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El Gobierno norirlandés abre la segunda revisión de la reforma de licencias de alcohol https://www.vinetur.com/20260916107217/northern-ireland-opens-second-statutory-review-of-licensing-reforms.html #GobiernoNorirlandés #ReformaLicencias #LicenciasDeAlcohol #ConsultaPública #HorariosEspeciales

Consulta pública sobre segurança de barragens no estado recebe contribuições até outubroÂ

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/09/09/consulta-publica-sobre-seguranca-de-barragens-no-estado-recebe-contribuicoes-ate-outubro/

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Aberta consulta pública sobre a Minuta da Política Institucional para a EJA-EPT

https://fed.brid.gy/r/https://ifrs.edu.br/aberta-consulta-publica-sobre-a-minuta-da-politica-institucional-para-a-eja-ept/

Aberta consulta pública sobre a Minuta da Política Institucional para a EJA-EPT

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

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Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Anvisa inicia processo para regulamentar uso de apps de delivery na entrega de medicamentos

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Kenia López Rabadán llama a participar en consulta sobre derechos de las audiencias y libertad de expresión

Kenia López Rabadán convocó a ciudadanos, periodistas, académicos y concesionarios a participar en la consulta pública sobre derechos de las audiencias. Advirtió que la regulación no debe afectar la libertad de expresión ni la autonomía editorial.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La presidente de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a la ciudadanía, especialistas, periodistas y concesionarios de medios de comunicación a participar en la consulta pública sobre el proyecto de regulación en materia de derechos de las audiencias, al considerar que se trata de una decisión con implicaciones para la libertad de expresión y la vida democrática del país.

En conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias constituye una obligación prevista en la Constitución, pero afirmó que cualquier regulación debe preservar la pluralidad informativa, la autonomía editorial y la libertad de prensa.

La consulta pública, recordó, permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y puede consultarse a través del portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Pide reglas claras y definiciones precisas

López Rabadán consideró necesario revisar con detenimiento algunos conceptos incluidos en el proyecto, entre ellos «información falsa», «descontextualizada», «veraz» y «oportuna».

A su juicio, la ausencia de definiciones objetivas y precisas podría permitir interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad administrativa al momento de evaluar contenidos periodísticos.

La legisladora también planteó aclarar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, particularmente en lo relacionado con la supervisión de los defensores de las audiencias.

Asimismo, señaló que la regulación debe ofrecer certeza jurídica tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación respecto a los procedimientos, criterios y sanciones aplicables.

«No puede ser este tema un inhibidor de la libertad de expresión. Defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, pero esa protección debe fortalecer —nunca debe debilitar— la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial», expresó.

Convoca a ciudadanos y especialistas

La presidente de la Cámara de Diputados invitó a participar en la consulta pública a organizaciones de la sociedad civil, universidades, académicos, investigadores, periodistas, comunicadores, concesionarios, programadores y defensores de las audiencias.

Indicó que el propósito es enriquecer el proyecto mediante observaciones y propuestas antes de la conclusión del proceso de consulta.

Respalda debate sobre redes sociales y menores

En otro tema, López Rabadán consideró positiva la discusión nacional sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que el análisis deberá continuar en la Cámara de Diputados con el objetivo de construir un marco legal que priorice el interés superior de la niñez y contribuya a proteger a los menores frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales. –sn–

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CNJ analisa proposta de Fachin que restringe participação de juízes em eventos e prevê análise de conflito de interesses

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CNJ analisa proposta de Fachin que restringe participação de juízes em eventos e prevê análise de conflito de interesses

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Bombeiros abrem consulta pública sobre novas regras de segurança para recarga de carros elétricos no RS

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Luisa María Alcalde informa que lineamientos sobre derechos de las audiencias estarán en consulta pública hasta el 20 de agosto

La consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones permanecerán en consulta pública hasta el 20 de agosto. La propuesta desarrolla los derechos de las audiencias previstos en la legislación vigente.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones relacionados con los derechos de las audiencias permanecerán en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 20 de agosto.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este proceso permitirá recibir observaciones y opiniones sobre el proyecto antes de su eventual aplicación. Precisó que los lineamientos desarrollan conceptos ya previstos en la legislación vigente y establecen la forma en que se harán efectivos los derechos de las audiencias.

Desarrollan disposiciones previstas en la ley

Alcalde señaló que la propuesta no incorpora nuevos derechos, sino que reglamenta aspectos ya contemplados en el marco jurídico vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Indicó que el objetivo es brindar mayor claridad sobre la aplicación de los derechos de las audiencias y definir los criterios que deberán observar los concesionarios de los servicios de radiodifusión.

Serán aplicables a radio y televisión

La consejera de la Presidencia precisó que los lineamientos serán obligatorios para las estaciones de radio y televisión de uso comercial, público y social.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/28/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-28-de-julio-2026/

Añadió que el periodo de consulta pública permanecerá abierto del 27 de julio al 20 de agosto, lapso durante el cual ciudadanos, especialistas, concesionarios y sectores interesados podrán presentar comentarios y observaciones sobre el contenido del proyecto.

El proceso de consulta busca fortalecer la propuesta regulatoria antes de su emisión definitiva y garantizar que la implementación de los derechos de las audiencias se realice conforme a la legislación vigente. –sn–

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Luisa María Alcalde informa que lineamientos sobre derechos de las audiencias estarán en consulta pública hasta el 20 de agosto

La consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones permanecerán en consulta pública hasta el 20 de agosto. La propuesta desarrolla los derechos de las audiencias previstos en la legislación vigente.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones relacionados con los derechos de las audiencias permanecerán en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 20 de agosto.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este proceso permitirá recibir observaciones y opiniones sobre el proyecto antes de su eventual aplicación. Precisó que los lineamientos desarrollan conceptos ya previstos en la legislación vigente y establecen la forma en que se harán efectivos los derechos de las audiencias.

Desarrollan disposiciones previstas en la ley

Alcalde señaló que la propuesta no incorpora nuevos derechos, sino que reglamenta aspectos ya contemplados en el marco jurídico vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Indicó que el objetivo es brindar mayor claridad sobre la aplicación de los derechos de las audiencias y definir los criterios que deberán observar los concesionarios de los servicios de radiodifusión.

Serán aplicables a radio y televisión

La consejera de la Presidencia precisó que los lineamientos serán obligatorios para las estaciones de radio y televisión de uso comercial, público y social.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/28/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-28-de-julio-2026/

Añadió que el periodo de consulta pública permanecerá abierto del 27 de julio al 20 de agosto, lapso durante el cual ciudadanos, especialistas, concesionarios y sectores interesados podrán presentar comentarios y observaciones sobre el contenido del proyecto.

El proceso de consulta busca fortalecer la propuesta regulatoria antes de su emisión definitiva y garantizar que la implementación de los derechos de las audiencias se realice conforme a la legislación vigente. –sn–

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Luisa María Alcalde informa que lineamientos sobre derechos de las audiencias estarán en consulta pública hasta el 20 de agosto

La consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones permanecerán en consulta pública hasta el 20 de agosto. La propuesta desarrolla los derechos de las audiencias previstos en la legislación vigente.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones relacionados con los derechos de las audiencias permanecerán en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 20 de agosto.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este proceso permitirá recibir observaciones y opiniones sobre el proyecto antes de su eventual aplicación. Precisó que los lineamientos desarrollan conceptos ya previstos en la legislación vigente y establecen la forma en que se harán efectivos los derechos de las audiencias.

Desarrollan disposiciones previstas en la ley

Alcalde señaló que la propuesta no incorpora nuevos derechos, sino que reglamenta aspectos ya contemplados en el marco jurídico vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Indicó que el objetivo es brindar mayor claridad sobre la aplicación de los derechos de las audiencias y definir los criterios que deberán observar los concesionarios de los servicios de radiodifusión.

Serán aplicables a radio y televisión

La consejera de la Presidencia precisó que los lineamientos serán obligatorios para las estaciones de radio y televisión de uso comercial, público y social.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/28/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-28-de-julio-2026/

Añadió que el periodo de consulta pública permanecerá abierto del 27 de julio al 20 de agosto, lapso durante el cual ciudadanos, especialistas, concesionarios y sectores interesados podrán presentar comentarios y observaciones sobre el contenido del proyecto.

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Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones relacionados con los derechos de las audiencias permanecerán en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 20 de agosto.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este proceso permitirá recibir observaciones y opiniones sobre el proyecto antes de su eventual aplicación. Precisó que los lineamientos desarrollan conceptos ya previstos en la legislación vigente y establecen la forma en que se harán efectivos los derechos de las audiencias.

Desarrollan disposiciones previstas en la ley

Alcalde señaló que la propuesta no incorpora nuevos derechos, sino que reglamenta aspectos ya contemplados en el marco jurídico vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Indicó que el objetivo es brindar mayor claridad sobre la aplicación de los derechos de las audiencias y definir los criterios que deberán observar los concesionarios de los servicios de radiodifusión.

Serán aplicables a radio y televisión

La consejera de la Presidencia precisó que los lineamientos serán obligatorios para las estaciones de radio y televisión de uso comercial, público y social.

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Añadió que el periodo de consulta pública permanecerá abierto del 27 de julio al 20 de agosto, lapso durante el cual ciudadanos, especialistas, concesionarios y sectores interesados podrán presentar comentarios y observaciones sobre el contenido del proyecto.

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Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, informó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones relacionados con los derechos de las audiencias permanecerán en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 20 de agosto.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que este proceso permitirá recibir observaciones y opiniones sobre el proyecto antes de su eventual aplicación. Precisó que los lineamientos desarrollan conceptos ya previstos en la legislación vigente y establecen la forma en que se harán efectivos los derechos de las audiencias.

Desarrollan disposiciones previstas en la ley

Alcalde señaló que la propuesta no incorpora nuevos derechos, sino que reglamenta aspectos ya contemplados en el marco jurídico vigente en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Indicó que el objetivo es brindar mayor claridad sobre la aplicación de los derechos de las audiencias y definir los criterios que deberán observar los concesionarios de los servicios de radiodifusión.

Serán aplicables a radio y televisión

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Jubilados presentan propuestas para fortalecer derechos humanos en empresas públicas

La Alianza Nacional de Jubilados presentó propuestas para fortalecer la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas con medidas de debida diligencia, evaluación de impactos y protección de derechos laborales y de seguridad social.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Alianza Nacional de Jubilados, organización que representa a más de 93 mil personas jubiladas, presentó sus propuestas técnicas dentro de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHyE), un proceso coordinado por el gobierno federal con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las aportaciones buscan fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en la actuación de las empresas, especialmente de las Empresas Productivas del Estado, mediante herramientas preventivas que permitan identificar y atender riesgos antes de que decisiones administrativas o normativas generen afectaciones a derechos laborales y de seguridad social.

La organización explicó que sus propuestas fueron elaboradas con base en la experiencia acumulada por personas jubiladas de empresas públicas que han enfrentado modificaciones normativas y administrativas con impacto en derechos adquiridos. Ese conocimiento fue traducido en recomendaciones de política pública alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que promueven la prevención de riesgos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Debida diligencia, eje de la propuesta

Uno de los temas centrales de la consulta pública es la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, entendidos como el conjunto de acciones que permiten identificar, evaluar, prevenir y atender oportunamente posibles impactos sobre los derechos de las personas antes de adoptar decisiones relevantes.

De acuerdo con la Alianza, estos mecanismos fortalecen la certeza jurídica, favorecen la transparencia institucional y contribuyen a prevenir conflictos mediante la participación de los grupos potencialmente afectados y el seguimiento permanente de los riesgos detectados.

Principales recomendaciones

Entre las propuestas entregadas durante la consulta pública destacan:

• Incorporar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos laborales y de seguridad social.
• Fortalecer los procesos de debida diligencia en las Empresas Productivas del Estado mediante mecanismos preventivos, evaluación de impactos, participación de las personas potencialmente afectadas y seguimiento de riesgos.
• Ampliar los espacios de diálogo y participación ciudadana durante la toma de decisiones.
• Establecer indicadores públicos para dar seguimiento, evaluar resultados e impulsar la mejora continua de las políticas implementadas.

La organización sostuvo que una adecuada protección de los derechos humanos fortalece las instituciones públicas, genera mayor certeza jurídica, mejora la eficiencia administrativa y contribuye a prevenir conflictos sociales, además de consolidar el Estado de Derecho.

«La participación de la Alianza no busca resolver un caso particular; busca contribuir a que México cuente con instituciones más sólidas y con herramientas que prevengan futuras afectaciones a los derechos humanos. La mejor política pública es aquella que evita los conflictos antes de que ocurran», señaló la organización.

Participación institucional

Con esta intervención en la consulta pública, la Alianza Nacional de Jubilados reiteró su compromiso con el diálogo institucional, la participación ciudadana y la elaboración de propuestas técnicas orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas.

La organización informó que durante los últimos meses ha impulsado diversas iniciativas nacionales e internacionales enfocadas en promover la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, privilegiando los mecanismos institucionales y la participación pacífica.

La incorporación de estas propuestas a la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas, consideró la organización, podría representar un avance para la protección de los derechos de las personas jubiladas y trabajadoras, así como para fortalecer la actuación de las empresas públicas y las instituciones del país.

La Alianza Nacional de Jubilados está integrada por personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), Luz y Fuerza del Centro y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Su labor se orienta a la defensa de la no retroactividad, los derechos adquiridos, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos mediante el diálogo, la legalidad, la participación ciudadana y la manifestación pacífica. –sn–

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Governo aciona Lei de Reciprocidade contra tarifaço de Trump e classifica decisão como ‘marco lastimável’ nas relações com os EUA

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/16/governo-aciona-lei-de-reciprocidade-contra-tarifaco-de-trump-e-classifica-decisao-como-marco-lastimavel-na-relacao-com-os-eua/

Governo aciona Lei de Reciprocidade contra tarifaço de Trump e classifica decisão como ‘marco lastimável’ nas relações com os EUA

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/16/governo-aciona-lei-de-reciprocidade-contra-tarifaco-de-trump-e-classifica-decisao-como-marco-lastimavel-na-relacao-com-os-eua/

Associação de ex-presos políticos do RS anuncia homenageados do Prêmio Rubens Paiva 2026

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/10/associacao-de-ex-presos-politicos-do-rs-anuncia-homenageados-do-premio-rubens-paiva-2026/

Associação de ex-presos políticos do RS anuncia homenageados do Prêmio Rubens Paiva 2026

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/10/associacao-de-ex-presos-politicos-do-rs-anuncia-homenageados-do-premio-rubens-paiva-2026/

Ministro aponta que bolsonaristas seguem atrapalhando o Brasil em negociação sobre tarifaço dos EUA

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/02/ministro-aponta-que-bolsonaristas-seguem-atrapalhando-o-brasil-em-negociacao-sobre-tarifaco-dos-eua/

Ministro aponta que bolsonaristas seguem atrapalhando o Brasil em negociação sobre tarifaço dos EUA

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/07/02/ministro-aponta-que-bolsonaristas-seguem-atrapalhando-o-brasil-em-negociacao-sobre-tarifaco-dos-eua/

#Consultapública sobre las normas que rigen la oferta de #vivienda en #Europa. Se invita a los participantes a presentar, antes del 30 de septiembre de 2026, datos que demuestren cómo afectan las normas de la #UE a la oferta de vivienda, así como sugerencias prácticas para su simplificación y buenas prácticas. https://links.uv.es/IXK7Um3

#Consultapública sobre las normas que rigen la oferta de #vivienda en #Europa. Se invita a los participantes a presentar, antes del 30 de septiembre de 2026, datos que demuestren cómo afectan las normas de la #UE a la oferta de vivienda, así como sugerencias prácticas para su simplificación y buenas prácticas. https://links.uv.es/IXK7Um3

Piden a la SEMA de Quintana Roo cumplir fallo sobre proyecto San Mex

El CEMDA exhortó a la SEMA de Quintana Roo a acatar la resolución judicial que anuló el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto San Mex y ordenó realizar una consulta pública en Playa del Carmen.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) hizo un llamado a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo para que cumpla la resolución emitida por un Tribunal Colegiado, la cual deja sin efectos el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto San Mex y ordena realizar la consulta pública que fue omitida.

El organismo informó que el pasado 23 de junio, el Juzgado Quinto de Distrito en Quintana Roo declaró que la SEMA incurrió en un evidente desacato a la ejecutoria dictada dentro del Amparo en Revisión 597/2025.

De acuerdo con el CEMDA, la resolución judicial obliga a la autoridad ambiental estatal a cumplir con lo ordenado por el Tribunal y garantizar la participación ciudadana en el procedimiento.

Ordenan reponer el procedimiento ambiental

El organismo recordó que el 6 de mayo de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió dejar insubsistente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto San Mex.

La sentencia también instruyó a la SEMA a realizar la consulta pública que previamente fue negada a habitantes de Playa del Carmen, como parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto.

El CEMDA reiteró su llamado para que la autoridad ambiental estatal acate plenamente la resolución judicial y garantice el derecho de la comunidad a participar en los procedimientos ambientales conforme a la legislación vigente.

¿Qué es el proyecto San Mex?

El Proyecto San Mex de Playa del Carmen, Quintana Roo, se trata de infraestructura para el manejo y tratamiento de aguas residuales que ha generado controversia por temas ambientales y de participación ciudadana.

El proyecto contempla:

• Un centro especializado para la recepción, mantenimiento y operación de vehículos que recolectan y transportan aguas residuales.
• Una planta de tratamiento de aguas residuales.
• Talleres mecánicos, áreas de lavado y resguardo de unidades.
• Instalaciones para el manejo de lodos y grasas.
• Oficinas administrativas y áreas de servicio para el personal.
• Su construcción está prevista en un predio de aproximadamente 8,725 metros cuadrados en Playa del Carmen, con una inversión estimada de 12 millones de pesos.

El proyecto ha sido objeto de un litigio judicial. En junio de 2026, un Tribunal Federal determinó que la autoridad ambiental de Quintana Roo otorgó la autorización sin realizar la consulta pública que exige la legislación para proyectos con posibles impactos ambientales. Como consecuencia, ordenó dejar sin efectos la autorización ambiental hasta que se lleve a cabo dicho proceso de consulta y posteriormente se emita una nueva resolución.

La controversia se centra en dos posturas principales:

• Los promotores sostienen que el proyecto busca mejorar el manejo y tratamiento de aguas residuales en la zona.
• Organizaciones ambientales y vecinos argumentan que la autorización fue irregular al no garantizar el derecho de la comunidad a participar e informarse antes de aprobar la obra. –sn–

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La #ComisiónEuropea ha empezado a trabajar en una Estrategia de Aviación y Aeronáutica de la #UE e invita a los ciudadanos, las empresas y las partes interesadas a compartir sus observaciones a través de una convocatoria de datos hasta el 21 de mayo de 2026 #consultapublica https://links.uv.es/hbNB0jo

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#Consultapública sobre la legislación primaria en materia de #agua
Abierta hasta el 14 de abril 2026 - InfoEUROPA
La Comisión Europea lanza convocatoria de datos de cuatro semanas de duración para apoyar el examen y la revisión específica de la Directiva marco sobre el agua de la #UE, el principal acto legislativo de la UE para proteger y mejorar el estado de las #aguaseuropeas
#Contaminación de las aguas
#Gestióndelagua

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/17034-Politica-de-aguas-de-la-UE-revision-especifica-de-la-Directiva-marco-sobre-el-agua_es

https://infoeuropa.uv.es/consulta-publica-sobre-la-legislacion-primaria-en-materia-de-agua/

Sul21, Brasil de Fato e IAB-RS promovem debate sobre o Plano Diretor de Porto Alegre no dia 30

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Parlamento venezolano realiza #ConsultaPública sobre #LeyDeLaCruzRoja https://fusernews.com/parlamento-v...

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