Sheinbaum da 30 días a plataformas digitales para proteger a menores de contenidos violentos; advierte posibles sanciones
Claudia Sheinbaum dio 30 días naturales a plataformas digitales para informar cómo cumplirán las medidas de protección a menores. Si hay incumplimiento, el gobierno federal impulsará una ley con sanciones.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo otorgó 30 días naturales a las plataformas digitales para documentar e informar cómo cumplirán las nuevas disposiciones que buscan impedir que menores de edad accedan a contenidos de violencia, acoso, abuso sexual y otras conductas perjudiciales. Si las empresas incumplen, el gobierno federal impulsará una ley que contemple sanciones.
El plazo fue solicitado por empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, que pidieron un mes para adaptar sus sistemas a las obligaciones establecidas en un decreto firmado por la mandataria en Palacio Nacional este miércoles 14 de octubre.
La medida establece responsabilidades para las plataformas en la identificación y eliminación de contenidos nocivos, la clasificación de publicaciones por edades, la verificación de usuarios menores y la activación predeterminada de herramientas de privacidad y seguridad. El decreto fue anunciado para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Qué obligaciones tendrán las plataformas digitales?
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el plazo de 30 días naturales quedó incorporado al decreto después de una segunda reunión con representantes de las empresas tecnológicas, quienes aceptaron colaborar con las autoridades.
Las compañías deberán documentar e informar las medidas implementadas para cumplir las disposiciones dentro del periodo establecido, contado a partir de la entrada en vigor del decreto. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) será responsable de dar seguimiento a los avances reportados.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
- Identificar y retirar contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual.
- Impedir el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos relacionados con suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios y violencia escolar.
- Actuar contra el acoso, el ciberacoso, el ciberbullying, las conductas ilícitas y el material sexual explícito.
- Clasificar las publicaciones de acuerdo con la edad de los usuarios.
- Implementar mecanismos de verificación de edad y herramientas de supervisión parental.
- Activar por defecto las configuraciones de privacidad y seguridad más protectoras para menores.
El objetivo es que las empresas incorporen estas medidas en el funcionamiento de sus servicios y no dependan exclusivamente de que los usuarios o sus familias activen manualmente las restricciones.
Contacto permanente con autoridades y reportes de riesgo
El decreto también establece obligaciones de colaboración con las autoridades encargadas de investigar posibles delitos.
Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas del día durante todo el año para atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras. Asimismo, tendrán que preservar y entregar evidencia cuando corresponda y alertar de manera inmediata sobre contenidos que puedan atentar contra la vida.
Estas disposiciones buscan facilitar la detección y atención de situaciones de riesgo, así como mejorar la coordinación entre las compañías tecnológicas y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Sheinbaum plantea una ley con sanciones si no se cumple el decreto
Aunque el decreto tiene carácter obligatorio, no contempla sanciones específicas por incumplimiento. Sheinbaum advirtió que, si las plataformas no acatan las disposiciones, su administración promoverá una legislación que establezca castigos.
La mandataria señaló que el gobierno dará seguimiento a las acciones de las compañías y mantendrá el diálogo para conocer qué necesitan modificar en sus sistemas para cumplir con las nuevas reglas.
La diferencia entre el decreto y una eventual ley será relevante para la aplicación de las medidas: el instrumento firmado establece obligaciones para las plataformas, mientras que una regulación posterior podría incorporar sanciones por incumplimiento. –sn–
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