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Algo parecido sucede con las prácticas de mortificación corporal.
El uso del cilicio y de la disciplina forma parte de una tradición ascética católica que algunos miembros numerarios han practicado.
El Opus Dei las presenta como prácticas voluntarias y limitadas, mientras que sus críticos cuestionan el contexto de obediencia en el que pueden llevarse a cabo.
La existencia de estas prácticas no demuestra por sí misma que haya coacción, pero los testimonios sobre presión, culpa o falta de libertad merecen ser escuchados.
En diciembre de 2025, una investigación publicada por *El País* volvió a situar al Opus Dei en el centro de la polémica por la gestión de denuncias de abusos sexuales cometidos por un sacerdote.
El caso se refería a Jacinto Lázaro Laguardia, acusado por antiguos alumnos de hechos ocurridos cuando eran menores.
Una de las denuncias relataba presuntos abusos en Pamplona durante los años noventa.
Otro antiguo alumno había contado hechos que situaba en San Sebastián a comienzos de los años ochenta.
Según la documentación que el Opus Dei dijo tener sobre el caso de Pamplona, la institución tuvo conocimiento de una denuncia en 1998.
En enero de 1999, el sacerdote recibió la prohibición de ejercer el ministerio con jóvenes y fue trasladado a otra ciudad.
La organización explicó que actuó conforme a las normas canónicas vigentes entonces y que la familia había pedido mantener la reserva.
La investigación periodística planteó una cuestión distinta: por qué no se informó a las autoridades civiles y por qué el sacerdote pudo continuar desarrollando otras labores dentro de la institución.
La persona que denunció los hechos de Pamplona afirmó que sus padres no habían sido informados, en contra de lo que la organización decía sobre la petición de reserva de la familia.
En su comunicado del 11 de diciembre de 2025, el Opus Dei pidió perdón por el sufrimiento causado y confirmó que había conocido el caso de 1998.
Sin embargo, negó que hubiera existido encubrimiento y afirmó que no había tenido conocimiento previo de las otras acusaciones relatadas por el periódico.
También explicó que, tras conocer nuevos datos en 2024, investigó las acusaciones y adoptó medidas disciplinarias respecto al sacerdote.
Por tanto, hay que separar dos cuestiones: la existencia de denuncias y la respuesta interna de la institución, por un lado, y la responsabilidad penal que pudiera establecerse, por otro.
Pero la controversia no desaparece: el traslado de un sacerdote y la prohibición de ejercer con jóvenes no sustituyen necesariamente la intervención de las autoridades civiles cuando se denuncian posibles delitos contra menores.
El Opus Dei ha publicado además información sobre otros casos de abusos en España.
En su relación actualizada a 31 de diciembre de 2025, reconoce catorce casos investigados por la prelatura, cinco relacionados con sacerdotes y nueve con laicos, con situaciones procesales distintas.
La propia organización indica que algunos casos están en curso, otros han sido objeto de condenas o medidas disciplinares y otros se han archivado.
Es una relación elaborada por la institución, no un recuento independiente de todos los casos que pudieran existir.
La relación del Opus Dei con el poder político también ha alimentado controversias.
Durante el franquismo, algunos miembros ocuparon puestos de responsabilidad en la Administración y en el ámbito económico.
Varios ministros del régimen estuvieron vinculados a la organización, y su presencia en determinados círculos de poder contribuyó a la imagen de una institución con una influencia que iba más allá de lo religioso.
Eso no significa que todos los miembros compartieran una misma posición política ni que cada decisión del régimen respondiera a una orden del Opus Dei.
Pero tampoco se puede entender su reputación pública sin estudiar esas relaciones, los cargos ocupados por algunos de sus miembros y el papel que desempeñaron en la vida económica y política de la época.
La discreción de la organización, su estructura interna y la importancia que concede a la dirección espiritual han alimentado durante décadas las sospechas sobre su influencia.
Algunas afirmaciones difundidas en torno a ella carecen de pruebas; otras cuestiones, como las relaciones entre personas concretas, sus cargos y sus decisiones, sí pueden investigarse mediante archivos y documentos.
El Opus Dei no es una organización clandestina.
Está reconocido por la Iglesia católica, desarrolla actividades públicas y tiene presencia internacional.
Sus miembros defienden una forma de espiritualidad centrada en la vida cotidiana, el trabajo y la búsqueda de la santidad.
Pero su reconocimiento institucional no la coloca por encima de las preguntas incómodas.
Las denuncias de antiguas numerarias auxiliares en Argentina, los testimonios de exmiembros sobre la presión interna, las dudas sobre su estructura económica y las controversias por la gestión de casos de abusos exigen respuestas concretas, no únicamente declaraciones generales sobre la libertad de sus miembros.
También hay que evitar el extremo contrario: no todas las acusaciones están probadas, no todos los miembros han vivido las mismas experiencias y no se puede atribuir responsabilidad penal a una persona sin el procedimiento correspondiente.
Contar las denuncias con precisión no las hace menos graves; permite entenderlas mejor.
La pregunta de fondo es qué sucede cuando una institución religiosa ejerce una influencia profunda sobre la vida, el trabajo, las relaciones personales y las decisiones económicas de sus miembros.
¿Qué mecanismos existen para denunciar abusos?
¿Quién supervisa a quienes tienen autoridad?
¿Qué ocurre cuando la protección de la institución entra en conflicto con los derechos de una persona?
Esas preguntas no se resuelven con fe ni con descalificaciones.
Se responden con documentos, investigaciones y responsabilidades asumidas.
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