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  1. El tábano economista @eltabanoeconomista.wordpress.com@eltabanoeconomista.wordpress.com ·

    Islandia II: Dios salve a Islandia. ¿Y quién salva a la Argentina?


    Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

    El valor de decir no (El Tábano Economista)

    Cuando Donald Trump confunde Groenlandia con Islandia, el error suele provocar sonrisas en los pasillos diplomáticos. Pero para quienes observan con atención el tablero geopolítico, la confusión revela algo más profundo, la creciente relevancia de un pequeño fragmento de roca volcánica en medio del Atlántico Norte, cuya población apenas supera los 405.000 habitantes. Islandia ha logrado en las últimas dos décadas algo que las grandes potencias económicas no han sabido replicar: una recuperación soberana de su destino, sin rendir cuentas a los acreedores internacionales ni entregar sus recursos estratégicos a cambio de oxígeno financiero.

    Hace doce años, cuando el mundo aún digería las cenizas de la crisis de 2008, publiqué un artículo titulado «Dios salve a Islandia«. En aquel entonces, la isla era el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un sistema financiero. Sus tres principales bancos habían colapsado con activos equivalentes a once veces el Producto Interno Bruto nacional, una burbuja especulativa de proporciones bíblicas que dejó al país al borde de la quiebra. La receta que llegó desde Washington y Bruselas fue la de siempre: el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada, imponer un severo programa de austeridad y vender sus activos públicos para pagar a los acreedores extranjeros. Islandia hizo exactamente lo contrario, y ese gesto de desobediencia financiera se convirtió en un hito de la economía política moderna que aún hoy resuena en los debates sobre soberanía monetaria.

    El gobierno islandés dejó caer a los bancos. No rescató a los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de interés muy por encima del promedio europeo—, Reikiavik se negó rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco privado que quebró por su propia mala gestión.

    Posteriormente enviaron la factura a la isla, pero el gobierno islandés sometió la cuestión a referéndum popular en 2010. El «No pagar» ganó con el 98% de los votos, un resultado tan abrumador que dejó sin argumentos a los defensores de la socialización de las pérdidas privadas. Finalmente, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio falló en 2013 que Islandia no estaba legalmente obligada a garantizar aquellos depósitos con fondos públicos.

    Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir las consecuencias.

    Dieciocho años después de aquel colapso, Islandia volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de 2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea, sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.

    El resultado fue del 52,8% de los votantes, con una participación del 82,5%, decidió que ni siquiera quería volver a abrir la negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía, moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia deliberada que ha demostrado su eficacia.

    Para comprender la posición islandesa, sin embargo, no basta con mirar su producto interno bruto o su balanza comercial. Hay que mirar el mapa. Islandia ocupa una posición geográfica excepcional, un punto de control marítimo y aéreo en el Atlántico Norte que conecta Europa con Groenlandia, América del Norte y el Ártico. Su geografía le otorga una relevancia estratégica que ningún indicador económico puede reflejar plenamente.

    Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes. La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se intensifica año tras año.

    Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del mundo, una matriz energética extraordinariamente particular basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán cada vez más importantes en las próximas décadas.

    En 2008, la amenaza era Wall Street. En 2026, las amenazas son la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico superior al de cualquier integración comunitaria.

    En economía, el excedente o ganancia que genera la extracción de un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la diferencias por encima de todos los costos normales de producción, incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo extrae.

    Mientras que el modelo islandés se basa en la premisa de que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina, incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la reducción de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada no se quedará en el país, sino que alimentará el ciclo de fuga de capitales.

    La distribución de la renta y la captura fiscal en Islandia generada por la pesca y la energía se queda en el país. El Estado captura una parte significativa a través de impuestos corporativos y tasas, y esa recaudación se traduce en un Estado de bienestar robusto, infraestructura de alta calidad y un sistema educativo fuerte. La extracción del recurso genera desarrollo interno y encadenamientos productivos que se despliegan dentro de la propia isla.

    Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia, una medida de protección de este activo estratégico.

    Para entender si un modelo de gestión de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal que recibe el Estado es significativa, a través de tasas pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado, en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la economía.

    La columna vertebral de la remuneración en los barcos islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base, sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el 20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si el barco pesca más y mejor, todos ganan más.

    Gracias a este sistema y a la alta valorización del producto, los salarios en la pesca activa suelen estar entre un 15% y un 30% por encima del salario promedio nacional. Y al estar formalizados, los pescadores islandeses aportan y reciben los robustos beneficios del Estado de bienestar: salud universal, pensiones obligatorias con un aporte adicional del 12% por parte del empleador, y seguro de desempleo. Los sindicatos, como VR y Efling, son extremadamente poderosos y negocian convenios colectivos que establecen pisos salariales, límites de horas de descanso y condiciones de seguridad a bordo.

    Islandia aprendió a lo largo de los años noventa y dos mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas manos.

    El dilema islandés es que proteger la soberanía nacional no significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar islandés.

    Cuando un país con restricción externa crónica, como Argentina, atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas, no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública, el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.

    Islandia salió de 2008 con una convicción sólida. Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis, parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede convertirse en una gran exportadora de recursos sin que necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente al mercado cambiario.

    Pero eso es completamente diferente a afirmar que la inversión extranjera traerá dólares y resolverá la restricción externa. Puede traerlos, pero el régimen también permite que una parte importante de los flujos permanezca fuera o sea posteriormente remitida. Argentina está haciendo casi lo contrario a Islandia: para conseguir capital, el Estado ofrece al inversor una protección extraordinariamente prolongada frente a futuros cambios fiscales, regulatorios y cambiarios.

    El mensaje que transmite el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir, puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales. El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas por los proyectos.

    Si los recursos son estratégicos y la inversión se habría producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones extraordinarias.

    La integración de Argentina en lo que podríamos llamar la Pax Silicia dibuja una estructura clara. Estados Unidos → capital financiero y tecnológico → empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas globales de capital y tecnología en lugar de construir primero cadenas nacionales de control y agregación de valor.

    Islandia aprendió de 2008 que la soberanía tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.

    La cuestión no es si uno es nacionalista y el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse en el país.

    La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.

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    #accionistas #agricultura #AméricaDelNorte #Antártida #Argentina #AtlánticoNorte #AtlánticoSur #bienPúblico #bonosExternos #Bruselas #comercio #ComisiónEuropea #concentración #deudaOriginal #Efling #excedenteEconómico #extrenjerización #finanzas #fiscal #FMI #Fraude #geográficaExcepcional #Grecia #Groenlandia #Irlanda #Islandia #Moneda #PaísesBajos #PasajeDeDrake #pesca #prisión #ProductoInternoBruto #RégimenDeIncentivoParaGrandesInversionesRIGI #Recursos #recursosNaturales #Referéndum #ReinoUnido #riqueza #soberania #TribunalDeLaAsociaciónEuropeaDeLibreComercio #VR #WallStreet #Washington
  2. El tábano economista @eltabanoeconomista.wordpress.com@eltabanoeconomista.wordpress.com ·

    Islandia II: Dios salve a Islandia. ¿Y quién salva a la Argentina?


    Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

    El valor de decir no (El Tábano Economista)

    Cuando Donald Trump confunde Groenlandia con Islandia, el error suele provocar sonrisas en los pasillos diplomáticos. Pero para quienes observan con atención el tablero geopolítico, la confusión revela algo más profundo, la creciente relevancia de un pequeño fragmento de roca volcánica en medio del Atlántico Norte, cuya población apenas supera los 405.000 habitantes. Islandia ha logrado en las últimas dos décadas algo que las grandes potencias económicas no han sabido replicar: una recuperación soberana de su destino, sin rendir cuentas a los acreedores internacionales ni entregar sus recursos estratégicos a cambio de oxígeno financiero.

    Hace doce años, cuando el mundo aún digería las cenizas de la crisis de 2008, publiqué un artículo titulado «Dios salve a Islandia«. En aquel entonces, la isla era el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un sistema financiero. Sus tres principales bancos habían colapsado con activos equivalentes a once veces el Producto Interno Bruto nacional, una burbuja especulativa de proporciones bíblicas que dejó al país al borde de la quiebra. La receta que llegó desde Washington y Bruselas fue la de siempre: el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada, imponer un severo programa de austeridad y vender sus activos públicos para pagar a los acreedores extranjeros. Islandia hizo exactamente lo contrario, y ese gesto de desobediencia financiera se convirtió en un hito de la economía política moderna que aún hoy resuena en los debates sobre soberanía monetaria.

    El gobierno islandés dejó caer a los bancos. No rescató a los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de interés muy por encima del promedio europeo—, Reikiavik se negó rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco privado que quebró por su propia mala gestión.

    Posteriormente enviaron la factura a la isla, pero el gobierno islandés sometió la cuestión a referéndum popular en 2010. El «No pagar» ganó con el 98% de los votos, un resultado tan abrumador que dejó sin argumentos a los defensores de la socialización de las pérdidas privadas. Finalmente, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio falló en 2013 que Islandia no estaba legalmente obligada a garantizar aquellos depósitos con fondos públicos.

    Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir las consecuencias.

    Dieciocho años después de aquel colapso, Islandia volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de 2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea, sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.

    El resultado fue del 52,8% de los votantes, con una participación del 82,5%, decidió que ni siquiera quería volver a abrir la negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía, moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia deliberada que ha demostrado su eficacia.

    Para comprender la posición islandesa, sin embargo, no basta con mirar su producto interno bruto o su balanza comercial. Hay que mirar el mapa. Islandia ocupa una posición geográfica excepcional, un punto de control marítimo y aéreo en el Atlántico Norte que conecta Europa con Groenlandia, América del Norte y el Ártico. Su geografía le otorga una relevancia estratégica que ningún indicador económico puede reflejar plenamente.

    Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes. La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se intensifica año tras año.

    Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del mundo, una matriz energética extraordinariamente particular basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán cada vez más importantes en las próximas décadas.

    En 2008, la amenaza era Wall Street. En 2026, las amenazas son la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico superior al de cualquier integración comunitaria.

    En economía, el excedente o ganancia que genera la extracción de un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la diferencias por encima de todos los costos normales de producción, incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo extrae.

    Mientras que el modelo islandés se basa en la premisa de que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina, incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la reducción de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada no se quedará en el país, sino que alimentará el ciclo de fuga de capitales.

    La distribución de la renta y la captura fiscal en Islandia generada por la pesca y la energía se queda en el país. El Estado captura una parte significativa a través de impuestos corporativos y tasas, y esa recaudación se traduce en un Estado de bienestar robusto, infraestructura de alta calidad y un sistema educativo fuerte. La extracción del recurso genera desarrollo interno y encadenamientos productivos que se despliegan dentro de la propia isla.

    Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia, una medida de protección de este activo estratégico.

    Para entender si un modelo de gestión de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal que recibe el Estado es significativa, a través de tasas pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado, en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la economía.

    La columna vertebral de la remuneración en los barcos islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base, sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el 20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si el barco pesca más y mejor, todos ganan más.

    Gracias a este sistema y a la alta valorización del producto, los salarios en la pesca activa suelen estar entre un 15% y un 30% por encima del salario promedio nacional. Y al estar formalizados, los pescadores islandeses aportan y reciben los robustos beneficios del Estado de bienestar: salud universal, pensiones obligatorias con un aporte adicional del 12% por parte del empleador, y seguro de desempleo. Los sindicatos, como VR y Efling, son extremadamente poderosos y negocian convenios colectivos que establecen pisos salariales, límites de horas de descanso y condiciones de seguridad a bordo.

    Islandia aprendió a lo largo de los años noventa y dos mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas manos.

    El dilema islandés es que proteger la soberanía nacional no significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar islandés.

    Cuando un país con restricción externa crónica, como Argentina, atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas, no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública, el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.

    Islandia salió de 2008 con una convicción sólida. Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis, parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede convertirse en una gran exportadora de recursos sin que necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente al mercado cambiario.

    Pero eso es completamente diferente a afirmar que la inversión extranjera traerá dólares y resolverá la restricción externa. Puede traerlos, pero el régimen también permite que una parte importante de los flujos permanezca fuera o sea posteriormente remitida. Argentina está haciendo casi lo contrario a Islandia: para conseguir capital, el Estado ofrece al inversor una protección extraordinariamente prolongada frente a futuros cambios fiscales, regulatorios y cambiarios.

    El mensaje que transmite el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir, puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales. El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas por los proyectos.

    Si los recursos son estratégicos y la inversión se habría producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones extraordinarias.

    La integración de Argentina en lo que podríamos llamar la Pax Silicia dibuja una estructura clara. Estados Unidos → capital financiero y tecnológico → empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas globales de capital y tecnología en lugar de construir primero cadenas nacionales de control y agregación de valor.

    Islandia aprendió de 2008 que la soberanía tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.

    La cuestión no es si uno es nacionalista y el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse en el país.

    La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.

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    #accionistas #agricultura #AméricaDelNorte #Antártida #Argentina #AtlánticoNorte #AtlánticoSur #bienPúblico #bonosExternos #Bruselas #comercio #ComisiónEuropea #concentración #deudaOriginal #Efling #excedenteEconómico #extrenjerización #finanzas #fiscal #FMI #Fraude #geográficaExcepcional #Grecia #Groenlandia #Irlanda #Islandia #Moneda #PaísesBajos #PasajeDeDrake #pesca #prisión #ProductoInternoBruto #RégimenDeIncentivoParaGrandesInversionesRIGI #Recursos #recursosNaturales #Referéndum #ReinoUnido #riqueza #soberania #TribunalDeLaAsociaciónEuropeaDeLibreComercio #VR #WallStreet #Washington
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    Islandia II: Dios salve a Islandia. ¿Y quién salva a la Argentina?


    Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

    El valor de decir no (El Tábano Economista)

    Cuando Donald Trump confunde Groenlandia con Islandia, el error suele provocar sonrisas en los pasillos diplomáticos. Pero para quienes observan con atención el tablero geopolítico, la confusión revela algo más profundo, la creciente relevancia de un pequeño fragmento de roca volcánica en medio del Atlántico Norte, cuya población apenas supera los 405.000 habitantes. Islandia ha logrado en las últimas dos décadas algo que las grandes potencias económicas no han sabido replicar: una recuperación soberana de su destino, sin rendir cuentas a los acreedores internacionales ni entregar sus recursos estratégicos a cambio de oxígeno financiero.

    Hace doce años, cuando el mundo aún digería las cenizas de la crisis de 2008, publiqué un artículo titulado «Dios salve a Islandia«. En aquel entonces, la isla era el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un sistema financiero. Sus tres principales bancos habían colapsado con activos equivalentes a once veces el Producto Interno Bruto nacional, una burbuja especulativa de proporciones bíblicas que dejó al país al borde de la quiebra. La receta que llegó desde Washington y Bruselas fue la de siempre: el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada, imponer un severo programa de austeridad y vender sus activos públicos para pagar a los acreedores extranjeros. Islandia hizo exactamente lo contrario, y ese gesto de desobediencia financiera se convirtió en un hito de la economía política moderna que aún hoy resuena en los debates sobre soberanía monetaria.

    El gobierno islandés dejó caer a los bancos. No rescató a los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de interés muy por encima del promedio europeo—, Reikiavik se negó rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco privado que quebró por su propia mala gestión.

    Posteriormente enviaron la factura a la isla, pero el gobierno islandés sometió la cuestión a referéndum popular en 2010. El «No pagar» ganó con el 98% de los votos, un resultado tan abrumador que dejó sin argumentos a los defensores de la socialización de las pérdidas privadas. Finalmente, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio falló en 2013 que Islandia no estaba legalmente obligada a garantizar aquellos depósitos con fondos públicos.

    Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir las consecuencias.

    Dieciocho años después de aquel colapso, Islandia volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de 2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea, sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.

    El resultado fue del 52,8% de los votantes, con una participación del 82,5%, decidió que ni siquiera quería volver a abrir la negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía, moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia deliberada que ha demostrado su eficacia.

    Para comprender la posición islandesa, sin embargo, no basta con mirar su producto interno bruto o su balanza comercial. Hay que mirar el mapa. Islandia ocupa una posición geográfica excepcional, un punto de control marítimo y aéreo en el Atlántico Norte que conecta Europa con Groenlandia, América del Norte y el Ártico. Su geografía le otorga una relevancia estratégica que ningún indicador económico puede reflejar plenamente.

    Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes. La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se intensifica año tras año.

    Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del mundo, una matriz energética extraordinariamente particular basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán cada vez más importantes en las próximas décadas.

    En 2008, la amenaza era Wall Street. En 2026, las amenazas son la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico superior al de cualquier integración comunitaria.

    En economía, el excedente o ganancia que genera la extracción de un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la diferencias por encima de todos los costos normales de producción, incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo extrae.

    Mientras que el modelo islandés se basa en la premisa de que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina, incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la reducción de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada no se quedará en el país, sino que alimentará el ciclo de fuga de capitales.

    La distribución de la renta y la captura fiscal en Islandia generada por la pesca y la energía se queda en el país. El Estado captura una parte significativa a través de impuestos corporativos y tasas, y esa recaudación se traduce en un Estado de bienestar robusto, infraestructura de alta calidad y un sistema educativo fuerte. La extracción del recurso genera desarrollo interno y encadenamientos productivos que se despliegan dentro de la propia isla.

    Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia, una medida de protección de este activo estratégico.

    Para entender si un modelo de gestión de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal que recibe el Estado es significativa, a través de tasas pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado, en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la economía.

    La columna vertebral de la remuneración en los barcos islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base, sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el 20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si el barco pesca más y mejor, todos ganan más.

    Gracias a este sistema y a la alta valorización del producto, los salarios en la pesca activa suelen estar entre un 15% y un 30% por encima del salario promedio nacional. Y al estar formalizados, los pescadores islandeses aportan y reciben los robustos beneficios del Estado de bienestar: salud universal, pensiones obligatorias con un aporte adicional del 12% por parte del empleador, y seguro de desempleo. Los sindicatos, como VR y Efling, son extremadamente poderosos y negocian convenios colectivos que establecen pisos salariales, límites de horas de descanso y condiciones de seguridad a bordo.

    Islandia aprendió a lo largo de los años noventa y dos mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas manos.

    El dilema islandés es que proteger la soberanía nacional no significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar islandés.

    Cuando un país con restricción externa crónica, como Argentina, atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas, no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública, el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.

    Islandia salió de 2008 con una convicción sólida. Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis, parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede convertirse en una gran exportadora de recursos sin que necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente al mercado cambiario.

    Pero eso es completamente diferente a afirmar que la inversión extranjera traerá dólares y resolverá la restricción externa. Puede traerlos, pero el régimen también permite que una parte importante de los flujos permanezca fuera o sea posteriormente remitida. Argentina está haciendo casi lo contrario a Islandia: para conseguir capital, el Estado ofrece al inversor una protección extraordinariamente prolongada frente a futuros cambios fiscales, regulatorios y cambiarios.

    El mensaje que transmite el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir, puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales. El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas por los proyectos.

    Si los recursos son estratégicos y la inversión se habría producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones extraordinarias.

    La integración de Argentina en lo que podríamos llamar la Pax Silicia dibuja una estructura clara. Estados Unidos → capital financiero y tecnológico → empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas globales de capital y tecnología en lugar de construir primero cadenas nacionales de control y agregación de valor.

    Islandia aprendió de 2008 que la soberanía tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.

    La cuestión no es si uno es nacionalista y el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse en el país.

    La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.

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    Islandia II: Dios salve a Islandia. ¿Y quién salva a la Argentina?


    Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

    El valor de decir no (El Tábano Economista)

    Cuando Donald Trump confunde Groenlandia con Islandia, el error suele provocar sonrisas en los pasillos diplomáticos. Pero para quienes observan con atención el tablero geopolítico, la confusión revela algo más profundo, la creciente relevancia de un pequeño fragmento de roca volcánica en medio del Atlántico Norte, cuya población apenas supera los 405.000 habitantes. Islandia ha logrado en las últimas dos décadas algo que las grandes potencias económicas no han sabido replicar: una recuperación soberana de su destino, sin rendir cuentas a los acreedores internacionales ni entregar sus recursos estratégicos a cambio de oxígeno financiero.

    Hace doce años, cuando el mundo aún digería las cenizas de la crisis de 2008, publiqué un artículo titulado «Dios salve a Islandia«. En aquel entonces, la isla era el ejemplo perfecto de cómo no gestionar un sistema financiero. Sus tres principales bancos habían colapsado con activos equivalentes a once veces el Producto Interno Bruto nacional, una burbuja especulativa de proporciones bíblicas que dejó al país al borde de la quiebra. La receta que llegó desde Washington y Bruselas fue la de siempre: el Estado debía hacerse cargo de la deuda privada, imponer un severo programa de austeridad y vender sus activos públicos para pagar a los acreedores extranjeros. Islandia hizo exactamente lo contrario, y ese gesto de desobediencia financiera se convirtió en un hito de la economía política moderna que aún hoy resuena en los debates sobre soberanía monetaria.

    El gobierno islandés dejó caer a los bancos. No rescató a los accionistas ni a los tenedores de bonos extranjeros. Cuando el Reino Unido y los Países Bajos exigieron que la isla reembolsara a sus ahorristas minoristas, que habían perdido sus depósitos en la filial Icesave del banco Landsbanki —una suerte de sucursal digital que ofrecía tipos de interés muy por encima del promedio europeo—, Reikiavik se negó rotundamente. Londres y La Haya tuvieron que asumir las pérdidas de sus propios ciudadanos, seducidos por las ganancias financieras de un banco privado que quebró por su propia mala gestión.

    Posteriormente enviaron la factura a la isla, pero el gobierno islandés sometió la cuestión a referéndum popular en 2010. El «No pagar» ganó con el 98% de los votos, un resultado tan abrumador que dejó sin argumentos a los defensores de la socialización de las pérdidas privadas. Finalmente, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio falló en 2013 que Islandia no estaba legalmente obligada a garantizar aquellos depósitos con fondos públicos.

    Los resultados de aquella rebeldía hablan por sí solos. Mientras que Irlanda y Grecia, que gestionaron sus crisis de forma convencional y sumisa a los dictados del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, siguen arrastrando dificultades estructurales, Islandia emergió del abismo con un vigor que muchos calificaron de milagro económico. Pero tal prodigio no tuvo lugar. Hubo decisiones políticas. Y una diferencia sustancial respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o en el corazón de Europa: mientras en otros lugares los banqueros responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, Islandia investigó y condenó a prisión a decenas de ejecutivos bancarios por fraude y mala gestión. El mensaje fue inequívoco: el riesgo financiero no se socializa, y quienes juegan con el dinero de los demás deben asumir las consecuencias.

    Dieciocho años después de aquel colapso, Islandia volvió a votar sobre Europa. Pero esta vez no lo hizo desde la desesperación de un país quebrado, sino desde la memoria viva de cómo consiguió salir de aquella crisis. El referéndum del 29 de agosto de 2026 no preguntaba si Islandia quería ingresar en la Unión Europea, sino si debía reanudar las negociaciones de adhesión. Un matiz aparentemente menor, pero de enorme relevancia política.

    El resultado fue del 52,8% de los votantes, con una participación del 82,5%, decidió que ni siquiera quería volver a abrir la negociación. El electorado entendió que ese primer paso implicaba abrir cuestiones consideradas demasiado sensibles: pesca, soberanía, moneda, agricultura y el control de los recursos naturales. Las reglas que más importan para la vida cotidiana y para la autonomía del país son precisamente las que Islandia mantiene fuera del marco comunitario europeo. Y eso no es casualidad, es una estrategia deliberada que ha demostrado su eficacia.

    Para comprender la posición islandesa, sin embargo, no basta con mirar su producto interno bruto o su balanza comercial. Hay que mirar el mapa. Islandia ocupa una posición geográfica excepcional, un punto de control marítimo y aéreo en el Atlántico Norte que conecta Europa con Groenlandia, América del Norte y el Ártico. Su geografía le otorga una relevancia estratégica que ningún indicador económico puede reflejar plenamente.

    Y en este sentido, Argentina comparte con Islandia una condición similar, aunque con recursos naturales mucho más abundantes. La República Argentina se asienta sobre un punto de encuentro entre América del Sur, el Atlántico Sur, el Pasaje de Drake y la Antártida, una posición que le otorga el control de rutas marítimas esenciales y el acceso directo al continente blanco, donde la competencia geopolítica se intensifica año tras año.

    Para la Unión Europea, Islandia aporta en el Atlántico Norte la vigilancia de rutas marítimas y aéreas, una posición privilegiada en el Ártico frente a la creciente competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, el acceso a una de las grandes reservas pesqueras del mundo, una matriz energética extraordinariamente particular basada en recursos geotérmicos e hidroeléctricos, y la posibilidad de desplegar cables submarinos de comunicaciones y energía que serán cada vez más importantes en las próximas décadas.

    En 2008, la amenaza era Wall Street. En 2026, las amenazas son la geopolítica, la seguridad, el comercio y la moneda. Las declaraciones de Donald Trump sobre la compra de Groenlandia introdujeron una dimensión completamente nueva en el debate islandés, acelerando la convocatoria del referéndum y reforzando el argumento de quienes defienden que la autonomía monetaria, cambiaria, fiscal y financiera tiene un valor económico superior al de cualquier integración comunitaria.

    En economía, el excedente o ganancia que genera la extracción de un recurso natural —ya sea pescado, petróleo o litio— es la diferencias por encima de todos los costos normales de producción, incluido el retorno normal del capital invertido. Dado que el recurso es, en su estado natural, un bien público, esa renta debería beneficiar a toda la sociedad y no únicamente a la empresa que lo extrae.

    Mientras que el modelo islandés se basa en la premisa de que el recurso natural es un activo estratégico cuya renta debe ser capturada y distribuida por el Estado, los ciclos neoliberales en Argentina, incluyendo el actual Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), han tendido a tratar el recurso natural como un activo financiero más, donde el objetivo es atraer capital mediante la reducción de costos fiscales y regulatorios, asumiendo que la renta generada no se quedará en el país, sino que alimentará el ciclo de fuga de capitales.

    La distribución de la renta y la captura fiscal en Islandia generada por la pesca y la energía se queda en el país. El Estado captura una parte significativa a través de impuestos corporativos y tasas, y esa recaudación se traduce en un Estado de bienestar robusto, infraestructura de alta calidad y un sistema educativo fuerte. La extracción del recurso genera desarrollo interno y encadenamientos productivos que se despliegan dentro de la propia isla.

    Islandia prohíbe constitucionalmente y por ley la propiedad extranjera de los derechos de pesca y de los recursos energéticos. El recurso se considera un bien común nacional, y aunque utiliza un sistema de cuotas individuales transferibles, el Estado mantiene un control estricto sobre el volumen total extraído, basado en criterios científicos y no en la demanda del mercado. Además, prohíbe que estos activos sean comprados por fondos buitre o corporaciones extranjeras, evitando así que la renta del recurso sea capturada por actores externos. La negativa a la Unión Europea fue, en esencia, una medida de protección de este activo estratégico.

    Para entender si un modelo de gestión de recursos naturales es exitoso o extractivista, no basta con mirar si el recurso se conserva. Hay que mirar quién se queda con la renta. La industria pesquera islandesa es hoy una de las más eficientes del mundo en términos de captura y valor por trabajador. La recaudación fiscal que recibe el Estado es significativa, a través de tasas pesqueras, impuestos a la renta del recurso e impuestos corporativos sobre las ganancias del sector. Pero hay un elemento central que a menudo se pasa por alto: los salarios. A diferencia de muchos países donde la pesca es un trabajo precario y mal remunerado, en Islandia el sector pesquero es uno de los mejor pagados de la economía.

    La columna vertebral de la remuneración en los barcos islandeses no es un salario fijo por hora, sino un sistema de reparto de ganancias. La tripulación no recibe solo un sueldo base, sino un porcentaje del valor de la captura, generalmente entre el 20% y el 35% del valor neto de la venta del pescado, después de deducir ciertos gastos operativos como el combustible. Este mecanismo alinea los intereses de la tripulación con la eficiencia del barco: si el barco pesca más y mejor, todos ganan más.

    Gracias a este sistema y a la alta valorización del producto, los salarios en la pesca activa suelen estar entre un 15% y un 30% por encima del salario promedio nacional. Y al estar formalizados, los pescadores islandeses aportan y reciben los robustos beneficios del Estado de bienestar: salud universal, pensiones obligatorias con un aporte adicional del 12% por parte del empleador, y seguro de desempleo. Los sindicatos, como VR y Efling, son extremadamente poderosos y negocian convenios colectivos que establecen pisos salariales, límites de horas de descanso y condiciones de seguridad a bordo.

    Islandia aprendió a lo largo de los años noventa y dos mil que regalar el acceso a un recurso público genera riqueza privada a costa del erario. Por ello, implementó un sistema de captura de la renta del recurso: el Estado no es dueño de los barcos, pero cobra por el derecho a usar el recurso. El mayor problema al evitar la extranjerización de la pesca fue la concentración de cuotas, ya que el 75% de ellas pertenecen a las veinticinco empresas pesqueras más grandes. Esto representa una alta concentración de la riqueza pesquera en pocas manos.

    El dilema islandés es que proteger la soberanía nacional no significa necesariamente proteger a los pequeños pescadores. El sistema logró mantener el control nacional del recurso, pero al mismo tiempo permitió una concentración progresiva de las cuotas en grandes empresas. Por eso la verdadera batalla no es solo Islandia contra Bruselas, sino también una batalla interna por quién es realmente dueño del mar islandés.

    Cuando un país con restricción externa crónica, como Argentina, atrae inversión extranjera en sectores extractivos con regímenes de promoción sin políticas de contenido local o retención de divisas, no se resuelve la restricción externa; se cambia su forma de financiamiento y se agrava a mediano plazo. La inversión inicial entra, pero una vez operativa, la repatriación de utilidades, el pago de regalías a casas matrices y la importación de insumos generan una salida de divisas estructural. Si a esto se suma el servicio de la deuda pública, el saldo neto de divisas para el país suele ser negativo o marginal.

    Islandia salió de 2008 con una convicción sólida. Nunca más permitir que las necesidades del capital determinen hasta dónde llega la soberanía. El Estado argentino, después de décadas de crisis, parece haber llegado a la conclusión inversa: necesita ofrecer condiciones extraordinariamente favorables al capital para poder convertir sus recursos naturales en dólares y crecimiento. Argentina puede convertirse en una gran exportadora de recursos sin que necesariamente todos los dólares generados por esos recursos ingresen inmediatamente al mercado cambiario.

    Pero eso es completamente diferente a afirmar que la inversión extranjera traerá dólares y resolverá la restricción externa. Puede traerlos, pero el régimen también permite que una parte importante de los flujos permanezca fuera o sea posteriormente remitida. Argentina está haciendo casi lo contrario a Islandia: para conseguir capital, el Estado ofrece al inversor una protección extraordinariamente prolongada frente a futuros cambios fiscales, regulatorios y cambiarios.

    El mensaje que transmite el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es claro: venga a invertir, puede disponer libremente de los productos, tiene un régimen cambiario privilegiado y puede remitir utilidades y dividendos bajo condiciones especiales. El problema del RIGI no es que atraiga inversión extranjera. El problema es el precio que Argentina paga por atraerla: una renuncia fiscal estimada en unos 1.813 millones de dólares anuales cuando los proyectos estén en plena producción, estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante treinta años, y un régimen que permite una creciente disponibilidad externa de las divisas generadas por los proyectos.

    Si los recursos son estratégicos y la inversión se habría producido aun con beneficios menores, el Estado está transfiriendo renta innecesariamente y comprometiendo su capacidad futura. La cuestión empírica es cuánta inversión adicional está generando realmente el RIGI y cuánto beneficio habría obtenido igualmente el inversor sin esas concesiones extraordinarias.

    La integración de Argentina en lo que podríamos llamar la Pax Silicia dibuja una estructura clara. Estados Unidos → capital financiero y tecnológico → empresas multinacionales → RIGI→ litio → cobre → petróleo → gas y energía → exportaciones → deuda → fuga de capitales. La integración de Argentina a cadenas estratégicas estadounidenses y occidentales. Buenos Aires está diseñando sus sectores estratégicos para insertarlos en cadenas globales de capital y tecnología en lugar de construir primero cadenas nacionales de control y agregación de valor.

    Islandia aprendió de 2008 que la soberanía tiene un valor económico tangible al conservar la capacidad de decidir sobre el capital, la moneda, los bancos y los recursos estratégicos. La Argentina de Milei, enfrentada a una escasez crónica de capital y dólares, está tomando la decisión inversa: ofrecer al capital condiciones extraordinarias de estabilidad, rentabilidad y libertad cambiaria para que desarrolle sus recursos naturales.

    La cuestión no es si uno es nacionalista y el otro liberal. La cuestión es quién captura la renta y quién conserva el poder de modificar las reglas. Islandia dijo no a los banqueros en 2008, no a los acreedores extranjeros en 2010 y no a la Unión Europea en 2026. Cada uno de esos no fue una negativa obstinada, sino una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio futuro. Argentina, por el contrario, está diciendo sí a condiciones que atan su política económica durante décadas a cambio de capital que, cuando finalmente llegue, puede no quedarse en el país.

    La experiencia islandesa demuestra que la soberanía no es un lujo para países ricos, sino una herramienta para construir riqueza desde abajo. Y también demuestra que decir no, en ocasiones, es la forma más poderosa de decir sí al futuro propio.

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  5. Simetrik Agent usa IA para detectar errores financieros en millones de operaciones y automatizar controles

    Simetrik Agent combina inteligencia artificial y controles determinísticos para detectar patrones en millones de operaciones financieras, proponer reglas de conciliación y mantener supervisión humana sobre decisiones críticas.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    Detectar una diferencia entre millones de operaciones financieras dejó de ser suficiente para las grandes empresas. El reto consiste ahora en determinar si un error es aislado, identificar patrones repetitivos y decidir cuándo automatizar una corrección sin perder control sobre el proceso.

    En México, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó durante 2025 más de 7,300 millones de transferencias por un monto cercano a 600 billones de pesos, equivalente a unas 16.8 veces el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

    En este escenario, Simetrik, fintech especializada en control de operaciones financieras, desarrolló Simetrik Agent, una herramienta de inteligencia artificial que analiza discrepancias, identifica relaciones entre operaciones y puede proponer nuevas reglas de control antes de incorporarlas a los procesos productivos.

    IA para encontrar patrones entre millones de operaciones

    La compañía sostiene que, antes de automatizar los controles, los errores de conciliación pueden representar pérdidas de hasta 15 puntos básicos sobre el volumen procesado. A ello se agregan los contracargos, que según la información proporcionada por Simetrik representan entre 1% y 2% de las operaciones y pueden generar pérdidas adicionales cuando no se gestionan oportunamente.

    Simetrik Agent busca atender este problema mediante un esquema que combina dos capacidades: inteligencia artificial para analizar el contexto y encontrar relaciones complejas, y un núcleo determinístico con más de 110 funciones de control financiero para producir resultados exactos, verificables y auditables.

    Cuando una diferencia aparece de manera recurrente, el agente puede identificar el patrón y proponer una regla para atender ese tipo de casos. Antes de llevarla a operación, revisa las fuentes involucradas, analiza las dependencias y permite evaluar el impacto del cambio.

    La compañía señala que su plataforma procesa actualmente más de 2,500 millones de registros financieros al día y trabaja con más de 180 organizaciones en más de 50 países.

    El control humano permanece en las decisiones críticas

    Uno de los elementos centrales del sistema es la posibilidad de definir distintos niveles de autonomía. Una empresa puede permitir que el agente ejecute determinadas tareas por sí mismo o exigir autorización humana antes de realizar acciones que tengan consecuencias operativas.

    El sistema también mantiene un registro de las acciones realizadas, los datos utilizados y la lógica aplicada durante el proceso. Simetrik denomina a este modelo “caja abierta” u open box, debido a que los equipos pueden revisar cómo se llegó a cada resultado.

    Después de ejecutar los controles, el agente puede analizar excepciones, agrupar errores y buscar posibles causas, con el propósito de facilitar la investigación de las diferencias detectadas.

    La plataforma también incorpora compatibilidad con el Model Context Protocol (MCP), mecanismo que permite conectar agentes de inteligencia artificial con las capacidades y conocimientos financieros de Simetrik sin tener que reconstruir desde cero las lógicas de conciliación.

    Simetrik amplía su operación con empresas financieras y comerciales

    La empresa reporta presencia en más de 50 países y señala entre sus clientes en México a BBVA, Santander, Femsa, Palacio de Hierro, Soriana, Getnet México, Spin by OXXO, Stori, Bimbo Corporativo y OXXO México.

    La escala de procesamiento también aparece como uno de los principales elementos de la plataforma. Simetrik informa que sus sistemas procesan 2,500 millones de registros diarios y que más de 180 organizaciones utilizan sus servicios.

    El desarrollo de Simetrik Agent forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para llevar capacidades de inteligencia artificial a los controles financieros. En agosto de 2026, Simetrik anunció el lanzamiento del agente autónomo con un núcleo determinístico orientado a mantener resultados exactos y auditables.

    Además, el 3 de septiembre de 2026, Mastercard informó que Simetrik fue seleccionada para participar en la primera edición de su programa Start Path enfocada en comercio y servicios agénticos, iniciativa que reúne a empresas que desarrollan infraestructura para operaciones impulsadas por inteligencia artificial. –sn–

    Billetes mexicanos | @SociedadN_

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  6. 🇺🇸 TRABAJO RÉCORD EN ESTADOS UNIDOS, EN ESTE AGOSTO DE 2026

    - Se crearon **162.000 puestos de trabajo**, casi el triple de lo que se esperaba (preveían 56.000).
    - Tasa de desempleo se mantiene en **4,1%**
    - El crecimiento vino principalmente de: hotelería y restaurantes (+62.000), educación pública (+42.000), construcción (+22.000) e industria (+16.000).
    - El sector salud creció mucho menos que lo habitual, por revocar los permisos de residencia temporal a inmigrantes haitianos.

    📈 **¿Qué significa esto?**

    Tienen una inflación alta y la Reserva Federal no actúa para frenarla.

    Los analistas dicen que ya no hay excusas para mantener las tasas bajas, y exigen que las suban pronto. Las tasas bajas permiten que las empresas se endeuden barato para crecer.

    Hagan lo que hagan, el mercado ya decidió por su cuenta: piden más rendimiento para entregar su dinero. Si no las suben, no hay más dinero para ellos.

    *Donald Trump cree que las tasas bajas son "combustible de cohete" y abusa. Hay que verlo como un truco que funciona bien por un tiempo pero no para siempre, y Estados Unidos ya lo está alargando demasiado esta vez.*

    reuters.com/business/us-nonfar

    #Economia #EstadosUnidos #Empleo #TasasDeInteres #Finanzas

  7. Billetes falsos generan 18 millones de impactos en redes

    Un análisis de DINAMIC registra 18 millones de impactos sobre billetes falsos en México y detecta preocupación por presuntas entregas en cajeros y ventanillas bancarias.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    La circulación de billetes presuntamente falsos generó una conversación digital de 18,046,730 impactos en México, de acuerdo con un análisis de DINAMIC, plataforma de inteligencia digital que estudió las narrativas y el sentimiento expresados en redes sociales.

    El estudio identifica preocupación por denuncias ciudadanas sobre piezas apócrifas que, según los testimonios analizados, habrían sido recibidas en cajeros automáticos y ventanillas bancarias. Entre las instituciones mencionadas aparecen el Banco del Bienestar y BBVA, aunque los señalamientos no constituyen por sí mismos una confirmación de que esas instituciones hayan entregado dinero falso.

    El tema adquirió mayor exposición a partir de casos reportados en Puebla, incluida una denuncia sobre una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la avenida 16 de Septiembre y 35 Oriente. La afectada aseguró haber recibido efectivo presuntamente falso. La denuncia fue difundida públicamente el 13 de agosto de 2026.

    Puebla y Tehuitzingo concentran denuncias

    Otro de los casos referidos en la conversación corresponde a Tehuitzingo, Puebla, donde comerciantes y ciudadanos reportaron durante 2025 la circulación de billetes presuntamente falsos de 200 pesos y afectaciones económicas en establecimientos de la región.

    La aparición de estos casos alimenta una preocupación que trasciende la pérdida individual de dinero: qué ocurre cuando una persona recibe una pieza presuntamente apócrifa después de realizar una operación en una institución financiera.

    DINAMIC dividió la conversación analizada en cuatro principales narrativas. La mayor corresponde a las denuncias de entrega de piezas presuntamente falsas en cajeros y ventanillas, con 35 por ciento de las menciones.

    La segunda, con 28 por ciento, corresponde a la prevención ciudadana. Los usuarios comparten recomendaciones para revisar elementos de seguridad como marcas de agua, relieves, folios, ventanas transparentes y cambios de tonalidad.

    La tercera narrativa, equivalente a 19 por ciento, expresa inconformidad con los procesos de aclaración bancaria y la dificultad que enfrentan algunos usuarios para acreditar el origen de un billete presuntamente falso.

    El cuarto bloque, con 18 por ciento, corresponde a denuncias sobre la supuesta oferta de piezas apócrifas mediante redes sociales y plataformas de mensajería.

    X concentra casi la mitad de la conversación

    Según el estudio, X concentra 47 por ciento de la conversación analizada, seguido por Instagram, con 27 por ciento; YouTube, con 14 por ciento; Facebook, con 6 por ciento, y TikTok, también con 6 por ciento.

    DINAMIC sostiene que 97.61 por ciento de la conversación analizada fue orgánica, frente a 2.39 por ciento atribuida a bots.

    Para Augusto del Río, CEO de DINAMIC, el fenómeno refleja un cambio en la percepción de los usuarios sobre la seguridad de las operaciones financieras.

    El directivo sostuvo que el problema no se limita al valor de las piezas presuntamente falsas, sino a la sensación de indefensión que puede producir recibirlas después de una operación bancaria.

    ¿Qué hacer si un cajero entrega un billete falso?

    El Banco de México (Banxico) establece un procedimiento específico para las personas que reciben una pieza presuntamente falsa en un cajero automático o ventanilla bancaria.

    La reclamación debe presentarse ante la institución a la que pertenece el cajero o la ventanilla donde se recibió la pieza dentro de los cinco días hábiles bancarios posteriores a la operación. El usuario debe entregar el billete, presentar identificación oficial y explicar por escrito cómo obtuvo la pieza, además de proporcionar, si dispone de él, el comprobante de la operación.

    El banco debe entregar un comprobante de la reclamación con un número que permita dar seguimiento al caso. La institución realiza la investigación correspondiente y la pieza es enviada a Banxico para determinar si es auténtica o falsa.

    Banxico es la institución encargada de determinar la autenticidad de los billetes. Si una pieza resulta auténtica, el banco que la retuvo debe reembolsar el importe correspondiente; si resulta falsa, queda bajo custodia del banco central y no se recupera su valor.

    Además, una persona que sospeche de la autenticidad de un billete no debe utilizarlo para realizar pagos. Banxico advierte que poner en circulación deliberadamente una pieza falsa constituye un delito federal.

    La conversación digital analizada por DINAMIC muestra así que el problema de los billetes falsos no se limita a las pérdidas económicas. Las denuncias también colocan bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales el efectivo llega a los ciudadanos y la capacidad de las instituciones para responder cuando una pieza resulta sospechosa. –sn–

    Pesos, billetes

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  8. 🧠 Redes Neuronales Artificiales
    🔹 Adaptabilidad + procesamiento paralelo
    🔹 84% de éxito en concesión de créditos
    🔹 Aplicaciones financieras reales (HNC, Credit Scoring)
    La misma lógica que aprende del cerebro… hoy evaluando riesgos y buscando patrones en millones de datos.
    ¿Ya las aplicas en finanzas?
    #RedesNeuronales #Finanzas #IA #CreditScoring #DataScience

  9. Vale la pena cada minuto. Es difícil encontrar otro resumen de la situación económica tan claro y tan preciso. Imprescindible.
    youtube.com/watch?v=XcPkBi-rp5
    Nos están saqueando capitalistas patronales y usureros de manera insostenible.
    Vamos a otro estallido.
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  10. Sindicato denuncia que ingresos del ICE disminuyeron ¢19.868 millones en primer semestre en comparación con 2022

    Acotel señaló que el excedente se explica por el impacto en las fluctuaciones cambiarias, que aportaron “ingresos” extras por ¢116.024 millones.
    La entrada Sindicato denuncia que ingresos del ICE disminuyeron ¢19.868 millones en primer semestre en comparación con 2022 aparece primero en [...]

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