Senado aprueba reforma a la Ley Aduanera contra el huachicol fiscal; oposición advierte discrecionalidad
La reforma busca reforzar la fiscalización de mercancías subvaluadas y endurecer las sanciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos. Legisladores del PRI y PAN respaldaron el combate al contrabando, pero cuestionaron las facultades que tendría la autoridad aduanera para aplicar las nuevas disposiciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Aduanera para endurecer las sanciones contra el huachicol fiscal y ampliar los mecanismos de fiscalización de mercancías importadas con valores inferiores a los reales. La reforma obtuvo 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención en lo general, y fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
Los cambios contemplan multas de entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de las mercancías en determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos. También amplían las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras ante posibles casos de subvaluación, una práctica que puede reducir el pago de contribuciones y generar condiciones de competencia desleal.
Sin embargo, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron los alcances de la reforma, al advertir que la aplicación de las nuevas reglas podría dejar margen de discrecionalidad a los funcionarios y afectar a empresas que cometan errores documentales o declaren precios inferiores a los valores de referencia.
¿Qué cambia con la reforma a la Ley Aduanera?
Uno de los principales ajustes establece mecanismos de comprobación obligatoria cuando el valor declarado en el pedimento aduanal sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, conforme a las disposiciones aplicables.
La reforma también modifica el régimen sancionador para determinadas infracciones vinculadas con hidrocarburos y petrolíferos. Las multas podrán representar entre 50 y 100 por ciento del valor comercial de los productos involucrados.
Otro de los cambios se relaciona con el embargo precautorio de mercancías. La modificación elimina el umbral general de diferencia de 50 por ciento que se utilizaba como referencia para activar esta medida, con el propósito de permitir la intervención de la autoridad ante diferencias de valoración que no alcanzaban ese porcentaje.
La aplicación de los nuevos criterios y los mecanismos para sustituir el embargo mediante garantías forman parte de los aspectos centrales de la reforma. Su alcance dependerá de las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
El objetivo es combatir esquemas de contrabando y evasión fiscal, fortalecer la recaudación pública y proteger a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y aduaneras.
PRI cuestiona las facultades de la autoridad aduanera
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, sostuvo que su partido respalda el combate al contrabando, la subvaluación y el huachicol fiscal, pero rechazó que las nuevas facultades puedan aplicarse sin parámetros suficientemente definidos en la ley.
La legisladora advirtió que una cosa es proporcionar herramientas al Estado para perseguir actividades ilícitas y otra conceder atribuciones amplias para decidir, mediante reglas administrativas posteriores, cuándo procede el embargo de mercancías.
Viggiano argumentó que los criterios fundamentales deben establecerse expresamente en la legislación y no quedar sujetos a disposiciones que emita posteriormente la propia autoridad. También pidió que el Congreso asuma la responsabilidad de fijar los umbrales aplicables a la detección de posibles irregularidades.
Su postura se centró en la necesidad de establecer límites legales claros para evitar que las facultades de fiscalización se ejerzan de manera discrecional.
PAN advierte posibles afectaciones a empresas
Por su parte, el senador José Máximo García López, del PAN, reconoció que el contrabando perjudica a México, pero cuestionó que la reforma pueda afectar a comerciantes e importadores que incurran en errores administrativos sin intención de cometer una infracción grave.
El legislador señaló que las operaciones de comercio internacional pueden presentar equivocaciones en documentos, claves aduanales o declaraciones, por lo que consideró necesario distinguir entre un descuido susceptible de corrección y una conducta deliberada para evadir obligaciones fiscales.
García López también criticó la eliminación del umbral de 50 por ciento que operaba como referencia para identificar diferencias significativas entre el valor declarado y el comercial.
A su juicio, la modificación podría permitir que una diferencia de precio genere sospechas y derive en la retención de mercancías o en la exigencia de garantías económicas elevadas, incluso cuando existan descuentos por volumen, liquidaciones u otras condiciones comerciales legítimas.
El senador sostuvo que la legislación debe combatir las operaciones ilícitas sin imponer cargas desproporcionadas a los negocios que cumplen con sus obligaciones. –sn–
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