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Detienen a “El Tanque”, operador del CJNG vinculado con red de Amílcar Olán

Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue detenido en Zapopan como presunto operador regional del CJNG. Autoridades lo relacionan con homicidio, extorsión, robo de hidrocarburos y narcotráfico.

Por Martín García | Reportero                                      

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales. Las autoridades lo relacionan con homicidios, extorsiones, secuestros, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

La captura también coloca bajo atención pública los vínculos que investigaciones periodísticas atribuyen a Cazarín Molina con Luis Alberto Olán Aparicio, hermano del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, debido a una serie de audios difundidos en agosto en los que se habla de contactos con integrantes del CJNG y de la interrupción de extorsiones contra un proveedor de balasto.

El operativo fue realizado con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia y trabajos de investigación de autoridades federales. Durante la acción fueron asegurados un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo.

¿Quién es “El Tanque”?

De acuerdo con autoridades mexicanas y antecedentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Cazarín Molina es identificado como integrante de alto nivel del CJNG y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Cazarín Molina y lo identificó como integrante del círculo cercano de Oseguera Cervantes. El organismo señaló entonces que “El Tanque” tenía participación en una red de robo de hidrocarburos con operaciones en Jalisco y Veracruz.

La autoridad estadounidense también sostuvo que la red utilizaba empresas aparentemente legítimas, incluidas gasolinerías, para comercializar combustible robado y que las actividades de Cazarín Molina generaban ingresos para el CJNG.

Los audios que relacionan a “El Tanque” con los Olán

La detención adquiere relevancia por los audios difundidos en agosto por Latinus y retomados posteriormente por diversos medios.

En una de las conversaciones atribuidas a Luis Alberto Olán, éste afirma conocer a “El Tanque” y sostiene que esa relación habría permitido frenar las extorsiones contra el propietario de una mina de balasto ubicada en el sur de Veracruz.

Las grabaciones también contienen una conversación atribuida a Amílcar Olán en la que habla de los contactos de su hermano con integrantes del grupo criminal. La existencia y contenido de esos audios forman parte de investigaciones periodísticas y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas.

El vínculo adquiere relevancia porque los hermanos Olán fueron señalados en investigaciones periodísticas por negocios relacionados con el suministro de balasto para obras ferroviarias, entre ellas el Tren Maya. El propio Jorge Amílcar Olán Aparicio ha sido objeto de diversos señalamientos periodísticos, mientras que autoridades han sostenido que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante investigaciones y pruebas.

Investigación también apunta al robo de hidrocarburos

Los antecedentes de “El Tanque” incluyen señalamientos relacionados con el robo y comercialización ilegal de combustible.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó en 2024 que Cazarín Molina participaba en el robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex y que parte del combustible era almacenado cerca de Veracruz para después ser comercializado mediante una red de empresas y estaciones de servicio.

Las autoridades mexicanas también lo relacionan con el ataque contra un helicóptero militar ocurrido durante la Operación Jalisco, en mayo de 2015, cuando fuerzas federales buscaban detener a integrantes del CJNG. El ataque dejó nueve elementos muertos, de acuerdo con información difundida por autoridades y agencias de noticias.

Tras su captura, Cazarín Molina quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica conforme al proceso establecido por la ley. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla y las formas de Chedraui

José Chedraui Budib abrió un frente político que pudo haberse evitado.

Por Raúl García Araujo

El anuncio de una inversión de cuatro mil millones de pesos de Grupo Carso en la zona de San Francisco colocó al alcalde de Puebla en el centro de una discusión que no solamente tiene que ver con desarrollo inmobiliario, sino con patrimonio histórico, impacto ambiental, vecinos y, sobre todo, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El problema no está en buscar inversión para Puebla ni en que Carlos Slim haya decidido poner sus ojos en la capital poblana.

El punto de fondo está en la manera en que se presentó un proyecto de esta magnitud, sin que aparentemente estuvieran suficientemente socializados todos sus alcances con las autoridades que tendrán que intervenir en su autorización.

Chedraui asegura que el proyecto fue presentado previamente al gobernador Alejandro Armenta.

Sin embargo, el propio mandatario estatal reveló que recibió una carpeta de apenas cinco hojas y que no contaba con información suficiente para emitir una opinión.

Esa diferencia resulta políticamente relevante porque demuestra que comunicar la existencia de un proyecto no es lo mismo que construir una coordinación institucional alrededor de él.

Y la mandataria Claudia Sheinbaum terminó colocando el tema en el terreno que corresponde: legalidad, transparencia y consenso.

Desde Palacio Nacional dejó claro que cualquier proyecto de renovación urbana debe cumplir las normas de desarrollo urbano, ambientales y patrimoniales, además de informar suficientemente a los vecinos.

En otras palabras, no hay vía rápida cuando se pretende intervenir una zona histórica.

Ahora será el INAH el que tendrá que revisar el proyecto y determinar las autorizaciones que correspondan.

También deberán cumplirse las disposiciones ambientales y las demás normas aplicables. Y los habitantes de la zona tienen derecho a conocer qué se pretende construir, cómo se realizará y cuáles serán sus efectos sobre el entorno.

Aquí es donde la decisión de Chedraui adquiere una lectura política adicional.

El alcalde no puede perder de vista que su administración termina en 2027 y que ese mismo año habrá elecciones.

Un proyecto de cuatro mil millones de pesos, con una intervención urbana de gran escala y alrededor de 700 departamentos, difícilmente puede resolverse en los tiempos de una administración municipal que ya tiene una fecha de salida.

Por eso, lo sensato habría sido construir primero los acuerdos y después hacer el anuncio.

Tener sentados en la misma mesa al gobierno del estado, las autoridades federales, el INAH, especialistas y vecinos habría evitado que el proyecto arrancara acompañado de interrogantes sobre patrimonio, impacto ambiental y posible desplazamiento de habitantes.

El propio Alejandro Armenta ha planteado otra prioridad: recuperar y atender los barrios que rodean el Centro Histórico, como San Francisco, Analco, El Alto y La Luz, donde existen carencias de servicios públicos.

Esa visión coloca sobre la mesa una pregunta que el ayuntamiento tendrá que responder: cómo garantizar que una inversión de esta dimensión beneficie también a quienes ya viven en la zona y no termine modificando su identidad o desplazándolos.

Porque el desarrollo de Puebla no puede medirse únicamente por el monto de una inversión. También debe medirse por la capacidad de las autoridades para proteger su patrimonio, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y construir acuerdos antes de anunciar grandes proyectos.

El problema es que el proyecto ya nació mal. Antes de generar consensos, transparentar sus alcances y garantizar que las autoridades competentes conocieran a detalle la propuesta, el Ayuntamiento decidió colocarlo en el escaparate público.

Ahora Chedraui tendrá que corregir una ruta que debió construirse desde el principio con el Gobierno del Estado, las autoridades federales, el INAH y, sobre todo, con los habitantes de la zona.

En un proyecto de esta magnitud, comenzar con dudas, información incompleta y cuestionamientos institucionales no es precisamente la mejor carta de presentación.

Andrés Manuel López Obrador insistía en algo que en este caso resulta particularmente vigente: primero había que cuidar las formas.

Y aquí las formas importaban tanto como los cuatro mil millones de pesos anunciados.

Porque un proyecto de esta magnitud no puede depender de los tiempos políticos de un alcalde.

Tiene que quedar sustentado en la ley, en los permisos, en la protección del patrimonio y en acuerdos que puedan trascender a cualquier administración.

Puebla necesita inversión, sí; pero también necesita autoridades que sepan que antes de anunciar hay que acordar, antes de construir hay que escuchar y antes de avanzar hay que cuidar las formas.

En Cortito

Nos cuentan que en Morelos la coordinación empieza a convertirse en un eje central de la estrategia de seguridad.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, mantiene comunicación permanente con las Fuerzas Armadas, el gobierno del estado y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer el intercambio de información, la inteligencia y los operativos contra la incidencia delictiva.

Mientras tanto, desde el Congreso local, el diputado Daniel Martínez Terrazas ha planteado la necesidad de una estrategia integral que no solamente reaccione ante los delitos, sino que permita prevenirlos y mejorar la operación de las instituciones de seguridad.

Dos frentes distintos, pero con un mismo punto de coincidencia: fortalecer las capacidades de las autoridades para responder a la demanda de seguridad de los morelenses.

En este escenario, Urióstegui Salgado está colocando al ayuntamiento de Cuernavaca en una posición que políticamente resulta relevante: entender que la seguridad no puede resolverse desde una sola oficina ni con esfuerzos aislados.

La coordinación con las fuerzas armadas, el gobierno estatal y las instituciones federales permite construir una estrategia común, mientras que desde el Congreso se requiere acompañar esa operación con leyes que den certeza y mejores herramientas a quienes están en las calles.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Detienen en Jalisco a El Tanque, operador del CJNG

Iván Cazarín Molina, El Tanque, fue detenido en Zapopan. El operador del CJNG es señalado por autoridades de Estados Unidos y México por delitos relacionados con robo de combustible, narcotráfico, extorsión y homicidio.

Por Martín García | Reportero                                      

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cazarín Molina es señalado por autoridades como integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG. Su estructura criminal ha sido vinculada con actividades de robo de combustible, tráfico de drogas, extorsión, homicidio y lavado de dinero.

La detención ocurrió este lunes en Zapopan y representa un nuevo aseguramiento de un personaje que ya había sido detenido en 2015 y que posteriormente volvió a ser relacionado con las operaciones del grupo criminal.

¿Quién es El Tanque?

Iván Cazarín Molina fue identificado por autoridades mexicanas desde 2015 como uno de los principales operadores del CJNG. En noviembre de ese año fue detenido durante un operativo federal en Jalisco, después de investigaciones que lo relacionaban con la estructura encabezada por “El Mencho”.

También fue señalado por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero militar ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, donde murieron integrantes de las Fuerzas Armadas y de la entonces Policía Federal.

De acuerdo con antecedentes oficiales estadounidenses, Cazarín Molina mantiene vínculos con actividades de robo de combustible y con operaciones del CJNG en Jalisco y Veracruz.

El Tanque y el robo de combustible

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cazarín Molina y a una red de personas y empresas relacionadas con el robo y comercialización ilícita de combustible.

La autoridad estadounidense identificó a “El Tanque” como un integrante de alto nivel del CJNG y señaló que operaba principalmente en Jalisco y Veracruz. También lo relacionó con tráfico de drogas, extorsión y homicidio.

Según el Departamento del Tesoro, la estructura atribuida a Cazarín Molina utilizaba familiares y asociados para operar empresas vinculadas con la comercialización de combustible robado. –sn–

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