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PAN impulsa juicio político contra Rubén Rocha Moya

Hasta el momento, autoridades federales y representantes de Rubén Rocha Moya no emitieron una postura oficial sobre la solicitud de juicio político presentada por el PAN en la Cámara de Diputados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, presentó una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Legisladores y militantes panistas acompañaron la acción legislativa en el recinto de San Lázaro. La petición surgió tras señalamientos del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del mandatario estatal con el crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera informó que el PAN también acudirá ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Rubén Rocha Moya. El dirigente partidista añadió que la próxima semana impulsarán una solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El líder panista sostuvo que la situación política y de seguridad en la entidad ameritó acciones extraordinarias.

Acción legislativa panista

El presidente nacional del PAN afirmó que legisladores y liderazgos de distintas entidades respaldaron la solicitud de juicio político presentada en San Lázaro. La dirigencia panista sostuvo que la petición buscó establecer responsabilidades políticas y administrativas contra el gobernador con licencia de Sinaloa. También indicó que la acción contó con el apoyo de integrantes de la bancada albiazul en el Congreso federal.

Jorge Romero Herrera declaró que la solicitud de juicio político representó una postura institucional del PAN frente a las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses. El dirigente partidista señaló que el caso requería una revisión profunda por parte de órganos legislativos y judiciales. Además, aseguró que el PAN mantendrá presión política para avanzar en las investigaciones relacionadas con el mandatario sinaloense.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, explicó que la principal exigencia consistió en la separación definitiva del cargo de Rubén Rocha Moya. El legislador sostuvo que la medida impediría una eventual reincorporación al gobierno estatal bajo cualquier figura legal. También pidió aplicar sanciones administrativas ejemplares previstas en la legislación vigente. –sn–

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«Claudia Sheinbaum protege narcogobernadores»: lona instalada en el Zócalo

El colectivo Mexicanos al Grito de Paz sostuvo que continuará realizando protestas y acciones públicas sobre el tema. El caso mantuvo atención política y mediática debido a sus implicaciones judiciales, diplomáticas y partidistas.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz instalaron una lona frente a Palacio Nacional con mensajes dirigidos a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y referencias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La protesta ocurrió en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México (Cdmx). El material contenía imágenes de ambos políticos y consignas relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.

Los manifestantes denunciaron en redes sociales que un grupo de personas identificado por ellos como “reventadores” impidió la colocación de la lona. Según las publicaciones difundidas por el colectivo, esas personas retiraron el material después de un forcejeo registrado en videos compartidos en plataformas digitales. Hasta el momento, ninguna autoridad capitalina emitió una postura oficial sobre los hechos ocurridos en el Zócalo capitalino.

El colectivo señaló que la protesta buscó exhibir cuestionamientos públicos relacionados con las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos. En sus mensajes, integrantes de Mexicanos al Grito de Paz afirmaron que continuarían con movilizaciones y acciones de denuncia pública. También sostuvieron que el debate sobre presunta impunidad política permanecería vigente pese al retiro de la lona.

Acusaciones en Nueva York

El caso tomó relevancia después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación incluyó presuntos delitos relacionados con conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense. Además, el expediente mencionó posesión de armamento de uso militar y supuestos actos de corrupción institucional vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones presentadas en Estados Unidos colocaron por primera vez a un gobernador en funciones bajo señalamientos relacionados con presuntos vínculos criminales de alto nivel. De acuerdo con el expediente judicial, los cargos contemplaron penas que oscilaron entre 50 años de prisión y cadena perpetua. El caso provocó reacciones inmediatas de organizaciones civiles y actores políticos de oposición en México.

Diversos sectores exigieron al gobierno federal fijar una postura sobre el proceso judicial iniciado en territorio estadounidense. Organizaciones y legisladores solicitaron investigaciones relacionadas con los señalamientos contra exfuncionarios sinaloenses. También pidieron claridad sobre posibles procedimientos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

Protesta genera tensión

En videos difundidos por usuarios en redes sociales aparecieron personas forcejeando con la lona instalada frente a Palacio Nacional. Integrantes del colectivo denunciaron que el grupo intentó impedir la protesta mediante el retiro del material y la confrontación física. El episodio generó comentarios y especulaciones entre usuarios digitales sobre la identidad de quienes participaron en el incidente.

Las imágenes mostraron a manifestantes desplegando lonas de gran tamaño en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México (Cdmx). Algunos participantes portaron mensajes relacionados con exigencias de ruptura de presuntos pactos de impunidad política. El acto ocurrió durante el día y frente a estructuras instaladas en el primer cuadro de la capital mexicana. –sn–

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | El nuevo rostro del PRD-Cdmx

Vuelve a las calles para estar cerca de la gente y escuchar sus demandas: Nora Arias. | Dónde está Rubén Rocha Moya. ¿Se dio a la fuga? | En riesgo de que las obras del Metro no concluyan a tiempo para el Mundial de Futbol. 

Por Luis Muñoz  

El lema “la tierra es de quien la trabaja” bien puede aplicarse al terreno de la política cuando algún arribista busca apropiarse de un partido por el que no luchó y si desangró, es decir, ocasionó la pérdida sistemática y acelerada de los recursos disponibles.

Tal es el caso de Jesús Zambrano (y de paso Víctor Hugo Lobo Román), empecinados en apropiarse del PRD – ciudad de México, luego de haber sido los causantes de que este partido a nivel nacional perdiera su registro.

Su actuación no deja lugar a dudas. Son arribistas. Personas ambiciosas sin escrúpulos que utilizan el “poder” para lograr sus objetivos personales. Se caracterizan por anteponer sus intereses al bien común.

¿Por qué se empeñan en algo ya perdido?

Porque su intención (ya fracasada) era utilizar, disfrutar y obtener los beneficios o frutos de un instituto político como el PRD-Cdmx.

Un objetivo que no lograron porque se toparon con pared. La férrea defensa de la diputada Nora Arias Contreras, ratificada en tres ocasiones por la autoridad electoral como la legítima presidenta del Sol Azteca capitalino, no les concedió el más mínimo espacio para sus fines aviesos.

Si son personas malintencionadas y perversas, sus actos hablarán por ellos.

“Los Chuchos” (Zambrano y Ortega), pilares de la corriente “Nueva Izquierda” dentro del PRD, con total influencia en la toma de decisiones y la dirección del partido, pasarán a la historia como los enterradores este partido.

Para nadie es un secreto que estuvieron involucrados en pugnas internas y cuestionamientos sobre el método de selección de candidatos en el Frente Amplio, lo que en ocasiones generó divisiones dentro del partido. 

Antonio Cárdenas, politólogo de la UNAM con maestría en la London School of Economics y militante del PRD, dijo a Telediario en 2024 que el declive del PRD inició en la dinámica interna “porque se empezaron a tomar malos acuerdos y hubo un canibalismo interno muy fuerte. 

Creo, agregó, que sí hubo un error de parte del grupo de Los Chuchos. Se vieron bastante voraces, era prácticamente su voluntad y ellos repartían las candidaturas, ellos decidían quién iba, quién no, ellos veían el financiamiento de los estados y eso a mucha gente no le gustó.

Hace unos días, una vez más, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió confirmar las determinaciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). “Esto, dijo Nora, ratifica la integración de mi Dirigencia, así como la conformación de los distintos órganos del PRD-Cdmx”.

Además, el resultado fortalece la vida interna del Partido de la Revolución Democrática y reafirma nuestro compromiso con las instituciones Electorales de la ciudad de México. 

Reconoció el trabajo de quienes, con responsabilidad y compromiso, han sostenido las tareas del PRD-Cdmx en las alcaldías. “Enhorabuena a todos los militantes y simpatizantes del Sol Azteca”, dijo. 

También se comprometió a seguir trabajando con unidad, cercanía y resultados, para servir a la gente y defender las causas que dieron origen al PRD.

El sábado 2 de mayo, Nora Arias, en su calidad de presidente del PRD Cdmx, reactivó su cercanía con la militancia al salir de nuevo a las calles. Estuvieron en el comité del partido en la Alcaldía Álvaro Obregón que preside Oscar Romero. El evento se enmarcó en el 37 Aniversario de la fundación del PRD y en el aniversario del Sol Azteca de la Cdmx, en octubre, fecha en la que recibió el certificado de  nuevo partido denominado PRD Cdmx. 

BLOQUE NACIONAL DE PARTIDOS DEL PRD

Por cierto, este martes los líderes estatales firmaron el acta constitutiva del “Bloque Nacional de Partidos Políticos locales del Partido de la Revolución Democrática.

Este 5 de mayo el perredismo celebró un año más de historia, lucha y compromiso, declaró la presidenta del Sol Azteca Ciudad de México, Nora Arias Contreras, en evento celebrado en la Ciudad de Zacatecas.

Allí, resaltó que han sido protagonistas de grandes cambios, impulsando derechos y defendiendo libertades. 

“Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso con las causas que nos dieron origen. Sigamos caminando juntos con convicción, con valentía y lealtad”, afirmó Arias Contreras. 

Luego de reinaugurar la sede oficial del PRD Zacatecas, que dirige Néstor Santacruz, los presidentes de cada estad firmaron el acta constitutiva que le da formalidad al Bloque Nacional de Partidos Políticos Locales PRD.

¿Y ROCHA MOYA, DÓNDE ESTÁ?

Si a especulaciones vamos, podríamos decir que Cuba no es el mejor destino para el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, porque Estados Unidos tiene bajo asedio la isla y su captura sería inminente.

¿Qué otro sitio podría ser? Aunque parezca descabellado: el rancho de AMLO, el cual, blindado como está, en ningún otro lugar estaría más protegido que en Badiraguato, al lado de su “compadre”.

OBRAS DEL METRO CON EL TIEMPO ENCIMA

A marchas forzadas se trabaja día y noche para concluir a tiempo las obras que se llevan a cabo en el Metro de la ciudad de México, el cual debe estar listo para cuando arranque el Mundial de Futbol el once de junio.

Hasta ahora se informa de un “avance significativo” en la modernización de sus líneas más antiguas y en la ampliación de la red, con un enfoque especial en mejorar la conectividad y seguridad de cara al evento deportivo que está “a la vuelta de la esquina”.

Sin embargo, el Metro tendrá un “rostro bonito”, pero ineficiente. El servicio es pésimo, con fallas e incidentes en sus líneas de mayor afluencia y que ya no soportan el volumen de usuarios que lo utilizan todos los días.

¿Y qué hace el flamante director del Metro, Adrian Rubalcava? 

Tomarse la foto y proyectar su imagen en los monitores instalados en los andenes para que los usuarios lo vean como “trabaja”.

Son muchos los problemas que se presentan por un mantenimiento deficiente a los trenes debido a falta de refacciones, pero los tumultos que se forman a la hora pico podría tener una solución inmediata. Lástima que Rubalcava no sepa ni donde está parado.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: La libertad de prensa, en su peor nivel 

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Jaime Bonilla acusa a la gobernadora Ávila Olmeda y respalda a Rocha

Las instituciones mexicanas, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), mantuvieron seguimiento del caso. El proceso continuó sujeto a procedimientos legales.

Por Margarita Hernández | Corresponsal                                     

El exgobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró que acusaciones de los Estados Unidos podrían extenderse a Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sus declaraciones ocurrieron tras los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa. El contexto incluye investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante un acto público en San Quintín, Jaime Bonilla Valdez sostuvo que los señalamientos que hizo en el pasado se confirmaron con los hechos recientes en Sinaloa. Indicó que advirtió sobre posibles vínculos con el crimen organizado cuando aún ejercía funciones públicas. El exmandatario vinculó estos hechos con la situación política actual en Baja California.

Señalamientos políticos recientes

El exsenador afirmó que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrentaba cuestionamientos similares a los observados en Sinaloa. Refirió que sus declaraciones previas fueron dirigidas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus dichos se integraron a un contexto de confrontación política entre actores de distintos niveles de gobierno.

Las acusaciones de Estados Unidos incluyeron a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. Autoridades estadounidenses señalaron posibles vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los Chapitos”. Estos hechos detonaron reacciones políticas en distintos estados del país.

El conflicto entre Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmeda también se relacionó con el caso Next Energy. Este asunto derivó en procesos legales que escalaron a tribunales. La confrontación se mantuvo activa en declaraciones públicas y acciones judiciales.

Respaldo político a Rocha

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, expresó respaldo a Rubén Rocha Moya. Manifestó que su relación con el exmandatario sinaloense se construyó a lo largo de años de trabajo político. Reiteró que mantendría su apoyo en el contexto de las investigaciones.

Víctor Manuel Castro Cosío declaró que confiaba en la inocencia de Rubén Rocha Moya. Indicó que las acusaciones respondían a una estrategia que calificó como intriga. Sus declaraciones reforzaron la división de posturas dentro del ámbito político nacional. –sn–

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Noroña ironiza acusaciones de EU contra funcionarios de Morena

El caso continuó bajo seguimiento en instancias correspondientes. Las investigaciones se mantuvieron en curso sin resoluciones definitivas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, irónico a las acusaciones de autoridades de los Estados Unidos tras los señalamientos que incluyen presuntos vínculos con el narcotráfico de funcionarios en Sinaloa, entre ellos, el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya.

La postura del legislador federal se difundió a través de una transmisión en redes sociales. En su llamada “videocharla”, el senador morenista presentó lo que describió como una prueba contundente. El mensaje se produjo horas antes de la solicitud de licencia del mandatario estatal.

https://youtu.be/YFjYOT07w5k?t=4

Fernández Noroña afirmó que había recibido información relevante. Señaló que la evidencia sería determinante en el caso. Sin embargo, el contenido mostrado tuvo carácter simbólico.

Reacción en redes

El senador mostró un dibujo simple como supuesta prueba. La imagen consistió en un esquema con una figura señalada por una flecha. La escena formó parte del discurso que utilizó para referirse a las acusaciones.

Tras exhibir el material, el legislador continuó con expresiones irónicas. Indicó que la supuesta evidencia no dejaba margen para discusión. El tono se mantuvo en línea con la crítica hacia las acusaciones.

En el mismo mensaje, el senador aludió a principios constitucionales. Mencionó que ninguna persona se encuentra por encima de la ley. El señalamiento se integró al contexto de su intervención pública. –sn–

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Ignacio Mier respalda licencia de Rocha y destaca congruencia política

Contrasta con la actitud del PAN y su gobernadora de Chihuahua, afirma el presidente de la Jucopo

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado Ignacio Mier Velazco, quien preside la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señaló que en política, como en la vida, la forma es fondo, por lo que la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, como gobernador de Sinaloa, “es de una consistencia política formidable: verdad y justicia”.

En un mensaje en sus redes sociales, afirmó que “el que nada debe, nada teme”, de ahí el contraste total con la actitud del PAN y su gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, “que se escudan en la victimización e integran su unidad de investigación ‘a modo’”.

Mier Velazco sostuvo que “la congruencia y la consistencia son las armas más fuertes de la transformación, y lo que más valora el pueblo de México”. –sn–

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Rubén Rocha pide licencia tras acusaciones de Estados Unidos

La situación colocó al gobierno estatal en una etapa de transición institucional. La administración estatal continuó sus funciones conforme a los mecanismos legales.

Por Martín García | Reportero                                      

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó una solicitud de licencia temporal para separarse del cargo. La decisión ocurrió tras señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. El anuncio se realizó mediante un mensaje dirigido a la población sinaloense.

https://youtu.be/VJ6eHEYanzU?t=6

El mandatario informó que la solicitud fue entregada al Congreso del Estado. Explicó que la medida tuvo carácter temporal mientras avanzó el proceso de investigación. Señaló que actuó bajo principios que definió como compromiso institucional.

El funcionario sostuvo que la decisión buscó facilitar las investigaciones en curso. Indicó que la medida permitiría a las autoridades mexicanas actuar sin obstáculos. Enfatizó que su separación del cargo tuvo como objetivo contribuir al proceso legal.

Motivos de la licencia

Rocha Moya afirmó que no incurrió en actos de traición. Declaró que mantuvo la disposición de demostrar su postura ante instancias de justicia. Aseguró que respondería a los requerimientos de las autoridades competentes.

El gobernador mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) como la instancia encargada de investigar el caso. Expuso que colaboraría conforme a los tiempos establecidos por la ley. Indicó que mantuvo confianza en el sistema de justicia mexicano.

En su mensaje, sostuvo que enfrentaría el proceso con apego a derecho. Señaló que atendería cualquier requerimiento institucional. Confirmó su intención de esclarecer los señalamientos en su contra. –sn–

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U.S. INDICTS SINALOA GOVERNOR, NINE OFFICIALS ON DRUG CHARGES

US charges Sinaloa Governor Ruben Rocha Moya and 9 officials with drug crimes, including fentanyl. Mexico says evidence is lacking.

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US prosecutors have charged Sinaloa Governor Ruben Rocha Moya and nine other Mexican officials with drug trafficking conspiracy. This is part of a larger effort against the Sinaloa Cartel.

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Sheinbaum defies U.S. demand to extradite Mexican officials on drug charges

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Trump targets Mexican governor with historic drug trafficking charges

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FGR analiza extradición contra Rocha Moya y funcionarios

Finalmente, la dependencia indicó que el caso seguirá en evaluación hasta contar con elementos suficientes. La resolución determinará si procede o no la detención y extradición de los implicados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia de Morena, Ernestina Godoy Ramos, informó que analizó las solicitudes presentadas por autoridades de los Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.

La institución precisó que el proceso se centró en verificar la legalidad y suficiencia de las pruebas; el vocero Ulises Lara López explicó que la revisión se realizó conforme a los protocolos establecidos.

El funcionario indicó que la FGR evaluó la documentación recibida con el objetivo de determinar si existían elementos probatorios suficientes. Señaló que este análisis resultó indispensable para definir la viabilidad de las solicitudes internacionales. También puntualizó que el procedimiento se apega a las disposiciones del marco jurídico mexicano.

El vocero subrayó que la dependencia inició una investigación paralela para establecer si procedían órdenes de aprehensión en territorio nacional. Esta indagatoria buscó verificar los fundamentos legales de las acusaciones. La revisión incluyó el análisis técnico y jurídico de cada documento.

Revisión internacional en curso

La FGR detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales, instancia encargada de este tipo de procesos. Esta área se responsabilizó de examinar las solicitudes enviadas por la Fiscalía de Nueva York. El objetivo consistió en corroborar la consistencia de los elementos presentados.

De acuerdo con Ulises Lara López, también se revisó la información canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El análisis incluyó la verificación de pruebas y su congruencia con las leyes mexicanas. La dependencia sostuvo que el procedimiento debía cumplir con estándares internacionales.

El vocero explicó que el tratado bilateral en materia de extradición establece criterios estrictos. Entre ellos, se exige que las pruebas resulten suficientes conforme a la legislación del país requerido. En este caso, México debía validar la solidez jurídica de los elementos presentados. –sn–

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Kenia López exige investigar acusaciones de Rocha Moya

“A esos no los necesitamos en México. Hoy México necesita servidores públicos honestos, trabajadores, que busquen parar al crimen organizado».

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La diputada Kenia López Rabadán, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, insistió en que México necesita servidores públicos honestos y que combatan al crimen organizado.

“Lo dije en la mañana y lo reitero: necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado, necesitamos a gobernadores que paren a la delincuencia, necesitamos a gobernadoras, lo dije a propósito de la gobernadora Maru Campos, valientes, y también a gobernadores valientes”, señaló.

A pregunta expresa, la diputada presidenta señaló que debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor de las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, y pidió esperar la decisión del mandatario estatal sobre solicitar licencia al cargo.

“Esperemos a ver qué decide. Lo que sí es un hecho es que a México le urgen gobernadoras y gobernadores que trabajen por la seguridad de este país. Me parece, y lo digo de manera institucional, debe haber una investigación, más allá de tomar una posición en contra o a favor”, indicó.

En ese sentido, afirmó que ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia, de los laboratorios o de las drogas. –sn–

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EU acusa a gobernador de Sinaloa y funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros cargos mexicanos de narcotráfico.

SN Redacción | EFE

Nueva York.- El Departamento de Justicia de EU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

La relación del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, según EE.UU.

En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cartel.

La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.

«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras conocer la acusación.

El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un «ataque» a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus «emblemáticos liderazgos» y a los mexicanos que «representamos esa causa».

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que «con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia».

En un comunicado, la embajada estadounidense en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».

México dice que EE.UU. no ha presentado pruebas

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas».

La Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

«Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer», sostuvo.

Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.

¿Quiénes son los exfuncionarios acusados?

Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.

A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua. –sn–

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EE UU acusa al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios mexicanos de narcotráfico y posesión de armas

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/04/ee-uu-acusa-al-gobernador-de-sinaloa-y-a-otros-funcionarios-mexicanos-de-narcotrafico-y-posesion-de-armas/

El senador Enrique Inzunza rechaza acusaciones de EU; afirma que es una «insidia contra Morena y AMLO»

“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”. 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Luego de que el gobierno de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y al senador morenista Enrique Inzunza de tener vínculos con una organización del narcotráfico, el legislador rechazó enfática y firmemente las imputaciones por falsas y dolosas. 

Pese a que acudió al Senado de la República y no ha dado declaraciones a medios de comunicación, en sus redes sociales Enrique Inzunza escribió que el día de ayer, desde la tribuna, defendió el principio de la soberanía nacional con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional y hoy casualmente autoridades estadunidenses dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en su contra. 

“El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestro máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas.

“Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. 

https://sociedad-noticias.com/2026/04/29/acusan-a-funcionarios-de-sinaloa-por-narcotrafico-en-los-estados-unidos/

“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”.  –sn–

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PAN exige comparecencia de Rocha Moya en el Senado por acusaciones en Estados Unidos

El senador panista recordó que hace dos sesiones solicitó que se citara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al Senado de la República.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Luego de que el gobierno de los Estados Unidos informó que está investigando al gobernador de Sinaloa por supuestos vínculos con el narcotráfico, el senador panista exigió una comparecencia de Rubén Rocha Moya.

En Tribuna, el coordinador de la bancada panista en el Senado pidió que ya que se instalé la Comisión Permanente se cite al gobernador para que explique por qué está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.  

Permanente, a partir de su instalación y sesionando todos los miércoles, va a ser fundamental en el contexto político que estamos viviendo.

“Porque ya es oficial que hay una acusación formal, penal, por narcotráfico en los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya…Y yo quiero decir que durante las sesiones de la Comisión Permanente que se instala el día de hoy, vamos a exigir la presencia de Rocha Moya.

“Queremos que haya claridad, que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Ese será un tema fundamental en la Comisión Permanente, y el PAN estará bien representado”, declaró.   –sn–

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Yunes Márquez niega revocación de visa y desmiente audio

Miguel Ángel Yunes Márquez reiteró que no existieron afectaciones en su caso. Indicó que continuará con sus actividades legislativas sin cambios. El senador concluyó que los rumores carecieron de fundamento verificable.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, negó versiones sobre la supuesta revocación de su visa estadounidense y la de su padre. El legislador respondió a cuestionamientos de medios tras la difusión de audios en redes sociales. Afirmó que la información careció de sustento.

Durante sus declaraciones, Miguel Ángel Yunes Márquez calificó como falsos los contenidos que circularon en plataformas digitales. Señaló que el audio atribuido a su padre correspondió a una manipulación tecnológica. También refirió que dichas versiones surgieron en años anteriores.

El senador sostuvo que no existieron notificaciones oficiales sobre cancelaciones de visas. Indicó que su documentación migratoria se mantuvo vigente. Asimismo, descartó cualquier procedimiento en su contra relacionado con ese tema.

Audio viral y desmentido

El fin de semana se difundió un video en el que se escuchó una voz atribuida a Miguel Ángel Yunes Linares. En ese material se mencionó una supuesta comunicación con autoridades federales sobre la cancelación de visas. El contenido se replicó en diversas redes sociales.

Ante ello, Miguel Ángel Yunes Márquez desmintió la autenticidad del audio. Aseguró que se trató de un producto generado mediante herramientas digitales. También afirmó que el material no correspondió a declaraciones reales de su padre.

El legislador reiteró que la información difundida generó confusión en la opinión pública. Señaló que no existieron pruebas que respaldaran la versión viral. Indicó que se trató de un caso de desinformación digital. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Una identidad para Saúl

En estos días en que se discute la implementación de la CURP Biométrica —un documento único, obligatorio, con huellas, fotografía y firma digital—, el país parece celebrar un salto hacia la modernidad.

Por Raúl García Araujo                                            

Las autoridades hablan de seguridad, eficiencia, de blindar al Estado contra el fraude. Pero, mientras en los altos círculos del poder se habla de tecnología de punta, en Chimalhuacán, estado de México, hay un niño llamado Saúl que no tiene ni lo más básico: una identidad legal.

Saúl tiene 14 años. Vive con sus abuelos paternos, gente humilde que sobrevive con lo justo. Saúl no es un fantasma: existe, respira, va a la escuela cuando puede, juega en las calles de su colonia, sueña con ser alguien. Pero el sistema no lo reconoce.

No tiene acta de nacimiento mexicana. No tiene CURP. No tiene acceso formal a la educación, ni a la salud, ni a ningún derecho que requiera un papel sellado por el Estado.

Su historia duele. Nació en 2011 en Minnesota, Estados Unidos. Su madre es estadounidense; su padre, mexicano. Cuando era apenas un bebé, la familia se mudó a México. Fue un regreso que prometía raíces, pero acabó en tragedia: meses después, su padre fue asesinado.

La madre, devastada, volvió a su país llevándose a uno de sus hijos. A Saúl lo dejó atrás, al cuidado de sus abuelos. Desde entonces, ellos han sido su familia, su sostén, su refugio.

Pero nunca lo registraron en México. Su único documento es un certificado de nacimiento estadounidense, en inglés, sin validez oficial ante las autoridades mexicanas. Sin ese registro inicial, no puede obtener CURP. Y sin CURP ni acta, en México, no existes.

Y ahora, el país que lo ha criado y lo ha visto crecer le da la espalda de una forma todavía más cruel: se prepara para implementar la CURP Biométrica, un nuevo documento que será obligatorio para todos los trámites. Sin ella, no se podrá estudiar, acceder a salud, abrir una cuenta bancaria ni ejercer derechos fundamentales. Y Saúl ni siquiera tiene la CURP original.

Sus abuelos han tocado puertas. Muchas. En el municipio, en el estado, en dependencias federales. Han explicado su situación una y otra vez. Siempre reciben la misma respuesta: que necesitan más documentos, que vayan a otra oficina, que regresen con tal firma. Pero no tienen dinero para trasladarse, ni abogados que los asesoren, ni acceso a internet para hacer citas. Son pobres. Y en este país, la pobreza también te borra.

Mientras tanto, el discurso oficial habla de “incluir a toda la población”. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que todas las dependencias deben adecuar sus sistemas en 90 días. También se otorga un plazo adicional de 120 días para incorporar a menores de edad.

¿Pero cómo se va a incluir a quienes nunca han sido reconocidos?

¿A quién le va a importar el caso de un niño sin nombre en Chimalhuacán cuando los reflectores están sobre los sistemas biométricos, los códigos QR y las bases de datos digitales?

La historia de Saúl no es una excepción. En México, miles de niños viven en un limbo jurídico. Nacieron en condiciones adversas, fueron abandonados, migraron, quedaron atrapados entre fronteras, entre burocracias, entre el silencio de las instituciones.

Y ahora, la modernización corre el riesgo de profundizar aún más su exclusión.

Hablar de identidad no es solo hablar de papeles. Es hablar de pertenencia, dignidad, futuro. Es decirle a un niño como Saúl: tú también formas parte de este país, tú también cuentas, tú también importas.

La CURP Biométrica puede ser un paso hacia el futuro. Pero si ese futuro deja fuera a los más vulnerables, entonces no es progreso: es abandono.

Ojalá, entre tanta reforma, algún funcionario lea la historia de Saúl. Que escuche a sus abuelos. Que abra esa puerta que lleva años cerrada. Y que, por fin, le dé al niño lo que nunca ha tenido: una identidad propia.

En cortito

Nos cuentan que, por fin, el oriente del estado de México empieza a ser tomado en serio. Tras décadas de rezago, marginación y promesas incumplidas, la Presidencia de la República ha anunciado el arranque del Plan Maestro del Oriente, un ambicioso proyecto que busca saldar una deuda histórica con millones de personas.

Impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum y articulado con recursos federales y una coordinación tripartita entre los tres niveles de gobierno, el plan tiene como objetivo atacar de raíz los problemas que han sido el pan de cada día para las familias mexiquenses: la escasez de agua, las inundaciones recurrentes, el caos en la movilidad y la creciente inseguridad.

En el caso de Nezahualcóyotl, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo confirmó que ya han iniciado los primeros proyectos del periodo 2025-2026, enfocados en tres ejes fundamentales: salud, educación y bienestar.

Uno de los anuncios más importantes es la creación de un Polo del Bienestar en las 70 hectáreas del Bordo de Xochiaca, un terreno que por décadas fue símbolo de abandono, basura y estigmatización. La transformación de este espacio no solo representa un acto de justicia territorial, sino la oportunidad de convertirlo en el corazón de una nueva realidad para el oriente mexiquense.

Si se cumple lo prometido, este podría ser el comienzo de una historia distinta. Una en la que el oriente ya no sea sinónimo de olvido, sino de dignidad, inversión y futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

Por Raúl García Araujo                                            

… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

Por Raúl García Araujo                                            

… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

Por Raúl García Araujo                                            

… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

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Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta defiende a migrantes poblanos

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta defiende a migrantes poblanos

Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.

Por Raúl García Araujo                                            

Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.

El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.

Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.

Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidente Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.

La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.

Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.

Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.

Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.

En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.

La presidente Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.

Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.

En Cortito

Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos«, a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador, ex candidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país

El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la Cdmx), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.

Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».

Ahí el secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morelos en manos del crimen

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#Delfinagomeza #AdolfoCerquedaRebollo #AlejandroArmenta #AméricoVillarealAnaya #AMLo #AndrésManuelLópezObrador #AndresSalas #BlancoBravo #CártelJaliscoNuevaGeneración #Cdmx #CisnerosCoss #ClaudiaSheinbuam #CongresoDelEstadoDeMéxico #Coyoacán #CristianPaulCamachoOsnaya #CuauhtémocBlancoBravo #Cuernavaca #DanielaFernandaTapiaBazán #EdgarMaldonadoCeballos #FamiliaMichoacana #GiovaniGutiérrez #GuardiaNacional #HannaDeLaMadrid #IgnacioMier #IsraelRamírezIñiguez #Jalisco #JoséLuisUriósteguiSalgado #JuanPabloHernández #MaríaDelRocíoGarcía #MargaritaGonzálezSaravia #MargaritaVillalobosDelgado #MarioDelgado #MauroJáuregui #México #mexicoNarco #Morelos #Morena #narco #narcotráfico #noticia #NoticiasDeCuautla #NoticiasSociedad #OmarGarcíaHarfuch #PabloLemus #pabloLemusNavarro #PalacioNacional #PaolaPatriciaTolsaMuñoz #PresidenciaDeLaRepública #Puebla #RaquelBuenrostro #RubénRochaMoya #SecretaríaDeSeguridadPúblicaDeJalisco #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #teocaltiche #UrielCarmonaGándara #VillaHidalgo

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta defiende a migrantes poblanos

Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.

Por Raúl García Araujo                                            

Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.

El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.

Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.

Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidente Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.

La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.

Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.

Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.

Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.

En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.

La presidente Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.

Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.

En Cortito

Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos«, a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador, ex candidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país

El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la Cdmx), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.

Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».

Ahí el secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta defiende a migrantes poblanos

Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.

Por Raúl García Araujo                                            

Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.

El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.

Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.

Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidente Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.

La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.

Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.

Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.

Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.

En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.

La presidente Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.

Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.

En Cortito

Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos«, a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador, ex candidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país

El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la Cdmx), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.

Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».

Ahí el secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos en manos del crimen

A un año de haber ganado la gubernatura, Margarita González Saravia ha demostrado que el cambio prometido en Morelos fue solo una ilusión.

Por Raúl García Araujo                                            

Su administración, lejos de marcar un nuevo rumbo, ha reproducido —con una fidelidad escalofriante— los mismos errores, omisiones y complicidades que caracterizaron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El resultado: una ciudadanía frustrada, colérica y atrapada en un estado que parece haber sido entregado al crimen organizado.

La violencia en Morelos no se detiene. No hay semana, ni siquiera día, que no esté marcada por asesinatos, secuestros, extorsiones o desapariciones. Mientras tanto, el gobierno estatal permanece inmóvil, atrapado en la mediocridad y la inacción. No hay estrategia, no hay liderazgo, no hay resultados. Lo que sí hay es miedo, impunidad y funcionarios que representan más un lastre que una solución.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ha demostrado ser incapaz de contener la violencia que se extiende por todos los municipios.

Su papel ha sido irrelevante, por decir lo menos, en un estado que clama por orden y justicia. Del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, los morelenses apenas recuerdan algo más que el escándalo de su designación; su gestión ha sido opaca, ausente y cómplice del silencio institucional frente al horror cotidiano.

Y es que Morelos no sólo sufre de violencia, sufre de abandono institucional. La omisión de González Saravia ante el clamor de la ciudadanía no es pasividad, es negligencia. Este lunes, a plena luz del día, un presunto líder criminal fue ejecutado sin que hubiera una sola reacción eficiente del estado. No hay operativos, no hay respuestas, no hay control. Solo cadáveres y comunicados vacíos.

La situación ha llegado al punto de que el propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, alzó la voz durante una marcha por la paz, denunciando que el crimen organizado no solo está presente en las calles, sino que ha penetrado las estructuras del gobierno. Las palabras del obispo son un reflejo fiel de la desesperación colectiva, pero también una acusación directa a la falta de compromiso de las autoridades.

Las cifras y los casos estremecen. En Temixco, tres días consecutivos de violencia dejaron cuatro personas muertas. En otro hecho violento, el vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra fue asesinado durante un concierto. Y lo que quizá golpeó con mayor fuerza la conciencia del estado: el asesinato de Sara Olivia Rendón Parra, abogada de la Defensoría Pública e hija de una alta funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres.

¿Qué más tiene que pasar para que la gobernadora actúe? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que la estrategia falló desde el primer día? Mientras la violencia se normaliza y la ciudadanía se protege como puede, la administración de Margarita González Saravia no ha logrado articular ni un solo tema sólido de gobierno. No hay rumbo, ni discurso, ni gestión efectiva. Sólo el eco de una frase que cada vez retumba con más fuerza en las calles: “Esto ya lo vivimos con Cuauhtémoc Blanco”.

Ante este escenario, incluso la iniciativa privada ha alzado la voz. Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, ha pedido al gobierno federal que intervenga. Porque, aunque suene brutal, Morelos se ha convertido en un estado sin gobierno, sin control y sin esperanza.

La historia juzgará, pero los ciudadanos ya están hartos. Hoy Morelos no está gobernado, está abandonado. Y el crimen organizado no solo lo sabe… lo aprovecha.

Mientras los morelenses entierran a sus muertos, la gobernadora se pierde entre excusas, discursos huecos y una vergonzosa falta de autoridad. Si Margarita González Saravia no puede —o no quiere— enfrentar al crimen, que tenga la dignidad de reconocerlo. Porque cada día que se aferra al poder sin ejercerlo, se convierte en cómplice del terror que azota a su pueblo.

Morelos no necesita una gobernadora decorativa. Necesita una líder valiente, presente, y comprometida con su gente. Y si no la tiene… que el pueblo se lo cobre como lo dicta la historia: con memoria, con dignidad y con coraje.

En Cortito

Nos cuentan que una figura política comienza a sobresalir no por escándalos, omisiones o pactos con el silencio, sino por su compromiso firme, su vocación de servicio y el respeto que se ha ganado dentro y fuera del país: José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.

El presidente municipal de Cuernavaca ha logrado construir un liderazgo basado en resultados, en cercanía con la gente y en un valor que escasea en la política actual: la integridad.

La más reciente muestra de este reconocimiento internacional llegó desde Bogotá, Colombia. El Congreso de la República de ese país le entregó a Urióstegui Salgado la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, una de sus más altas condecoraciones, en honor a su trayectoria como servidor público, defensor de los derechos humanos y promotor de la democracia.

No se trata de una medalla más. Este galardón, avalado por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda Sarabia, fue entregado en el marco de una jornada internacional que no premia a políticos de escritorio, sino a verdaderos líderes latinoamericanos que han dejado huella en sus comunidades. Y José Luis Urióstegui fue uno de ellos.

Su mensaje, acompañado de su esposa y aliada en el servicio social, Luz María Zagal Guzmán, presidente del DIF Cuernavaca, fue claro y poderoso: “Este reconocimiento no es personal, es para todos aquellos gobiernos municipales que creen en transformar la vida de las personas desde lo local, desde lo humano”.

Urióstegui no ha necesitado reflectores artificiales ni redes compradas para posicionarse. Lo ha hecho con trabajo, con honestidad y con resultados. Mientras otros eluden responsabilidades, él las asume. Mientras el estado se hunde en la inacción, Cuernavaca avanza —a paso firme, aunque silencioso— hacia una gestión con rumbo y visión.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos en manos del crimen

A un año de haber ganado la gubernatura, Margarita González Saravia ha demostrado que el cambio prometido en Morelos fue solo una ilusión.

Por Raúl García Araujo                                            

Su administración, lejos de marcar un nuevo rumbo, ha reproducido —con una fidelidad escalofriante— los mismos errores, omisiones y complicidades que caracterizaron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El resultado: una ciudadanía frustrada, colérica y atrapada en un estado que parece haber sido entregado al crimen organizado.

La violencia en Morelos no se detiene. No hay semana, ni siquiera día, que no esté marcada por asesinatos, secuestros, extorsiones o desapariciones. Mientras tanto, el gobierno estatal permanece inmóvil, atrapado en la mediocridad y la inacción. No hay estrategia, no hay liderazgo, no hay resultados. Lo que sí hay es miedo, impunidad y funcionarios que representan más un lastre que una solución.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ha demostrado ser incapaz de contener la violencia que se extiende por todos los municipios.

Su papel ha sido irrelevante, por decir lo menos, en un estado que clama por orden y justicia. Del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, los morelenses apenas recuerdan algo más que el escándalo de su designación; su gestión ha sido opaca, ausente y cómplice del silencio institucional frente al horror cotidiano.

Y es que Morelos no sólo sufre de violencia, sufre de abandono institucional. La omisión de González Saravia ante el clamor de la ciudadanía no es pasividad, es negligencia. Este lunes, a plena luz del día, un presunto líder criminal fue ejecutado sin que hubiera una sola reacción eficiente del estado. No hay operativos, no hay respuestas, no hay control. Solo cadáveres y comunicados vacíos.

La situación ha llegado al punto de que el propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, alzó la voz durante una marcha por la paz, denunciando que el crimen organizado no solo está presente en las calles, sino que ha penetrado las estructuras del gobierno. Las palabras del obispo son un reflejo fiel de la desesperación colectiva, pero también una acusación directa a la falta de compromiso de las autoridades.

Las cifras y los casos estremecen. En Temixco, tres días consecutivos de violencia dejaron cuatro personas muertas. En otro hecho violento, el vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra fue asesinado durante un concierto. Y lo que quizá golpeó con mayor fuerza la conciencia del estado: el asesinato de Sara Olivia Rendón Parra, abogada de la Defensoría Pública e hija de una alta funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres.

¿Qué más tiene que pasar para que la gobernadora actúe? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que la estrategia falló desde el primer día? Mientras la violencia se normaliza y la ciudadanía se protege como puede, la administración de Margarita González Saravia no ha logrado articular ni un solo tema sólido de gobierno. No hay rumbo, ni discurso, ni gestión efectiva. Sólo el eco de una frase que cada vez retumba con más fuerza en las calles: “Esto ya lo vivimos con Cuauhtémoc Blanco”.

Ante este escenario, incluso la iniciativa privada ha alzado la voz. Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, ha pedido al gobierno federal que intervenga. Porque, aunque suene brutal, Morelos se ha convertido en un estado sin gobierno, sin control y sin esperanza.

La historia juzgará, pero los ciudadanos ya están hartos. Hoy Morelos no está gobernado, está abandonado. Y el crimen organizado no solo lo sabe… lo aprovecha.

Mientras los morelenses entierran a sus muertos, la gobernadora se pierde entre excusas, discursos huecos y una vergonzosa falta de autoridad. Si Margarita González Saravia no puede —o no quiere— enfrentar al crimen, que tenga la dignidad de reconocerlo. Porque cada día que se aferra al poder sin ejercerlo, se convierte en cómplice del terror que azota a su pueblo.

Morelos no necesita una gobernadora decorativa. Necesita una líder valiente, presente, y comprometida con su gente. Y si no la tiene… que el pueblo se lo cobre como lo dicta la historia: con memoria, con dignidad y con coraje.

En Cortito

Nos cuentan que una figura política comienza a sobresalir no por escándalos, omisiones o pactos con el silencio, sino por su compromiso firme, su vocación de servicio y el respeto que se ha ganado dentro y fuera del país: José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.

El presidente municipal de Cuernavaca ha logrado construir un liderazgo basado en resultados, en cercanía con la gente y en un valor que escasea en la política actual: la integridad.

La más reciente muestra de este reconocimiento internacional llegó desde Bogotá, Colombia. El Congreso de la República de ese país le entregó a Urióstegui Salgado la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, una de sus más altas condecoraciones, en honor a su trayectoria como servidor público, defensor de los derechos humanos y promotor de la democracia.

No se trata de una medalla más. Este galardón, avalado por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda Sarabia, fue entregado en el marco de una jornada internacional que no premia a políticos de escritorio, sino a verdaderos líderes latinoamericanos que han dejado huella en sus comunidades. Y José Luis Urióstegui fue uno de ellos.

Su mensaje, acompañado de su esposa y aliada en el servicio social, Luz María Zagal Guzmán, presidente del DIF Cuernavaca, fue claro y poderoso: “Este reconocimiento no es personal, es para todos aquellos gobiernos municipales que creen en transformar la vida de las personas desde lo local, desde lo humano”.

Urióstegui no ha necesitado reflectores artificiales ni redes compradas para posicionarse. Lo ha hecho con trabajo, con honestidad y con resultados. Mientras otros eluden responsabilidades, él las asume. Mientras el estado se hunde en la inacción, Cuernavaca avanza —a paso firme, aunque silencioso— hacia una gestión con rumbo y visión.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla

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#Delfinagomeza #AdolfoCerquedaRebollo #AlejandroArmenta #AméricoVillarealAnaya #AMLo #AndrésManuelLópezObrador #AndresSalas #BlancoBravo #CártelJaliscoNuevaGeneración #Cdmx #CisnerosCoss #ClaudiaSheinbuam #CongresoDelEstadoDeMéxico #Coyoacán #CristianPaulCamachoOsnaya #CuauhtémocBlancoBravo #Cuernavaca #DanielaFernandaTapiaBazán #EdgarMaldonadoCeballos #FamiliaMichoacana #GiovaniGutiérrez #GuardiaNacional #HannaDeLaMadrid #IgnacioMier #IsraelRamírezIñiguez #Jalisco #JoséLuisUriósteguiSalgado #JuanPabloHernández #MaríaDelRocíoGarcía #MargaritaGonzálezSaravia #MargaritaVillalobosDelgado #MarioDelgado #MauroJáuregui #México #mexicoNarco #Morelos #Morena #narco #narcotráfico #noticia #NoticiasDeCuautla #NoticiasSociedad #OmarGarcíaHarfuch #PabloLemus #pabloLemusNavarro #PalacioNacional #PaolaPatriciaTolsaMuñoz #PresidenciaDeLaRepública #Puebla #RaquelBuenrostro #RubénRochaMoya #SecretaríaDeSeguridadPúblicaDeJalisco #SN #Sociedad #SociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #sociedadNoticias #SociedadNoticiasCom #teocaltiche #UrielCarmonaGándara #VillaHidalgo

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos en manos del crimen

A un año de haber ganado la gubernatura, Margarita González Saravia ha demostrado que el cambio prometido en Morelos fue solo una ilusión.

Por Raúl García Araujo                                            

Su administración, lejos de marcar un nuevo rumbo, ha reproducido —con una fidelidad escalofriante— los mismos errores, omisiones y complicidades que caracterizaron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El resultado: una ciudadanía frustrada, colérica y atrapada en un estado que parece haber sido entregado al crimen organizado.

La violencia en Morelos no se detiene. No hay semana, ni siquiera día, que no esté marcada por asesinatos, secuestros, extorsiones o desapariciones. Mientras tanto, el gobierno estatal permanece inmóvil, atrapado en la mediocridad y la inacción. No hay estrategia, no hay liderazgo, no hay resultados. Lo que sí hay es miedo, impunidad y funcionarios que representan más un lastre que una solución.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ha demostrado ser incapaz de contener la violencia que se extiende por todos los municipios.

Su papel ha sido irrelevante, por decir lo menos, en un estado que clama por orden y justicia. Del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, los morelenses apenas recuerdan algo más que el escándalo de su designación; su gestión ha sido opaca, ausente y cómplice del silencio institucional frente al horror cotidiano.

Y es que Morelos no sólo sufre de violencia, sufre de abandono institucional. La omisión de González Saravia ante el clamor de la ciudadanía no es pasividad, es negligencia. Este lunes, a plena luz del día, un presunto líder criminal fue ejecutado sin que hubiera una sola reacción eficiente del estado. No hay operativos, no hay respuestas, no hay control. Solo cadáveres y comunicados vacíos.

La situación ha llegado al punto de que el propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, alzó la voz durante una marcha por la paz, denunciando que el crimen organizado no solo está presente en las calles, sino que ha penetrado las estructuras del gobierno. Las palabras del obispo son un reflejo fiel de la desesperación colectiva, pero también una acusación directa a la falta de compromiso de las autoridades.

Las cifras y los casos estremecen. En Temixco, tres días consecutivos de violencia dejaron cuatro personas muertas. En otro hecho violento, el vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra fue asesinado durante un concierto. Y lo que quizá golpeó con mayor fuerza la conciencia del estado: el asesinato de Sara Olivia Rendón Parra, abogada de la Defensoría Pública e hija de una alta funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres.

¿Qué más tiene que pasar para que la gobernadora actúe? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que la estrategia falló desde el primer día? Mientras la violencia se normaliza y la ciudadanía se protege como puede, la administración de Margarita González Saravia no ha logrado articular ni un solo tema sólido de gobierno. No hay rumbo, ni discurso, ni gestión efectiva. Sólo el eco de una frase que cada vez retumba con más fuerza en las calles: “Esto ya lo vivimos con Cuauhtémoc Blanco”.

Ante este escenario, incluso la iniciativa privada ha alzado la voz. Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, ha pedido al gobierno federal que intervenga. Porque, aunque suene brutal, Morelos se ha convertido en un estado sin gobierno, sin control y sin esperanza.

La historia juzgará, pero los ciudadanos ya están hartos. Hoy Morelos no está gobernado, está abandonado. Y el crimen organizado no solo lo sabe… lo aprovecha.

Mientras los morelenses entierran a sus muertos, la gobernadora se pierde entre excusas, discursos huecos y una vergonzosa falta de autoridad. Si Margarita González Saravia no puede —o no quiere— enfrentar al crimen, que tenga la dignidad de reconocerlo. Porque cada día que se aferra al poder sin ejercerlo, se convierte en cómplice del terror que azota a su pueblo.

Morelos no necesita una gobernadora decorativa. Necesita una líder valiente, presente, y comprometida con su gente. Y si no la tiene… que el pueblo se lo cobre como lo dicta la historia: con memoria, con dignidad y con coraje.

En Cortito

Nos cuentan que una figura política comienza a sobresalir no por escándalos, omisiones o pactos con el silencio, sino por su compromiso firme, su vocación de servicio y el respeto que se ha ganado dentro y fuera del país: José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.

El presidente municipal de Cuernavaca ha logrado construir un liderazgo basado en resultados, en cercanía con la gente y en un valor que escasea en la política actual: la integridad.

La más reciente muestra de este reconocimiento internacional llegó desde Bogotá, Colombia. El Congreso de la República de ese país le entregó a Urióstegui Salgado la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, una de sus más altas condecoraciones, en honor a su trayectoria como servidor público, defensor de los derechos humanos y promotor de la democracia.

No se trata de una medalla más. Este galardón, avalado por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda Sarabia, fue entregado en el marco de una jornada internacional que no premia a políticos de escritorio, sino a verdaderos líderes latinoamericanos que han dejado huella en sus comunidades. Y José Luis Urióstegui fue uno de ellos.

Su mensaje, acompañado de su esposa y aliada en el servicio social, Luz María Zagal Guzmán, presidente del DIF Cuernavaca, fue claro y poderoso: “Este reconocimiento no es personal, es para todos aquellos gobiernos municipales que creen en transformar la vida de las personas desde lo local, desde lo humano”.

Urióstegui no ha necesitado reflectores artificiales ni redes compradas para posicionarse. Lo ha hecho con trabajo, con honestidad y con resultados. Mientras otros eluden responsabilidades, él las asume. Mientras el estado se hunde en la inacción, Cuernavaca avanza —a paso firme, aunque silencioso— hacia una gestión con rumbo y visión.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | En Corto | Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

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Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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