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  1. Takaichi advierte sobre crisis alimentaria ante fin de estabilidad global

    La primer ministro de Japón, Takaichi Sanae, advirtió sobre una posible crisis alimentaria y el fin de la estabilidad posterior a la Guerra Fría; pidió fortalecer cadenas de suministro, reformar la ONU y avanzar hacia un mundo sin armas nucleares.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La primer ministro de Japón, Takaichi Sanae, advirtió que la etapa de estabilidad internacional posterior a la Guerra Fría quedó atrás y alertó sobre el riesgo de una crisis alimentaria ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las dificultades para mantener el libre comercio.

    Durante su intervención, Takaichi señaló que Japón trabaja para reforzar la resiliencia de sus cadenas de suministro de energía y minerales críticos en Asia y otras regiones, después de que las crecientes tensiones internacionales afectaran las condiciones del comercio marítimo.

    La primer ministro vinculó estos desafíos con la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y la capacidad de respuesta de los países ante las nuevas condiciones de seguridad, comercio, energía y abastecimiento. La posición japonesa también contempla una mayor atención a la reducción del riesgo de desastres y a la acción climática.

    Japón plantea reforzar cadenas de suministro

    Japón ha dependido durante décadas del comercio marítimo en las rutas que conectan el océano Pacífico con el Índico. Ante el incremento de las tensiones, el gobierno japonés busca reducir vulnerabilidades en el suministro de energía y minerales considerados estratégicos.

    Takaichi también planteó que la seguridad del Indo-Pacífico y del espacio euroatlántico están vinculadas, al tiempo que expresó preocupación por los programas nucleares y de misiles de la República Popular Democrática de Corea y por los secuestros de ciudadanos japoneses atribuidos a Pyongyang.

    La postura japonesa incluye un llamado a fortalecer el régimen internacional establecido por el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), así como a ampliar el conocimiento sobre las consecuencias de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

    Japón sostiene que su experiencia como único país que sufrió ataques nucleares durante una guerra le confiere una responsabilidad particular en los esfuerzos internacionales para avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares. En 2026, Tokio también reiteró su respaldo al TNP y al objetivo de un mundo sin armas nucleares.

    Takaichi pide reformar Naciones Unidas

    La primer ministro sostuvo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe ser reformada para responder a las condiciones actuales del sistema internacional. Consideró que la responsabilidad sobre las decisiones y contenidos de la organización corresponde a sus Estados miembros.

    En ese contexto, planteó revisar la Carta de las Naciones Unidas, vigente desde 1945, y eliminar las llamadas cláusulas sobre “Estados enemigos”, disposiciones que permanecen en el documento aunque han dejado de corresponder con la estructura contemporánea de las relaciones internacionales.

    Takaichi también propuso ampliar el número de integrantes permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad para que su composición refleje de mejor manera la realidad internacional actual.

    La discusión sobre la reforma de Naciones Unidas se mantiene dentro de la agenda multilateral. La Asamblea General ha señalado la necesidad de fortalecer la cooperación internacional frente a desafíos globales, mientras el debate sobre la composición del Consejo de Seguridad continúa entre los Estados miembros.

    Cambio climático y reducción de desastres

    En materia de protección civil, Takaichi afirmó que Japón busca convertirse en una nación líder en la reducción del riesgo de desastres y mencionó el nombramiento de un ministro de Estado responsable de la cooperación internacional en esta materia.

    La primer ministro también sostuvo que las políticas climáticas pueden avanzar junto con el crecimiento económico. Entre las áreas señaladas se encuentran el desarrollo de “acero verde” y la construcción de centros de datos con mayor eficiencia energética.

    El planteamiento japonés coloca la resiliencia de infraestructura, la seguridad energética, la adaptación climática y la reducción del riesgo de desastres dentro de una misma agenda de preparación ante un escenario internacional más vulnerable. –sn–

    Lee Jae Myung | ONU – Loey Felipe

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  2. ONU exige a Sri Lanka frenar abusos, reformar cárceles y avanzar en justicia por violaciones de derechos humanos

    La ONU pidió a Sri Lanka reforzar la rendición de cuentas, investigar abusos, reformar las cárceles y derogar la Ley de Prevención del Terrorismo ante denuncias de tortura, vigilancia y detenciones arbitrarias.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Sri Lanka acelerar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, reforzar la rendición de cuentas y avanzar en la reconciliación, ante denuncias de tortura, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias y vigilancia contra periodistas y activistas.

    El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), correspondiente al periodo de octubre de 2025 a julio de 2026, reconoce avances en investigaciones relacionadas con asesinatos políticos, desapariciones forzadas, corrupción y los atentados del Domingo de Pascua de 2019, pero advierte que persisten graves obstáculos para superar décadas de impunidad.

    El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Anura Kumara Dissanayake consolidar las medidas adoptadas y adoptar acciones concretas para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado y en años recientes.

    ONU cuestiona aplicación de ley antiterrorista

    El organismo internacional señaló que, pese a las promesas de reformas legales e institucionales, las autoridades continúan aplicando la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), utilizada para realizar arrestos arbitrarios y mantener detenciones prolongadas sin cargos.

    Türk pidió establecer una moratoria sobre la aplicación de esa legislación mientras se concreta su derogación, además de liberar a las personas que permanecen detenidas durante largos periodos bajo sus disposiciones.

    El informe también documentó denuncias de vigilancia estatal contra integrantes de organizaciones civiles, activistas y periodistas. La información recibida por la ONU, según el documento, apunta a un patrón persistente de vigilancia, intimidación y represalias atribuido a funcionarios militares y de inteligencia.

    Las personas interrogadas habrían sido cuestionadas sobre viajes a Ginebra, participación en mecanismos de derechos humanos de la ONU, afiliaciones organizativas, fuentes de financiamiento y asistencia a protestas o actos de conmemoración.

    Tortura y muertes bajo custodia

    La situación penitenciaria figura entre las principales preocupaciones del informe. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka registró 602 casos de tortura y malos tratos durante 2025 y otros 138 hasta abril de 2026.

    El organismo nacional también recibió denuncias sobre 18 muertes bajo custodia en 2025 y tres más hasta abril de este año. Uno de los casos corresponde a un hombre de 40 años detenido por un delito menor relacionado con drogas, quien murió el 3 de mayo en la prisión de Welikada, en Colombo, presuntamente después de recibir una brutal golpiza.

    La ONU también llamó la atención sobre los disturbios ocurridos en la prisión de Negombo en julio, que dejaron 32 muertos y más de un centenar de heridos. El episodio puso nuevamente bajo escrutinio el hacinamiento y otras deficiencias estructurales del sistema penitenciario.

    Persisten casos de la guerra civil

    El informe sostiene que los esfuerzos para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado todavía presentan deficiencias, particularmente en la investigación y procesamiento de crímenes graves.

    Türk consideró necesario adoptar medidas contra los responsables de violaciones cometidas por cualquiera de las partes durante el conflicto que se prolongó durante más de dos décadas.

    Entre los avances recientes, la ONU tomó nota de la decisión del fiscal general de procesar al ex primer ministro de la Provincia Oriental, Sivanesathurai Chandrakathan, conocido como Pillayan, y a otras tres personas por el presunto secuestro y asesinato del exvicerrector de la Universidad Oriental, Subramanian Ravindranath, ocurrido en 2006.

    Sin embargo, el Alto Comisionado cuestionó que otros casos emblemáticos continúen sin resolverse. Entre ellos mencionó el asesinato de 17 trabajadores humanitarios de Action Contre La Faim en Muttur, ocurrido hace dos décadas.

    ONU pide proteger a víctimas y liberar territorios

    La ONU pidió al gobierno de Sri Lanka intensificar las medidas de reconciliación y rendición de cuentas, así como garantizar que las personas señaladas de manera creíble por violaciones de derechos humanos no ocupen altos cargos gubernamentales, de seguridad o diplomáticos mientras las acusaciones no sean investigadas y resueltas de manera efectiva.

    Türk también instó a las autoridades a respaldar las iniciativas de conmemoración de las víctimas y avanzar en la liberación de territorios que permanecen bajo ocupación militar.

    El informe reconoce que el gobierno ha denunciado el racismo y promovido la unidad nacional, pero advierte que la falta de avances en verdad y justicia puede frenar el proceso de transformación institucional que reclaman las víctimas y sus familias.

    El llamado de la ONU ocurre mientras Sri Lanka enfrenta el desafío de convertir las investigaciones recientes en procesos judiciales efectivos y establecer mecanismos capaces de impedir que las violaciones de derechos humanos permanezcan sin consecuencias. –sn–

    Edificio sede de la ONU | @SociedadN_

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  3. CIDH lleva a la Corte IDH caso por fallas de Argentina en custodia y posible abuso sexual

    La CIDH llevó ante la Corte IDH un caso contra Argentina por fallas en procesos de custodia, visitas e investigación de un posible abuso sexual contra una niña.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 13.040, R.B.L. y Marisa Romero contra Argentina, por presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con procesos de tenencia y visitas, así como con la investigación de un posible abuso sexual contra una niña. La remisión ocurrió el 22 de julio de 2026.

    La CIDH concluyó que las autoridades argentinas no aplicaron una debida diligencia reforzada ante indicios de violencia sexual, no protegieron de manera adecuada a R.B.L. y la sometieron a múltiples entrevistas que generaron riesgo de revictimización. También cuestionó la utilización de estereotipos de género contra su madre, Marisa Romero.

    https://sociedad-noticias.com/2026/08/20/la-cidh-historia-funciones-y-poder-en-los-derechos-humanos/

    El caso puede llevar a la Corte IDH a profundizar los estándares interamericanos sobre prevención de violencia sexual contra niñas dentro de procesos de custodia, guarda y régimen de visitas, así como sobre el derecho de los menores a ser escuchados, el interés superior de la niñez y la obligación de impartir justicia sin estereotipos de género.

    El origen del caso se remonta a 1998

    R.B.L., hija de Marisa Romero y Fabián Llamas, nació el 27 de junio de 1995. Después de la separación de sus padres, ambos acordaron en octubre de 1997 que la tenencia quedaría con la madre y que el padre tendría un régimen frecuente de visitas.

    El conflicto judicial comenzó en mayo de 1998, cuando Llamas denunció a Romero por presuntamente obstaculizar el contacto con su hija. En respuesta, la madre informó que la niña había referido conductas que le atribuía a su padre y solicitó la suspensión de las visitas.

    Inicialmente, las visitas fueron restringidas y supervisadas. Sin embargo, después de varios informes de una asistente social, el Tribunal de Familia amplió progresivamente el régimen hasta incluir noches y días completos con el padre.

    La niña manifestó temor durante unas vacaciones

    Durante unas vacaciones en Villa Gesell, en enero de 1999, R.B.L. pidió a su madre que acudiera por ella y manifestó temor de permanecer con su padre. Romero presentó nuevas denuncias y posteriormente solicitó suspender las visitas mientras avanzaba la investigación sobre el posible abuso sexual.

    La CIDH examinó distintos informes psicológicos, psiquiátricos y ginecológicos incorporados al expediente. Algunos especialistas reportaron elementos que consideraron compatibles con un posible abuso, mientras otros dictámenes cuestionaron determinados hallazgos médicos.

    El 18 de octubre de 1999, el Tribunal de Familia rechazó la solicitud de suspensión de visitas porque consideró que la evidencia disponible no permitía atribuir al padre la responsabilidad por el presunto abuso. La CIDH cuestionó posteriormente la forma en que las autoridades valoraron los indicios y la perspectiva de la niña.

    Argentina no habría protegido adecuadamente a la niña

    En su Informe de Fondo 205/23, la CIDH sostuvo que las autoridades no adoptaron medidas suficientes para prevenir un posible riesgo de violencia sexual ni garantizaron una protección adecuada después de las denuncias formuladas.

    La Comisión señaló que, pese a los antecedentes existentes, el Tribunal ordenó en marzo de 1999 un nuevo periodo vacacional de 10 días con el padre sin medidas adicionales de protección. También cuestionó que, años después, se promoviera la reanudación del contacto pese al rechazo reiterado expresado por R.B.L.

    Para la CIDH, cuando existe una tensión entre el derecho de un padre a mantener contacto con su hija y los derechos de la niña ante un posible riesgo de violencia, las autoridades deben colocar en primer término la protección de la menor y evaluar las condiciones que garanticen efectivamente su bienestar.

    La Comisión también concluyó que los procesos de custodia y visitas se prolongaron de manera excesiva. Según su análisis, las autoridades actuaron principalmente a partir de solicitudes de los padres, sin un seguimiento continuo orientado a proteger a R.B.L.

    La CIDH advierte riesgo de revictimización

    Otro de los principales cuestionamientos se relacionó con las entrevistas realizadas a R.B.L. La Comisión señaló que la niña fue sometida a múltiples declaraciones y que hubo cambios constantes de profesionales.

    De acuerdo con el organismo interamericano, varias diligencias buscaron que la menor reiterara su relato sobre el posible abuso, pese a su corta edad. La falta de coordinación entre los profesionales y la ausencia de una metodología previamente definida generaron un riesgo de revictimización.

    La CIDH consideró además que los procedimientos no estuvieron guiados de manera efectiva por el interés superior de la niña, pues fueron tratados principalmente como una controversia entre los adultos y no como procesos destinados a garantizar el bienestar de R.B.L.

    También cuestiona la investigación penal

    La Comisión señaló que las primeras alegaciones sobre un posible abuso sexual fueron conocidas por autoridades en mayo de 1998, pero que no se inició una investigación de oficio. El procedimiento penal comenzó formalmente después de una denuncia presentada por Romero en marzo de 1999.

    Aunque posteriormente las autoridades absolvieron al padre por falta de prueba de autoría, la CIDH consideró que la decisión no incorporó una perspectiva adecuada de género y niñez. A su juicio, la investigación exigió una prueba específica para una modalidad de violencia que puede no dejar secuelas físicas y en la que deben valorarse los indicios disponibles.

    La Comisión concluyó que Argentina incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada frente a las denuncias de posible violencia sexual.

    Marisa Romero fue objeto de estereotipos, señala la Comisión

    La CIDH también analizó la actuación de las autoridades respecto de Marisa Romero y concluyó que fue objeto de estigmatización y estereotipos relacionados con su vida personal, sus relaciones sentimentales, sus trabajos y su desempeño como madre.

    El organismo observó que informes psicológicos, evaluaciones sociales y decisiones judiciales incorporaron aspectos de la vida privada de Romero que, según su análisis, no guardaban relación suficiente con la evaluación del régimen de visitas.

    La Comisión consideró que esas referencias contribuyeron a restar credibilidad a sus afirmaciones y a construir un juicio de reproche sobre su conducta como madre. Por ello, también atribuyó responsabilidad internacional a Argentina por violaciones relacionadas con las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

    Qué derechos considera vulnerados la CIDH

    La Comisión concluyó que Argentina es responsable, en perjuicio de R.B.L., por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, derechos de la niñez, igualdad ante la ley y protección judicial, previstos en los artículos 5.1, 8.1, 11, 19, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1.

    También determinó la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. En perjuicio de Romero, concluyó violaciones a las garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial, además del incumplimiento del artículo 7 de ese instrumento.

    El Informe de Fondo 205/23 fue notificado a Argentina el 22 de julio de 2025. Después de tres prórrogas, la CIDH señaló que no recibió información sobre avances sustantivos en el cumplimiento de sus recomendaciones y que tampoco se alcanzó un acuerdo de reparación para las víctimas. –sn–

    Integrantes de la CIDH en Chiapas / @SociedadN_

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  4. Alertan sobre nuevos riesgos globales en la NFPA 2026

    NFPA Conference & Expo 2026: los riesgos emergentes redefinen la protección de la vida

    Por Perla Ortega | Reportera                                                      

    Las Vegas, Nevada. La jornada de la NFPA Conference & Expo 2026 reafirmó que la seguridad contra incendios y la protección de la vida requieren hoy más que nunca una comunidad global comprometida con la innovación, la actualización técnica y la colaboración para responder a los riesgos emergentes que enfrenta el mundo.

    Con la participación de más de 8,600 asistentes provenientes de 88 países, más de 420 empresas expositoras y más de 130 sesiones educativas, la conferencia volvió a consolidarse como el principal punto de encuentro internacional para los profesionales de la protección contra incendios, la seguridad eléctrica y la gestión integral de riesgos.

    https://www.instagram.com/p/DaEdWBfFB4R/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

    Las actividades iniciaron desde las 8:00 horas con distintas sesiones educativas, entre ellas Spotlight in Latam, el programa especializado en español que reúne a profesionales de América Latina para analizar los desafíos particulares de la región y compartir soluciones basadas en códigos, normas y mejores prácticas internacionales.

    La bienvenida estuvo a cargo de Eurídice Ibarlucea, gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales de NFPA para México, y Fernando Escalante, gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales para América Latina, quienes destacaron la importancia de fortalecer la vinculación técnica entre los países latinoamericanos y acercar el conocimiento especializado a los profesionales de la región.

    Durante la jornada se presentaron conferencias de alto nivel técnico. Efraín Francisco Villalobos Arias abordó el impacto de las nuevas tecnologías en la operación de las brigadas contra incendios de instalaciones; Víctor Romero, de ARCOL Costa Rica, expuso sobre la protección sísmica de los sistemas de protección contra incendios; mientras que Sofía Poehls, analista de riesgos de Argentina, y Fabio Parra Salazar, Risk Engineering Submanager de Chubb Limited Chile, analizaron la evolución de los riesgos industriales y su impacto en la industria aseguradora.

    Entre las principales amenazas identificadas resaltan:

    • El aumento en el uso de baterías de ion-litio.
    • Los nuevos materiales y métodos constructivos asociados con la sostenibilidad.
    • Las fallas de sistemas digitales

    Más tarde, durante la Sesión General e inauguración oficial, David Paulison, presidente del Consejo Directivo de la National Fire Protection Association (NFPA), recordó que, aunque los asistentes provienen de distintos países, culturas, profesiones, industrias y áreas de especialización, todos comparten un mismo propósito: trabajar juntos para proteger vidas.

    «Todos venimos de diferentes antecedentes, culturas, áreas de experiencia y sectores, pero estamos aquí por un solo propósito: trabajar juntos como un equipo para proporcionar entornos más seguros para los residentes, los visitantes y quienes responden primero a las emergencias», dijo.

    Como parte de la sesión también se llevó a cabo la renovación de integrantes del Board of Directors para el siguiente periodo, fortaleciendo el modelo de gobernanza de la asociación.

    Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el anuncio del retiro de Jim Pauley como presidente y CEO de NFPA, tras doce años de liderazgo al frente de la organización. Al reflexionar sobre el legado institucional que deja esta etapa, destacó uno de los pilares estratégicos que impulsó durante su gestión, una NFPA más conectada.

    Pauley señaló que una de las principales lecciones de la última década es que los desafíos relacionados con la seguridad contra incendios y la protección de la vida ya no pueden resolverse de manera aislada.

    «Podemos tener buenos códigos, pero una aplicación deficiente. Podemos generar conciencia, pero sin inversión. Podemos contar con datos, pero sin aprender de ellos», dijo.

    Otro de los momentos destacados fue la conferencia magistral de Dan Chuparkoff, quien mostró el potencial de la inteligencia artificial para transformar la investigación, la gestión de procesos y la comunicación dentro de las organizaciones. Dijo que la IA debe entenderse como una herramienta para potenciar las capacidades humanas y no para sustituirlas.

    «Las personas seguiremos haciendo aquello que la inteligencia artificial no puede hacer: resolver problemas complejos, dedicar más tiempo a tomar decisiones mejor fundamentadas e imaginar cómo construir un mundo más seguro», resaltó.

    Como parte de esta edición 2026, NFPA celebró el 75.º aniversario de Sparky the Fire Dog, la mascota oficial de la asociación y uno de los símbolos más reconocidos de la educación pública para la prevención de incendios. Desde 1951, Sparky ha contribuido a fomentar una cultura de prevención entre menores, familias y comunidades alrededor del mundo.

    La jornada confirmó que el futuro de la seguridad contra incendios y la protección de la vida dependerá de la capacidad de integrar innovación, tecnología, colaboración internacional y una comunidad técnica cada vez más conectada para anticipar los riesgos del mañana. –sn–

    Sociedad Noticias

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  5. Aumenta a 589 la cifra de muertos por sismos en Venezuela

    Venezuela, Se eleva a 589 los fallecidos y 2.980 heridos, mientras comienza a llegar la ayuda internacional

    SN Redacción | EFE

    La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

    «En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas», declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Además Delcy Rodríguez anunció la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles.

    La delegación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas agradeció las muestras de solidaridad y la asistencia que se ha brindado al país desde la ONU y distintos gobiernos tras los terremotos de esta semana, que han causado 589 muertos y 4.300 heridos según las cifras provisionales.

    «Toda forma de solidaridad material y moral resulta esencial en estos críticos momentos», señaló este viernes el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yánez, en una sesión de diálogo sobre los derechos humanos en Venezuela donde otras delegaciones y el alto comisionado Volker Türk reiteraron sus condolencias.

    Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos. –sn–

    Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios. EFE/ Ronald Peña R

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  6. SIP condena escalada de represión contra periodistas en Cuba

    La SIP denuncia escalada represiva contra periodistas independientes en Cuba

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este viernes su más «enérgica condena a la reciente escalada de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y hostigamiento policial contra periodistas independientes en Cuba, registrada en las últimas semanas». La organización advirtió que no puede existir libertad de prensa bajo un sistema de persecución permanente y control policial, y que la represión sostenida contra quienes informan constituye una negación abierta y sistemática del derecho de la sociedad a estar informada.

    «Esta nueva ofensiva contra el periodismo independiente ocurre en un contexto de profunda crisis económica y social que la isla atraviesa, agravada en las últimas semanas por una crisis energética sin precedentes que se acentuó tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, con apagones de 20 o más horas diarias en amplias regiones del país y sin perspectivas claras de solución», recordó.

    En este escenario crítico, «el periodismo independiente cumple un rol esencial al documentar la realidad cotidiana de la población, dar voz al malestar social y exponer las consecuencias de la crisis. Precisamente por ello, las autoridades han intensificado los mecanismos de represión para impedir que los periodistas informen libremente sobre estos hechos».

    Señaló los hechos más recientes, la SIP documentó los siguientes casos:

    Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en ese país, fue detenido en tres ocasiones en lo que va de enero —los días 14, 20 y 27— y posteriormente liberado sin cargos formales.

    Alejandra García, colaboradora de La Hora de Cuba, fue detenida junto a Constantín el 27 de enero y liberada horas después.

    Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio e integrante de la junta de directores de la SIP, fue detenida el 28 de enero en una vía pública de La Habana por agentes de la Seguridad del Estado, quienes la obligaron a regresar a su vivienda con la orden de no salir “hasta mañana”. La acción habría tenido como objetivo impedir la asistencia de los periodistas a una actividad diplomática.

    Reinaldo Escobar, esposo de Sánchez y columnista de 14ymedio, fue interceptado por agentes al salir de su edificio y obligado igualmente a regresar a su domicilio. En este caso, la acción obedeció al mismo propósito que en el caso de Sánchez.

    Boris González Arenas, periodista independiente, fue impedido el 28 de enero de salir de su vivienda.

    Ángel Cuza Alfonso, reportero independiente, fue detenido el 27 de enero en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a una unidad policial del municipio Playa, apenas 24 horas después de haber sido liberado tras pasar seis meses en prisión sin juicio.

    José Gabriel Barrenechea, escritor y periodista independiente, fue condenado el 15 de enero a seis años de prisión por el delito de desórdenes públicos. Barrenechea había sido detenido en 2024 tras participar en una protesta pacífica.
    Jorge Fernández Era, escritor y colaborador de medios independientes, fue detenido el 18 de enero y permaneció incomunicado por más de 15 horas.

    Asimismo, los opositores Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo y Dagoberto Valdés, entre otros, fueron también objeto de operativos policiales con la aparente intención de impedir su participación en una actividad diplomática, en un contexto de fuerte despliegue represivo.

    “El régimen cubano ha decidido responder a una crisis económica y social profunda con más represión y más censura”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP. “La detención arbitraria, la vigilancia permanente y el encarcelamiento se utilizan para silenciar a periodistas que intentan cumplir con su deber de informar en uno de los momentos más críticos que vive el país en décadas”.

    Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, agregó que “estos abusos no son hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para impedir que el periodismo independiente documente la crisis, exponga el descontento social y rompa el cerco informativo impuesto por el Estado”.

    Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “el uso reiterado de arrestos breves, la incomunicación, las citaciones policiales y las condenas desproporcionadas constituyen un sistema de castigo diseñado para infundir miedo y desalentar la cobertura periodística de una realidad que el gobierno intenta ocultar”.

    Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “las detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia constante, confiscación de equipos y restricciones de movimiento son prácticas ampliamente documentadas por la SIP y forman parte de una política estatal orientada a sofocar al periodismo independiente justamente cuando más necesaria es la información para la sociedad cubana”. –sn–

    Bandera de Cuba

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