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  1. Brasil, de la autonomía relativa a la inserción hemisférica


    Por: Lic. Alejandro Marcó del Pont

    Si la derecha forma una mayoría en el Senado van a transformar este país en un infierno (Inácio Lula da Silva)

    La idea es la siguiente. Si Brasil conserva autonomía estratégica, Sudamérica puede intentar conservar un centro de gravedad propio. Si Brasil queda incorporado a una arquitectura hemisférica dirigida por Washington, el efecto no queda limitado a Brasil: cambia la relación de fuerzas de toda América Latina.

    La primera vuelta del 4 de octubre de 2026 no fue una elección. Fue el primer plebiscito sobre la soberanía de Brasil. Flávio Bolsonaro, el heredero de bajo perfil que nunca gobernó nada más que su propia ambición, venció a Luiz Inácio Lula da Silva por casi dos puntos porcentuales: 47,03% contra 45,16%. El balotaje del 25 de octubre definirá quién ocupa el Planalto, pero la suerte de Brasil como sujeto de la geopolítica hemisférica ya se decidió en las urnas legislativas, donde el Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro casi duplicó su bancada en el Senado, saltando de 15 a 28 escaños de los 81. Es la segunda mayor bancada de un partido en la cámara alta desde la redemocratización. El PL no solo ganó: capturó el instrumento que puede bloquear o acelerar cualquier proyecto de país.

    La cifra es más que un dato electoral. Es una ecuación de poder. Sumando a sus aliados tradicionales —Republicanos, Novo, — el bloque bolsonarista queda a cuatro votos de la mayoría absoluta. El progresismo cayó de 17 a 15 escaños. Lula lo advirtió durante la campaña con una franqueza que sonaba a profecía: “No podemos permitir que la derecha forme una mayoría en el Senado porque, si lo hacen, van a transformar este país en un infierno”. No exageraba.

    Con esta configuración, el PL puede garantizar la gobernabilidad de un eventual gobierno de Flávio —y ya ha comenzado a hacerlo, con cinco partidos declarando su apoyo y una encuesta, PoderData/Aya, que le otorga 53% contra 47% a Lula en el balotaje— o puede convertir el Senado en una cámara de bloqueo permanente si Lula logra revertir el resultado. En cualquiera de los dos escenarios, la agenda de la autonomía estratégica brasileña —tierras raras, regulación de big techs, política industrial, alineamiento con los BRICS— queda a merced de una bancada que responde a intereses que no son los del interés nacional brasileño.

    Porque la captura del Senado no es un fenómeno endógeno. Es la pata legislativa de una operación de subordinación diseñada en Washington y ejecutada con la precisión de un fondo de inversión. La Rockbridge Network, fundada en 2019 por el vicepresidente de EE. UU. J. D. Vance y el empresario Chris Buskirk, con el respaldo del tecno oligarca Peter Thiel, abrió la Rockbridge Brazil LLC en Wyoming el 12 de mayo de 2026.

    Aunque negó reiteradamente operar en Brasil hasta que los registros la contradijeron, documentos internos obtenidos por Intercept Brasil describen la operación como un “fondo de capital político” con foco en” medios conservadores, formación de jóvenes y apoyo legislativo”. No es filantropía. Es la construcción de un “capital político permanente y mensurable”, en palabras del propio plan de negocios. Thiel llegó a Brasil con quince representantes de sus empresas y avanzó en contactos vinculados a la inteligencia artificial. La conexión con la campaña de Flávio es explícita en las acusaciones cruzadas dentro de la propia derecha: el candidato Renan Santos acusó al senador de beneficiarse de “apoyo financiero clandestino asociado a promesas de negocios en el sector de las tierras raras”.

    En diciembre del año pasado, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 proclamó ese corolario. En octubre de 2025, Washington presentó 21 demandas a Brasil, entre ellas que no detuviera ni limitara la participación de “disidentes políticos” en las elecciones de 2026. La misma administración que impuso aranceles del 50% a productos brasileños sancionó al ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. El mensaje no podía ser más claro: la soberanía brasileña es negociable.

    Antes de seguir adelante habría algunos asuntos que serían saludable conocerse para evaluar la descripción que sigue en el artículo. Se suele decir que la gente vota muy mal, contraria a sus intereses, pero el PT gobernó 17 de los últimos 24 años. Ganó cinco elecciones presidenciales en un cuarto de siglo. Las ideas de políticas sociales de el plan Lula I y II (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011–2016) fueron diferentes a al conservadurismo de Lula III (2023-2026).

    Los gobiernos del PT sacaron de la pobreza a 38 millones de personas y cerca de 40 millones ingresaron a la clase media (la llamada clase C). El éxito en la reducción de la pobreza se basó en una red de transferencias condicionadas de ingresos y apoyo alimentario: Bolsa Família, Hambre Cero (Fome Zero), aumento del salario mínimo, farmacia popular y otros apoyos, que facilitó el acceso gratuito o subsidiado a medicamentos esenciales para las familias vulnerables y salud pública a los pueblos originarios, entre otras.

    Habría que dudar que la gente vota de forma espantosa, pero existe una tendencia en las elecciones de América Latina. Antes de José Antonio Kast gobernó en Chile el débil Gabriel Boric. Antes del energúmeno impresentable de De la Espriella en Colombia gobernó el apático Gustavo Petro. Antes de Rodrigo Paz en Bolivia gobernó y destrozo al MAS Luis Arce. Antes de Milei gobernó Alberto Fernández. Todos estos gobiernos progresistas se volvieron moderados, todos bajaron las banderas que enarbolaban. Pretendieron de manera conservadora jugar a administrar o prorrogar los avances del conservadurismo, detenerlo de manera defensiva, con sus reglas de juego, con sus cartas. La idea no dio resultado.

    El otro punto a tener en cuenta es que el año 2025 marcó un nuevo capítulo en el comercio exterior brasileño. El país alcanzó un récord histórico en exportaciones, con un total de US$348.700 millones, mientras que las importaciones también llegaron a un nivel sin precedentes de US$280.400 millones. El resultado de este sólido desempeño fue un superávit comercial de US$68.300 millones, el tercero más grande en la historia del país. El comercio entre Brasil y China alcanzó la cifra récord de 171.000 millones de dólares en 2025, con un superávit brasileño de 29.100 millones de dólares, es decir, el 43% del superávit general, se debe a China.

    Ahora bien, como decíamos la captura del Senado es el instrumento que hace posible pensar en diferentes alineamientos sin necesidad de una invasión. Con 28 escaños, el PL controla el calendario legislativo, la agenda de nombramientos y, sobre todo, la capacidad de iniciar un juicio político. La destitución de Lula, si el balotaje le es adverso a Bolsonaro, no requeriría un golpe militar, requeriría una mayoría en una cámara que ya está en manos de sus adversarios.

    Y antes de eso, el Senado ya demostró su capacidad de infligir derrotas institucionales. En abril de 2026, rechazó por primera vez desde 1894 la nominación de un candidato presidencial a la Corte Suprema. Jorge Messias fue rechazado con 42 votos en contra y 34 a favor. La erosión institucional ya no es una hipótesis: es un hecho consumado.

    Pero el Senado es solo la puerta de entrada. Lo que está en juego es la pérdida de la autonomía relativa que Brasil construyó con décadas de diplomacia y de inserción internacional. Y aquí es donde el análisis debe abandonar la comodidad de la denuncia y adentrarse en el terreno de las consecuencias estructurales. Porque la subordinación de Brasil a la Doctrina Donroe no es un asunto bilateral. Es un reordenamiento de todo el hemisferio. La tesis del CEBRI sobre las “naciones crustáceas” adquiere una relevancia que sus autores probablemente no imaginaron cuando la formularon.

    Inspirados en la alerta de Polanyi, describen Estados que, ante un entorno hostil, desarrollan caparazones defensivos —fronteras militarizadas, soberanías endurecidas— pero que en el proceso pierden movilidad y capacidad de acción autónoma. La tesis central es que Estados Unidos ha abandonado el poder institucional en favor de la coerción directa, y que para Brasil “la supervivencia soberana dependerá de aprovechar su interdependencia económica como contrapoder relacional”. Pero si Brasil se incorpora a una arquitectura hemisférica dirigida por Washington, deja de ser un crustáceo que se defiende y se convierte en un crustáceo que se ofrece. El caparazón se vuelve hacia dentro, pero la carne queda expuesta.

    La pérdida de autonomía tiene una dimensión que rara vez se aborda con la crudeza que merece, la dimensión tecnológica. No se trata solo de quién gobierna, sino de quién controla la infraestructura sobre la que se ejerce el gobierno. El 60% de la carga digital brasileña está alojada en centros de datos en Virginia, Estados Unidos. Brasil, uno de los países que más utiliza smartphones y con un polo industrial relevante en Manaos, importa la mayor parte de su infraestructura tecnológica; el cotidiano de trabajo y ocio está mediado por plataformas extranjeras cuya regulación ocurre en Estados Unidos. Solo en el último año, Brasil gastó U$S 2 mil millones en contratos con Google, Microsoft y Oracle. La dependencia no es un accidente: es una condición estructural.

    El gobierno de Lula ha intentado mitigarla con una estrategia de dependencia cruzada deliberada. Brasil construye dos supercomputadoras de IA, una con Huawei y otra con Nvidia, y negocia acuerdos de IA con ambos bloques. La inversión anunciada asciende a 444,2 millones de dólares. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luciana Santos, lo ha justificado con una lógica impecable: “El país no puede volverse dependiente de un solo modelo, sea chino u occidental”. Pero la lógica impecable no elimina la realidad material. Como se señala “una máquina construida por Huawei y una construida por Nvidia son ambas máquinas que Brasil no fabrica, y la soberanía que se ofrece es sobre los datos y los modelos, no sobre el silicio”.

    La conexión entre esta dependencia tecnológica y la subordinación geopolítica es directa. Como señala el análisis de Brookings, la insistencia de Brasil en la soberanía digital “proviene en parte de su escepticismo hacia la gobernanza tecnológica estadounidense”. Pero ese escepticismo no se traduce en capacidad material de construir alternativas. Brasil negocia acuerdos de IA con ambos bloques, pero los sistemas de IA utilizados en el país “reflejan patrones y datos americanos, limitando la autonomía nacional”. La inteligencia artificial no es neutral, sus sesgos, sus marcos normativos y sus capacidades operativas están moldeados por las jurisdicciones donde se entrenan los modelos y donde se almacenan los datos. La subordinación tecnológica no se limita a la compra de equipos. Es la imposición de un ecosistema normativo, de una gramática de decisión, de una episteme.

    Los BRICS representan la alternativa. El bloque, que ahora incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía e Irán, concentra el 40% del PIB global. Para Lula, la multipolaridad ya no es una preferencia de política exterior, sino “la condición sine qua non de la propia soberanía brasileña, la precondición sin la cual la autonomía estratégica es absolutamente inalcanzable”. La convergencia estratégica entre la extrema derecha brasileña y el proyecto de Trump ha colocado paradójicamente a los BRICS en el centro del debate sobre la soberanía nacional.

    Flávio Bolsonaro coloca la aproximación con Estados Unidos en el centro de su estrategia. Ha defendido “reevaluar la permanencia de Brasil en los BRICS y flexibilizar el Mercosur para buscar un acuerdo comercial bilateral con Washington”. No se trata de una retirada formal —el candidato ha sido ambiguo al respecto, y analistas como Xu Tianqi señalan que probablemente no lo hará para mantener su posición estratégica—, sino de un vaciamiento. Brasil permanecería en el bloque, pero como un actor pasivo, subordinado a los intereses de Washington, incapaz de articular una posición autónoma. Pero, casi 200.000 millones de dólares de comercio quizás lo hagan o lo obliguen a pensar.

    La pregunta que subyace a todo este análisis es ¿cuáles son las consecuencias para Latinoamérica y el mundo de que Brasil forme parte de la Doctrina Donroe? La respuesta exige abandonar la tentación de pensar en Brasil como un caso aislado. Brasil no es un país más de la región. Es el centro de gravedad. Es la mayor economía de América Latina, el miembro fundador de los BRICS, el principal socio comercial de China en la región, el articulador histórico del Mercosur, el actor que ha permitido que Sudamérica tenga una voz propia en el concierto internacional. Si Brasil se incorpora a una arquitectura hemisférica dirigida por Washington, no es solo Brasil el que pierde autonomía. Es toda la región la que extravía su centro de gravedad.

    El efecto cascada es fácil de rastrear. La victoria de Bolsonaro completaría un giro regional hacia la derecha: Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile eligieron presidentes de derecha en 2025, Colombia eligió a De la Espriella, Perú a Keiko Fujimori con respaldo de la administración Trump, y en Venezuela y Argentina el protectorado funciona. Con Brasil alineado con Washington, la arquitectura de cooperación Sur-Sur que se construyó durante dos décadas se desmorona. El BRICS pierde a uno de sus cuatro miembros fundadores con mayor capacidad de articulación. Los países del Sur Global pierden un modelo de autonomía estratégica que, aunque imperfecto y frágil, ofrecía una alternativa viable a la subordinación. Y el orden internacional basado en reglas —ya erosionado por la coerción unilateral estadounidense— pierde un actor clave en su defensa.

    La encrucijada de octubre es, por lo tanto, algo más que una elección presidencial. Es un referéndum sobre el lugar de Brasil en el orden global. Como resume el análisis de China Today, la elección se ha convertido en “un referéndum sobre dos visiones irreconciliables del lugar del país en el mundo: la multipolaridad representada por Lula versus el “Proyecto para un Nuevo Siglo Americano” de los Bolsonaro. La familia Bolsonaro ha apostado su futuro político a Washington, cabildeando ante la administración Trump por sanciones contra las propias instituciones.

    Si esa apuesta se consolida, Brasil dejará de ser un sujeto de la geopolítica hemisférica para convertirse en un objeto. Dejará de tener una política exterior propia para tener una política exterior delegada. Dejará de ser el centro de gravedad de Sudamérica para ser un satélite de Washington. Y las consecuencias no se limitarán a Brasil. Se extenderán a toda América Latina, que perderá su principal contrapeso regional frente a Estados Unidos. Se extenderán al BRICS, que perderá a uno de sus miembros más importantes. Y se extenderán al orden internacional, que perderá un actor clave en la defensa de un sistema basado en reglas.

    La “carestía” de no tener arquitectura tecnológica propia no es solo económica. Es la pérdida de la capacidad de decidir. Es la conversión de un país-continente con enormes recursos estratégicos en un proveedor de materias primas y un mercado cautivo para las big techs, la industria de defensa y el complejo militar-industrial estadounidense. Es, en palabras de Lula en su columna en The New York Times, la reedición de un proyecto neocolonial que “trata de someter los recursos naturales estratégicos” de la región. La pregunta no es si Brasil puede sobrevivir a la Doctrina Donroe. La pregunta es si Brasil quiere sobrevivir a ella. Y la respuesta, por ahora, está en manos de un electorado que el 25 de octubre decidirá si su país sigue siendo un sujeto o se convierte en un objeto. El tábano, mientras tanto, sigue picando. Algunos lo espantarán. Otros, quizás, escucharán lo que tiene que decir.

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