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Pide Ricardo Mejía acelerar Alerta de Violencia de Género para cinco municipios de Coahuila

Cualquier demora injustificada puede traducirse en mayores riesgos. Los indicadores muestran que la violencia continúa siendo un problema de alta incidencia. 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de las Mujeres a imprimir celeridad al procedimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para los municipios de Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, en el estado de Coahuila.

El legislador sostuvo que la legislación vigente establece que este mecanismo extraordinario de protección debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, debida diligencia y prontitud, debido a que su finalidad es salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres cuando existen indicios de violencia feminicida o de otras formas graves de violencia de género.

«Lo que estamos solicitando no es que la autoridad resuelva en un sentido determinado, sino que cumpla con su obligación legal de concluir el procedimiento dentro de un plazo razonable. Cuando está en juego la vida y la seguridad de las mujeres, cualquier demora injustificada puede traducirse en mayores riesgos y en una afectación a sus derechos humanos», afirmó Ricardo Mejía.

El diputado recordó que la solicitud para activar la Alerta de Violencia de Género en esos municipios fue admitida desde julio de 2024 y que, posteriormente, se instaló el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de realizar el análisis técnico correspondiente. Sin embargo, señaló que hasta el momento no existe información pública sobre la conclusión de las etapas sustanciales del procedimiento ni sobre la emisión del informe técnico o la resolución definitiva.

Ricardo “El Tigre” Mejía indicó que la preocupación se mantiene debido a que los indicadores oficiales muestran que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema de alta incidencia en Coahuila.

«Las cifras oficiales son contundentes. No podemos normalizar los altos índices de violencia familiar, ni ignorar las llamadas de emergencia relacionadas con abuso sexual y acoso. Estos datos obligan a las instituciones a actuar con responsabilidad y oportunidad», expresó.

Asimismo, el legislador federal petista señaló que el exhorto reconoce el fortalecimiento del marco jurídico impulsado en los últimos años para consolidar la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante reformas constitucionales y legales que otorgan mayores atribuciones a la Secretaría de las Mujeres para conducir estos procedimientos.

Mejía Berdeja subrayó que la intención del punto de acuerdo no es prejuzgar sobre la procedencia o improcedencia de la declaratoria, sino garantizar que el procedimiento administrativo avance conforme a la ley y concluya con la oportunidad que exige un mecanismo de protección de derechos humanos.

«El Partido del Trabajo refrenda su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres. La igualdad sustantiva y el combate a la violencia de género deben traducirse en acciones concretas, instituciones eficaces y procedimientos que respondan con la rapidez que demandan las víctimas y sus familias», puntualizó.

Finalmente, Ricardo Mejía reiteró que la protección de la vida y la integridad de las mujeres no admite retrasos injustificados, por lo que hizo un llamado respetuoso a la Secretaría de las Mujeres para continuar y concluir el procedimiento iniciado respecto de la solicitud de Alerta de Violencia de Género en los municipios de Torreón, Acuña, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, conforme a las atribuciones que le confiere la ley. –sn–

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Liz Sánchez afirma que reforma sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión

La senadora Liz Sánchez aseguró que la propuesta del Ejecutivo sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión, garantiza información transparente y refuerza la protección de las audiencias sin imponer censura.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo (PT), defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal para fortalecer los derechos de las audiencias y sostuvo que la iniciativa busca garantizar el acceso de la población a información clara, transparente y diferenciada, sin afectar la libertad de expresión ni la independencia editorial de los medios de comunicación.

Durante su participación en tribuna en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora rechazó que la discusión sobre los derechos de las audiencias represente un mecanismo de censura y afirmó que el propósito es consolidar las libertades democráticas y el derecho de la ciudadanía a recibir información que le permita formar un criterio propio.

El debate ocurre en el contexto de la consulta pública sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, tema que ha generado posturas encontradas entre legisladores, especialistas y representantes de medios de comunicación.

«La libertad de expresión es una conquista del pueblo»

En su intervención, Liz Sánchez sostuvo que la defensa de la libertad de expresión forma parte de los principios que, dijo, han acompañado al movimiento de la Cuarta Transformación.

«La libertad de expresión es una conquista del pueblo que no debemos olvidar. Para quienes formamos parte de este movimiento, defenderla no es una postura de ocasión; es una convicción nacida en las plazas públicas, las luchas sociales y la voz de quienes fueron ignorados o silenciados por el viejo régimen», expresó.

La legisladora añadió que su bancada no busca medios sometidos ni periodistas silenciados, sino un entorno de libertad, pluralidad y crítica. –sn–

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El Congreso de Coahuila promueve represión y encarcelamiento de manifestantes: Mejía Berdeja

Se violan permanentemente los derechos humanos en la entidad. La manifestación pacífica constituye uno de los pilares de toda democracia. Está la obligación de proteger el ejercicio de la protesta pacífica.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para solicitar al Congreso del Estado de Coahuila evitar cualquier acción institucional que pueda traducirse en la criminalización de la protesta social y en el uso del derecho penal como mecanismo para limitar las libertades fundamentales de la ciudadanía.

El legislador petista recordó que en la víspera se registró una manifestación pacífica al interior del recinto coahuilense, donde un grupo de ciudadanos se manifestó por la separación del diputado local Antonio Flores Guerra de sus funciones legislativas y protestaban para permitirle el ejercicio del cargo parlamentario mientras se resuelve un juicio de amparo.

En este sentido, la legisladora local Beatriz Fraustro Dávila, en funciones de presidenta del Congreso de Coahuila, “realizó declaraciones públicas en las que sostuvo que, de repetirse manifestaciones al interior del recinto legislativo, podría solicitarse la intervención de la fuerza pública y confirmó la presentación de denuncias derivadas de la protesta realizada por ciudadanos e integrantes del Partido del Trabajo, quienes expresaban su inconformidad frente a la negativa del Congreso local de cumplir una resolución emitida por un Juez Federal dentro del juicio de amparo 930/2026”.

Así, Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que el derecho a la libre expresión, reunión y manifestación pacífica constituye uno de los pilares de toda democracia y se encuentra plenamente protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

«Las instituciones democráticas deben garantizar el ejercicio de las libertades, nunca intimidar ni perseguir a quienes ejercen su derecho a manifestarse de manera pacífica. La protesta social no puede convertirse en un motivo de persecución política ni de presión institucional», afirmó Ricardo Mejía Berdeja.

El también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados explicó que su propuesta pide respetuosamente a la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, para que, en el ámbito de sus atribuciones, se abstenga de emitir declaraciones o promover actuaciones que pudieran interpretarse como una forma de criminalizar la movilización social o restringir derechos constitucionales.

En este sentido, el diputado federal señaló que la democracia exige gobiernos abiertos al diálogo y respetuosos de la pluralidad de ideas, particularmente cuando la ciudadanía expresa inconformidades mediante mecanismos pacíficos.

«La fortaleza de un régimen democrático se mide por su capacidad para escuchar a la sociedad, no por intentar silenciarla. Las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos», expresó.

 Ricardo “El Tigre” Mejía recordó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que los Estados tienen la obligación de proteger el ejercicio de la protesta pacífica y abstenerse de utilizar instrumentos penales para inhibir la participación ciudadana.

 Indicó que el derecho de reunión, asociación y libertad de expresión forman parte del núcleo esencial de los derechos democráticos y constituyen garantías indispensables para la participación de la sociedad en los asuntos públicos.

 «Cuando el poder pretende convertir la protesta en delito, lo que realmente pone en riesgo es la democracia. Ninguna autoridad debe utilizar su posición para generar un ambiente de intimidación contra quienes piensan distinto o defienden causas sociales», puntualizó

 El legislador por Coahuila reiteró que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer por encima de cualquier diferencia política o coyuntura electoral, pues la protección de las libertades públicas fortalece las instituciones y genera confianza ciudadana.

 Finalmente, el legislador federal Mejía Berdeja confió en que el exhorto contribuya a consolidar una cultura de respeto a los derechos fundamentales en Coahuila y en todo el país.

 «La democracia se fortalece cuando el Estado protege la libre expresión de sus ciudadanos y garantiza que ninguna persona sea perseguida por ejercer pacíficamente sus derechos constitucionales. Defender las libertades es defender a México», concluyó Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–

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Perfila el Congreso de la Unión la elección de integrantes de la Sesión Permanente:

Se anuncian sesiones y se prevén definiciones relevantes.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                     

Ricardo Monreal Ávila informó que la Cámara de Diputados programó dos sesiones para resolver asuntos legislativos y designaciones, y señaló que la primera se dedicó a la Ley de Economía Circular. También señaló que la segunda se definió para resolver puntos de acuerdo pendientes. Además indicó que se eligieron integrantes de la Comisión Permanente conforme a los tiempos establecidos.

La agenda legislativa incluyó la discusión de reformas vinculadas con la Ley General de Salud y determinaciones arancelarias. Los dictámenes se presentaron para su análisis y eventual aprobación después de varios días de preparación técnica. Las comisiones involucradas entregaron los documentos finales para su trámite correspondiente.

En el tema arancelario se registraron nuevas reservas impulsadas por diversos sectores industriales. Esas modificaciones surgieron a partir de solicitudes expresas de representantes productivos del país. La Cámara consideró esas peticiones para ajustar la versión más reciente del dictamen.

Reformas y dictámenes

La sesión inició con el análisis de modificaciones a la Ley General de Salud vinculadas con vapeadores y productos similares. El debate se enfocó en los alcances normativos sobre su comercialización y control. Los legisladores revisaron antecedentes y observaciones técnicas antes de avanzar en los acuerdos.

En conversación con reporteros, el coordinador del grupo parlamentario de Morena explicó que se revisaron dos dictámenes de la Comisión de Hacienda. Esos documentos plantearon adecuaciones a la Ley Monetaria relacionadas con monedas de diez y veinte pesos. Las propuestas se turnaron para su votación conforme al procedimiento regular.

Las comisiones técnicas detallaron el impacto operativo de las modificaciones monetarias. Los legisladores evaluaron sus implicaciones en el sistema de pagos del país. El pleno recibió los argumentos para definir la pertinencia de los cambios normativos. –sn–

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