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Jubilados llevan a los 32 congresos su iniciativa contra la retroactividad de la ley

La Alianza Nacional de Jubilados lleva su iniciativa contra la retroactividad de la ley a los 32 congresos locales, tras entregar más de 200 mil participaciones de la consulta “México por la Justicia y los Derechos”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La defensa de los derechos adquiridos de jubilados entra en una nueva etapa legislativa: la Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB) comenzó a llevar a los 32 congresos estatales su iniciativa contra la aplicación retroactiva de la ley, después de entregar en la Cámara de Diputados más de 200 mil participaciones de la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”.

La organización busca que las legislaturas locales conozcan tanto su propuesta de reforma como los expedientes que reúnen los resultados del ejercicio ciudadano y la documentación sobre el trabajo realizado por sus representaciones estatales. El objetivo es ampliar el respaldo institucional a la iniciativa y promover pronunciamientos ante el Congreso de la Unión.

ANAJUB busca acuerdos con grupos parlamentarios

Las representaciones de ANAJUB comenzaron a acudir a las sedes legislativas estatales para formalizar la entrega ante las oficialías de partes y los órganos de coordinación política.

Además, solicitarán reuniones con coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para plantear la emisión de puntos de acuerdo y exhortos dirigidos al Congreso de la Unión.

La organización informó que la ruta legislativa se desarrolla conforme a las agendas y procedimientos de recepción de cada Congreso, mediante jornadas que, según su reporte, se realizan de manera pacífica e institucional.

Hasta ahora, la entrega fue formalizada en Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, Colima, Sonora, Estado de México y Cdmx.

¿Qué plantea la iniciativa sobre los derechos adquiridos?

El planteamiento de los jubilados se relaciona con la reforma al artículo 127 constitucional publicada el 10 de abril de 2026, que estableció límites para determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de entidades públicas.

La ANAJUB sostiene que la aplicación de esas disposiciones a personas cuyos derechos pensionarios ya estaban constituidos puede vulnerar el principio de no retroactividad. El artículo 14 constitucional establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

La reforma constitucional señala, entre otros aspectos, que determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de organismos y empresas públicas no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal, con diversas excepciones.

El debate sobre la aplicación de estas disposiciones ya llegó al ámbito legislativo. El Sistema de Información Legislativa registra propuestas para solicitar que se respeten los derechos adquiridos de trabajadores jubilados y pensionados de organismos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Una consulta nacional sobre pensiones y derechos

La consulta “México por la Justicia y los Derechos” comenzó en agosto con actividades presenciales y digitales en las 32 entidades. En sus primeros días, organizadores reportaron más de 100 mil participaciones y posteriormente informaron que el ejercicio superó las 200 mil opiniones.

El ejercicio fue presentado por sus impulsores como una vía para conocer la opinión ciudadana sobre la protección de los derechos adquiridos y la aplicación de cambios legales a situaciones previamente constituidas.

La ruta hacia los congresos estatales

La ANAJUB prevé completar en los próximos días la entrega de su propuesta en las legislaturas que aún no han recibido la documentación.

La estrategia busca que los congresos estatales conozcan los resultados de la consulta y, en su ámbito de competencia, valoren la posibilidad de emitir pronunciamientos dirigidos al Congreso de la Unión.

La organización está integrada por extrabajadores y jubilados vinculados con Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). –sn–

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