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Cajas Graf, firma ligada a empresario cercano a Taddei, acumula contratos por 750 mdp a organismos electorales

José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf, aparece con más de 90 contratos a insitutos electorales por más de 750.8 millones de pesos. Veracruz, Jalisco e Hidalgo concentran los contratos de mayor monto.

Por Gustavo García y José Víctor Rodríguez | Reporteros                                                        

El empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y otras firmas proveedoras de material y servicios electorales, aparece con contratos de casi todos los organismos electorales del país por un monto acumulado de 750 millones 828 mil 894 pesos con nueve centavos, de acuerdo con 90 registros suscritos de 2018 a la fecha.

Los 90 registros, cuya copia poseé SOCIEDAD NOTICIAS, incluyen contratos obtenidos entre licitaciones públicas y adjudicaciones directas, con el organismo electoral federal y los estatales.

La cercanía personal entre Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien preside también el consejo general, llaman la atención ante las investigación que realiza la Unidad de Inteligenci Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Veracruz, el contrato de mayor monto

El registro de mayor importe identificado corresponde al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz), mediante el procedimiento 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018.

El documento consigna un monto de 141 millones 775 mil 200 pesos y clasifica la contratación como licitación pública. El periodo reportado comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.

El contrato detalla que Cajas Graf se comprometió a entregar 12,000 paquetes que incluyeron canceles electorales, patas para el cancel, tres urnas y dos cajas para lo que se traduce en un costo de 11,814.6 por paquete electoral que se usaron en la elección de 2018.

Jalisco: más de 102 millones de pesos

En Jalisco, Cajas Graf repitió el mismo esquema con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) con el que signó el contrato LPN-E-04-2024, por 102 millones 160 mil 915 pesos con 80 centavos.

En Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aparece en dos registros de alto monto. El primero corresponde al procedimiento LP-IEE-002-2021, por 68 millones 980 mil 163 pesos con 28 centavos, mediante licitación pública.

El segundo registro corresponde al folio IEEH-DA-2022-085, por 65 millones 981 mil 373 pesos con 62 centavos adicionales, asociado al primer trimestre de 2022.  En conjunto, ambos importes suman 134 millones 961 mil 536 pesos con 90 centavos.

Sonora: un registro por 46.8 millones

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora aparece con un registro de 46 millones 879 mil 383 pesos con 92 centavos, identificado con el folio 31.

Sonora es relevante en el contexto de los señalamientos sobre el grupo empresarial, debido a que Guadalupe Taddei presidió el organismo electoral estatal antes de asumir la consejería y presidecia del INE.

Chihuahua, Quintana Roo y Campeche

La relación proporcionada incluye otros contratos de montos relevantes:

• Chihuahua: el Instituto Estatal Electoral aparece con el folio DRM-017/21, por 33 millones 881 mil 653 pesos con 52 centavos, mediante licitación pública. El periodo reportado va de enero a marzo de 2021.
• Quintana Roo: el instituto electoral estatal figura con el folio IEQROO/LPN/07/2022, por 29 millones 802 mil 439 pesos con 28 centavos, también mediante licitación pública.
• Campeche: el organismo electoral estatal aparece con el folio DEAPPAP/010/2021, por 24 millones 180 mil 207 pesos con 54 centavos, bajo licitación pública y con un periodo reportado de abril a junio de 2021.

En los tres casos, las fichas proporcionadas no especifican de manera individual los bienes, servicios o entregables.

Sinaloa: adjudicación directa

En Sinaloa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aparece con un registro de 27 millones 762 mil 525 pesos con 50 centavos, clasificado como adjudicación directa.

En Querétaro, la información proporcionada incluye el objeto de la contratación: la producción y elaboración de material electoral para las etapas de la jornada y las actividades posteriores del proceso electoral local 2020-2021.

El importe consignado es de 8 millones 644 mil 86 pesos con 84 centavos.

Esta descripción permite identificar con mayor precisión el propósito del gasto, a diferencia de las fichas que únicamente muestran el monto, el procedimiento y el periodo.

Contratos, investigaciones y relación con la presidente del INE

La relación entre Hernández Casillas y Taddei se encuentra bajo escrutinio público por reportes sobre reuniones privadas y eventos sociales en los que ambos han coincidido. Reuniones organizadas por el empresario a las que asistieron la consejera-presidente y funcionarios del INE vinculados con áreas de contratación y administración. –sn–

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Guadalupe Taddei aparece junto a empresario vinculado con proveedor del INE investigado por la UIF

Guadalupe Taddei aparece en un video junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con Cajas Graf, proveedora de material electoral investigada por presuntas irregularidades.

Por Gustavo García | Reportero                                                                              

La relación entre Guadalupe Taddei, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con una compañía proveedora de materiales electorales, quedó bajo escrutinio público tras la difusión de un video en el que ambos aparecen durante una celebración por las fiestas patrias.

La grabación, difundida por Latinus y retomada por otros medios, muestra a Taddei y Hernández Casillas durante un festejo en el que se escuchan expresiones relacionadas con la amistad, la lealtad y la fraternidad. Las imágenes reavivaron cuestionamientos sobre la cercanía entre la titular del organismo electoral y un empresario relacionado con compañías que han obtenido contratos públicos.

https://sociedad-noticias.com/2026/10/19/chofer-de-guadalupe-taddei-figura-como-apoderado-de-proveedor-del-ine/

El caso coincide con reportes periodísticos sobre investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a empresas proveedoras de material electoral por presuntas irregularidades financieras y en procedimientos de contratación. Las indagatorias no equivalen, por sí mismas, a una determinación de responsabilidad penal.

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas y qué relación tiene con el INE?

Hernández Casillas está vinculado con Cajas Graf, empresa dedicada al suministro de materiales electorales que ha obtenido contratos de organismos electorales estatales y del INE.

https://twitter.com/Reforma/status/2113257815427142029?s=20

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, la compañía recibió en 2021 una asignación por 46 millones de pesos del entonces Instituto Estatal Electoral de Sonora, durante el periodo en que Taddei encabezaba ese organismo.

Posteriormente, en 2025, Cajas Graf suscribió un contrato con el INE para suministrar materiales destinados a la elección judicial, con un monto máximo reportado de 198.7 millones de pesos.

La existencia de contratos y la aparición de ambos en una celebración pública no acreditan por sí mismas una conducta ilícita ni demuestran que las adjudicaciones se hayan otorgado por una relación personal. Sin embargo, los antecedentes han generado preguntas sobre los mecanismos de contratación, la transparencia y los posibles conflictos de interés.

UIF investiga a empresas proveedoras de materiales electorales

Las investigaciones reportadas por la prensa abarcan siete empresas relacionadas con el suministro de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

https://sociedad-noticias.com/2026/10/22/diarios-mexicanos-las-portadas-de-los-principales-diarios-jueves-22-de-octubre-de-2026/

Según las publicaciones, las autoridades financieras examinan posibles operaciones de triangulación de recursos y presuntos mecanismos para simular competencia entre proveedores. También se han reportado medidas relacionadas con cuentas bancarias de personas y empresas bajo investigación.

Hasta ahora, los señalamientos difundidos deben distinguirse de una resolución definitiva que establezca responsabilidades. La información disponible tampoco permite concluir que todos los contratos celebrados por las compañías investigadas sean ilegales.

Taddei rechaza favoritismos y ofrece información sobre los contratos

Ante los cuestionamientos sobre las contrataciones, Taddei sostuvo que no existen empresas favoritas en el organismo y afirmó que los procedimientos están sujetos a auditorías.

La presidente del INE también aseguró que las personas mencionadas en los reportes periodísticos ya no forman parte de la plantilla del instituto, aunque reconoció que algunas trabajaron anteriormente en la institución.

Además, puso a disposición del Órgano Interno de Control del INE y de la Auditoría Superior de la Federación la información relacionada con las contrataciones, según reportes de prensa. –sn–

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Guadalupe Taddei reconoce que señalados por presuntas irregularidades en contratos del INE trabajaron en el organismo

Guadalupe Taddei confirmó que personas señaladas por presuntos vínculos con proveedores e irregularidades en contrataciones del INE trabajaron en el organismo, aunque actualmente ya no forman parte de su personal.

Por Gustavo García | Reportero                                                                              

La consejera-presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reconoció que las personas mencionadas en investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y vínculos con proveedores sí trabajaron en el organismo, aunque actualmente ya no forman parte de su personal.

La declaración ocurre en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios y excolaboradores del instituto con empresas proveedoras de materiales electorales, así como sobre los procedimientos para adjudicar contratos financiados con recursos públicos.

Taddei rechazó que exista favoritismo hacia determinadas compañías y sostuvo que las contrataciones cuentan con documentación y mecanismos de revisión. También anunció que se facilitará información para esclarecer los señalamientos.

¿Qué reconoció Guadalupe Taddei sobre las personas señaladas?

Durante una conferencia realizada este miércoles 21 de octubre, Taddei respondió a las publicaciones periodísticas que exponen presuntos vínculos entre personas relacionadas con su equipo y empresas proveedoras del INE.

La funcionaria afirmó que quienes aparecen en esos reportes ya no trabajan en el organismo, aunque sí formaron parte de su personal anteriormente.

La aclaración no constituye, por sí misma, una resolución sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas o penales. Los señalamientos deberán evaluarse con base en la documentación y los resultados de las investigaciones correspondientes.

Entre los casos difundidos figura el de Jonathan Navarrete Torres, señalado en reportes periodísticos como colaborador de Taddei y apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales.

La relación reportada ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y los controles aplicados a quienes participan en la contratación pública. La existencia de esos señalamientos no acredita, por sí sola, una conducta ilícita.

Taddei rechaza favoritismo en contratos del INE

La consejera-presidente sostuvo que el organismo no favorece a empresas específicas y afirmó que los procedimientos de contratación están respaldados por expedientes y documentación.

También señaló que los datos proporcionados por las personas involucradas se encuentran registrados en el instituto y que corresponde a las instancias de control revisar si existen omisiones, información falsa u otras irregularidades.

Además, anunció que solicitará una revisión de los procedimientos de licitación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de que se examinen las condiciones en que se realizaron las contrataciones.

Las investigaciones y revisiones deberán determinar si existieron incumplimientos y, en su caso, identificar a los responsables. Hasta que haya conclusiones sustentadas, las presuntas irregularidades deben tratarse como señalamientos y no como hechos judicialmente acreditados.

Contratos y proveedores, bajo cuestionamiento

Las publicaciones que originaron la controversia refieren investigaciones sobre siete empresas proveedoras de materiales electorales y posibles vínculos entre ellas, antiguos funcionarios y personas relacionadas con el INE.

Entre los aspectos cuestionados se encuentran posibles simulaciones de competencia en procedimientos de contratación y presuntas relaciones entre representantes de compañías y personal que ocupó cargos en instituciones electorales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aparece en los reportes periodísticos como una de las instancias que investiga posibles operaciones irregulares relacionadas con esas empresas.

Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo pidió al INE aclarar los señalamientos y transparentar la información sobre los contratos. La exigencia coloca la rendición de cuentas y la fiscalización del gasto electoral en el centro de la discusión pública.

La información disponible no permite concluir que todas las empresas señaladas hayan cometido delitos ni que las personas mencionadas tengan responsabilidad acreditada. –sn–

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UIF bloquea cuentas de 4 personas y 11 empresas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste

La UIF bloqueó cuentas de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. La investigación detectó operaciones en efectivo, transferencias internacionales, inconsistencias fiscales y posibles esquemas de lavado de dinero.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel del Noreste (CDN), señalada por posibles operaciones de lavado de dinero en sectores como la construcción, los servicios financieros y las carreras de caballos.

La medida se produjo tras un análisis financiero, fiscal y corporativo que identificó movimientos de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, así como inconsistencias entre las operaciones reportadas y los perfiles económicos de algunos de los sujetos investigados.

La acción forma parte de la cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para limitar los recursos económicos de la organización criminal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 13 de octubre de 2026 sanciones contra los mismos 15 sujetos por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo.

¿Qué detectó la UIF en las empresas vinculadas al Cártel del Noreste?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el análisis permitió identificar una presunta red empresarial relacionada con actividades de construcción, servicios financieros e industria ecuestre.

Entre los principales indicadores detectados figuran operaciones atípicas, transferencias de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o difícil de identificar.

Estos elementos podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de posible procedencia ilícita, aunque por sí solos no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad penal.

La intervención mexicana se coordinó con las medidas anunciadas por la OFAC, que incluyeron a cuatro personas físicas y 11 empresas. El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que la red comercial presuntamente relacionada con el CDN abarca actividades de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos.

Club La Molienda, bajo señalamientos por presunto lavado de dinero

Entre los negocios señalados por las autoridades estadounidenses se encuentra Club La Molienda, un establecimiento vinculado con las carreras de caballos ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el recinto habría sido utilizado para generar ingresos relacionados con el grupo criminal mediante actividades vinculadas con las competencias ecuestres. La dependencia también señaló antecedentes de operaciones financieras relacionadas con caballos de carreras y recursos presuntamente procedentes del narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses identificaron, además, empresas constructoras y de suministro de materiales presuntamente relacionadas con esa estructura comercial. Entre ellas figuran Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA).

Según los señalamientos difundidos por Washington, estas compañías habrían participado en un esquema de contratación y suministro de materiales para obras, mientras que otras empresas relacionadas con el grupo operaban en los sectores de combustibles, gas y transporte.

Las acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y no deben interpretarse como una sentencia judicial contra las personas o empresas mencionadas.

¿Dónde opera el Cártel del Noreste y cuál es su relación con Los Zetas?

El Cártel del Noreste surgió de la estructura criminal de Los Zetas y mantiene una presencia histórica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como en la zona fronteriza con Laredo, Texas.

El Departamento del Tesoro estadounidense vincula sus actividades financieras con una red de negocios que presuntamente habría facilitado el movimiento de recursos y el sostenimiento de operaciones criminales.

Entre los antecedentes señalados por las autoridades estadounidenses figura la participación de integrantes de Los Zetas en la compra, venta y competencia de caballos cuarto de milla con dinero que, según las investigaciones, procedía del narcotráfico.

La investigación también menciona a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y a Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42, como figuras históricas de la organización. Ambos fueron detenidos en México y posteriormente trasladados a custodia estadounidense.

El señalamiento de las autoridades es que las estructuras empresariales y financieras vinculadas con el grupo habrían permitido mantener actividades económicas relacionadas con la organización, incluso después de las detenciones de algunos de sus principales integrantes. –sn–

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La red criminal que investiga la UIF de Amílcar Olán por operaciones financieras sospechosas

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Amílcar Olán por presuntas operaciones financieras irregulares y movimientos vinculados con empresas de su entorno.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, en la que analiza operaciones financieras, empresas vinculadas con su entorno y movimientos de recursos presuntamente relacionados con contratos obtenidos durante el sexenio anterior.

De acuerdo con información obtenida por los periodistas Luis Brito y Mario Gutiérrez Vega en LatinUs y difundida este viernes, el expediente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) documenta movimientos que la autoridad considera sospechosos, entre ellos operaciones en efectivo, transferencias, presuntas simulaciones y dispersión de recursos entre distintas empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=o41pPxkfmnM&t=798s

La investigación también identifica compañías que, según el expediente periodístico, no habían sido señaladas anteriormente en los reportajes sobre la red empresarial conocida como “El Clan”. Entre ellas aparecen Medivac XXI, Medikament AMG y Proveedora Vicorca.

El expediente atribuido a la UIF analiza la relación entre diversas empresas y personas vinculadas con Olán, así como el flujo de recursos derivados de operaciones comerciales y contratos gubernamentales.

Entre los movimientos bajo revisión se encuentran transferencias de recursos hacia el extranjero y operaciones realizadas mediante sociedades relacionadas con el empresario y personas de su entorno familiar. –sn–

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UIF investiga a Amílcar Olán y detecta cuenta en Suiza con 72 millones de euros: LatinUs

La UIF investiga a Jorge Amílcar Olán y, según una investigación de Latinus, detectó una cuenta en UBS Switzerland AG con 72 millones de euros.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario relacionado públicamente con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, luego de que una indagatoria reportara una cuenta de inversión en Suiza con 72 millones de euros, equivalentes a unos mil 433 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación publicada por el periodista Mario Gutiérrez Vega en LatinUs y retomada por otros medios, la cuenta se encuentra en UBS Switzerland AG y forma parte de los movimientos financieros que la UIF habría identificado durante sus pesquisas sobre el empresario.

El caso adquiere relevancia por los antecedentes empresariales de Olán y por los contratos y operaciones que distintas investigaciones periodísticas han relacionado con compañías vinculadas con él durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

https://www.youtube.com/watch?v=G4_TaeZHH4Y&t=891s

Según la información atribuida a la investigación de la UIF, Olán mantiene recursos por 72 millones de euros en una cuenta de inversión en el banco suizo UBS Switzerland AG.

El monto equivale aproximadamente a mil 433 millones de pesos al tipo de cambio utilizado en los reportes publicados sobre el caso. La existencia y procedencia de esos recursos forman parte de los elementos que, de acuerdo con Latinus, son revisados por la autoridad financiera.

La investigación también habría identificado transferencias internacionales relacionadas con integrantes de la familia de Olán y movimientos vinculados con gastos realizados después de que el empresario estableció su residencia en Suiza. –sn–

Más información relacionada:

Amílcar Olán amplió su red empresarial en Texas un mes antes de la cancelación de visa de Andy López Beltrán — https://sociedad-noticias.com/2026/08/31/amilcar-olan-amplio-su-red-empresarial-en-texas-un-mes-antes-de-la-cancelacion-de-visa-de-andy-lopez-beltran/

Amílcar Olán Aparicio compra predio millonario en Polanco mientras recibe contratos con AMLO: MCCI — https://sociedad-noticias.com/2026/09/24/amilcar-olan-aparicio-compra-predio-millonario-en-polanco-mientras-recibe-contratos-con-amlo-mcci/

Ubican a Amílcar Olán en Suiza; Sheinbaum pide pruebas para investigarlo — https://sociedad-noticias.com/2026/09/28/ubican-a-amilcar-olan-en-suiza-sheinbaum-pide-pruebas-para-investigarlo/

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Interpol retira fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga; México pedirá reactivarlas

Claudia Sheinbaum informó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. México solicitará conocer las razones y buscará que las alertas sean reactivadas.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que Interpol retiró las fichas rojas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes mantienen procesos y una orden de aprehensión en México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que el gobierno federal solicitará a Interpol información sobre las razones por las que fueron retiradas las alertas internacionales y adelantó que buscará su reactivación.

La presidente afirmó que México mantiene comunicación con autoridades de Estados Unidos y su Departamento de Justicia para atender el caso y pidió reciprocidad en los procedimientos relacionados con personas requeridas por la justicia mexicana.

México pedirá explicación a Interpol

Sheinbaum indicó que la información sobre el retiro de las fichas rojas fue recibida por el gobierno federal y que las autoridades mexicanas revisarán las circunstancias que llevaron a la eliminación de las notificaciones.

“Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.

La presidente también sostuvo que ambos son “factureros reconocidos”, en referencia a las acusaciones que enfrentan en México. Esta expresión corresponde a una valoración de la mandataria y no a una determinación judicial.

¿Qué implica retirar una ficha roja?

De acuerdo con Interpol, una notificación roja sirve para solicitar a las policías de los países miembros que localicen a una persona buscada y, conforme a sus leyes nacionales, puedan detenerla provisionalmente con miras a un procedimiento de extradición u otra acción judicial.

La organización internacional precisa que una ficha roja no constituye por sí misma una orden internacional de aprehensión. Su emisión y permanencia están sujetas a las reglas de Interpol y a la información proporcionada por el país solicitante.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos en México

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga son requeridos por autoridades mexicanas en investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros.

https://sociedad-noticias.com/2026/09/30/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-miercoles-30-de-septiembre-de-2026/

En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, en cumplimiento de una resolución judicial, fueron retirados de la Lista de Personas Bloqueadas y se reanudaron sus servicios financieros. La medida correspondió a un procedimiento distinto de las fichas rojas de Interpol.

Reportes publicados este miércoles señalan que la pareja permanece vinculada a procesos judiciales en México y que las autoridades mexicanas buscan mantener vigentes los mecanismos de localización internacional. –sn–

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UIF bloquea cuentas de exesposo de Marina del Pilar por presuntarelación con el Cártel de Sinaloa

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue añadido a la lista de personas bloqueadas de la UIF tras ser señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como probable involucrado con el Cártel de Sinaloa #unidaddeinteligenciafinanciera #carlostorres #marinadelpilar #eluniversal…

https://fllics.com/zh/video/uif-bloquea-cuentas-de-exesposo-de-marina-del-pilar-por-presuntarelacion-con-el-cartel-de-sinaloa/

Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897

La Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Superior 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que combate operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                         

La Lotería Nacional dedicó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de generar inteligencia para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

La develación se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional con la participación de la directora general del organismo, Olivia Salomón; el jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Alejandro Vera Anaya, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. El sorteo se efectuará el viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series.

La emisión coloca en circulación la imagen de la UIF a través de los billetes de la Lotería Nacional y busca difundir la función que cumple la inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas que pueden afectar al sistema financiero mexicano.

UIF, 22 años de inteligencia financiera

Durante la ceremonia, Olivia Salomón señaló que la evolución de la UIF le ha permitido construir capacidades especializadas para atender los desafíos relacionados con los flujos financieros ilícitos.

La funcionaria sostuvo que la prevención del lavado de dinero y el combate a la corrupción también tienen efectos sobre la protección de la economía, los recursos públicos y las actividades realizadas dentro de la economía formal.

La propia Lotería Nacional señaló que los billetes conmemorativos llevarán la imagen de la UIF a distintas regiones del país, como parte de una estrategia de difusión sobre el papel de las instituciones encargadas de proteger la integridad financiera.

De acuerdo con la información oficial del billete, la UIF fue creada en 2004 y durante sus 22 años de operación desarrolló capacidades de análisis e inteligencia financiera, coordinación con autoridades nacionales e internacionales y herramientas tecnológicas para identificar operaciones y redes relacionadas con conductas ilícitas.

Lotería Nacional y UIF ya trabajan contra operaciones ilícitas

La conmemoración ocurre meses después de que Lotería Nacional y la SHCP, a través de la UIF, suscribieran un convenio de coordinación institucional para reforzar la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El acuerdo, firmado el 17 de febrero de 2026 por Olivia Salomón y Omar Reyes Colmenares, contempla mesas de trabajo, intercambio de experiencias, fortalecimiento técnico, cursos, diplomados y actividades de capacitación.

El convenio también prevé mecanismos de coordinación y un grupo de trabajo integrado por enlaces de ambas instituciones para dar seguimiento a las acciones acordadas. Su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030. –sn–

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México recupera 5.8 mdd del caso García Luna; recursos irán a escuelas de Guerrero

México recuperó 5.8 millones de dólares vinculados al caso de Genaro García Luna tras un litigio contra la familia Weinberg. Sheinbaum anunció que los recursos serán destinados a infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

México recuperó 5 millones 805 mil 693.50 dólares vinculados al entramado de corrupción relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, luego de una sentencia favorable al Estado mexicano en un litigio civil contra integrantes de la familia Weinberg en Florida, Estados Unidos.

Los recursos fueron recibidos el 25 de agosto por el Estado mexicano y proceden de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida. El dinero ingresó a la Tesorería de la Federación y todavía existen otros activos pendientes de liquidación.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó que el monto recuperado será destinado a fortalecer la infraestructura educativa en La Montaña de Guerrero, principalmente para planteles de educación media superior y superior, aunque también podría atender necesidades de educación básica.

Litigio en Florida permitió recuperar los activos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, explicó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que la recuperación fue resultado de una demanda civil promovida por el Estado mexicano ante el Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida.

El proceso se relacionó con una red de contrataciones públicas que operó entre 2008 y 2018 mediante empresas privadas y contratos vinculados al entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. De acuerdo con la información presentada por la UIF, el esquema involucró contratos por más de 403 millones de dólares.

El 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg. A partir de esa resolución se concretó la recuperación de los recursos correspondientes a las propiedades y la póliza de fianza.

México busca recuperar más activos

Reyes Colmenares señaló que la recuperación no representa el cierre del procedimiento. La UIF mantiene acciones para identificar otros bienes y cuentas relacionados con la familia Weinberg que puedan ser recuperados en favor del Estado mexicano.

El caso se relaciona con el esquema de contrataciones investigado alrededor de García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. El funcionario fue declarado culpable en Estados Unidos en 2023 por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente recibió una condena de 38 años de prisión.

Recursos serán destinados a educación en La Montaña

Claudia Sheinbaum señaló que el dinero recuperado tendrá como destino proyectos educativos en una de las regiones con mayores necesidades del país.

El gobierno federal trabaja en la definición de los proyectos para ampliar la oferta de educación media superior y superior en La Montaña de Guerrero, sin descartar recursos para educación básica, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen. –sn–

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Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja

Se dio vista a la UIF por presunto lavado de dinero. Se usaron más de 270 mdp para comprar el voto, por lo menos. Es una paz narca para evitar que la oposición acceda a cargos de elección popular.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la presunción de lavado de dinero durante la pasada jornada electoral en Coahuila, al destinarse, por lo menos, 270 millones de pesos para comprar el voto.

“Se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque estimamos que se compraron aproximadamente 450,000 votos a razón de un promedio de 600 pesos, lo que implica que movilizaron el día de la elección 270 millones de pesos, cuando menos ”, dijo.

En el marco de la ratificación de juicio político este lunes contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez en la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja resaltó que la denuncia incluye la exigencia de indagar los circuitos financieros que movilizaron estos recursos durante los comicios locales.

“Esta operación financiera constituyó un esquema de coacción que alteró la voluntad de los ciudadanos en las urnas coahuilenses. Las autoridades federales recibieron la solicitud para identificar a los responsables de la distribución de este capital ilícito”, detalló.

En este sentido, Ricardo “El Tigre” Mejía calificó este proceso electoral –ya impugnado por el Partido del Trabajo y Morena– como una simulación carente de elecciones libres y auténticas en los 16 distritos electorales locales disputados, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo, también del órden de una violación flagrante a los derechos humanos.

El legislador federal recordó que, los efectivos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionaron como instrumentos de represión contra los ciudadanos opositores, al documentarse casos donde los agentes detuvieron y golpearon a personas para permitir que los candidatos oficialistas avasallaran en las casillas. El uso de la fuerza pública impidió que el ejercicio del sufragio fuera secreto y respetara la voluntad popular en la región, resaltó.

El parlamentario petista recordó que, una vez ratificada la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila y su fiscal, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados turnará el expediente a la Comisión Instructora para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.

Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que no permitirá que el proceso de justicia se dilate a pesar del periodo de receso parlamentario. El objetivo de la figura del juicio político es que los funcionarios que violentaron la ley no se salgan con la suya;

Finalmente, Mejía Berdeja comparó la situación que se vive en Coahuila, con lo ocurrido en Durango bajo la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal; “en realidad es una paz narca que opera para evitar que la oposición pueda acceder legítimamente a los cargos de elección popular (…) lo que pasa en Durango es igual a lo que pasa en Coahuila”. –sn–

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UIF bloquea cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya; Sheinbaum dice desconocer del tema

El análisis publicado por Mario Maldonado indicó que autoridades mexicanas enfrentaron la posibilidad de judicializar los expedientes para evitar tensiones con Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un dictamen para ordenar a las instituciones financieras el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. La medida ocurre después de las acusaciones formuladas desde los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo, instruyó la suspensión total de operaciones financieras relacionadas con Rubén Rocha Moya. El documento también contempla el congelamiento de activos dentro del sistema financiero mexicano y restricciones bancarias inmediatas.

La disposición de la UIF incluyó a otras nueve personas señaladas dentro del mismo procedimiento financiero. Entre los afectados figuraron Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense con licencia.

Congelan activos financieros

La lista de personas sujetas a bloqueo también integró a Enrique Inzunza Cázares, secretario general del gobierno de Sinaloa. Asimismo, apareció Enrique Díaz Vega, secretario de administración y finanzas de la administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

La orden financiera estableció que las instituciones bancarias debieron ejecutar el bloqueo dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la publicación en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con el calendario oficial, el plazo para cumplir la instrucción concluirá el próximo 19 de mayo.

Las medidas dictadas por la UIF se conocieron mientras la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo públicamente que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes contra el mandatario sinaloense. La titular del Ejecutivo federal reiteró que cualquier procedimiento legal debía sustentarse en evidencias formales.

Presión política crece

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano podía ser procesado sin pruebas suficientes. La mandatario indicó que cualquier acusación requería un juicio justo y un procedimiento legal conforme al marco jurídico mexicano.

La presidente explicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación propia relacionada con las acusaciones formuladas desde Estados Unidos. El posicionamiento ocurrió en medio de un debate político y judicial sobre el futuro del gobernador con licencia de Sinaloa.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo contrastaron con el endurecimiento de las medidas financieras implementadas por la UIF. El caso incrementó la presión sobre el gobierno federal debido al impacto político y diplomático derivado de las acusaciones. –sn–

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EU y México sancionan a red vinculada al Tren de Aragua

OFAC sancionó operadores del Tren de Aragua y México aplicó medidas.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a siete personas y cuatro entidades relacionadas con el Tren de Aragua, y señaló que estas proporcionaron apoyo material, financiero o tecnológico a esa organización criminal transnacional, además de mantener operaciones en distintos países.

Las autoridades estadounidenses informaron que la agrupación fue catalogada como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional, lo que permitió ampliar las medidas de control contra sus operadores internacionales. La dependencia sostuvo que los objetivos designados integraron estructuras ilícitas con presencia regional y mantuvieron vínculos activos con liderazgos del grupo.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que realizó acciones de coordinación nacional e internacional derivadas de las designaciones, y precisó que ubicó en México a una de las personas señaladas en la lista estadounidense. El organismo añadió que incorporó a ese individuo al Listado de Personas Bloqueadas, además de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y emitir alertas al sistema financiero. También indicó que trabajó junto con OFAC para confirmar la existencia de empresas fantasma que habrían operado en territorio mexicano.

El gobierno federal indicó que estas medidas formaron parte de una estrategia conjunta para impedir el uso del sistema financiero por parte de redes delictivas transnacionales, y puntualizó que los hallazgos permitirán robustecer las acciones de prevención. Las autoridades detallaron que la cooperación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos fue determinante para identificar estructuras financieras que respaldaban al Tren de Aragua. La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que continuaría con los procesos administrativos y penales aplicables.

Operaciones regionales

Informes oficiales describieron que el Tren de Aragua mantuvo actividades relacionadas con contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y precisaron que estos esquemas fueron utilizados como mecanismos de intimidación en Venezuela. Las autoridades recordaron que la organización criminal extendió su presencia hacia Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, mediante redes que facilitaron flujos ilícitos a través de empresas utilizadas como fachada. Documentos públicos indicaron que estas estructuras ampliaron la capacidad operativa del grupo en distintos territorios.

Entre los individuos designados por OFAC se incluyó a una figura venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, cuya presencia reciente en México fue registrada por autoridades financieras. Las fuentes consultadas señalaron que esa persona habría mantenido relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que permitió en años anteriores facilitar apoyos logísticos a la organización. Los reportes indicaron que las actividades económicas asociadas permanecen bajo análisis.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, y explicó que estas labores buscan establecer la ubicación de ese individuo en territorio nacional. El organismo indicó que, conforme a sus atribuciones, procederá en su caso a incorporarlo al Listado de Personas Bloqueadas y a presentar la denuncia correspondiente ante la FGR. También afirmó que dichas acciones permitirán fortalecer las alertas hacia el sector financiero.

Vigilancia financiera

Las autoridades mexicanas confirmaron que mantienen intercambio permanente de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada relacionadas con la red criminal, y subrayaron que el objetivo es impedir que esas entidades realicen operaciones en México. La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que este proceso permitirá fortalecer medidas orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte del Tren de Aragua. La dependencia aseguró que la cooperación bilateral facilita el rastreo de capitales ilícitos.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro reiteraron que las acciones forman parte de un esquema sostenido de colaboración, y aclararon que este mecanismo se orienta a desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero. Ambas instituciones señalaron que la coordinación internacional ofrece mayor capacidad de respuesta frente a redes delictivas con alcance global. La información oficial detalló que los análisis conjuntos permiten una identificación más precisa de operaciones sospechosas. –sn–

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UIF investiga a empresas de Sandra Cuevas y sis presuntos vínculos con narcotraficantes

La UIF abrió una investigación por presunto lavado y vínculos criminales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a empresas vinculadas con Sandra Cuevas Nieves, ex alcaldesa de Cuauhtémoc y ex candidata al Senado. La indagatoria se centró en posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con su conglomerado empresarial.

El informe difundido por la plataforma periodística Narcopolíticos señaló que el caso involucró a Sandra Cuevas y la empresa Diamond Group, grupo matriz que concentró diversos negocios de índole comercial, cultural y de servicios. Según el reporte, las líneas de operación incluyeron cosméticos, gimnasios, galerías de arte, venta de agua embotellada, dulcerías, souvenirs, asesoría política y producción de bebidas alcohólicas como mezcal y tequila.

Proyecto político bajo la lupa

La ex alcaldesa presentó la empresa como soporte financiero de su proyecto político denominado “México Nuevo”. Sin embargo, ahora se examinó por presunto manejo irregular de recursos y posibles vínculos con actividades ilícitas. El documento periodístico indicó que la inclusión de Cuevas Nieves en las investigaciones respondió a su mención dentro de un listado de políticos con presunta relación con el crimen organizado.

Ese registro contempló nexos con grupos como La Unión Tepito, La Chokiza y Los Oyuki, este último supuestamente encabezado por un familiar directo de la exfuncionaria. El reporte recordó que en 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró una ficha en la que se mencionó a Cuevas por supuestos vínculos con la familia de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias Lunares.

Señalamientos recientes

El Lunares, ex líder de La Unión Tepito, permaneció bajo proceso judicial tras diversos cargos relacionados con delincuencia organizada. De manera paralela, Narcopolíticos incluyó en su investigación imágenes que mostraron a Sandra Cuevas en una relación personal con Alejandro Gilmare Díaz, alias El Choko.

El individuo fue identificado como presunto líder de La Chokiza, grupo dedicado a extorsión y despojo en municipios del Estado de México, de acuerdo con informes de seguridad. Las autoridades federales no confirmaron ni descartaron de manera pública el avance de la investigación sobre los negocios de la exalcaldesa.

Empresas en investigación

El conglomerado Sandra Cuevas Diamond Group figuró como una organización de alcance comercial con múltiples giros. La UIF colocó especial atención en el manejo de recursos entre las diferentes ramas del grupo. Los giros incluyeron importación de productos de belleza, venta minorista, servicios de entrenamiento físico y producción artesanal de bebidas, entre otros.

Las operaciones económicas detectadas registraron movimientos considerados como “inusuales”, lo que motivó el inicio formal de la indagatoria financiera. El caso fue expuesto en medios digitales tras la publicación del portal Narcopolíticos, que lo incluyó en su serie de reportajes sobre presuntos vínculos entre política y crimen.

Contexto político y social

Cuevas Nieves ocupó la alcaldía Cuauhtémoc en la Cdmx, una de las demarcaciones con mayor actividad política y económica. Tras concluir su gestión, impulsó su proyecto denominado “México Nuevo” y buscó una candidatura al Senado, la cual no obtuvo.

El señalamiento sobre la UIF surgió en un contexto marcado por las tensiones entre partidos políticos y los cuestionamientos sobre financiamiento de campañas electorales. La investigación en curso añadió nuevos elementos al debate sobre la relación entre política y estructuras criminales en México.

Próximos pasos legales

La UIF notificó que los procesos de revisión continuaron abiertos y bajo reserva, conforme a la normatividad aplicable. De acreditarse irregularidades, el caso se turnaría a la Fiscalía General de la República para dar curso a posibles responsabilidades penales.

Hasta el momento, ni Sandra Cuevas ni su equipo de trabajo ofrecieron una postura pública oficial respecto de las investigaciones señaladas. El seguimiento del caso quedó en manos de las autoridades competentes, en espera de avances documentados por los organismos de seguridad. –sn–

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Exigen justicia en caso Omar Esquivel López, ex funcionario del Trijaem

Representantes de Oxtotilpan exigieron justicia y denunciaron irregularidades en proceso contra Omar Esquivel López.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La tarde del lunes, habitantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron frente a los juzgados de Santiaguito. Los inconformes solicitaron transparencia en el proceso que acusó a Esquivel López de un presunto desvío millonario.

Los asistentes calificaron la movilización como un acto pacífico de acompañamiento comunitario. De acuerdo con la defensa, el exadministrador fue señalado sin que se investigara a quienes tenían facultades para autorizar recursos.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/27/fgjem-detiene-a-omar-esquivel-lopez-exfuncionario-del-trijaem-por-abuso-de-confianza/

La protesta buscó visibilizar lo que consideran un proceso parcial. Su defensa expuso que el señalamiento intenta convertir a Esquivel López en chivo expiatorio mientras otros funcionarios permanecieron sin investigación.

Detención y proceso judicial

El exadministrador de la Mina de San Miguel Oxtotilpan enfrentó cargos por abuso de confianza. La Fiscalía estatal lo acusó de movimientos bancarios realizados el 1 de diciembre de 2023 por un monto superior a 32 millones de pesos.

El 26 de agosto de 2025, Esquivel López fue detenido en Toluca. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva en el penal de Santiaguito, donde su defensa solicitó condiciones especiales de resguardo.

La defensa acreditó arraigo en Toluca durante cinco años. La Fiscalía argumentó domicilios múltiples para justificar medidas cautelares más restrictivas.

El caso alcanzó relevancia al involucrar fondos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM). Se exigió esclarecer el origen de los movimientos financieros y la responsabilidad técnica en su dispersión.

Operaciones bancarias

Documentos oficiales confirmaron que Esquivel López operaba como usuario “003” autorizado para consultas y transferencias. Según Scotiabank, todas las operaciones se realizaron con autenticación personal y dispositivos registrados.

El banco declaró improcedente la reclamación del tribunal por supuestas transferencias irregulares. No obstante, acreditó la existencia de movimientos financieros ejecutados con la contraseña y dispositivo de seguridad correspondientes.

A pesar de considerar improcedente la reclamación, Scotiabank reembolsó más de 32 millones de pesos. El concepto utilizado fue “recuperación/decisión de negocio”, lo que levantó dudas en la defensa sobre el manejo bancario.

Los representantes legales sostuvieron que tales inconsistencias mostraron irregularidades en la investigación. Para ellos, se ignoraron responsabilidades institucionales y se cargó la acusación únicamente sobre el exadministrador.

Contexto institucional

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia del TRIJAEM. Ese mismo mes el tribunal obtuvo autonomía financiera, lo que permitió designaciones directas en áreas estratégicas.

Becker nombró a Tomás Delgado como director de administración. Según contratos con Banco Santander, él era el único funcionario con acceso al token institucional para dispersar recursos.

El 1 de diciembre de 2023, se dispersaron más de 32 millones de pesos a 28 cuentas. La operación fue avalada por Delgado, tres días antes de que se denunciara un presunto hackeo.

El 4 de diciembre, Becker presentó una denuncia ante la Fiscalía describiendo las operaciones como un ataque externo. Sin embargo, documentos técnicos confirmaron autorización del área de administración.

Investigación cuestionada

A casi dos años, la Fiscalía no citó a Delgado ni a Becker. Tampoco solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera ni emitió órdenes de aprehensión relacionadas con las cuentas beneficiarias.

El diputado Octavio Martínez Vargas respaldó la versión de la defensa. Señaló que Esquivel López fue utilizado como chivo expiatorio mientras los verdaderos responsables permanecieron sin investigación.

Incluso, versiones políticas vincularon el caso con redes del gobierno estatal encabezado por Alfredo Del Mazo Maza. La defensa reiteró la necesidad de ampliar las pesquisas hacia niveles superiores.

Para los familiares, la omisión de citar a funcionarios clave evidenció una investigación parcializada y carente de diligencia.

Voces comunitarias

Silvia Verónica Villela Cima, esposa de Esquivel López, encabezó el pronunciamiento frente a los juzgados. Afirmó que las comunidades exigieron transparencia y respeto al debido proceso.

Declaró que no buscan interferir en las investigaciones. Su demanda principal fue que se incluyera a todos los funcionarios con facultades técnicas en la dispersión de recursos.

Villela Cima reiteró que su esposo fue acusado sin pruebas suficientes. Señaló que no se investigó a quienes autorizaron de manera directa las transferencias bancarias.

Las comunidades subrayaron que su manifestación fue pacífica y simbólica. La definieron como un acto de vigilancia ciudadana para exigir justicia.

Demandas de la defensa

La defensa exigió garantías de integridad física para Esquivel López dentro del penal de Santiaguito. También pidió su reubicación en áreas de servidores públicos mientras continúe el proceso judicial.

Solicitó transparencia plena sobre el destino de los recursos. Además, reclamó la citación de todos los implicados que tuvieran acceso o autorización técnica sobre los movimientos financieros.

Exigió que, en caso de confirmarse omisiones de la Fiscalía estatal, se abriera una investigación de carácter federal. La petición incluyó la intervención de instancias especializadas en delitos financieros.

Los abogados presentaron pruebas de lugar, tiempo y oportunidad que, según ellos, exoneraban a su defendido. Dichos elementos incluyeron videograbaciones y registros de sesiones oficiales.

Irregularidades señaladas

La defensa denunció que la Fiscalía omitió citar a funcionarios clave. Entre ellos, el director de administración y el propio presidente del tribunal.

Aseguraron que existían registros documentales que señalaban a los responsables reales de autorizar transferencias. Estos documentos no fueron valorados dentro de la carpeta de investigación.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/27/fgjem-detiene-a-omar-esquivel-lopez-exfuncionario-del-trijaem-por-abuso-de-confianza/

El equipo legal sostuvo que el proceso mostró sesgos importantes. Para ellos, se evidenció un interés por responsabilizar exclusivamente a Esquivel López.

Las comunidades de Oxtotilpan insistieron en que continuarán las movilizaciones. Exigieron que las autoridades actúen con imparcialidad y respeto a los derechos humanos. –sn–

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García Luna recibió conceciones del Metro a través de prestanormbres: MCCI

El gobierno de la Cdmx otorgó concesiones en el Metro a prestanombres de García Luna

Por Vanessa Cisneros | Reportera | MCCI                                                       

Una empresa señalada por la UIF de ser parte del esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad de Calderón recibió entre 2015 y 2021 cuatro concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro; el más reciente permiso se firmó durante la administración de Sheinbaum con vigencia hasta el año 2031.

El gobierno de la ciudad de México otorgó durante las gestiones de Miguel Ángel Mancera y de Claudia Sheinbaum concesiones para explotar 77 espacios comerciales en seis líneas del Metro a una empresa de los prestanombres de Genaro García Luna, revelan documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Jetsocial Group SA de CV, empresa que ha sido señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que llamó “la trama corrupta de García Luna”, obtuvo entre 2015 y 2021 Permisos Administrativos Temporales Revocables, conocidos por PATR, con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para explotar y aprovechar locales comerciales y espacios semifijos dentro de las instalaciones del metro para la venta de productos de telefonía celular.

Estos permisos fueron otorgados en su momento por quienes eran funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) y que actualmente trabajan en la administración de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, según corroboró MCCI.

En actas inscritas en el Registro Público de Comercio, consultadas por MCCI, consta que Jetsocial Group es una empresa que fue constituida en diciembre de 2007 en la Ciudad de México por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, ambos señalados por la UIF como prestanombres de García Luna.

Weinberg Pinto es el socio mayoritario de la empresa, la cual tiene como su principal objeto social la elaboración, edición, producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales en medios digitales, radio, televisión, cine o plataformas multimedia.

El 6 de mayo de 2011, Weinberg Pinto otorgó un poder legal a Ivonne Mancera Valdivia, que es quien firmó los contratos con el Gobierno de la Ciudad a nombre de Jetsocial Group.

Las acusaciones de la UIF

En documentos de la UIF, Jetsocial Group es mencionada como parte del esquema que usó Genaro García Luna y sus prestanombres para saquear millones de dólares del erario público entre 2011 y 2019.

En un par de documentos de 2023 y 2024, la UIF refiere que Jetsocial Group envió recursos a Nunvav, Inc., empresa creada en Panamá y que ha sido señalada en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos, de ser parte de la red de corrupción de García Luna y sus prestanombres.

En el documento de 2023 se enlistan transferencias por al menos 2 millones de pesos que Jetsocial hizo a Nunvav de 2017 a 2019, cuando ya explotaba las concesiones otorgadas por el Gobierno de la capital.

Mientras que en el documento de 2024, titulado “Trama corrupta de García Luna”, la UIF coloca a Jetsocial en un esquema de siete empresas que triangulaban recursos con Nunvav y en la que aparece como administrador único, apoderado y accionista Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de García Luna.

Según los mismos datos de la UIF, de 2011 a 2017 (que corresponden a los periodos de gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto), Nunvav recibió aproximadamente 481 millones de dólares en contratos públicos.

MCCI documentó desde enero de 2020 que en esa empresa panameña participaba como representante y apoderada legal una psicóloga que fue colaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón.

MCCI también reveló el pasado 27 de junio de 2025 que la misma empresa panameña Nunvav Inc. había realizado 35 transferencias a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, el exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, institución financiera que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar operaciones de lavado de dinero.

En directorios comerciales se menciona que Jetsocial Group tuvo sus oficinas en Leibnitz 70, en el edificio que los Weinberg supuestamente le compraron en 4.5 millones de dólares a la empresaria Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, transacción que fue revelada por MCCI en abril de 2025.

Los permisos y los funcionarios involucradosCuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno de la capital, el Sistema de Transporte Colectivo otorgó el 18 de mayo de 2015 el Permiso Administrativo Temporal Revocable P.A.T.R./0009/15 a Jetsocial Group para el uso, aprovechamiento y explotación de locales comerciales en estaciones de la línea 1 (en Zaragoza y Observatorio), de la línea 3 (en Centro Médico y Coyoacán) y de la línea 7 (en El Rosario y Aquiles Serdán), los cuales tendrían el giro de venta de celulares y accesorios.
Entre los funcionarios que firmaron ese permiso está Aldo Muñoz Ortiz, quien aparece en los documentos como subgerente de administración de Permisos Administrativos Temporales Revocables del gobierno de la ciudad. 

Muñoz Ortiz colaboró en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México como Director de Políticas y Fomento a la Inclusión hasta este 2025, de acuerdo con su declaración presentada, en donde consta que ese cargo lo tuvo también del 16 de julio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno.Los giros comerciales que abarca este permiso incluía venta de chips, tiempo aire y accesorios para teléfonos celulares. La vigencia del permiso era por cinco años, según dice el acta. Sin embargo, no especifica la contraprestación que tenía que pagar la empresa al mes por estos espacios. 

En esta sesión extraordinaria quien aparece como encargado de la subdirección general de administración y finanzas es Roberto Azbell Arellano, quien actualmente trabaja como jefe de división en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con su última declaración patrimonial pública. –sn–

(( Reportaje completo en MCCI ))

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Releva Omar Reyes a Pablo Gómez en la UIF: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anuncia nuevo titular. Reyes Colmenares encabezará la UIF tras salida de Gómez.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum informó que Omar Reyes Colmenares ocupará la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez Álvarez, cuya salida fue oficializada este lunes. La mandataria afirmó que la designación será turnada a la Comisión Permanente para su aprobación.

Durante su conferencia matutina, la presidente sostuvo que Reyes Colmenares cuenta con un perfil sólido para asumir la UIF. Además, indicó que la biografía del nuevo funcionario ya se encuentra disponible para su evaluación por parte de los legisladores.

https://sociedad-noticias.com/2025/08/04/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-04-de-agosto-2025/

Claudia Sheinbaum elogió la trayectoria de Reyes Colmenares en funciones públicas, especialmente en temas relacionados con el sistema penitenciario. Señaló que su desempeño en cargos anteriores le ha valido reconocimiento dentro de la administración pública federal.

El nombramiento fue anunciado en el marco de una serie de cambios estructurales en el equipo que acompañará a Sheinbaum Pardo durante su sexenio. Aunque no se dieron más nombres, se espera que en los próximos días continúen los ajustes.

Nombramiento pendiente de aprobación

La presidente explicó que el procedimiento para validar la designación de Reyes Colmenares será turnado a la Comisión Permanente. Este órgano legislativo deberá revisar la propuesta y, en su caso, avalar al nuevo titular de la UIF.

“Hoy sale su biografía y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación”, dijo. Esta aclaración surge ante los cuestionamientos sobre la legalidad y el proceso que debe seguirse para concretar la renovación del cargo.

Sheinbaum Pardo reiteró que los movimientos en su gabinete obedecen a criterios de experiencia, profesionalismo y probidad. Negó que se trate de decisiones unilaterales o de cuotas partidistas, como han sugerido algunos actores políticos.

Subrayó que los perfiles que se integren al equipo de seguridad y finanzas deben contar con amplio conocimiento técnico y trayectoria en la función pública.

Responde a cuestionamientos políticos

Durante la sesión con medios de comunicación, Sheinbaum enfrentó preguntas relacionadas con las críticas hacia su elección. Algunos sectores políticos han calificado el movimiento como una imposición o como una acción motivada por intereses partidistas.

“Ellos hubieran querido que nombráramos a Ugalde, el del fraude electoral del 2006… el responsable del fraude electoral o algún panista o priista”, respondió la mandataria.

Con esa declaración, aludió a los señalamientos provenientes de opositores que han manifestado inconformidad con el relevo en la UIF. La presidente aclaró que no cederá a presiones ni condicionamientos políticos.

La UIF forma parte del aparato de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es responsable de detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Perfil de Omar Reyes Colmenares

Omar Reyes Colmenares ha ocupado diversos cargos en el sector público federal, principalmente relacionados con la seguridad y la administración penitenciaria.

De acuerdo con fuentes oficiales, Reyes fue director en instituciones encargadas de la supervisión de centros de reclusión. También ha colaborado en el diseño de políticas de reinserción social y combate al crimen organizado.

https://twitter.com/SociedadN_/status/1952431953686233562

La trayectoria de Reyes Colmenares ha sido valorada positivamente por el equipo de transición de Sheinbaum, lo que derivó en su postulación como responsable de la UIF.

La presidente precisó que su experiencia servirá para fortalecer las tareas de fiscalización y combate a la corrupción dentro del sistema financiero. –sn–

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Sheinbaum ordena crear Comisión para reforma electoral

Pablo Gómez deja la UIF para encabezar nuevo organismo.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum instruyó formar una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta será coordinada por Pablo Gómez Álvarez, quien dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para asumir el nuevo cargo.

El gobierno federal informó que la comisión elaborará un diagnóstico del modelo electoral actual. También se encargará de diseñar una propuesta legislativa. En un comunicado oficial, se explicó que la comisión centrará sus esfuerzos en fortalecer la democracia. Se buscará integrar al pueblo como eje de la reforma electoral nacional.

“El gobierno federal anuncia la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, indicó el boletín oficial difundido este lunes.

Diagnóstico y objetivos

La comisión elaborará un diagnóstico profundo sobre el estado del sistema electoral mexicano. También revisará el modelo de partidos políticos vigente en el país. Como segunda tarea, el organismo deberá confeccionar una propuesta legislativa completa. Esta buscará actualizar las normas electorales conforme al contexto actual de México.

El encargo pone especial énfasis en fortalecer mecanismos democráticos y participación ciudadana. La presidencia subrayó la prioridad de reforzar el vínculo entre sociedad y sistema electoral. Además, la comisión buscará garantizar que el modelo responda a los principios de pluralidad y legitimidad.

Integración plural

En los próximos días, Claudia Sheinbaum dará a conocer el resto de los integrantes de la comisión. La integración contemplará una coordinación estrecha con actores clave del país. Entre ellos estarán legisladores federales, especialistas en derecho electoral y académicos. También se prevé la colaboración de organizaciones civiles y ciudadanos.

La presidencia detalló que el grupo tendrá un enfoque plural, técnico y participativo. Su conformación pretende ser representativa de las diversas voces sociales. La comisión abordará figuras clave como la representación proporcional y la participación directa.

Perfil del coordinador

Pablo Gómez Álvarez se desempeñaba como titular de la UIF, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dejará el cargo para dedicarse de tiempo completo a la nueva encomienda.

El economista egresado de la UNAM cuenta con una amplia trayectoria política, legislativa y académica. Ha sido diputado federal y senador de la República en distintos periodos.

También es autor y coautor de libros sobre democracia, economía y procesos electorales. Es reconocido por su papel en reformas electorales previas. Su experiencia técnica e histórica será clave para conducir los trabajos de la nueva comisión.

Antecedentes de reformas

En el pasado, Pablo Gómez participó en procesos clave para la modernización del sistema electoral. Fue parte de los debates legislativos que impulsaron la ciudadanización de los órganos electorales. Su visión ha estado orientada al fortalecimiento del sufragio efectivo y la transparencia electoral. Su nuevo papel será fundamental para generar consensos rumbo a otra transformación institucional.

El encargo que recibe lo vincula directamente con el rediseño del entramado político-electoral. Su labor tendrá influencia directa en futuras elecciones. El equipo que conforme deberá presentar propuestas viables jurídica y políticamente. –sn–

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Presentan en la SSPC estrategia nacional contra la extorsión

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el plan. Ocho entidades del país concentraron dos tercios de las carpetas por extorsión en 2024.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Según cifras del Gabinete de Seguridad, el estado de México encabezó el listado con dos mil 48 casos. Guanajuato reportó 879 carpetas, seguido por Nuevo León con 645, y Cdmx con 602. También figuraron Veracruz, Jalisco y Guerrero como zonas de alta incidencia.

Durante la presentación, realizada con apoyo del CNI, la FGR, la Sedena y la Semar, se difundieron detalles. Se trató de un esfuerzo interinstitucional que apuntó a contener este delito en las zonas más afectadas. La estrategia buscó generar impacto inmediato y coordinación local efectiva.

Coordinación con gobiernos estatales

García Harfuch aseguró que se trabajó ya con algunos mandatarios estatales. Añadió que en entidades como Michoacán, Guerrero y Jalisco, la cooperación fue constante. Afirmó que reforzar los lazos con esos gobiernos permitiría acciones más eficaces.

El titular de la SSPC explicó que la estrategia operó con cinco ejes específicos. El primero consistió en realizar detenciones mediante inteligencia e investigación directa. El segundo propuso crear Unidades Antiextorsión en los gobiernos locales.

El tercer eje planteó aplicar protocolos claros de atención para víctimas. El cuarto contempló capacitar operadores del 089 en crisis y negociación. Finalmente, el quinto impulsó una campaña nacional de prevención ciudadana.

Congelamiento de cuentas bancarias

La Unidad de Inteligencia Financiera recibió nuevas atribuciones bajo esta estrategia. Ahora podrá congelar cuentas con depósitos relacionados con el delito de extorsión. La medida se aplicó tras detectar transacciones ligadas a redes criminales.

Esta acción formó parte de una ofensiva para desarticular estructuras económicas del crimen. Las cuentas intervenidas serán sujetas a investigación para rastrear los flujos ilícitos. Con ello, se pretendió impedir que las organizaciones sigan operando financieramente.

Ley permite bloquear celulares

Con base en reformas recientes a la Ley de Seguridad Pública, se autorizó el bloqueo de líneas. Las autoridades informaron que podrán desconectarse celulares usados para extorsionar. Esta acción incluyó el rastreo de dispositivos empleados desde penales.

La medida buscó detener llamadas amenazantes hechas por internos. Además, implicó operativos coordinados en centros penitenciarios. Se previó realizar inspecciones sorpresivas con apoyo de fuerzas federales.

Operativos en penales del país

Las autoridades mencionaron que algunos reclusos operaban redes de extorsión. Por ello, se organizaron cateos dirigidos al decomiso de teléfonos móviles. Estos operativos se llevaron a cabo en centros de reinserción social.

Los procedimientos incluyeron participación de la Guardia Nacional y personal de inteligencia. El objetivo fue cortar la comunicación de internos con el exterior. Con eso se buscó impedir que sigan extorsionando desde prisión.

Inteligencia para ubicar objetivos clave

En paralelo, las instituciones enfocaron recursos en identificar generadores de violencia. Se diseñaron bases de datos cruzadas con perfiles de grupos delictivos. Con ello se pretendió agilizar órdenes de aprehensión e intervenciones directas.

Se realizaron análisis sobre zonas de operación, rutas financieras y redes de contacto. Esta inteligencia permitió planear detenciones dirigidas con alto impacto. La coordinación entre fiscalías y fuerzas armadas resultó central en esta fase.

Llamado a la denuncia ciudadana

Como parte del quinto eje, se implementó una campaña para sensibilizar a la población. Las autoridades exhortaron a denunciar llamadas de extorsión al 089. También pidieron evitar depósitos por amenazas y reportar números agresores.

El objetivo fue empoderar a la ciudadanía con herramientas de autoprotección. El mensaje incluyó recomendaciones específicas para detectar extorsiones. Asimismo, se difundieron materiales en redes sociales y medios nacionales. –sn–

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García Luna llega a prisión de máxima seguridad, ahora es vecino de «El Chapo»

Es trasladado al penal ADX Florence. ADX Florence es la cárcel más estricta de Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue trasladado a la prisión federal ADX Florence, en Colorado, donde permanece también Joaquín “El Chapo” Guzmán. El exfuncionario mexicano fue condenado por narcotráfico en 2023.

Este penal es considerado el más seguro de Estados Unidos y es conocido como la “Alcatraz de las Rocosas”. En él, los internos permanecen en aislamiento hasta 23 horas al día, sin contacto humano ni visitas frecuentes.

Condena y traslado a Colorado

La transferencia se confirmó este lunes, marcando un nuevo episodio en el proceso judicial contra García Luna, a quien una corte de Nueva York sentenció a 38 años de prisión en octubre de 2024.

El Buró Federal de Prisiones fijó como fecha tentativa de liberación el 19 de junio de 2052, cuando el exfuncionario tendría casi 83 años. En su nueva celda, comparte condiciones extremas con otros criminales de alto perfil, incluidos terroristas y líderes de organizaciones delictivas.

Acusaciones y vínculos con el narco

El exfuncionario fue hallado culpable de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y filtración de información durante su periodo como alto mando.

La fiscalía presentó pruebas que confirmaron su colaboración con el crimen organizado mientras era responsable de la lucha antidrogas. A pesar del fallo, su equipo legal continúa preparando una apelación, aunque el traslado a ADX Florence representa un obstáculo para la estrategia de defensa.

Proceso judicial y consecuencias políticas

García Luna fue una figura central en la política de seguridad de México durante el sexenio panista. Su caída ha sido utilizada como símbolo del fracaso de la estrategia contra el narcotráfico.

El gobierno federal actual ha reiterado que su caso debe investigarse a fondo para entender el entramado de corrupción en niveles altos del poder público. Su imagen quedó vinculada a la simulación institucional y a las violaciones sistemáticas a la ley en nombre de la seguridad nacional.

Multa millonaria en proceso civil

En paralelo a su condena penal, un juez de Estados Unidos ordenó en mayo de 2025 que García Luna y su esposa devolvieran al erario más de 2,500 millones de dólares.

La suma corresponde a desvíos de recursos públicos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de empresas fantasma y contratos irregulares. Hasta ahora, solo se han recuperado cantidades mínimas del monto total, lo que mantiene abierta la interrogante sobre el paradero del resto del dinero.

Condiciones extremas en ADX Florence

La prisión ADX Florence ha sido calificada por organizaciones de derechos humanos como una de las más inhumanas del sistema penitenciario estadounidense.

Los internos están aislados durante años, sin interacción directa con otros presos ni acceso a programas de rehabilitación. Muchos de sus reclusos desarrollan padecimientos psicológicos por el encierro prolongado y la ausencia total de estímulos sociales.

Apelación pendiente y pocas esperanzas

El equipo legal del exfuncionario buscará revertir la sentencia con una apelación programada para septiembre de 2025.

No obstante, expertos consideran que las posibilidades de modificar el fallo son mínimas debido a la contundencia de las pruebas presentadas. En este contexto, el futuro de García Luna se perfila dentro del sistema carcelario más estricto del mundo. –sn–

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