidad del gasto está muy por delante de la capacidad de demostrar retornos consistentes.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿la IA está generando productividad suficiente como para justificar semejante expansión? La respuesta más prudente, por ahora, es: todavía no de manera generalizada. Hay usos valiosos, sí, y hay casos concretos de eficiencia, pero la evidencia agregada sigue mostrando una brecha enorme entre entusiasmo e impacto medible. Informes citados por la prensa económica hablan de tasas de retorno muy bajas o nulas en buena parte de las implementaciones empresariales, y el propio BIS advierte que no es seguro que, en el corto plazo, la IA funcione como fuerza deflacionaria o como máquina de ganancias rápidas para toda la economía.

Ese desajuste importa porque el mercado tiende a premiar la promesa antes que el resultado. En otras palabras, la inversión en capital puede seguir subiendo mientras los ingresos aún no llegan, siempre que el financiamiento sea abundante y la confianza no se rompa. Pero cuando esa confianza se debilita, el castigo es abrupto. El BIS compara la bonanza actual con cinco grandes episodios históricos de inversión: “La fiebre de los canales en la década de 1830; la burbuja ferroviaria británica de los años 1840; la electrificación de comienzos del siglo XX; la exuberancia de los años veinte y la burbuja de las puntocom de finales de los noventa compartieron un rasgo común: todos ellos surgieron a partir de auténticas revoluciones tecnológicas que atrajeron mucho más capital del que posteriormente pudieron justificar sus rendimientos comerciales«.

La extrema exposición de Corea del Sur encaja en esa lógica. Corea es una economía profundamente entrelazada con los semiconductores, y por eso concentra tanto la promesa como el riesgo. Cuando suben las expectativas sobre IA, suben también los precios de las firmas coreanas vinculadas a chips y memorias; pero cuando el mercado duda de la rentabilidad del sector, la caída golpea de manera desproporcionada. La corrección no es solo bursátil: puede afectar empleo, inversión, consumo y financiamiento corporativo. Además, en Corea el endeudamiento de los hogares es extraordinariamente alto, lo que vuelve más sensible cualquier caída del efecto riqueza. Un retroceso fuerte en activos financieros o inmobiliarios reduce la confianza del consumidor y puede deteriorar la calidad del crédito doméstico.

La deuda de hogares en Corea alcanzó récords cercanos a 1,4 billones de dólares en 2026. La ratio deuda/ingreso disponible está entre los más altos de la OCDE. Veamos cómo funciona un incremento bursátil o una caída. El rally del índice de bolsa coreano (KOSPI), impulsado por Samsung y SK Hynix, ligadas a la IA, genera efecto riqueza al aumentar un 54% su valorización bursátil. Las exportaciones de chips superaron a las de autos, barcos y electrónica; en junio de 2026 crecieron un 70,9% interanual, donde Samsung y SK Hynix concentran la mayoría del aumento. El índice subió, pero también sufrió caídas brutales de hasta 40% desde picos de junio.

Si tenía acciones de Samsung que valían 10, ahora valen 15.4, ese es el efecto riqueza, quienes tienen este tipo de acciones tomaron un préstamo para comprar más acciones o aumentar su hipoteca, para invertir el efecto riqueza. En mayo 2026 el endeudamiento mensual saltó bruscamente. Parte de las plusvalías de acciones se destinan a vivienda. Ahora, si el índice bursátil corrige a la baja, tal como pasó (-40%), el patrimonio neto de los hogares cae, y las acciones que estaban a 15.4 pasan a 11. Esta disminución lleva a aumenta la morosidad y reducir el consumo, amplificando el shock macro. El Banco de Corea sube el interés por la fuga de capitales de las ganancias del auge de semiconductores y las deudas tomadas se encarecen, lo que afecta la demanda doméstica y la estabilidad financiera.

La fuga de capitales hacia las tecnológicas estadounidenses tiene un efecto adicional: alimenta aún más el ecosistema de la IA en los Estados Unidos y reduce el margen de Asia para sostener sus propias inversiones sin tensionar moneda, inflación y tasas. Es decir, el centro absorbe capital del resto del mundo justo en el momento en que ese resto del mundo necesita inversión productiva y estabilidad financiera. Así, la IA no solo es una carrera entre empresas; también es una carrera entre sistemas monetarios y entre regiones que compiten por financiar el futuro.

A esto se suma la colaboración de Estados y fondos soberanos, especialmente en el Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han entrado con fuerza en la financiación de infraestructura de IA, ya sea por medio de acuerdos con grandes tecnológicas o mediante vehículos soberanos vinculados a centros de datos, computación y modelos de escala global. Ese apoyo no es menor: aporta capital, acelera despliegue y refuerza la cadena global de infraestructura. Pero también introduce una dependencia estructural sobre energía, materiales y estabilidad geopolítica. Los centros de datos requieren electricidad masiva y continua, redes robustas, refrigeración intensiva, chips, agua y, además, acceso a insumos industriales y a rutas de suministro seguras.

En otras palabras, la IA no es solo software. Es un sistema físico. Y como sistema físico, depende de electricidad, agua, cobre, tierras raras, logística y paz comercial. Por eso el Golfo es, a la vez, parte de la solución y del problema: aporta energía y capital, pero también convierte la expansión de la IA en un proceso expuesto a tensiones regionales, precios del petróleo, conflictos en rutas marítimas y riesgos sobre materiales críticos. Si algo interrumpe ese engranaje —una subida del costo energético, un cuello de botella en chips de memoria o una perturbación geopolítica— el modelo de crecimiento puede perder velocidad muy rápido.

El private credit agrega opacidad a una historia que ya es compleja. Gran parte de la infraestructura de IA no está financiada exclusivamente por la banca tradicional ni por emisiones públicas transparentes, sino por fondos privados y estructuras diseñadas para acomodar riesgos específicos. Eso puede ser funcional en fase expansiva, pero también puede ocultar el verdadero nivel de apalancamiento del sistema. Cuando el financiamiento se vuelve menos transparente, el mercado tarda más en ver el deterioro; y cuando finalmente lo ve, suele reaccionar con mayor violencia. El BIS subraya precisamente el aumento de la deuda, la presencia de vehículos especiales y la arquitectura de financiamiento cruzado como una fuente de fragilidad sistémica.

¿Significa esto que la IA es una burbuja sin valor económico? No. Significa algo más incómodo: que una tecnología genuinamente transformadora puede convivir con una estructura financiera inestable. Esa es la gran lección de la historia económica. Los canales, los ferrocarriles, la electrificación, la industria digital y luego internet no fueron ilusiones; fueron revoluciones reales. Pero la historia enseña que las revoluciones tecnológicas suelen atraer más capital del que los retornos de corto plazo pueden soportar. El resultado no es necesariamente el fracaso de la tecnología, sino el fracaso de las expectativas financieras que la rodean.

Por eso Corea del Sur no debe leerse como un caso nacional aislado. Es una advertencia. Un mercado concentrado, una economía abierta, una exposición alta a semiconductores, con hogares muy endeudado y una dependencia fuerte del ciclo tecnológico global pueden transformar una corrección bursátil en una señal sistémica. Si la rentabilidad de la IA sigue siendo baja, si la inversión sigue creciendo más rápido que los ingresos, si el private credit sigue acumulando riesgo opaco y si los bancos centrales se ven obligados a defender monedas mientras toleran inflación y menor crecimiento, entonces el desenlace puede ser un freno prolongado a la inversión, una presión sobre bonos y una desaceleración más amplia.

En ese sentido, la pregunta relevante no es si la IA cambiará el mundo. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es quién paga la transición, cuánto cuesta financiarla y qué pasa si la promesa de productividad tarda demasiado en materializarse. Corea del Sur, Japón, los grandes tecnológicas, los fondos del Golfo y el crédito privado están escribiendo hoy esa respuesta. Y no todos los capítulos prometen un final feliz.

Corea del Sur no es una excepción exótica ni una víctima aislada de la volatilidad. Es un espejo. Refleja una economía atrapada entre la promesa de la productividad futura y las obligaciones financieras del presente. El canario todavía no ha muerto, pero ya dejó de cantar. Y cuando una mina escucha ese silencio, no conviene discutir si el ave exagera: conviene empezar a salir.

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Existía un viejo adagio en las profundidades de las minas de carbón del siglo XIX que advertía a los picadores sobre el peligro invisible del gas grisú. Antes de que existieran los sensores electrónicos, los mineros descendían a las galerías acompañados de un canario en una pequeña jaula de mimbre. El ave, mucho más sensible a las toxinas que el ser humano, servía como un sistema de alerta temprana; si el canario dejaba de cantar y caía al suelo, los hombres sabían que tenían apenas unos segundos para huir antes de que la atmósfera se volviera letal o una chispa provocara una explosión catastrófica.

Hoy, en las pantallas de las terminales financieras de todo el mundo, hemos encontrado a nuestro propio canario. No está en una mina de Gales o de Virginia Occidental, sino en el índice bursátil de Seúl. Un reciente y revelador informe publicado por Asia Times nos muestra cómo la extrema exposición de la economía surcoreana a la fiebre de la Inteligencia Artificial no debe leerse como un evento aislado, una simple anécdota de un mercado emergente tecnológico, sino como el canario en la mina de un riesgo sistémico global.

Si se quiere una imagen sencilla, Corea hoy funciona como alerta. No porque sea el único país vulnerable a la IA, sino porque condensa en un solo mercado varios de los riesgos que veremos dispersos por Asia y por el sistema financiero internacional: rentabilidad dudosa, inversión desbordada, endeudamiento, presión sobre monedas, dependencia de una cadena de suministros muy concentrada, así como una carrera entre gigantes tecnológicos que puede dejar mucho valor destruido antes de crear productividad real.

Lo primero que conviene decir con claridad es que la IA no está financiándose, en gran medida, con el dinero “limpio” de una expansión autosostenida, sino con una mezcla de caja de las grandes tecnológicas, deuda, vehículos especiales y crédito privado. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) describe la inversión en IA en su análisis The AI investment race como uno de las mayores expansiones tecnológicas de la historia de Estados Unidos, y señala además que el proceso ya mostró dos rasgos preocupantes: una tendencia a la sobreinversión y la aparición de financiamiento circular entre grandes tecnológicas, llamadas hiperescaladores (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle), laboratorios y proveedores de infraestructura. Ese último punto es crucial, porque la circularidad vuelve más difícil distinguir entre ingresos reales y movimientos contables que alimentan valuaciones.

La inversión circular funciona como sigue. Imagina una rueda que gira y en cada vuelta casi todos los que están encima creen que están ganando dinero nuevo. Nvidia fabrica los chips más buscados del mundo para inteligencia artificial. CoreWeave, una empresa que construye y alquila centros de datos especializados, necesita miles de esos chips para ofrecer potencia de cálculo a los grandes laboratorios. Nvidia no se limita a vendérselos: también invierte dinero en CoreWeave y se queda con una parte de sus acciones. CoreWeave, con ese capital y con deuda, compra todavía más chips a Nvidia. Nvidia registra una venta enorme, sus ingresos se disparan y el precio de su propia acción sube. Al mismo tiempo, la participación que Nvidia tiene en CoreWeave también vale más porque CoreWeave parece un negocio en plena expansión. Primera vuelta de la rueda: Nvidia gana por la venta de chips a la empresa que invirtió y vuelve a ganar porque sus acciones en CoreWeave se revalorizan.

Ahora entran los laboratorios. OpenAI necesita una cantidad colosal de potencia de cálculo para entrenar y operar sus modelos. Firma contratos plurianuales con CoreWeave como proveedores de nube. Para poder pagarlos, OpenAI recibe miles de millones de Microsoft. Con ese dinero, OpenAI alquila capacidad a CoreWeave. Al tener un cliente del tamaño de OpenAI, puede pedir más préstamos o atraer más inversores, y con ese dinero nuevo vuelve a comprar chips a Nvidia. Segunda vuelta: Nvidia vende otra vez más chips, CoreWeave crece, OpenAI parece más valioso porque tiene acceso garantizado a una gran capacidad de cómputo y Microsoft ve cómo su propia división de nube crece gracias al gasto de OpenAI.

Microsoft, además, tiene una participación importante en OpenAI. Cuando la valoración de OpenAI sube, Microsoft se apunta una ganancia contable por la revalorización de su inversión. Tercera vuelta: el dinero que Microsoft puso en OpenAI regresa, en parte, como ingreso y otra como aumento del valor de su stake (término que se utiliza para medir el nivel de confianza que tenemos en una apuesta).

En cada giro parece haber más actividad, más demanda, más ingresos y valoraciones más altas. Pero una parte importante del dinero que alimenta la demanda es capital que los propios actores del círculo inyectaron antes. Mientras la rueda gira rápido, Nvidia, CoreWeave, OpenAI y Microsoft celebran ganancias en distintas formas: ventas de chips, ingresos de nube, revalorización de acciones y participaciones. El día que el capital nuevo deje de entrar con la misma fuerza, o que las empresas y los usuarios reales no paguen precios suficientes para cubrir el coste de toda esa infraestructura, la rueda se frena.

Aquí el centro del problema: la diferencia entre inversión y su retornos o ganancia. Los llamados hiperescalares — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle— están en una carrera de gasto gigantesca. El BIS calcula que este auge de inversión en IA se encuentra entre los más rápidos e intensos de la historia tecnológica estadounidense y que la inversión conjunta de los principales grandes tecnológicas superará con holgura el billón de dólares entre 2025 y 2026. Y esto en un contexto en el que el gasto de capital de 2026 ya se proyecta por encima de los 700.000 millones de dólares. El punto no es que estos montos sean imposibles de financiar para grupos tan grandes; el punto es que la velocidad del gasto está muy por delante de la capacidad de demostrar retornos consistentes.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿la IA está generando productividad suficiente como para justificar semejante expansión? La respuesta más prudente, por ahora, es: todavía no de manera generalizada. Hay usos valiosos, sí, y hay casos concretos de eficiencia, pero la evidencia agregada sigue mostrando una brecha enorme entre entusiasmo e impacto medible. Informes citados por la prensa económica hablan de tasas de retorno muy bajas o nulas en buena parte de las implementaciones empresariales, y el propio BIS advierte que no es seguro que, en el corto plazo, la IA funcione como fuerza deflacionaria o como máquina de ganancias rápidas para toda la economía.

Ese desajuste importa porque el mercado tiende a premiar la promesa antes que el resultado. En otras palabras, la inversión en capital puede seguir subiendo mientras los ingresos aún no llegan, siempre que el financiamiento sea abundante y la confianza no se rompa. Pero cuando esa confianza se debilita, el castigo es abrupto. El BIS compara la bonanza actual con cinco grandes episodios históricos de inversión: “La fiebre de los canales en la década de 1830; la burbuja ferroviaria británica de los años 1840; la electrificación de comienzos del siglo XX; la exuberancia de los años veinte y la burbuja de las puntocom de finales de los noventa compartieron un rasgo común: todos ellos surgieron a partir de auténticas revoluciones tecnológicas que atrajeron mucho más capital del que posteriormente pudieron justificar sus rendimientos comerciales«.

La extrema exposición de Corea del Sur encaja en esa lógica. Corea es una economía profundamente entrelazada con los semiconductores, y por eso concentra tanto la promesa como el riesgo. Cuando suben las expectativas sobre IA, suben también los precios de las firmas coreanas vinculadas a chips y memorias; pero cuando el mercado duda de la rentabilidad del sector, la caída golpea de manera desproporcionada. La corrección no es solo bursátil: puede afectar empleo, inversión, consumo y financiamiento corporativo. Además, en Corea el endeudamiento de los hogares es extraordinariamente alto, lo que vuelve más sensible cualquier caída del efecto riqueza. Un retroceso fuerte en activos financieros o inmobiliarios reduce la confianza del consumidor y puede deteriorar la calidad del crédito doméstico.

La deuda de hogares en Corea alcanzó récords cercanos a 1,4 billones de dólares en 2026. La ratio deuda/ingreso disponible está entre los más altos de la OCDE. Veamos cómo funciona un incremento bursátil o una caída. El rally del índice de bolsa coreano (KOSPI), impulsado por Samsung y SK Hynix, ligadas a la IA, genera efecto riqueza al aumentar un 54% su valorización bursátil. Las exportaciones de chips superaron a las de autos, barcos y electrónica; en junio de 2026 crecieron un 70,9% interanual, donde Samsung y SK Hynix concentran la mayoría del aumento. El índice subió, pero también sufrió caídas brutales de hasta 40% desde picos de junio.

Si tenía acciones de Samsung que valían 10, ahora valen 15.4, ese es el efecto riqueza, quienes tienen este tipo de acciones tomaron un préstamo para comprar más acciones o aumentar su hipoteca, para invertir el efecto riqueza. En mayo 2026 el endeudamiento mensual saltó bruscamente. Parte de las plusvalías de acciones se destinan a vivienda. Ahora, si el índice bursátil corrige a la baja, tal como pasó (-40%), el patrimonio neto de los hogares cae, y las acciones que estaban a 15.4 pasan a 11. Esta disminución lleva a aumenta la morosidad y reducir el consumo, amplificando el shock macro. El Banco de Corea sube el interés por la fuga de capitales de las ganancias del auge de semiconductores y las deudas tomadas se encarecen, lo que afecta la demanda doméstica y la estabilidad financiera.

La fuga de capitales hacia las tecnológicas estadounidenses tiene un efecto adicional: alimenta aún más el ecosistema de la IA en los Estados Unidos y reduce el margen de Asia para sostener sus propias inversiones sin tensionar moneda, inflación y tasas. Es decir, el centro absorbe capital del resto del mundo justo en el momento en que ese resto del mundo necesita inversión productiva y estabilidad financiera. Así, la IA no solo es una carrera entre empresas; también es una carrera entre sistemas monetarios y entre regiones que compiten por financiar el futuro.

A esto se suma la colaboración de Estados y fondos soberanos, especialmente en el Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han entrado con fuerza en la financiación de infraestructura de IA, ya sea por medio de acuerdos con grandes tecnológicas o mediante vehículos soberanos vinculados a centros de datos, computación y modelos de escala global. Ese apoyo no es menor: aporta capital, acelera despliegue y refuerza la cadena global de infraestructura. Pero también introduce una dependencia estructural sobre energía, materiales y estabilidad geopolítica. Los centros de datos requieren electricidad masiva y continua, redes robustas, refrigeración intensiva, chips, agua y, además, acceso a insumos industriales y a rutas de suministro seguras.

En otras palabras, la IA no es solo software. Es un sistema físico. Y como sistema físico, depende de electricidad, agua, cobre, tierras raras, logística y paz comercial. Por eso el Golfo es, a la vez, parte de la solución y del problema: aporta energía y capital, pero también convierte la expansión de la IA en un proceso expuesto a tensiones regionales, precios del petróleo, conflictos en rutas marítimas y riesgos sobre materiales críticos. Si algo interrumpe ese engranaje —una subida del costo energético, un cuello de botella en chips de memoria o una perturbación geopolítica— el modelo de crecimiento puede perder velocidad muy rápido.

El private credit agrega opacidad a una historia que ya es compleja. Gran parte de la infraestructura de IA no está financiada exclusivamente por la banca tradicional ni por emisiones públicas transparentes, sino por fondos privados y estructuras diseñadas para acomodar riesgos específicos. Eso puede ser funcional en fase expansiva, pero también puede ocultar el verdadero nivel de apalancamiento del sistema. Cuando el financiamiento se vuelve menos transparente, el mercado tarda más en ver el deterioro; y cuando finalmente lo ve, suele reaccionar con mayor violencia. El BIS subraya precisamente el aumento de la deuda, la presencia de vehículos especiales y la arquitectura de financiamiento cruzado como una fuente de fragilidad sistémica.

¿Significa esto que la IA es una burbuja sin valor económico? No. Significa algo más incómodo: que una tecnología genuinamente transformadora puede convivir con una estructura financiera inestable. Esa es la gran lección de la historia económica. Los canales, los ferrocarriles, la electrificación, la industria digital y luego internet no fueron ilusiones; fueron revoluciones reales. Pero la historia enseña que las revoluciones tecnológicas suelen atraer más capital del que los retornos de corto plazo pueden soportar. El resultado no es necesariamente el fracaso de la tecnología, sino el fracaso de las expectativas financieras que la rodean.

Por eso Corea del Sur no debe leerse como un caso nacional aislado. Es una advertencia. Un mercado concentrado, una economía abierta, una exposición alta a semiconductores, con hogares muy endeudado y una dependencia fuerte del ciclo tecnológico global pueden transformar una corrección bursátil en una señal sistémica. Si la rentabilidad de la IA sigue siendo baja, si la inversión sigue creciendo más rápido que los ingresos, si el private credit sigue acumulando riesgo opaco y si los bancos centrales se ven obligados a defender monedas mientras toleran inflación y menor crecimiento, entonces el desenlace puede ser un freno prolongado a la inversión, una presión sobre bonos y una desaceleración más amplia.

En ese sentido, la pregunta relevante no es si la IA cambiará el mundo. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es quién paga la transición, cuánto cuesta financiarla y qué pasa si la promesa de productividad tarda demasiado en materializarse. Corea del Sur, Japón, los grandes tecnológicas, los fondos del Golfo y el crédito privado están escribiendo hoy esa respuesta. Y no todos los capítulos prometen un final feliz.

Corea del Sur no es una excepción exótica ni una víctima aislada de la volatilidad. Es un espejo. Refleja una economía atrapada entre la promesa de la productividad futura y las obligaciones financieras del presente. El canario todavía no ha muerto, pero ya dejó de cantar. Y cuando una mina escucha ese silencio, no conviene discutir si el ave exagera: conviene empezar a salir.

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@teacher_rick zeker is dat dan klein leed. Wat verzekering betreft ga ik nog uitzoeken.
Ik werk nu op een krachteloze Dell met microsof van mijn werk. Werkelijk verschrikkelijk. Een toetsenbord en trackpad van dat ding is nog erger dan zoiets van speelgoed voor een kind. Niks werkt normaal snel handig. Slecht HCD #hcd #dell #microsof

@teacher_rick zeker is dat dan klein leed. Wat verzekering betreft ga ik nog uitzoeken.
Ik werk nu op een krachteloze Dell met microsof van mijn werk. Werkelijk verschrikkelijk. Een toetsenbord en trackpad van dat ding is nog erger dan zoiets van speelgoed voor een kind. Niks werkt normaal snel handig. Slecht HCD #hcd #dell #microsof

Aranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Por: Lic Alejandro Marcó del Pont

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

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Aranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Por: Lic Alejandro Marcó del Pont

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

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Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

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#Microsof #LinkedIn
À force de vouloir de l'engagement (inciter les gens à rester sur le réseau et les récompenser s'ils postent et interagissent), LinkedIn s'est transformé en gros truc mou où les gens postent sans arrêt des trucs complètement perchés sans intérêt.
Encore une fois (coucou GitHub👀), fallait-il s'attendre à autre chose après avoir été racheté par Microsoft ?
https://sebsauvage.net/links/?En4P6A

#Microsof #LinkedIn
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Anyone doing this? → Build skills that matter—faster—with AI-assisted learning and Applied Skills
https://t.co/T4vHI8Rbuj

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— Daniel Glenn (@danielglenn)
May 22, 2025

Y hablamos de dos de las empresas más grandes del mundo. #google #microsof

Meta verteidigt Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material zur KI-Entwicklung: https://ift.tt/cmsA7q1 ・it-boltwise.de - #ki #news #künstlicheintelligenz #ai #artificialintelligence #technologie #kuenstlicheintelligenz #genai #roboter #chatgpt #openai #microsof…

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SoftBank investiert 500 Millionen US-Dollar in KI-gestütztes Robotik-Startup SkildAI: https://ift.tt/R4dFq58 ・it-boltwise.de - #ki #news #künstlicheintelligenz #ai #artificialintelligence #technologie #kuenstlicheintelligenz #genai #roboter #chatgpt #openai #microsof…

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@huuishuu I personally are more wore worried about all the data that #microsof is exploiting out of its users, and think that switching to #linux is an answer more viable than given credit

Thunderbird mit dem Owl-Plugin für Exchange ist der Meinung, mein Passwort sei nicht valide.

Test:
OWA ✅
Outlook Mac ✅
Neomutt Mac ✅
Via Shibboleth an N Diensten ✅

Änderungen wurden von den Microsoftkollegen am Exchange, der OWA und ADS nicht vorgenommen.

Genau so hatte ich Thunderbird immer in Erinnerung.
Der Grund, warum ich immer mutt den Vortritt gab.
Oder mal Claws, KMail etc

Es gibt Dinge, da Wünsche ich mir eine dauerhafte Funktionalität

#linux #macos #microsof #rant

Microsoft Design created a number of images for the company's recently launched Dev Home app, and you can download them as wallpapers for your own PC background right now on the Design site. #Wallpapers #DevHome #Microsof https://www.neowin.net/news/get-these-great-looking-wallpapers-microsoft-design-made-for-the-new-dev-home/

Microsoft made additional clarifications and corrections about Patch Tuesday BlackLotus fix #BlackLotus #Windows #Microsof https://neow.in/eXdlam1i

Something I have not done in years...😂
#windows #microsof #backtothepast

Новое обновление для Windows 10 безвозвратно удаляет Flash Player #Microsof, #ОС https://t.co/8Ocu35uldH https://t.co/dB7jE92yDE

Источник: https://twitter.com/SecurityLabnews/status/1362052946691776516