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Lorena Cuéllar vuelve al centro de la polémica por el uso de camionetas blindadas de lujo en Tlaxcala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, fue nuevamente cuestionada por el uso de camionetas blindadas adquiridas por 56.2 millones de pesos. El tema reavivó las críticas sobre austeridad, transparencia y uso de recursos públicos.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, volvió al centro de la polémica por el uso de camionetas blindadas de lujo, luego de que la periodista Vero Islas difundiera en X una imagen y cuestionara el nivel de seguridad y gasto asociado con los vehículos utilizados para el traslado de la mandataria.

La publicación, realizada el 21 de agosto bajo la cuenta @LOVREGA, calificó como excesivo el lujo de la unidad y cuestionó: “¿Y la austeridad, apá?”. El señalamiento ocurre en medio de una controversia que se mantiene desde 2025 por la adquisición de vehículos blindados durante la administración estatal.

https://twitter.com/LOVREGA/status/2091006110324981791?s=20

La información disponible en documentos y reportes periodísticos señala que el gobierno estatal adquirió 10 camionetas Chevrolet Suburban High Country blindadas por 56 millones 259 mil pesos, operación realizada en 2024 y que posteriormente generó cuestionamientos políticos y solicitudes de información.

¿Cuánto costaron las camionetas blindadas de Tlaxcala?

De acuerdo con información obtenida por MTP Noticias mediante solicitudes de acceso a la información, la adquisición correspondió a 10 unidades Chevrolet Suburban High Country, con un costo promedio de aproximadamente 5.6 millones de pesos por vehículo. La operación fue identificada con el número GET-OMG-ADX-073-2024.

La documentación difundida en el Senado también refiere que la compra ascendió a 56 millones 259 mil pesos y que se realizó mediante adjudicación directa. Sin embargo, los señalamientos políticos sobre la operación deben distinguirse de los datos documentales disponibles y de cualquier eventual responsabilidad administrativa, pues no existe en las fuentes consultadas una resolución que determine por sí misma una irregularidad.

El tema volvió a cobrar relevancia durante agosto de 2026. El 11 de agosto, Mariana Moguel Robles, delegada del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, informó que denunciaría presuntas amenazas que, según su versión, comenzaron después de sus cuestionamientos sobre las camionetas blindadas y exigió conocer las condiciones en que son utilizadas.

La discusión sobre austeridad y seguridad

La controversia combina dos asuntos: la seguridad de una gobernadora y el uso de recursos públicos para garantizar sus traslados.

El gobierno de Tlaxcala ha sostenido que mantiene una política de disciplina financiera. En agosto informó que la entidad será el único estado que renovará gubernatura en 2027 sin deuda bancaria, de acuerdo con información atribuida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En materia de austeridad, los registros de transparencia del Despacho de la Gobernadora señalan que durante el segundo trimestre de 2026 sus servidores públicos no recibieron percepciones adicionales y que sus remuneraciones se ajustaron a los tabuladores y disposiciones estatales sobre ejercicio presupuestario y austeridad.

No obstante, la existencia de una política de disciplina presupuestaria no resuelve por sí misma las preguntas planteadas alrededor de las camionetas blindadas. El debate público permanece centrado en conocer la justificación de la adquisición, las condiciones de contratación, el uso de las unidades y los costos asociados con su operación y mantenimiento.

La polémica permanece abierta

La gobernadora Lorena Cuéllar ha defendido previamente el uso de vehículos blindados al argumentar que forman parte de las medidas de seguridad requeridas por las responsabilidades de su cargo. La controversia, sin embargo, ha continuado en el ámbito político y en redes sociales.

La publicación difundida el 21 de agosto reactivó la discusión sobre el contraste entre el discurso de austeridad y el uso de vehículos de alta gama para el traslado de funcionarios. Hasta ahora, las fuentes consultadas no acreditan que la imagen difundida por Islas corresponda específicamente a una nueva adquisición ni que la unidad observada tenga un costo distinto al de las camionetas adquiridas en 2024.

El Gobierno de Tlaxcala mantiene información pública sobre su administración y presupuesto, mientras que las solicitudes y cuestionamientos políticos sobre las unidades blindadas continúan formando parte del debate estatal. –sn–

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