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Jubilados presentan propuestas para fortalecer derechos humanos en empresas públicas

La Alianza Nacional de Jubilados presentó propuestas para fortalecer la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas con medidas de debida diligencia, evaluación de impactos y protección de derechos laborales y de seguridad social.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Alianza Nacional de Jubilados, organización que representa a más de 93 mil personas jubiladas, presentó sus propuestas técnicas dentro de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHyE), un proceso coordinado por el gobierno federal con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las aportaciones buscan fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en la actuación de las empresas, especialmente de las Empresas Productivas del Estado, mediante herramientas preventivas que permitan identificar y atender riesgos antes de que decisiones administrativas o normativas generen afectaciones a derechos laborales y de seguridad social.

La organización explicó que sus propuestas fueron elaboradas con base en la experiencia acumulada por personas jubiladas de empresas públicas que han enfrentado modificaciones normativas y administrativas con impacto en derechos adquiridos. Ese conocimiento fue traducido en recomendaciones de política pública alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que promueven la prevención de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debida diligencia, eje de la propuesta

Uno de los temas centrales de la consulta pública es la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, entendidos como el conjunto de acciones que permiten identificar, evaluar, prevenir y atender oportunamente posibles impactos sobre los derechos de las personas antes de adoptar decisiones relevantes.

De acuerdo con la Alianza, estos mecanismos fortalecen la certeza jurídica, favorecen la transparencia institucional y contribuyen a prevenir conflictos mediante la participación de los grupos potencialmente afectados y el seguimiento permanente de los riesgos detectados.

Principales recomendaciones

Entre las propuestas entregadas durante la consulta pública destacan:

• Incorporar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos laborales y de seguridad social.
• Fortalecer los procesos de debida diligencia en las Empresas Productivas del Estado mediante mecanismos preventivos, evaluación de impactos, participación de las personas potencialmente afectadas y seguimiento de riesgos.
• Ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana durante la toma de decisiones.
• Establecer indicadores públicos para dar seguimiento, evaluar resultados e impulsar la mejora continua de las políticas implementadas.

La organización sostuvo que una adecuada protección de los derechos humanos fortalece las instituciones públicas, genera mayor certeza jurídica, mejora la eficiencia administrativa y contribuye a prevenir conflictos sociales, además de consolidar el Estado de Derecho.

«La participación de la Alianza no busca resolver un caso particular; busca contribuir a que México cuente con instituciones más sólidas y con herramientas que prevengan futuras afectaciones a los derechos humanos. La mejor política pública es aquella que evita los conflictos antes de que ocurran», señaló la organización.

Participación institucional

Con esta intervención en la consulta pública, la Alianza Nacional de Jubilados reiteró su compromiso con el diálogo institucional, la participación ciudadana y la elaboración de propuestas técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas.

La organización informó que durante los últimos meses ha impulsado diversas iniciativas nacionales e internacionales enfocadas en promover la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, privilegiando los mecanismos institucionales y la participación pacífica.

La incorporación de estas propuestas a la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas, consideró la organización, podría representar un avance para la protección de los derechos de las personas jubiladas y trabajadoras, así como para fortalecer la actuación de las empresas públicas y las instituciones del país.

La Alianza Nacional de Jubilados está integrada por personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Luz y Fuerza del Centro y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Su labor se orienta a la defensa de la no retroactividad, los derechos adquiridos, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos mediante el diálogo, la legalidad, la participación ciudadana y la manifestación pacífica. –sn–

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Jubilados exigen al Poder Judicial revisar amparos y proteger derechos pensionarios

Aclaran que el amparo no es contra la reforma constitucional en sí, sino contra los actos de aplicación que redujeron drásticamente sus pensiones

Por Martín García | Reportero                                      

Ante la creciente preocupación por el desechamiento automático de sus demandas de amparo en diversos juzgados de Distrito, la Alianza Nacional de Jubilados entregó de manera formal una serie de oficios dirigidos a los Jueces Primero, Décimo Quinto y Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, así como a los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y al Órgano de Administración Judicial. En dichos documentos, exigen un análisis exhaustivo, individualizado y apegado a la legalidad de los actos reclamados y de los conceptos de violación presentados por los ex trabajadores.

A través de manifestaciones pacíficas y ordenadas de adultos mayores frente a las sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Periférico Sur y Av. Revolución, los jubilados de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y Banobras señalaron que la falta de exhaustividad por parte de los juzgadores los condena a un estado de absoluta indefensión. 

Advirtieron que esta práctica vulnera su derecho fundamental a una justicia pronta, completa y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las solicitudes de amparo no son contra el decreto de la reforma al artículo 127 constitucional en abstracto.

Los activistas señalaron que los jueces pasan por alto que los actos de aplicación fulminantes no derivaron en la disminución real del monto de sus pensiones, las cuales constituyen derechos adquiridos bajo regímenes de contratos colectivos de trabajo. –sn–

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Mexico Advances Biofuels Strategy Amid Energy Pressures

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Sheinbaum nacionaliza el Tren Suburbano

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Tren Suburbano y sus ampliaciones formarían parte de una red nacional de transporte. Señaló que el proyecto contribuiría a la movilidad en la región centro del país.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal adquirió el cien por ciento del Tren Suburbano que opera de Buenavista a Cuautitlán. Detalló que la operación incluyó la compra del 51 por ciento de las acciones a las empresas Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Omnitren. Precisó que la transacción alcanzó un monto de cinco mil 999 millones de pesos.

El sistema ferroviario quedó bajo control total del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), institución que asumió su operación integral. La mandataria señaló que esta entidad también administra el Tren Interurbano. Indicó que la medida formó parte de una estrategia para consolidar infraestructura pública.

Control total ferroviario

El Tren Suburbano operó sobre una extensión de 27 kilómetros con siete estaciones en servicio. De acuerdo con datos oficiales, movilizó a 45.1 millones de usuarios durante 2025. El recorrido mantuvo una duración aproximada de 25 minutos con frecuencias de cinco minutos en horas de mayor demanda.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó que la segunda línea del proyecto se inauguraría el domingo. Explicó que este nuevo tramo conectaría la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Añadió que el proyecto formó parte de la expansión del sistema ferroviario.

Durante el anuncio, la mandataria indicó que la nueva línea adoptaría el nombre de Tren Felipe Ángeles. Señaló que el cambio reflejó el nuevo esquema de operación bajo control público. Precisó que la decisión se tomó en acuerdo con la empresa CAF. –sn–

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