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Víctimas y sobrevivientes denuncian que la tortura persiste en México

Colectivos de víctimas y sobrevivientes denunciaron que la tortura continúa como una práctica sistemática en México y exigieron fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y garantizar justicia.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, familiares, víctimas y sobrevivientes provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Jalisco y Quintana Roo hicieron un llamado conjunto para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistemática en México y demandaron acciones efectivas para erradicarla.

A través de un pronunciamiento público, los colectivos señalaron que esta práctica sigue siendo utilizada para obtener confesiones bajo coerción, fabricar culpables y vulnerar el derecho al debido proceso, además de denunciar la persistencia de altos niveles de impunidad.

Señalan deficiencias en la prevención e investigación de la tortura

Los firmantes citaron el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el cual identifica deficiencias estructurales en México para prevenir, investigar y sancionar este delito, así como obstáculos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas.

Indicaron que, pese a la existencia de un marco jurídico especializado, persiste una amplia brecha entre la legislación y su aplicación efectiva, situación que favorece la repetición de estos hechos.

Asimismo, cuestionaron la permanencia de figuras como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y las detenciones arbitrarias, al considerar que facilitan actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Denuncian impactos en mujeres, población LGBTIQ+ y personas privadas de la libertad

El pronunciamiento destacó que la tortura genera afectaciones diferenciadas en diversos grupos de la población.

Los colectivos recordaron los casos de mujeres fallecidas bajo custodia en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, así como denuncias de tortura sexual, además de agresiones contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+, particularmente mujeres trans.

También señalaron que estas prácticas no se limitan a centros de detención, sino que pueden presentarse durante protestas sociales, en estaciones migratorias y en instituciones de salud mental o de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias. –sn–

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CNDH investiga desaparición y violaciones de integrantes de la Semar en Sinaloa por desaparición forzada

CNDH denuncia desaparición forzada y violaciones en Guasave, Sinaloa. CNDH emite Recomendación 206VG/2026

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 206VG/2026 dirigida a la Secretaría de Marina (Semar) por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas en Guasave, Sinaloa, además de violaciones al derecho a la integridad personal de tres víctimas indirectas.

El 12 de junio de 2023, la CNDH recibió la queja iniciada de oficio por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. La investigación detalló que el 23 de mayo de 2023 se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres entre Amole y Palos Verdes, presuntamente retenidos por elementos de la MARINA.

Los cuerpos mostraban signos de violencia y la detención se consideró arbitraria, según los indicios recabados por la CNDH, incluyendo testimonios de cinco personas, informes policiales y dictámenes de medicina legal. Se determinó que las víctimas fueron trasladadas a otra zona antes de ser localizadas sin vida al día siguiente. Con base en el estándar probatorio, se acreditó indiciariamente que se trató de desaparición forzada.

Asimismo, se identificó que los familiares de las víctimas sufrieron angustia y daño emocional, lo que constituyó la vulneración de su derecho humano a la integridad personal. La CNDH puntualizó que la reparación integral del daño debía incluir atención psicológica y tanatológica para las víctimas indirectas. Se destacó la obligación de la MARINA de colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.

Medidas y seguimiento

La Semar recibió instrucciones para implementar medidas de formación continua en derechos humanos y prevenir la desaparición forzada y la tortura entre su personal. La CNDH solicitó emitir una circular interna para que los elementos de la Estación Naval Boca del Río, en Guasave, Sinaloa, cumplieran con sus obligaciones de respeto y protección de los derechos humanos. La dependencia también debía apoyar a los órganos de control interno en la supervisión de los actos de su personal.

Entre las medidas recomendadas, se incluyó la reparación integral del daño y la atención a víctimas indirectas conforme a la Ley General de Víctimas y su Reglamento. La Semar tenía la obligación de garantizar que se respetaran los derechos humanos en todas sus operaciones y actividades en la región. Además, debía documentar las acciones implementadas para cumplir con los lineamientos de la CNDH.

El gobierno federal reforzó la coordinación con la Semar para supervisar el cumplimiento de las medidas y asegurar la transparencia en las investigaciones. Se indicó que los informes sobre los avances serían remitidos periódicamente a la CNDH para su seguimiento. La Comisión destacó la importancia de la prevención de violaciones graves de derechos humanos en entidades federativas con alta incidencia delictiva. –sn–

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Sheinbaum garantiza reparación tras descarrilamiento ferroviario

Sheinbaum aclaró derechos legales y garantizó reparación integral tras tragedia ferroviaria.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luego de que víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico anunciaran una denuncia penal, la presidente Claudia Sheinbaum aclaró que ese recurso legal permaneció vigente. La mandataria federal precisó que el acompañamiento institucional se mantuvo activo desde el primer momento. El pronunciamiento se emitió durante una declaración pública ante medios nacionales.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum informó que el gobierno federal estableció contacto directo con cada familia afectada. Indicó que existió una persona responsable de atender cada caso de manera individual. La coordinación incluyó seguimiento permanente y comunicación constante con las víctimas.

La presidente afirmó que no resultó indispensable recurrir a bufetes privados para recibir apoyo. Señaló que algunas firmas legales ofrecieron gestiones con costos adicionales. Precisó que el respaldo institucional cubrió las necesidades planteadas.

Atención a víctimas

La mandataria explicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó respaldo integral. Detalló que el organismo ofreció acompañamiento jurídico y social. Ese apoyo se sumó a las coberturas contempladas por los seguros correspondientes.

https://sociedad-noticias.com/2026/01/05/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-05-de-enero-2026/

Sheinbaum reiteró que todas las familias recibieron atención directa del gobierno federal. Indicó que el contacto se extendió incluso a hogares con integrantes hospitalizados. La estrategia incluyó seguimiento médico y administrativo continuo.

La presidente señaló que el proceso de reparación integral del daño permaneció en curso. Confirmó que las medidas contemplaron atención inmediata y compensaciones establecidas. El esquema se aplicó conforme a los protocolos vigentes. –sn–

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GIDH alerta por retroceso tras decisión de la SCJN sobre eliminar el fondo para víctimas

Grave el retroceso tras decisión de la SCJN sobre fondo para víctimas: GIDH.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” lamentó profundamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que “esta grave decisión vulnera el principio de progresividad, debilita los mecanismos de justicia y representa un retroceso para miles de personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos en todo el país”.

“La eliminación de un fondo mínimo para la atención a víctimas rompe con los estándares internacionales y contradice la obligación constitucional de avanzar, nunca retroceder, en materia de derechos humanos. Lo decidido por la Corte no solo reduce garantías; también genera un mensaje de desprotección hacia quienes más han sufrido”, afirmó.

Financiamiento esencial

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el financiamiento establecido por la Ley General de Víctimas es esencial para que el Estado pueda brindar ayuda inmediata, asistencia, reparación integral, medidas de verdad y garantías de no repetición. Su eliminación, agregó, podría traducirse en una “renuncia práctica” al derecho de la reparación.

Fierro Hernández recordó que el proyecto del ministro Giovanni Figueroa —que proponía declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo— no alcanzó los seis votos necesarios, quedando en cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que la nueva redacción del artículo continúe vigente.

“Lo más grave es que la Corte haya reabierto un debate ya resuelto por la integración anterior, vulnerando el principio de cosa juzgada y debilitando la seguridad jurídica. Esto abre la puerta para que otras reformas regresivas también vuelvan a discutirse, afectando la estabilidad de los derechos de las víctimas”, señaló.

Riesgo en procesos

El GIDH resaltó que hay un riesgo inminente a que las instituciones queden imposibilitadas para otorgar medidas de atención urgente; “se pone en riesgo procesos de reparación integral, incluidas indemnizaciones y programas de apoyo; se debilita el mecanismo de búsqueda, protección, seguimiento y acompañamiento en casos graves; se incrementa la posibilidad de retrasos, burocracia y revictimización, especialmente en entidades con menos recursos”, dijo.

“La progresividad es una obligación constitucional y un ancla de protección para quienes viven tragedias irreparables, según recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin recursos y sin garantías mínimas, la reparación se vuelve una promesa vacía”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH reiteró que seguirá promoviendo acciones legales, asesorías y mecanismos de protección para garantizar que ninguna víctima en México quede desamparada por decisiones que debiliten el marco de justicia y reparación. –sn–

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SCJN debe garantizar derechos de víctimas: ONGs

SCJN analiza declaratoria de inconstitucionalidad y protege presupuesto mínimo. Reforma y derechos vulnerados.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el presupuesto mínimo para asistencia a víctimas, explicaron que la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020 violentó derechos previamente conquistados, agregaron que la resolución de la Primera Sala confirmó la afectación de derechos fundamentales, destacaron que miles de víctimas dependen de la asignación etiquetada.

La Suprema Corte discutió un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad presentado por el Ministro Giovanni Figueroa Mejía, explicaron que la decisión permitiría restablecer un presupuesto fijo y etiquetado para víctimas, indicaron que la resolución tenía el potencial de asegurar protección efectiva de derechos humanos, enfatizaron que se buscaba evitar retrocesos en la atención de víctimas en todo México, aseguraron que la medida respondería a compromisos legales previos.

Garantía presupuestal histórica

Previo a la reforma, el Artículo 132, fracción I, de la LGV contemplaba un presupuesto mínimo del 0.014% del gasto programable del PEF del año anterior, aseguraron que esta disposición protegía la asistencia, atención y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos, agregaron que la eliminación de la asignación obligatoria en 2020 representó una medida regresiva que afectó recursos esenciales para la CEAV y otros organismos de apoyo, subrayaron que fue un logro histórico del movimiento de víctimas.

En este sentido, el Centro Prodh promovió un amparo en enero de 2021 por la medida regresiva, indicaron que la Primera Sala resolvió por unanimidad en marzo de 2024 el Amparo en Revisión 675/2022, declarando que la eliminación de la garantía presupuestaria violaba el principio de progresividad, explicaron que la resolución reafirmó el derecho humano a una reparación integral, aseguraron que el fallo sentó precedente para proteger a las víctimas frente a reformas legislativas que disminuyan recursos asignados.

Plazos y ajustes legales

La Constitución establece que, tras declarar inconstitucionalidad, el Congreso tiene plazo para hacer ajustes legales, indicaron que de no realizarse cambios, la SCJN debe abrir la discusión sobre la declaratoria con efectos generales, explicaron que esto garantizaría que la medida se aplique de manera obligatoria y uniforme, aseguraron que el objetivo era restaurar derechos vulnerados y evitar que la regresividad afecte políticas públicas, subrayaron que la acción busca proteger derechos básicos de miles de víctimas.

La SCJN podría determinar que el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante instrumentos legales disponibles, indicaron que el presupuesto debe destinarse exclusivamente a ayuda, atención y reparación, agregaron que esto impediría su uso para otros fines, explicaron que la asignación directa asegura la continuidad de programas esenciales, aseguraron que la resolución tendría efecto vinculante para autoridades federales y locales, resaltaron que la acción protegería la estabilidad presupuestaria de la atención a víctimas.

Impacto económico negativo

La eliminación del presupuesto mínimo redujo la capacidad del Estado para atender víctimas, explicaron que la CEAV dejó de recibir un promedio de 200 millones de pesos por año, indicaron que esto afectó directamente la cobertura de programas de asistencia y reparación integral, subrayaron que la falta de recursos obligó a priorizar casos y limitar apoyos, aseguraron que la recuperación de la asignación mínima es fundamental para garantizar acceso pleno a derechos humanos, destacaron que la brecha presupuestal pone en riesgo medidas de protección esenciales.

El PEF 2025 asignó 658 millones de pesos a “Ayudas Sociales” de la CEAV, señalaron que para cumplir con la garantía mínima se requerían 909 millones, agregaron que el Proyecto de Presupuesto 2026 establece 692 millones, explicaron que la cantidad debería ser al menos 913 millones, aseguraron que estos recursos se destinarían exclusivamente a medidas de asistencia y reparación, destacaron que la diferencia evidencia la regresividad causada por la reforma de 2020, subrayaron que la medida afecta cobertura y calidad de programas.

Decisión crucial de la SCJN

La resolución de la SCJN resultó central para garantizar derechos de víctimas a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, indicaron que la violencia creciente aumenta la necesidad de políticas efectivas, agregaron que el Estado no consolidó una política de atención adecuada, explicaron que el Sistema Nacional de Víctimas permanece sin recursos suficientes, aseguraron que la declaratoria general de inconstitucionalidad envía señal clara sobre la prioridad de derechos humanos, destacaron que la corte debía proteger progresividad y legalidad.

La nueva SCJN asumió la obligación de centrar la protección en víctimas, indicaron que la resolución aseguraría la tutela plena de derechos humanos, explicaron que la declaratoria debe prevenir retrocesos, agregaron que la medida vincula al Congreso y a la administración federal, aseguraron que la transparencia en la ejecución del presupuesto será supervisada, subrayaron que la decisión fortalece el marco legal de reparación integral, destacaron que la corte reafirma el principio de progresividad en políticas de atención a víctimas. –sn–

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Justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos: GIDH

GIDH exige justicia plena para María Luisa Villanueva en Morelos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” reconoció la disculpa pública ofrecida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos a María Luisa Villanueva Márquez, víctima de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de dos décadas; sin embargo, advirtió que este acto no representa justicia plena mientras no se repare integralmente el daño y se sancione a los responsables.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, calificó el caso como “una de las más graves violaciones a derechos humanos en la historia reciente del país”, al recordar que María Luisa fue detenida arbitrariamente, torturada y sentenciada por un delito que no cometió. “No basta una disculpa institucional; el Estado mexicano debe garantizar justicia efectiva y reparación integral del daño, conforme a los estándares internacionales”, enfatizó.

Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que los hechos ocurrieron entre el 6 y el 10 de enero de 1998, cuando elementos del extinto Grupo Antisecuestros de la antigua Policía Judicial de Morelos vulneraron la integridad física y psicológica de la víctima, lo que derivó en una sentencia injusta y una condena de 25 años de prisión.

Procuración de justicia

Para Fierro Hernández, este reconocimiento público es “un acto necesario, pero tardío”, ya que durante más de dos décadas el sistema de procuración de justicia negó el acceso a la verdad. “La disculpa debe ir acompañada de la judicialización de los responsables de los actos de tortura, así como de medidas de reparación integral, entre ellas indemnización, atención psicológica y garantías de no repetición”, subrayó.

El jurista explicó que el derecho internacional obliga al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. “La tortura no prescribe, y ningún acto administrativo puede sustituir la responsabilidad penal de quienes ejecutaron o encubrieron estos crímenes”, sostuvo.

De esta forma, el GIDH “Lex Magister” urgió a la Fiscalía de Morelos a solicitar al Congreso local los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de garantizar investigaciones autónomas y efectivas. “Sin un órgano especializado, los casos seguirán en la impunidad”, advirtió Fierro Hernández.

Profesionalización y sensibilización

Asimismo, el presidente del GIDH consideró que este caso debe sentar un precedente para la depuración institucional en las fiscalías estatales. “La profesionalización y sensibilización de los servidores públicos es fundamental, pero debe acompañarse de sanciones ejemplares contra quienes atentan contra la dignidad humana”, afirmó.

María Luisa Villanueva fue liberada en febrero de 2023 por remisión de pena, tras haber pasado 25 años en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya. Durante su reclusión, denunció reiteradamente haber sido torturada para firmar una confesión falsa. “Ella no busca venganza, busca justicia”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH recordó que la disculpa pública no exime la obligación de las autoridades judiciales de reconocer la inocencia de Villanueva Márquez. “La reparación del daño requiere restituir el honor y limpiar su nombre ante la sociedad”, agregó el especialista.

Derecho a la verdad

Por este motivo, Fierro Hernández hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que acompañen el seguimiento de este caso emblemático. “La impunidad no puede prevalecer sobre el derecho a la verdad”, concluyó.

Finalmente, el presidente del GIDH reiteró que el organismo continuará brindando acompañamiento jurídico y visibilidad al caso hasta que se cumpla plenamente con las obligaciones del Estado mexicano en materia de justicia y reparación integral.

De acuerdo con el expediente CDMH/SE/VRSP/061/044/2019, la disculpa institucional fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, en cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitida en julio de 2023. El documento fue suscrito por Jorge Antonio Hernández Narez, titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien reconoció la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría. –sn–

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#Ecuador | 🔴#URGENTE

Tras dos años de espera la Corte Constitucional del Ecuador llama a audiencia por el #CasoFurukawa. La audiencia está convocada para el 9 de abril.

"Las y los abacaleros sobrevivientes de #EsclavitudModerna esperan #Justicia y #ReparaciónIntegral": Furukawa Nunca Más.

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