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Acusación contra Ernesto Ruffo documenta operaciones por 5,432 millones de pesos

La acusación penal contra Ernesto Ruffo Appel señala operaciones financieras por 5,432 millones de pesos realizadas entre empresas presuntamente vinculadas con una red de huachicol fiscal, de acuerdo con documentos analizados por EL CEO.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La acusación penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, documenta operaciones financieras por hasta 5 mil 432 millones de pesos realizadas durante un periodo de 11 años a través de diversas empresas y cuentas bancarias en México, Estados Unidos y Alemania, de acuerdo con un análisis publicado por el medio EL CEO.

Según la información, las autoridades identificaron mil 457 operaciones entre depósitos, transferencias y envíos de recursos relacionados con una investigación por presunto huachicol fiscal, distribución de combustibles y simulación de operaciones comerciales.

Los movimientos financieros habrían involucrado cuentas en instituciones como Intercam, Monex, BBVA, Banco Base, Banorte, Banamex y Bank of America.

Empresas concentran la mayor parte de las operaciones

De acuerdo con la publicación, la mayor parte de las transacciones se realizó entre las empresas Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Derivados y Mapror Hidrocarburos, identificadas en la investigación por su presunta relación con operaciones de importación y comercialización irregular de hidrocarburos.

El expediente también refiere movimientos entre cuentas personales de Ernesto Ruffo Appel y de empresarios como José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro, este último actualmente detenido, según el documento citado.

Detectan depósitos por más de mil 926 millones de pesos

La acusación indica que durante los primeros seis meses de 2025 ingresaron mil 926 millones 158 mil 25 pesos a una cuenta de Mapror Hidrocarburos en Banco Base mediante 315 operaciones del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Las investigaciones señalan que el 71 por ciento de esos recursos provino de cuentas de la propia empresa, mientras que el 29 por ciento restante fue transferido desde Crismon Hidrocarburos y Derivados, que operaba cuentas en Banorte.

Investigación documenta transferencias nacionales e internacionales

Entre las operaciones identificadas figura una transferencia de 742 millones 771 mil 576 pesos desde una cuenta de Crismon Hidrocarburos en Banorte hacia Ingemar, en Intercam, considerada la de mayor monto dentro del expediente.

Asimismo, la investigación refiere operaciones internacionales por al menos 25 millones de dólares entre empresas relacionadas con la red investigada.

Parte de esos recursos fueron enviados a cuentas en First Financial Bank, en Estados Unidos, además de transferencias a Bank of America y una operación por 10 mil euros hacia una institución financiera ubicada en Alemania.

Ruffo negó irregularidades

De acuerdo con declaraciones citadas por EL CEO y previamente difundidas por el semanario Zeta, Ernesto Ruffo Appel sostuvo que Ingemar únicamente prestaba servicios de comercialización de combustibles para Crismon Hidrocarburos y Derivados y recibía una comisión por esa actividad.

El exgobernador también afirmó que las operaciones de importación correspondían a la empresa comercializadora y aseguró haber actuado con transparencia.

La investigación continúa en manos de las autoridades federales, que deberán determinar la responsabilidad jurídica de las personas y empresas señaladas en el expediente. –sn–

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UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema

El análisis publicado por Mario Maldonado indicó que autoridades mexicanas enfrentaron la posibilidad de judicializar los expedientes para evitar tensiones con Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un dictamen para ordenar a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La medida ocurre después de las acusaciones formuladas desde los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó la suspensión total de operaciones financieras relacionadas con Rubén Rocha Moya. El documento también contempla el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano y restricciones bancarias inmediatas.

La disposición de la UIF incluyó a otras nueve personas señaladas dentro del mismo procedimiento financiero. Entre los afectados figuraron Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense con licencia.

Congelan activos financieros

La lista de personas sujetas a bloqueo también integró a Enrique Inzunza Cázares, secretario general del gobierno de Sinaloa. Asimismo, apareció Enrique Díaz Vega, secretario de administración y finanzas de la administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

La orden financiera estableció que las instituciones bancarias debieron ejecutar el bloqueo dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la publicación en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el calendario oficial, el plazo para cumplir la instrucción concluirá el próximo 19 de mayo.

Las medidas dictadas por la UIF se conocieron mientras la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo públicamente que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes contra el mandatario sinaloense. La titular del Ejecutivo federal reiteró que cualquier procedimiento legal debía sustentarse en evidencias formales.

Presión política crece

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano podía ser procesado sin pruebas suficientes. La mandatario indicó que cualquier acusación requería un juicio justo y un procedimiento legal conforme al marco jurídico mexicano.

La presidente explicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación propia relacionada con las acusaciones formuladas desde Estados Unidos. El posicionamiento ocurrió en medio de un debate político y judicial sobre el futuro del gobernador con licencia de Sinaloa.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo contrastaron con el endurecimiento de las medidas financieras implementadas por la UIF. El caso incrementó la presión sobre el gobierno federal debido al impacto político y diplomático derivado de las acusaciones. –sn–

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