Jubilados marchan al Zócalo y exigen frenar la retroactividad en el límite a las pensiones
Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados marcharon al Zócalo para exigir cambios al artículo 127 constitucional y protección contra la retroactividad en sus pensiones.
Por Fausto Hernández | Reportero
Más de 4 mil integrantes y familiares de la Alianza Nacional de Jubilados (Anajub) marcharon del Senado de la República al Zócalo capitalino para exigir una mesa técnica con el gobierno federal que permita revisar la reforma al artículo 127 constitucional y proteger las pensiones otorgadas antes de su entrada en vigor.
La movilización busca incorporar expresamente el principio de no retroactividad en el Segundo Transitorio de esa reforma. Los jubilados sostienen que la disposición puede afectar sus derechos adquiridos y reclaman una respuesta institucional que otorgue certeza jurídica a quienes trabajaron durante décadas en empresas y organismos públicos.
Enrique Velázquez, vocero de la Anajub, afirmó que la organización solicita instalar de inmediato una mesa técnica para revisar la iniciativa que propone modificar el texto constitucional, con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Nuestra exigencia es precisa: instalar la mesa técnica para revisar la iniciativa que busca corregir el Segundo Transitorio del artículo 127 constitucional y eliminar la retroactividad sobre las pensiones legalmente otorgadas, en apego estricto al artículo 14 constitucional”, expresó.
¿Qué reclaman los jubilados sobre la reforma al artículo 127?
El punto central de la protesta es el Segundo Transitorio del decreto de reforma al artículo 127 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026.
La disposición establece que las jubilaciones y pensiones que no estén comprendidas en las excepciones constitucionales deben ajustarse al límite previsto en el artículo, incluso cuando hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto y continúen vigentes.
La Anajub considera que esa aplicación afecta derechos previamente consolidados y sostiene que la redacción debe revisarse para garantizar la protección de las pensiones legalmente concedidas.
La organización plantea que la reforma debe armonizarse con los artículos 1 y 14 constitucionales, relacionados, respectivamente, con los derechos humanos y la prohibición de dar efecto retroactivo a una norma en perjuicio de persona alguna.
Estas objeciones corresponden a la postura jurídica de los manifestantes; determinar sus alcances requiere analizar el texto constitucional y las disposiciones aplicables a cada régimen de jubilación. –sn–
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