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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila

¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.

En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).

Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.

Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.

Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.

Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.

El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.

Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.

La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La ingeniería social de salud

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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