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ONU advierte que contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del derrame de Grupo México

Informe de Naciones Unidas advierte que el Río Sonora mantiene contaminación y riesgos para las comunidades, además de pendientes en salud, reparación ambiental, transparencia y participación ciudadana.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi persiste 12 años después del derrame ocurrido en 2014, mientras las comunidades afectadas continúan enfrentando riesgos para su salud y pendientes en materia de reparación ambiental, transparencia y participación, de acuerdo con el informe final elaborado por Marcos Orellana, entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.

El documento A/HRC/63/27/Add.1, fechado el 3 de julio de 2026, recupera las conclusiones de la visita de Orellana a México y coloca nuevamente al Río Sonora entre los casos que requieren acciones de justicia ambiental. El relator visitó la región durante su misión realizada del 9 al 20 de marzo y recibió testimonios de comunidades afectadas.

Comunidades siguen expuestas a sustancias tóxicas

Durante su recorrido por Sonora, Orellana se reunió con integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, acompañados por PODER, quienes expusieron la persistencia de la contaminación, la presencia de metales pesados, las afectaciones a la salud y las deficiencias que, desde su perspectiva, persisten en las acciones de reparación.

El informe identifica problemas relacionados con la atención sanitaria, la transparencia institucional, la coordinación entre autoridades y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con la remediación.

La evaluación de Naciones Unidas también señala que la respuesta al desastre no puede limitarse a infraestructura o acciones aisladas, sino que debe garantizar una reparación integral y mecanismos efectivos para proteger los derechos de las personas afectadas.

Plan de Justicia para Cananea mantiene pendientes

Uno de los señalamientos del informe se refiere al Plan de Justicia para Cananea, cuyas acciones, según el documento, no habían materializado soluciones prácticas suficientes para las comunidades del Río Sonora.

Entre las preocupaciones documentadas aparece la atención médica de las personas expuestas a contaminantes y el abandono de infraestructura que había sido destinada a funcionar como clínica especializada en toxicología.

El informe también cuestiona la falta de información suficiente y la participación limitada de las comunidades y víctimas en la definición de las medidas para enfrentar las consecuencias del desastre ambiental.

Señalamientos sobre negociaciones con Grupo México

Otro de los puntos señalados por el informe corresponde a las negociaciones entre autoridades y Grupo México para atender las consecuencias del derrame.

De acuerdo con la información difundida sobre el documento, Naciones Unidas advierte que la negociación con la empresa debe realizarse con transparencia y sin desplazar la participación plena de las comunidades afectadas.

El caso tiene además antecedentes judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2020 que las comunidades afectadas no habían participado en el convenio administrativo mediante el cual se creó el fideicomiso constituido después del derrame y ordenó realizar consultas con ellas.

Una crisis que permanece 12 años después

El derrame de 2014, asociado a instalaciones de Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, afectó la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi y se convirtió en uno de los casos más relevantes de contaminación ambiental y conflicto por reparación de daños en México.

La visita de Orellana en marzo de 2026 ya había advertido sobre la situación del Río Sonora. En su declaración de cierre de misión, Naciones Unidas señaló que México enfrentaba desafíos importantes relacionados con sustancias tóxicas, salud, agua, medio ambiente y derechos humanos, además de advertir sobre la proliferación de zonas de sacrificio.

El informe final retoma ahora el caso y plantea que la respuesta institucional debe avanzar hacia medidas concretas de prevención, reparación y protección de las comunidades.

Para los Comités de Cuenca Río Sonora, el documento confirma que la crisis permanece abierta después de más de una década de mesas de diálogo, planes y compromisos. –sn–

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