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PAN propone nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la Cdmx ante aumento de muertes viales

El PAN propuso una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la Cdmx, con reglas para motociclistas, límites de velocidad, controles de alcoholemia y mayores medidas de seguridad vial.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la Cdmx fue propuesta en el Congreso capitalino por los diputados del PAN Andrés Atayde Rubiolo y Federico Chávez Semerena, ante el aumento de muertes en hechos de tránsito, particularmente entre motociclistas.

Durante la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, Chávez Semerena señaló que la legislación local mantiene un rezago de más de cuatro años frente a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en 2022. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictaminación.

De acuerdo con los datos expuestos por el legislador, durante el primer trimestre de 2026 murieron 111 personas en hechos de tránsito en la Cdmx; 51 de ellas eran motociclistas. La propuesta plantea actualizar el marco jurídico ante los cambios tecnológicos, el crecimiento del parque de motocicletas y la incorporación de nuevos vehículos eléctricos.

¿Qué propone la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial?

La iniciativa plantea un sistema integral que abarque infraestructura, transporte público, movilidad activa, gestión del tránsito, licencias, seguridad vial, atención a víctimas, información, educación y coordinación metropolitana.

El proyecto también contempla reglas específicas para motociclistas, entre ellas el uso de casco certificado y una acreditación efectiva de las capacidades necesarias para conducir. Estas medidas buscan establecer mayores condiciones de seguridad para uno de los sectores más expuestos a lesiones graves y fallecimientos durante los desplazamientos.

El planteamiento legislativo busca, además, establecer por ley los límites de velocidad y los controles de alcoholemia, así como fortalecer las herramientas institucionales para prevenir, sancionar y reducir los hechos de tránsito.

Buscan cambiar el enfoque de la movilidad

Chávez Semerena sostuvo que la actualización legislativa no debe limitarse a cumplir con la armonización normativa, sino utilizarse para proteger la integridad de quienes se desplazan diariamente por la capital.

La propuesta busca colocar la vida y la seguridad de las personas por encima de la velocidad y del flujo vehicular. El legislador planteó que la movilidad debe evaluarse también por la capacidad de garantizar que quienes utilizan las vialidades lleguen seguros a sus destinos.

La iniciativa presentada el 3 de septiembre de 2026 aparece en el registro oficial del Congreso capitalino como un proyecto de decreto para expedir una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México. –sn–

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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.

La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.

¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?

El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.

Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.

Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.

Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.

El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–

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