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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Nacho Mier contra la memoria
Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.
Por Raúl García Araujo
López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.
Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.
Ahí permanecen figuras como la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.
Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.
Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.
Ignacio MierY ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.
Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.
López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.
Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.
Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.
Andrés Manuel López ObradorNo se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.
Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.
Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.
Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.
En Cortito
Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.
El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.
Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.
Hoy, la historia comienza a ser distinta.
El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.
Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.
José Luis Urióstegui SalgadoLa recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.
Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Maestros y maestras construyen transformación y futuro de Puebla, afirma Laura Artemisa
Entregó Condecoración “Maestro Manuel Altamirano” y Premio “Maestro Rafael Ramírez” por 30 y 40 años de servicio
Por Gabriela Díaz | Reportera
“Cada aula que ustedes han atendido es esperanza. Cada niña y niño que aprendió a leer, cada joven que descubrió sus capacidades, cada ciudadano que encontró oportunidades gracias a la educación lleva también una parte de ustedes, de su esfuerzo, de su historia de vida. Como Maestra, me siento orgullosa de pertenecer a este gremio al que siempre he defendido y defenderé”, enfatizó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar al entregar la Condecoración “Maestro Manuel Altamirano” y el Premio “Maestro Rafael Ramírez” a docentes por 30 y 40 años de servicio.
En representación del gobernador Alejandro Armenta, Laura Artemisa García reconoció la tarea diaria de los y las maestras. Subrayó que tres o cuatro décadas de servicio “no son cualquier cosa, sólo ustedes saben lo que representan estos años de esfuerzo y sacrificio”. Destacó que para el Gobierno de Puebla su labor es fundamental, pues la transformación social es fruto del trabajo constante en cada aula y centro educativo.
“Como maestras y maestros tenemos en nuestras manos el futuro de las niñas, niños y jóvenes. No importa lo que pase, siempre acudimos a nuestras instituciones y cuidamos a los hijos e hijas de Puebla”, expresó.
Laura Artemisa celebró que, en este marco, la LXII Legislatura del Congreso del Estado impulsará el fortalecimiento de la autonomía sindical, acciones que consolidan la unión del magisterio y protegen sus derechos laborales.
Asimismo, indicó que seguramente se aprobará una ley para que el Estado asuma la responsabilidad de fortalecer la salud mental de las infancias y juventudes “hoy los maestros también debemos cuidar la salud mental de nuestros pequeños. Por ello celebro que esta Legislatura lo vaya a realizar, porque debemos contar con protocolos y un marco jurídico que nos guíe en la problemática que enfrentamos día a día en las instituciones”, acotó.
Finalmente, la secretaria de Bienestar destacó que los años de servicio implican caminos recorridos y nuevas rutas por avanzar “quien tiene 40 años de servicio difícilmente inició en el lugar donde nació; recorren instituciones y comunidades, llevan consigo en todo momento la vocación y el compromiso con la educación”.
Estas acciones se alinean con la visión de impulso a la educación de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrada en dignificar y reconocer la labor docente como motor de transformación social. –sn–
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Intrigas contra la cooperación bilateral
Hay historias que no sólo buscan informar, sino sembrar desconfianza.
Por Raúl García Araujo
La difundida por CNN sobre una supuesta participación de la CIA en un atentado ocurrido en Tecámac, estado de México, parece encajar más en esa lógica de tensión política y diplomática que en un ejercicio serio de investigación periodística.
Porque detrás de la estridencia mediática y las versiones filtradas, lo que realmente aparece es un intento por golpear la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, justo en un momento en que ambos gobiernos han intensificado la coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.
La narrativa es delicada: agentes de la CIA ejecutando operaciones letales en territorio mexicano contra presuntos integrantes del narcotráfico.
Francisco Beltrán, alias «El Payín»Una acusación de ese tamaño no sólo impacta en la opinión pública, también amenaza con erosionar la confianza institucional construida en los últimos meses entre ambas naciones.
Por eso fue contundente la reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre operaciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México.
Y Harfuch no habló al vacío.
Desde el inicio de la actual estrategia bilateral, el titular de la SSPC y el gabinete de seguridad federal han sostenido encuentros permanentes con autoridades estadounidenses para construir mecanismos conjuntos de combate al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.
Ha habido reuniones de alto nivel, intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acuerdos específicos para atacar estructuras financieras y logísticas de los cárteles. Todo dentro de un marco institucional y bajo reglas claras de cooperación.
Omar García HarfuchEso explica por qué la versión difundida por CNN provocó incomodidad tanto en México como en Estados Unidos.
La propia CIA salió rápidamente a desmentir la publicación. Su vocera, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y sensacionalista”, e incluso advirtió que este tipo de narrativas terminan favoreciendo a los cárteles.
Y no le falta razón.
Cuando se pretende instalar la idea de que agencias estadounidenses operan clandestinamente en México, lo que se busca es dinamitar políticamente la cooperación bilateral en seguridad, justo cuando ésta comienza a mostrar resultados relevantes.
Basta revisar los recientes decomisos de droga sintética, los aseguramientos de laboratorios clandestinos, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate al tráfico ilegal de armas para entender que existe una coordinación activa entre ambos gobiernos.
Pero esa cooperación tiene límites claros: la soberanía mexicana.
Por eso el mensaje de Harfuch fue quirúrgico. Sí a la colaboración; no a la subordinación.
En el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla por el control de la narrativa.
Hay sectores —políticos, criminales y mediáticos— a los que no les conviene una relación sólida entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
La razón es simple: cuando ambos gobiernos trabajan coordinadamente, las estructuras criminales pierden margen de maniobra.
Y en tiempos donde la desinformación también es un arma, no parece casual que aparezcan versiones espectaculares justo cuando se fortalecen los operativos binacionales contra el crimen organizado.
La pregunta es quién gana tratando de confrontar a dos gobiernos que hoy, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la seguridad regional ya no puede combatirse de manera aislada.
En Cortito
Nos cuentan que el fiscal del estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lanzó un posicionamiento firme, directo y sin concesiones contra CNN por la difusión de información relacionada con los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026, donde murieron dos personas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente que haya informado a la cadena internacional que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”, como se difundió públicamente.
El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la autoridad mexiquense desmintió la versión y defendió la conducción institucional de la investigación.
La postura del fiscal no fue menor. En lugar de optar por una aclaración tibia o diplomática, José Luis Cervantes Martínez decidió confrontar de frente una narrativa mediática que considera incorrecta y anticipada.
José Luis Cervantes MartínezEl tono del comunicado mostró a una Fiscalía decidida a marcar límites y a dejar claro que no aceptará conclusiones adelantadas mientras la indagatoria siga abierta.
La dependencia sostuvo que la investigación continúa en curso y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de las víctimas.
En otras palabras: no hay versión oficial cerrada y cualquier afirmación categórica carece todavía de sustento ministerial.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla: combate real al huachicol
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla: combate real al huachicol
Puebla está colocando cifras sobre la mesa y con ellas construye poder político.
Por Raúl García Araujo
La recuperación de 2.8 millones de litros de hidrocarburos en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026 no sólo es un dato operativo: es la base de un discurso que busca desmontar la vieja etiqueta del estado como epicentro del huachicol.
El gobierno de Alejandro Armenta ha entendido que en el México actual los números son narrativa. Por eso, junto al combate al robo de combustible, presume 33 vialidades pavimentadas, 146 kilómetros intervenidos y beneficios para 1.9 millones de habitantes.
A ello se suma un crecimiento exponencial en capacidad operativa: de dos máquinas a 277 distribuidas en 16 módulos, con la meta de alcanzar 15 trenes de pavimentación este mismo año.
El respaldo de Pemex también tiene números y mensaje: 19 certificados de obra, 10 patrullas, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible entregados a municipios.
Alejandro ArmentaNo es sólo apoyo técnico, es validación política desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.
Aquí está el sello del actual gobierno poblano: vincular seguridad con obra pública y convertir esa relación en legitimidad.
Mientras se decomisan millones de litros de combustible robado, se pavimentan calles, se rehabilitan carreteras y se refuerza la presencia institucional en territorio.
Es una lógica simple pero efectiva: resultados medibles en seguridad, resultados visibles en infraestructura.
El dato más revelador no está solo en los litros recuperados, sino en la coordinación. Marina, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal y Pemex operan de forma conjunta.
Esa alineación explica por qué Puebla puede hoy presentarse como referente nacional en el combate al huachicol, cuando hace apenas unos años era símbolo del problema.
Armenta ha optado por una estrategia directa: contrastar su gobierno con el pasado y sostener esa diferencia con cifras. Decir que antes el gobierno era parte del problema no es retórica aislada, es un intento de capitalizar políticamente cada resultado obtenido.
En ese contexto, el liderazgo de Alejandro Armenta no se construye desde el discurso, sino desde la ejecución: números que avanzan, obras que se ven y una coordinación institucional que da resultados.
Hoy, Puebla no sólo cambia indicadores, también redefine quién conduce el rumbo político del estado.
En Cortito
Nos cuentan que el anuncio del ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, sobre la instalación de cien nuevos parabuses inteligentes representa un paso firme hacia una visión más moderna, ordenada y funcional de la ciudad.
Nos dicen que no se trata únicamente de infraestructura urbana, sino de una apuesta seria por reorganizar la movilidad con criterios de eficiencia, seguridad e inclusión social, en una capital que desde hace años demanda soluciones concretas en el espacio público.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque integral, que no se queda en lo estético ni en lo superficial, sino que busca transformar la experiencia cotidiana de quienes dependen del transporte público.
José Luis Urióstegui SalgadoLos nuevos parabuses no solo atenderán la necesidad básica de resguardo para los usuarios, sino que incorporarán iluminación solar, accesibilidad universal y herramientas digitales como códigos QR vinculados a la atención de emergencias, lo que refuerza el componente de seguridad y respuesta inmediata.
Este tipo de soluciones colocan a la capital de Morelos en una ruta de modernización urbana que entiende que la tecnología y la seguridad no son conceptos aislados, sino elementos que deben convivir y funcionar dentro del espacio público cotidiano.
Más allá de la obra en sí, este proyecto refuerza la narrativa de un gobierno municipal que ha buscado priorizar la rehabilitación urbana con sentido práctico, planeación y visión de futuro.
La inversión en movilidad ordenada, segura e incluyente coloca a la administración de José Luis Urióstegui Salgado en una línea de acción que apunta a consolidar una ciudad más funcional, moderna y con mejores condiciones de vida para los morelenses.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG
La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.
Por Raúl García Araujo
No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.
Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.
La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.
Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.
Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.
En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.
No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.
La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.
Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.
Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.
La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.
La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.
Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.
Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.
En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.
Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.
El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.
En Cortito
Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.
La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.
Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.
Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.
La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.
Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.
Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Violencia desborda a Morelos
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Brugada, con las maletas listas para viajar a Azerbaiyan
A su regreso deberá entregar un informe detallado de las actividades y costos de su viaje. El Foro Urbano Mundial culminará con el traspaso del evento el próximo año en la Cdmx. | Aumenta despojo de casas en la Ciudad de México, denuncia Jesús Sesma.
Por Luis Muñoz
Del 16 al 22 de mayo la jefe de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, viajará a Bakú, Azerbaiyan, para participar en el Foro Urbano Mundial, un espacio promovido por Naciones Unidas para analizar desafíos relacionados con el crecimiento urbano y el desarrollo sostenible de las ciudades a nivel global.
De esta manera, Brugada Molina se suma a sus antecesores que viajaron al extranjero durante su gestión.
La lista la integran los más recientes titulares del Gcdmx hasta 2026.
Cuauhtémoc Cárdenas (1997–1999) lo hizo para promover la imagen de la capital y atraer inversiones, marcando el inicio de las giras de los mandatarios electos de la ciudad.
Rosario Robles (1999–2000), durante su breve interinato participó en foros internacionales y cumbres de ciudades globales.
Andrés Manuel López Obrador, que gobernó la ciudad de 2000 a 2005, fue el único que no viajó fuera del país. En su etapa, su enfoque político y administrativo fue estrictamente local y nacional, limitando sus giras al interior de la República Mexicana. Más bien priorizó las conferencias matutinas diarias, delegando las agendas y representaciones diplomáticas internacionales. La vez que viajó fue ya como Presidente. Realizó su primera visita oficial a los Estados Unidos en julio de 2020 para reunirse con el entonces presidente Donald Trump.
Andrés Manuel López ObradorEn cambio, Marcelo Ebrard (2006–2012) realizó múltiples giras internacionales. En ese sentido fue uno de los mandatarios capitalinos más activos en el exterior. Participó, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial y su presidencia en la Red Mundial de Ciudades (CGLU).
Miguel Ángel Mancera (2012–2018) es considerado como el jefe de gobierno con la mayor cantidad de giras registradas durante su administración, con al menos 60 viajes al extranjero, que incluyen visitas a España, El Vaticano, Estados Unidos y Cuba para recibir reconocimientos y promover el programa “El Médico en Tu Casa”.
La actual presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo (2018-2023) viajó fuera del país en calidad de jefe de gobierno, principalmente para asistir a foros y cumbres de alcaldes a nivel global.
Ahora Clara Brugada se suma a la lista de jefes de gobierno de la Cdmx en medio de críticas de la oposición en el Congreso local, que cuestionan su gira cuando lo que debería hacer es enfocarse a resolver los problemas de la capital del país, que no son pocos.
El quid no es que viaje sino que traiga buenos resultados. Qué no sea un viaje turístico y un gasto inútil.
Se ha dicho que al tratarse de una comisión oficial para asistir en representación institucional a recibir la estafeta rumbo al Foro Urbano Mundial 2028, los gastos del viaje a Azerbaiyán son cubiertos por el erario público a través del presupuesto del gobierno de la ciudad de México.
La oposición cuestionó su salida del país en lugar de estar pendiente de las obras que se llevan a cabo con motivo del Mundial de Futbol que está, prácticamente, a la vuelta de la esquina: el próximo once de junio.
El jueves de la reciente semana, en el marco de la sesión ordinaria, la mesa directiva dio lectura a la petición de la mandataria capitalina, en la cual destaca que el FUM fue creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para examinar los problemas de rápida urbanización y su impacto en las ciudades y sus economías, así como el cambio climático y las políticas públicas.
Balon Mundial de FutbolEn el FUM participan gobiernos, autoridades locales y la comunidad internacional para debatir el futuro urbano del planeta. Asimismo, da a conocer que dicho encuentro culminará con el traspaso oficial de la sede a la ciudad de México, donde se celebrará el “Foro Urbano Mundial 14”.
La solicitud fue enviada por el gobierno capitalino a la Junta de Coordinación Política, el pasado 12 de mayo. Posteriormente, esa instancia emitió el Acuerdo por el que se dictamina y autoriza a la jefe de gobierno la salida oficial del territorio nacional, del 16 al 22 de mayo.
La salida al extranjero fue avalada por el pleno del Congreso capitalino, que aprobó la licencia para ausentarse y requerir la entrega de un informe detallado de las actividades y costos a su regreso.
CRECEN DESPOJOS EN LA CDMX
El diputado Jesús Sesma, echado para adelante, dijo que el problema de despojos de viviendas en la ciudad de México sigue creciendo y miles de familias viven con miedo de perder el patrimonio que construyeron durante años.
Por tal motivo, hizo un llamado para atender con urgencia este problema que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de las personas.
Lo que no sabe y si lo sabe no lo dijo, es que en algunos casos, sobre todo en el estado de México, los invasores o despojadores cuentan con la protección de funcionarios, como el ex alcalde de Ecatepec y actual diputado federal, Fernando Vílchis Contreras.
El 8 de agosto de 2026, el diario La Jornada informó que se investigaban nexos del entonces alcalde con el Grupo Los 300.
¿Y qué ha pasado?
¿Dónde quedó el operativo implementado en el estado de México contra funcionarios coludidos con el crimen organizado y redes de corrupción denominado Operación Enjambre?
Esta estrategia táctica y de inteligencia, coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y fuerzas federales, logró la detención de decenas de servidores públicos municipales y estatales, pero poco a poco se ha ido apagando.
Pero dejemos por ahora el caso del estado de México y vayamos a lo que sucede en la capital del país.
Sesma Suárez denunció en Tribuna que actualmente las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y desgastantes para recuperar su patrimonio, mientras quienes invaden inmuebles permanecen dentro del mismo durante meses o incluso años.
Jesús Sesma Suárez“Perder una casa no es solo perder paredes, es perder tranquilidad, seguridad y el esfuerzo de toda una vida”, señaló el legislador.
Ante esta situación, su propuesta plantea que las personas afectadas puedan recuperar provisionalmente la ocupación de su inmueble mientras se desarrolla el juicio, siempre que acrediten ser propietarias.
Además, se busca que jueces resuelvan estas solicitudes en un máximo de 30 días hábiles para evitar que las víctimas sigan esperando durante años.
De acuerdo con cifras nacionales, entre enero y marzo de este año se registraron más de 6 mil 700 denuncias por despojo en el país.
*Periodista: [email protected]
Columna anterior: Desapariciones en México, una infamia
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