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  1. Jubilados llevan a los 32 congresos su iniciativa contra la retroactividad de la ley

    La Alianza Nacional de Jubilados lleva su iniciativa contra la retroactividad de la ley a los 32 congresos locales, tras entregar más de 200 mil participaciones de la consulta “México por la Justicia y los Derechos”.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La defensa de los derechos adquiridos de jubilados entra en una nueva etapa legislativa: la Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB) comenzó a llevar a los 32 congresos estatales su iniciativa contra la aplicación retroactiva de la ley, después de entregar en la Cámara de Diputados más de 200 mil participaciones de la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”.

    La organización busca que las legislaturas locales conozcan tanto su propuesta de reforma como los expedientes que reúnen los resultados del ejercicio ciudadano y la documentación sobre el trabajo realizado por sus representaciones estatales. El objetivo es ampliar el respaldo institucional a la iniciativa y promover pronunciamientos ante el Congreso de la Unión.

    ANAJUB busca acuerdos con grupos parlamentarios

    Las representaciones de ANAJUB comenzaron a acudir a las sedes legislativas estatales para formalizar la entrega ante las oficialías de partes y los órganos de coordinación política.

    Además, solicitarán reuniones con coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para plantear la emisión de puntos de acuerdo y exhortos dirigidos al Congreso de la Unión.

    La organización informó que la ruta legislativa se desarrolla conforme a las agendas y procedimientos de recepción de cada Congreso, mediante jornadas que, según su reporte, se realizan de manera pacífica e institucional.

    Hasta ahora, la entrega fue formalizada en Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, Colima, Sonora, Estado de México y Cdmx.

    ¿Qué plantea la iniciativa sobre los derechos adquiridos?

    El planteamiento de los jubilados se relaciona con la reforma al artículo 127 constitucional publicada el 10 de abril de 2026, que estableció límites para determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de entidades públicas.

    La ANAJUB sostiene que la aplicación de esas disposiciones a personas cuyos derechos pensionarios ya estaban constituidos puede vulnerar el principio de no retroactividad. El artículo 14 constitucional establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

    La reforma constitucional señala, entre otros aspectos, que determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de organismos y empresas públicas no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal, con diversas excepciones.

    El debate sobre la aplicación de estas disposiciones ya llegó al ámbito legislativo. El Sistema de Información Legislativa registra propuestas para solicitar que se respeten los derechos adquiridos de trabajadores jubilados y pensionados de organismos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

    Una consulta nacional sobre pensiones y derechos

    La consulta “México por la Justicia y los Derechos” comenzó en agosto con actividades presenciales y digitales en las 32 entidades. En sus primeros días, organizadores reportaron más de 100 mil participaciones y posteriormente informaron que el ejercicio superó las 200 mil opiniones.

    El ejercicio fue presentado por sus impulsores como una vía para conocer la opinión ciudadana sobre la protección de los derechos adquiridos y la aplicación de cambios legales a situaciones previamente constituidas.

    La ruta hacia los congresos estatales

    La ANAJUB prevé completar en los próximos días la entrega de su propuesta en las legislaturas que aún no han recibido la documentación.

    La estrategia busca que los congresos estatales conozcan los resultados de la consulta y, en su ámbito de competencia, valoren la posibilidad de emitir pronunciamientos dirigidos al Congreso de la Unión.

    La organización está integrada por extrabajadores y jubilados vinculados con Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). –sn–

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  2. Canaco Monterrey y Afirme lanzan alianza para financiar a más de 29 mil empresas en Nuevo León

    Canaco Servytur Monterrey y Afirme Grupo Financiero firmaron una alianza para ampliar el acceso al crédito, capacitación y soluciones financieras para más de 29 mil empresas de Nuevo León, con respaldo de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    Más de mil 800 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Servytur Monterrey) accederán a condiciones preferenciales de financiamiento gracias a una alianza estratégica con Afirme Grupo Financiero, iniciativa que busca extender sus beneficios a más de 29 mil unidades económicas de Nuevo León durante los próximos años.

    El convenio, denominado «Impulso Financiero Canaco-Afirme», contempla el acceso a créditos, capital de trabajo, herramientas de pago, asesoría especializada, capacitación y acompañamiento empresarial para fortalecer la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) de los sectores comercio, servicios y turismo.

    La estrategia busca facilitar el acceso al financiamiento para un mayor número de negocios, uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas de menor tamaño en México para crecer, invertir y generar empleos.

    Alianza se alinea con el Plan México

    Durante la presentación del convenio participaron directivos de ambas instituciones y Jorge Leal Maldonado, director general Noreste de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), quien afirmó que el acuerdo fortalecerá el ecosistema empresarial de Nuevo León.

    El funcionario recordó que las pequeñas y medianas empresas generan alrededor de 55 por ciento de los empleos formales en la entidad y aportan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) estatal.

    Asimismo, explicó que la iniciativa se encuentra alineada con los objetivos del Plan México del gobierno federal, cuyo propósito es incrementar al menos 3.5 por ciento anual el número de MiPyMES con acceso al crédito hacia 2030, además de fortalecer el programa Impulso Nuevo León, orientado a ampliar el financiamiento productivo mediante la banca de desarrollo y la banca comercial.

    Leal Maldonado precisó que los programas de garantías de Nafin y Bancomext permiten compartir riesgos con la banca comercial, lo que facilita que un mayor número de empresas obtenga financiamiento en mejores condiciones.

    Canaco Monterrey busca fortalecer a empresas de todos los tamaños

    El presidente de Canaco Servytur Monterrey, Jaime Herrera Casso, señaló que el organismo representa desde emprendedores y negocios familiares hasta grandes empresas, por lo que resulta indispensable establecer alianzas que acerquen soluciones financieras al sector productivo.

    Indicó que una de las responsabilidades de la cámara es generar vínculos con instituciones que ayuden a los empresarios a enfrentar sus desafíos mediante herramientas que impulsen su crecimiento y fortalezcan su operación.

    Por su parte, el director general de Canaco Monterrey, Héctor Villarreal Muraira, explicó que el convenio también busca convertir a la cámara en un punto de orientación para que los empresarios conozcan las distintas alternativas de financiamiento disponibles y reciban acompañamiento durante el proceso.

    Afirme fortalece su apuesta por las MiPyMES

    El director general adjunto de Negocios de Afirme Grupo Financiero, Alejandro Garay, sostuvo que el compromiso de la institución financiera trasciende el otorgamiento de créditos.

    Al conmemorar los 30 años del grupo financiero, afirmó que el éxito de una institución bancaria también debe medirse por su contribución al desarrollo de las empresas, la generación de empleos y el fortalecimiento de las comunidades donde opera.

    En tanto, el director general adjunto de Riesgos y Crédito de Afirme Grupo Financiero, Heleodoro Ruiz, explicó que las pequeñas y medianas empresas requieren soluciones integrales que incluyan financiamiento, capacitación, asesoría y procesos ágiles para responder a las necesidades de cada etapa de su crecimiento.

    Añadió que el convenio fue diseñado para acompañar a las empresas durante todo su ciclo de desarrollo, con el propósito de fortalecer su competitividad y facilitar su incorporación a las cadenas de valor. –sn–

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  3. Jubilados presentan propuestas para fortalecer derechos humanos en empresas públicas

    La Alianza Nacional de Jubilados presentó propuestas para fortalecer la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas con medidas de debida diligencia, evaluación de impactos y protección de derechos laborales y de seguridad social.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La Alianza Nacional de Jubilados, organización que representa a más de 93 mil personas jubiladas, presentó sus propuestas técnicas dentro de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHyE), un proceso coordinado por el gobierno federal con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Las aportaciones buscan fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en la actuación de las empresas, especialmente de las Empresas Productivas del Estado, mediante herramientas preventivas que permitan identificar y atender riesgos antes de que decisiones administrativas o normativas generen afectaciones a derechos laborales y de seguridad social.

    La organización explicó que sus propuestas fueron elaboradas con base en la experiencia acumulada por personas jubiladas de empresas públicas que han enfrentado modificaciones normativas y administrativas con impacto en derechos adquiridos. Ese conocimiento fue traducido en recomendaciones de política pública alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que promueven la prevención de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas.

    Debida diligencia, eje de la propuesta

    Uno de los temas centrales de la consulta pública es la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, entendidos como el conjunto de acciones que permiten identificar, evaluar, prevenir y atender oportunamente posibles impactos sobre los derechos de las personas antes de adoptar decisiones relevantes.

    De acuerdo con la Alianza, estos mecanismos fortalecen la certeza jurídica, favorecen la transparencia institucional y contribuyen a prevenir conflictos mediante la participación de los grupos potencialmente afectados y el seguimiento permanente de los riesgos detectados.

    Principales recomendaciones

    Entre las propuestas entregadas durante la consulta pública destacan:

    • Incorporar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos laborales y de seguridad social.
    • Fortalecer los procesos de debida diligencia en las Empresas Productivas del Estado mediante mecanismos preventivos, evaluación de impactos, participación de las personas potencialmente afectadas y seguimiento de riesgos.
    • Ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana durante la toma de decisiones.
    • Establecer indicadores públicos para dar seguimiento, evaluar resultados e impulsar la mejora continua de las políticas implementadas.

    La organización sostuvo que una adecuada protección de los derechos humanos fortalece las instituciones públicas, genera mayor certeza jurídica, mejora la eficiencia administrativa y contribuye a prevenir conflictos sociales, además de consolidar el Estado de Derecho.

    «La participación de la Alianza no busca resolver un caso particular; busca contribuir a que México cuente con instituciones más sólidas y con herramientas que prevengan futuras afectaciones a los derechos humanos. La mejor política pública es aquella que evita los conflictos antes de que ocurran», señaló la organización.

    Participación institucional

    Con esta intervención en la consulta pública, la Alianza Nacional de Jubilados reiteró su compromiso con el diálogo institucional, la participación ciudadana y la elaboración de propuestas técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas.

    La organización informó que durante los últimos meses ha impulsado diversas iniciativas nacionales e internacionales enfocadas en promover la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, privilegiando los mecanismos institucionales y la participación pacífica.

    La incorporación de estas propuestas a la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas, consideró la organización, podría representar un avance para la protección de los derechos de las personas jubiladas y trabajadoras, así como para fortalecer la actuación de las empresas públicas y las instituciones del país.

    La Alianza Nacional de Jubilados está integrada por personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Luz y Fuerza del Centro y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Su labor se orienta a la defensa de la no retroactividad, los derechos adquiridos, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos mediante el diálogo, la legalidad, la participación ciudadana y la manifestación pacífica. –sn–

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  4. Carlos Torres Rosas asume la dirección general de Nafin y Bancomext

    Señaló que trabajará para que estas instituciones sirvan cada vez más al desarrollo del país, en el marco del financiamiento a la estrategia del Plan México.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    Carlos Torres Rosas tomó posesión hoy como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras su nombramiento por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

    El nuevo titular de ambos bancos de desarrollo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido, y realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

    Hasta el 15 de junio de este año, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, cuyas responsabilidades incluyen el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

    De igual forma, fue responsable de dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos e instrucciones del Ejecutivo federal con dependencias y entidades públicas, así como de coordinar la planeación, ejecución y evaluación del trabajo de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las entidades federativas.

    Al asumir la titularidad de Nafin y Bancomext, Torres Rosas recalcó su compromiso de honrar la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum con honestidad y profesionalismo. –sn–

    Carlos Torres Rosas

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  5. Bancomext impulsa exportaciones con programa 2025-2030

    Bancomext presentó programa sexenal para exportaciones y financiamiento estratégico.


    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) dio a conocer su Programa Institucional 2025-2030 con un enfoque en exportaciones. La estrategia priorizó el aumento del financiamiento y la capacitación especializada. El objetivo central se orientó a la generación de divisas y crecimiento regional equilibrado.

    El programa se sustentó en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. La planeación institucional mantuvo alineación con la estrategia del Plan México. El esquema buscó fortalecer el ecosistema empresarial nacional.

    Bancomext definió tres objetivos prioritarios para el periodo. El primero consistió en incrementar el financiamiento a empresas exportadoras. La atención se concentró principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.

    Financiamiento estratégico

    El segundo objetivo se enfocó en fortalecer el desarrollo de proveedores nacionales. Esta línea de acción buscó integrar empresas mexicanas a cadenas productivas. La política crediticia facilitó su incorporación a mercados internacionales.

    El tercer eje priorizó el otorgamiento de créditos y garantías. Estas herramientas permitieron la inserción en cadenas globales de valor. El impulso incluyó innovación productiva y desarrollo regional.

    Bancomext estableció líneas de acción orientadas a sectores estratégicos. Entre ellas figuró el impulso a la relocalización industrial. La medida buscó incrementar la inversión extranjera directa y diversificar exportaciones. –sn–

    Bancomext

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  6. Scotiabank impulsa financiamiento sostenible con Bancomext

    Transición financiera y emisión sostenible marcaron un avance clave. Actualización del marco sostenible.


    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) avanzó en la actualización de su marco de financiamiento sostenible y lo hizo con el acompañamiento de Scotiabank México, que actuó como único Agente Estructurador ASG en el proceso. La colaboración se alineó al Plan México y fortaleció la estrategia institucional hacia una economía resiliente al 2030. El trabajo conjunto permitió trazar directrices claras para orientar capital privado hacia proyectos ambientales y sociales de impacto nacional.

    La actualización del marco se convirtió en un paso decisivo para impulsar instrumentos financieros con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Ambas instituciones documentaron lineamientos diseñados para atraer inversión con estándares internacionales y certidumbre técnica. La iniciativa permitió estructurar operaciones que respondieron al creciente interés de inversionistas locales y globales.

    Como resultado del proceso, Bancomext concretó la emisión de Certificados Bursátiles (Cebures) por 5,700 millones de pesos. Los recursos se asignaron a proyectos con impacto social y ambiental en diferentes sectores productivos. La operación se consolidó como una de las emisiones sostenibles más relevantes del mercado mexicano.

    Categorías verdes y sociales

    El marco actualizado incorporó seis categorías verdes orientadas a prioridades nacionales, incluidas la gestión sostenible del agua, el transporte limpio y la energía renovable. También integró eficiencia energética, edificios verdes y prevención y control de la contaminación. Estas categorías se alinearon plenamente con la taxonomía sostenible de México.

    Además, el documento incorporó dos categorías sociales enfocadas en igualdad de género y avances socioeconómicos. Ambas categorías atendieron requerimientos de sostenibilidad marcados por inversionistas internacionales. La estructura general del marco reforzó los criterios del gobierno federal en política climática y desarrollo social.

    El desempeño del proceso estuvo acompañado por asesoría técnica de Scotiabank México, que guió la armonización del marco con estándares globales. La banca estructuró criterios de elegibilidad y parámetros de medición de impacto. Con ello se garantizó transparencia en la asignación futura de los recursos captados.

    Participación de instituciones externas

    Scotiabank México participó también en la obtención de la Opinión de Segunda Parte (SPO) emitida por Sustainable Fitch. El análisis confirmó la contribución del marco a ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La conclusión fortaleció la credibilidad del instrumento financiero en los mercados internacionales.

    Los ODS señalados por Sustainable Fitch incluyeron los referentes a igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante y crecimiento económico. También se integraron industria e innovación, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles y producción responsable. Estas categorías respaldaron la pertinencia del financiamiento para prioridades globales.

    En su valoración técnica, Sustainable Fitch identificó consistencia entre el diseño del marco y las metas del Plan México. La evaluación destacó su alineación con la transición energética y la transformación social del país. La certificación se convirtió en un elemento central para fortalecer la demanda de inversionistas institucionales. –sn–

    Scotiabank

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