La @AbogadosCristianos presentó tres modalidades de amparo contra la #CURPbiométrica, alegando violaciones a derechos constitucionales y tratados internacionales. Se prevé más de mil recursos antes del 28 de agosto de 2025.
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Abogados cristianos ofrecen amparos contra CURP biométrica
La Asociación de Abogados Cristianos impulsa amparos contra la CURP biométrica y cuestiona su constitucionalidad.
Por Martín García | ReporteroLa Asociación de Abogados Cristianos (AAC) informó que puso a disposición de la población tres modalidades de amparo contra la CURP biométrica, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la exigencia de entregar datos biométricos al gobierno federal sin una orden judicial.
La organización señaló que la recolección forzada de datos biométricos vulneraba garantías reconocidas en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales suscritos por México, entre ellas el derecho a la privacidad, a la seguridad de los datos personales y a la protección de la familia.
Los amparos fueron diseñados para adultos, padres de familia interesados en proteger la identidad de sus hijos recién nacidos, así como de los que aún se encontraban en etapa prenatal. Con esta estrategia, la AAC planteó defender la dignidad humana frente a medidas estatales invasivas.
La institución adelantó que buscaría presentar más de mil recursos de amparo antes del 28 de agosto de 2025, fecha límite definida en el calendario de implementación de la CURP biométrica. De acuerdo con la asociación, ese número reflejaba un rechazo social amplio hacia la medida gubernamental.
Argumentos de inconstitucionalidad
El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, explicó que la obligación de entregar datos biométricos sin orden judicial constituía una intromisión ilícita y desproporcionada en la vida privada de las personas. Subrayó que este requisito violaba principios básicos de proporcionalidad y legalidad.
En su posicionamiento, la asociación puntualizó que los tribunales debían pronunciarse en torno a la constitucionalidad de la medida y garantizar que la ciudadanía no quedara expuesta a abusos de poder. Según la AAC, el marco legal vigente no facultaba al gobierno federal a exigir información biométrica de manera indiscriminada.
El colectivo recordó que instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por México reforzaban las obligaciones estatales de proteger la privacidad. En su interpretación, la exigencia de datos biométricos sin control judicial chocaba directamente con compromisos asumidos por el Estado mexicano.
De igual forma, la AAC alertó que la entrega de información personal sensible generaba riesgos adicionales en un contexto de vulnerabilidades cibernéticas, donde el robo de identidad y los fraudes digitales constituían amenazas constantes para la seguridad de la población.
Tres modalidades de amparo
El esquema planteado por la asociación contempló una primera modalidad dirigida a adultos que deseaban impedir el uso indebido de sus datos biométricos. Esta ruta buscaba resguardar el derecho individual a la privacidad.
La segunda modalidad de amparo fue diseñada para padres de familia que procuraban la protección de sus hijos menores de edad, garantizando que no fueran obligados a entregar información sensible sin las salvaguardas jurídicas correspondientes.
La tercera vía de defensa incluyó a padres que buscaban amparar la identidad de hijos por nacer, bajo la premisa de preservar derechos reconocidos en diversos tratados internacionales y en disposiciones de la propia legislación mexicana.
Con estas opciones, la AAC ofreció un marco integral de protección, con la intención de blindar a distintos sectores de la población frente a la imposición del nuevo esquema biométrico.
Calendario y reacciones sociales
El anuncio de la AAC coincidió con el calendario establecido por el gobierno federal para la implementación gradual de la CURP biométrica, cuyo plazo clave se fijó para el 28 de agosto de 2025.
De acuerdo con la asociación, la convocatoria a presentar amparos registró un número creciente de interesados en distintas entidades federativas. Juristas reportaron que decenas de familias acudieron a asesorías en los primeros días de apertura del programa.
El colectivo anticipó que los próximos meses serían decisivos para consolidar un frente jurídico contra la disposición gubernamental, lo cual podría marcar precedentes en materia de protección de datos personales.
Al mismo tiempo, académicos especializados en derecho constitucional señalaron que la discusión en tribunales contribuiría a delimitar el alcance de la privacidad digital y el papel de las instituciones en la defensa de derechos ciudadanos.
Expectativa judicial
La AAC manifestó confianza en que los jueces federales valoraran la desproporción de la medida y fallaran a favor de los promoventes de los amparos. La organización aseguró que los tribunales mexicanos contaban con criterios previos que fortalecían sus argumentos.
Los abogados resaltaron que la resolución de este caso podría convertirse en referencia para futuras decisiones sobre tecnologías aplicadas en procesos administrativos. Por ello, insistieron en que la discusión no debía limitarse a lo técnico, sino también a la protección integral de derechos humanos.
La asociación reiteró que los ciudadanos interesados podían acceder a las asesorías legales en sus oficinas y a través de plataformas digitales, con el propósito de preparar sus expedientes antes de la fecha límite establecida.
Finalmente, la AAC confirmó que continuaría informando a la sociedad mexicana sobre los avances de esta estrategia jurídica y el curso de las resoluciones emitidas por los tribunales competentes. –sn–
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Hay graves riesgos a derechos en la implementación de la CURP biométrica: GIDH
Urgen principios de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica representa una seria amenaza a los derechos humanos. carece de control democrático, supervisión autónoma y mecanismos de reparación
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana en México, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, enfatizó que “toda política pública debe sujetarse irrestrictamente a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica, sin un marco jurídico sólido y transparente, representa una seria amenaza a los derechos humanos de millones de personas en México”.
Fierro Hernández, doctor en derecho, denunció que este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.
“Nos alarma que el Estado mexicano, que no ha sido capaz de proteger sus propias plataformas institucionales, ahora pretende centralizar los datos biométricos de toda la población, sin asumir con seriedad la responsabilidad que ello implica. No existen aún garantías plenas ni marcos legales específicos para asegurar su uso lícito y protegido”, denunció.
Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante el sexenio anterior se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.
“No se puede hablar de transformación digital ni de modernización si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. La experiencia del caso “Guacamaya” en 2022 nos deja claro que ni las fuerzas armadas fueron capaces de salvaguardar información crítica y de seguridad nacional”, subrayó.
El defensor del pueblo enfatizó que, bajo el actual mandato presidencial, se corre el riesgo de que las digitales gubernamentales —sin contrapesos legales— se conviertan en instrumentos de control y vigilancia ciudadana. Alertó que esto podría derivar en atropellos sistemáticos a los derechos a la intimidad, autodeterminación informativa y debido proceso.
“La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a la inercia tecnocrática. Es obligación del Estado proteger, no exponer, a sus ciudadanos. La administración actual tiene la responsabilidad histórica de evitar una arquitectura digital que derive en autoritarismo técnico”, advirtió el especialista.
De esta forma, el presidente del GIDH subrayó el llamado urgente a la ciudadanía a, “informarse antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.
“Rechazar cualquier medida que no contemple auditorías ciudadanas y supervisión independiente. Participar activamente en procesos de consulta sobre esta materia”, dijo.
Asimismo, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a detener la implementación masiva de la CURP biométrica hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. –sn–
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Advierten riesgos de seguridad ciberética por nueva CURP biométrica
Especialistas alertaron sobre vulnerabilidad ante fraudes y robo de identidad.México carece de protección cibernética eficaz. Advertencias sobre ciberseguridad.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Al considerar que México no es un referente en protección digital, especialistas en ciberseguridad advirtieron que los datos biométricos vinculados a la nueva CURP podrían ser blanco de ataques. El documento digital incorporará iris, huella, fotografía y firma electrónica.
Expertos señalaron que la legislación que respalda el nuevo documento, alojado por la Agencia de Transformación Digital, no detalla protocolos de ciberseguridad. Tampoco establece sanciones ante posibles negligencias o prácticas ilícitas en su uso o resguardo.
El documento estará vinculado con Llave MX, sistema que centraliza trámites por internet. La CURP biométrica se utilizará como llave de acceso a servicios digitales del gobierno federal, sin que hasta ahora se hayan garantizado medidas de protección eficaces.
Layla Delgadillo, directora de Silent4Business, advirtió que, a diferencia de las contraseñas, los datos biométricos no pueden cambiarse. “Si se filtran, pueden usarse para fraudes, con efectos irreversibles”, explicó.
México, sin blindaje digital
Delgadillo afirmó que México ocupa el octavo lugar en robo de identidad a nivel mundial y el segundo en América Latina. Por ello, propuso una legislación específica que proteja los datos biométricos de forma independiente a la actual ley de datos personales.
Además, sugirió implementar auditorías externas y mecanismos de seguridad de nivel militar, además de exigir a la Agencia de Transformación Digital estándares internacionales de protección.
Recomendó la creación de un organismo autónomo, técnico y ciudadano, que fiscalice y sancione la mala gestión de los datos. “Deben tener capacidad legal para detener prácticas ilegales o negligentes”, subrayó.
Rafael Pazarán Reyes, académico de Universidad La Salle, sostuvo que los antecedentes del sexenio anterior demuestran la fragilidad del Estado en esta materia. Recordó el caso del colectivo Guacamaya, que vulneró archivos militares en 2022.
Riesgos irreversibles para usuarios
El catedrático explicó que la pérdida de datos biométricos representa un riesgo permanente. A diferencia de contraseñas, la información del iris o huella digital no puede modificarse, lo que amplifica las consecuencias de un ciberataque.
El académico también señaló que el gobierno no ha demostrado tener la capacidad de blindar bases de datos críticas. Ejemplificó con el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando se extrajeron seis terabytes de documentos confidenciales.
Por su parte, Alejandro Martínez Varela, especialista de la Universidad de Guadalajara, afirmó que ningún sistema es infalible. Ni gobiernos, ni empresas, ni programas informáticos están a salvo de las amenazas que existen actualmente.
Expresó que lo esencial no es la confianza en el software, sino contar con un sistema de gestión de seguridad integral. Añadió que la protección debe basarse en procesos continuos de evaluación y mejora.
Gobierno debe asumir responsabilidad
Martínez Varela señaló que lo fundamental es que las autoridades reconozcan el problema y se comprometan públicamente a proteger los datos de millones de mexicanos. “Deben buscar certificaciones serias en seguridad digital”, puntualizó.
Los especialistas coincidieron en que el riesgo no radica en la digitalización de la identidad, sino en la falta de previsión legal y técnica con que se implementó el proyecto. Hasta ahora, el gobierno federal no ha respondido a las advertencias.
Se alertó que, en caso de filtraciones, las consecuencias afectarían directamente a ciudadanos y no a las instituciones. El impacto sería irreversible para quienes sufran suplantación o pérdida de identidad.
Además, señalaron que México no cuenta con mecanismos de defensa inmediata ante ciberataques. Tampoco existen protocolos públicos de respuesta rápida para minimizar daños en caso de vulneraciones.
Finalmente, exhortaron a la Agencia de Transformación Digital a transparentar sus métodos de almacenamiento y gestión. También pidieron al Congreso legislar de forma urgente para establecer controles y sanciones. –sn–
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Cuestiona el Centro Prodh reformas para enfrentar desapariciones
Centro Prodh alertó sobre riesgos en la CURP biométrica y omisiones forenses clave. Centro Prodh advierte retrocesos legislativos.
Por José Víctor Rodríguez | ReporteroEl Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que las recientes reformas a la Ley General en materia de desapariciones, aprobadas por la Cámara de Diputados, resultaron insuficientes y no ofrecieron respuestas estructurales ante la crisis de personas no localizadas en el país.
La organización señaló que la modificación normativa no constituye un avance sustantivo para atender “la crisis más dolorosa que enfrenta el país”. Criticó que el dictamen fue votado de forma apresurada, sin una participación adecuada de los familiares de personas desaparecidas ni de especialistas en la materia.
Entre los puntos más sensibles se encuentra la implementación de una CURP biométrica, que nutrirá la llamada Plataforma Única de Identidad. De acuerdo con el Centro Prodh, esta medida representa un riesgo para la privacidad y otros derechos, debido a la ausencia de controles adecuados en su operación.
Se eliminó el reporte administrativo
Otro de los retrocesos señalados fue la eliminación del reporte administrativo de desaparición, lo cual deja como única vía de atención a la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Este cambio excluye a muchas víctimas en regiones bajo control de grupos criminales, donde no hay condiciones para denunciar.
El informe de la organización resaltó que las familias de migrantes y comunidades con miedo a represalias pierden así una herramienta clave para alertar sobre la desaparición de personas. Esta exclusión institucional, según indicaron, dificulta aún más el seguimiento de casos no judicializados.
La organización subrayó que la nueva legislación omitió completamente la atención al rezago forense, un tema crítico en la identificación de personas. Además, no se mencionó al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya operación ha sido bloqueada por fiscalías que alegan vacíos legales.
Críticas a la visión oficial
El Centro Prodh cuestionó la lógica detrás de los cambios legales, que parte de la premisa de que la crisis de desapariciones es un asunto meramente estadístico. Afirmaron que la interconexión de bases de datos no resolverá el problema sin una política pública integral y con enfoque de derechos humanos.
Indicaron que la legislación carece de medidas concretas para avanzar en la solución de la emergencia forense. No se plantearon estrategias efectivas para el manejo de cuerpos no identificados, ni se fortalecieron los mecanismos de búsqueda con enfoque territorial y comunitario.
La organización civil lamentó que la reforma haya sido aprobada vía fast track durante un periodo extraordinario de sesiones, lo cual privó a las familias del derecho a participar en el debate legislativo. En contraste, recordaron que la ley original de 2017 fue producto de un proceso más amplio e incluyente.
Llamado a revisión profunda
Frente a este escenario, el Centro Prodh llamó a los legisladores y autoridades del gobierno federal a retomar el diálogo con las familias de personas desaparecidas. Afirmaron que la reconstrucción institucional debe centrarse en la verdad, la justicia y la memoria.
También pidieron garantizar recursos para fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda, así como establecer políticas públicas que atiendan los factores estructurales que han dado origen al fenómeno de las desapariciones en el país. La omisión de estos puntos, insistieron, representa un retroceso preocupante.
Finalmente, solicitaron al Ejecutivo federal no promulgar la reforma en sus términos actuales. Proponen que se convoque a un proceso de revisión amplio, transparente y participativo, donde puedan incorporarse los elementos que realmente respondan a la dimensión de la crisis. –sn–
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