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  1. Margarita García enfrenta señalamientos por patrimonio y presuntas irregularidades en Oaxaca

    La diputada federal del PT, Margarita García García, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades patrimoniales y laborales en Oaxaca. La legisladora rechazó las versiones sobre 24 propiedades y atribuyó los señalamientos a una campaña de desprestigio.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La diputada federal Margarita García García, integrante del Partido del Trabajo (PT), enfrenta cuestionamientos públicos por señalamientos relacionados con su patrimonio y presuntas irregularidades laborales que involucran a integrantes de su familia en Oaxaca. La legisladora federal ha rechazado las versiones sobre la supuesta posesión de 24 propiedades y sostiene que la información difundida en su contra es falsa.

    El caso involucra también al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con quien la legisladora ha mantenido confrontaciones políticas. Las acusaciones y las respuestas públicas plantean interrogantes sobre la transparencia patrimonial, el uso de recursos públicos y la necesidad de documentar cualquier posible irregularidad mediante investigaciones verificables.

    Las versiones sobre las propiedades y los presuntos beneficios laborales para familiares de García García deben distinguirse de los hechos acreditados. Hasta contar con documentación que permita establecer responsabilidades, no corresponde presentar las acusaciones como delitos comprobados.

    Los señalamientos sobre propiedades y familiares

    Una publicación difundida por el periodista Marco Levario Turcott, desde su cuenta de X @Arouet_V, el 16 de octubre, atribuyó a medios de Oaxaca información sobre 24 propiedades presuntamente vinculadas con la legisladora, con un valor conjunto estimado en 200 millones de pesos.

    https://twitter.com/Arouet_V/status/2111282691425349736?s=20

    La publicación también sostuvo que familiares de la diputada habrían ocupado plazas en la administración estatal. Entre los nombres mencionados figuran Omar Axel y Branly Abel, señalados como hijos de la legisladora, además de una nuera y un hermano.

    Sin embargo, las afirmaciones sobre el patrimonio, el valor de los inmuebles y las condiciones laborales de sus familiares requieren respaldo documental para establecer su exactitud. La información difundida en redes sociales, por sí sola, no acredita la propiedad de los bienes ni demuestra la existencia de conductas ilícitas.

    La diputada rechazó las acusaciones

    En marzo de 2026, el Grupo Parlamentario del PT difundió un posicionamiento en el que García García negó las versiones que la relacionan con 24 propiedades. La legisladora argumentó que la información se basaba en casos de homonimia, es decir, personas con nombres coincidentes.

    En ese mismo pronunciamiento, afirmó que los señalamientos surgieron después de sus denuncias contra autoridades de Oaxaca por presuntas irregularidades administrativas y violaciones a derechos laborales. También pidió al gobernador Salomón Jara que demostrara las acusaciones en su contra.

    La respuesta de la diputada introduce una versión distinta de la publicada por sus críticos. Para esclarecer la controversia, sería necesario contrastar los registros de propiedad, la identidad de los titulares, las declaraciones patrimoniales disponibles y los documentos relativos a las contrataciones señaladas.

    Confrontación política en Oaxaca

    La relación entre García García y el gobierno estatal se ha deteriorado en medio de controversias laborales y acusaciones mutuas. En febrero de 2025, la legisladora denunció una presunta persecución política relacionada con sus críticas a la administración estatal y con el despido de trabajadores.

    En octubre de ese mismo año, la diputada también cuestionó el manejo del impuesto sobre la renta aplicado a empleados del gobierno de Oaxaca. El PT sostuvo que existían irregularidades en el timbrado de recibos de nómina, mientras que la disputa derivó en acusaciones públicas entre la legisladora y el gobernador.

    Estos antecedentes permiten ubicar los señalamientos patrimoniales dentro de un enfrentamiento político más amplio, pero no confirman ni descartan por sí mismos las acusaciones relacionadas con los bienes o los familiares de la diputada. –sn–

    Margarita García García

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