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Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
Las nuevas reglas de la Ley Antilavado elevan las exigencias para Actividades Vulnerables. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en una nueva etapa en México, con mayores exigencias para las empresas que realizan Actividades Vulnerables y una creciente necesidad de controles automatizados para identificar riesgos, conocer clientes y documentar operaciones.
El nuevo escenario alcanza a sectores como inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías, casinos, notarías, servicios profesionales, empresas de activos virtuales y compañías dedicadas al crédito o préstamo mutuo. La regulación establece obligaciones relacionadas con evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, identificación del beneficiario controlador, monitoreo y conservación de información.
En este contexto, Regcheq anunció el lanzamiento de Regcheq PLD X, una evolución de su plataforma tecnológica para gestionar obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Nuevas reglas cambian el escenario para las empresas
La publicación de nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI en agosto de 2026 precisó mecanismos para aplicar las obligaciones incorporadas a la legislación antilavado.
El nuevo marco contempla un enfoque basado en riesgos, clasificación de clientes, manuales de políticas internas, capacitación, mecanismos automatizados de monitoreo y auditorías, con fechas de cumplimiento escalonadas.
Para las empresas, el cambio implica que la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita deja de depender únicamente de expedientes y avisos aislados y requiere procesos permanentes para identificar, evaluar y documentar riesgos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala en la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 que México contaba con 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables.
¿Qué empresas pueden estar obligadas?
Una empresa no necesita pertenecer al sistema financiero para quedar sujeta a obligaciones de la Ley Antilavado.
Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran determinadas operaciones relacionadas con inmuebles, vehículos, joyas y metales preciosos, servicios profesionales, operaciones de fe pública, activos virtuales y actividades de crédito, entre otras.
El riesgo puede aparecer también en empresas cuya actividad principal no parece vinculada directamente con el lavado de dinero, pero que participan en operaciones o mantienen relaciones comerciales con sujetos que sí desarrollan Actividades Vulnerables.
Por ello, la identificación correcta de clientes, usuarios y beneficiarios controladores adquiere una importancia creciente para las compañías sujetas al régimen. –sn–
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