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Niegan amparo a Livia Brito y seguirá procesada por falsedad de declaraciones

Una juez federal negó el amparo solicitado por la actriz Livia Brito, quien continuará vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones relacionado con el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda.

Por Martín García | Reportero                                      

La actriz Livia Brito continuará vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones, luego de que una juez federal le negara el amparo con el que buscaba dejar sin efectos el procedimiento penal derivado del caso del fotógrafo Ernesto Zepeda.

Con esta resolución, la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ Cdmx) continuará su curso, mientras las autoridades determinan la responsabilidad de la actriz conforme avance el proceso judicial.

El caso se originó tras el altercado ocurrido hace cuatro años entre Brito, su entonces pareja Mariano Martínez y el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien denunció haber sido agredido después de tomarles fotografías sin su consentimiento.

Fiscalía sostiene que proporcionó información falsa

De acuerdo con la investigación de la FGJ Cdmx, Livia Brito presuntamente proporcionó información falsa durante las diligencias ministeriales relacionadas con la denuncia presentada por el fotógrafo.

Con base en esos señalamientos, el Ministerio Público promovió la acción penal por el delito de falsedad de declaraciones, lo que derivó en la vinculación a proceso de la actriz.

Caso deriva de altercado con fotógrafo

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron cuando Ernesto Zepeda captó imágenes de la actriz y de Mariano Martínez durante una estancia en una playa. Según la denuncia, posteriormente ambos lo agredieron y le quitaron equipo fotográfico.

A raíz de esos acontecimientos se iniciaron diversos procedimientos legales, entre ellos la investigación por las declaraciones rendidas por Brito ante las autoridades.

Proceso penal continúa

Con la negativa del amparo, la vinculación a proceso permanece vigente y el asunto seguirá desahogándose ante las autoridades judiciales competentes.

Hasta el momento, la defensa de la actriz no ha informado públicamente si promoverá algún otro recurso legal para impugnar la resolución. –sn–

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Vinculan a proceso a exmando de Semar por contratos de medicamentos

Un juez federal vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina por presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración pasada.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal pasada.

La resolución judicial deriva de una denuncia presentada por la propia Semar y de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, instancia que reunió los elementos de prueba para solicitar la judicialización del caso.

Los imputados enfrentarán proceso penal por los presuntos delitos de peculado, cohecho y administración fraudulenta, mientras continúan las investigaciones sobre la asignación de contratos para la compra de insumos médicos.

Investigación surgió de una denuncia de la Semar

De acuerdo con la información disponible, las indagatorias comenzaron tras una denuncia presentada por la Semar, la cual dio origen a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Como resultado de esas diligencias, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez federal, quien determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso al contralmirante en retiro y a los tres integrantes de la institución naval.

Delitos relacionados con contratos de medicamentos

Las autoridades atribuyen a los imputados posibles irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal anterior.

Los delitos por los que enfrentarán el proceso penal son peculado, cohecho y administración fraudulenta, ilícitos que serán analizados durante las siguientes etapas del procedimiento judicial para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto del presunto daño patrimonial ni la identidad de los servidores públicos vinculados a proceso. –sn–

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Condenan a más de 36 años de prisión a hombre por homicidio cometido en Lerma

Un juez condenó a Ulises Edel Bernal Solorio a 36 años y seis meses de prisión por un homicidio cometido en Lerma, Estado de México, en diciembre de 2023.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ulises Edel Bernal Solorio fue sentenciado a 36 años y seis meses de prisión por el homicidio de un hombre cometido en el municipio de Lerma, Estado de México, luego de que un juez acreditara su responsabilidad penal con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 121 mil 894 pesos y el pago de 227 mil 190 pesos por concepto de reparación del daño. La resolución también contempla la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

El crimen ocurrió en diciembre de 2023

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 2 de diciembre de 2023 sobre la avenida de las Partidas, esquina con la calle Agustín Melgar, en la colonia Cerrillo Vista Hermosa, en el municipio de Lerma.

La víctima se encontraba en compañía de otra persona cuando el ahora sentenciado llegó al lugar a bordo de una motocicleta.

Según la carpeta de investigación, Ulises Edel Bernal Solorio descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima. Posteriormente amenazó al acompañante para impedir que denunciara lo ocurrido y huyó del sitio.

Fiscalía obtuvo orden de aprehensión

Tras iniciar las investigaciones, la FGJEM identificó al probable responsable y solicitó a un juez una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

El mandato judicial fue cumplimentado por agentes de la institución, quienes trasladaron al imputado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal.

Juez acreditó su responsabilidad

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.

Con base en esas pruebas, el órgano jurisdiccional emitió una sentencia condenatoria de 36 años y seis meses de prisión, además de imponer las sanciones económicas y la suspensión de sus derechos civiles y políticos conforme a la legislación aplicable. –sn–

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Juez libera a funcionario mexiquense acusado de secuestro; descarta pruebas suficientes para procesarlo

Un juez federal resolvió no vincular a proceso a Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la Región Sur-Sureste del Estado de México, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía estatal para sostener las acusaciones de secuestro y delincuencia organizada.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Un juez federal determinó no vincular a proceso a Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la Región Sur-Sureste del Estado de México, al concluir que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no eran suficientes para sustentar las acusaciones de secuestro y delincuencia organizada.

La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, donde el impartidor de justicia analizó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público para solicitar el inicio del proceso penal.

Con esta decisión, el funcionario no enfrentará proceso judicial por los delitos que le fueron imputados en esta etapa del procedimiento.

Juez cuestiona las pruebas de la Fiscalía

Durante la audiencia, el juez consideró que los elementos presentados por la FGJEM no cumplían con el estándar jurídico necesario para acreditar, de manera inicial, la probable participación del servidor público en los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Asimismo, determinó que la declaración de la presunta víctima carecía de la solidez y validez necesarias para sostener la imputación, por lo que resolvió no dictar el auto de vinculación a proceso.

La no vinculación no implica un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad del imputado, sino que, con los elementos presentados en esta fase, el juez concluyó que no existían datos suficientes para iniciar un proceso penal.

¿Qué sigue en el caso?

La resolución puede ser impugnada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que tiene la posibilidad de recurrir a los mecanismos legales previstos para controvertir la decisión judicial o, en su caso, fortalecer la investigación con nuevos elementos de prueba.

Hasta el momento, la Fiscalía mexiquense no ha informado públicamente si presentará un recurso contra la determinación del juez.

Continúa el proceso legal

El caso se mantiene dentro del ámbito judicial y cualquier actuación posterior dependerá de las decisiones que adopten tanto la Fiscalía como las autoridades jurisdiccionales competentes.

La resolución representa un revés para la acusación presentada por el Ministerio Público, al no reunir los elementos suficientes para que el proceso penal avanzara en esta etapa. –sn–

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Detienen a cinco elementos de la Guardia Nacional por extorsión y secuestro exprés en aeropuerto de ciudad Juárez

Cinco elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta participación en casos de extorsión y secuestro exprés contra pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional Abraham González. Un juez les dictó prisión preventiva y definirá su situación jurídica.

Por Martín García | Reportero                                      

Cinco integrantes de la militarizada Guardia Nacional (GN) adscritos al Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos por su presunta participación en delitos de extorsión y secuestro exprés contra pasajeros procedentes de la ciudad de México.

Los agentes fueron puestos a disposición de un juez federal, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Para este 8 de julio está programada la audiencia en la que se determinará si son vinculados o no a proceso penal.

Las investigaciones apuntan a dos casos ocurridos en julio

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron los días 2 y 3 de julio, cuando los elementos presuntamente interceptaron a viajeros que arribaron al aeropuerto desde la Ciudad de México.

En uno de los casos, la autoridad señala que un pasajero fue retenido durante varios minutos y despojado de su teléfono celular, mientras los presuntos responsables exigían dinero a sus familiares para permitirle abandonar la terminal aérea. En otro hecho, un agente habría solicitado dinero a un viajero a cambio de dejarlo salir del aeropuerto.

Prisión preventiva mientras continúa el proceso

Los cinco elementos permanecen bajo proceso judicial y será un juez federal quien determine, con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, si existen elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal por los delitos que se les imputan.

Las indagatorias continúan para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas involucradas en las conductas investigadas. Hasta el cierre de esta edición, la Guardia Nacional no había emitido un posicionamiento oficial sobre la detención de los elementos adscritos al aeropuerto de Ciudad Juárez. –sn–

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Sentencian a más de 47 años de prisión a responsable de homicidio en Toluca

Con las pruebas aportadas por la Fiscalía en proceso legal, la Autoridad Judicial decretó la culpabilidad de Arturo Alcántara Pérez en el delito de homicidio.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Un sujeto identificado como Arturo Alcántara Pérez, fue sentenciado a 47 años y seis meses de prisión, al ser declarado culpable del delito de homicidio en agravio de un masculino, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportara las pruebas suficientes para demostrar su participación en el hecho.

Mediante las investigaciones realizadas por esta Representación Social quedó establecido que, en mayo de 2024, en Toluca, el ahora sentenciado y tres sujetos más agredieron físicamente a la víctima con objetos contundentes en diversas partes del cuerpo, derivado de un conflicto entre particulares.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima perdió la vida en tanto que los presuntos responsables huyeron del lugar.

El avance de las investigaciones permitió al Agente del Ministerio Público identificar a los probables partícipes, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión en su contra. Una vez detenido, Arturo Alcántara Pérez fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Con las pruebas aportadas por la Fiscalía en proceso legal, la Autoridad Judicial decretó la culpabilidad de Arturo Alcántara Pérez en el delito de homicidio, por lo que impuso una sentencia de 47 años y seis meses de prisión; así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos. –sn–

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Organizaciones crean plataforma para respaldar la defensa de Brenda Quevedo Cruz tras casi 20 años sin sentencia

Organizaciones civiles, especialistas en derechos humanos y un nuevo equipo jurídico anunciaron la creación de una plataforma nacional e internacional para acompañar la defensa de Brenda Quevedo Cruz, cuyo proceso penal permanece sin una sentencia definitiva tras casi dos décadas.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Diversas organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y especialistas jurídicos anunciaron la conformación de una plataforma de defensa nacional e internacional para dar seguimiento al caso de Brenda Quevedo Cruz, quien ha permanecido cerca de 20 años sujeta a un proceso penal sin que exista una sentencia definitiva.

El anuncio fue realizado por el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO Puebla), Simón Hernández León, quien señaló que el objetivo es fortalecer el acompañamiento jurídico y la incidencia pública para impulsar una resolución del caso.

Señalan irregularidades en el proceso

Durante la presentación de la iniciativa, Hernández León afirmó que el expediente ha estado marcado por presuntas irregularidades que, según dijo, han sido documentadas y denunciadas durante años por organismos de derechos humanos, personas defensoras y equipos jurídicos.

Entre los señalamientos mencionó presunta detención arbitraria, actos de tortura, fabricación de pruebas y otras posibles violaciones a derechos humanos.

Indicó que, pese al tiempo transcurrido, Brenda Quevedo Cruz continúa sujeta a medidas de restricción mientras su situación jurídica permanece pendiente de una resolución definitiva.

Buscan impulsar una resolución

La plataforma está integrada por organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social), además de un nuevo equipo legal que asumirá el seguimiento del caso.

De acuerdo con los participantes, el propósito es promover una resolución pronta, garantizar el acceso efectivo a la justicia y mantener el acompañamiento jurídico en las instancias nacionales e internacionales que resulten procedentes.

Llaman a garantizar el acceso a la justicia

Los integrantes de la plataforma señalaron que continuarán impulsando acciones de defensa y observación del proceso con el objetivo de que el caso sea resuelto conforme a los principios del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una postura pública sobre el anuncio de la nueva plataforma de acompañamiento. –sn–

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Juez federal ordena vincular a proceso a Ulises Bravo por presunta violencia familiar

Un juez federal ordenó dictar el auto de vinculación a proceso contra Ulises Bravo Molina, exdirigente estatal de Morena en Morelos, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, al revocar una determinación judicial previa.

Por Martín García | Reportero                                      

Un juez federal ordenó que se dicte el auto de vinculación a proceso contra Ulises Bravo Molina, exdirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La resolución modifica el curso del proceso judicial, al dejar sin efectos la decisión emitida previamente por una autoridad judicial local que había evitado el inicio formal del procedimiento penal en contra del hermano del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Revocan criterio de un juez local

De acuerdo con la resolución federal, el órgano jurisdiccional determinó que existen elementos para que el exdirigente partidista enfrente un proceso penal por las imputaciones relacionadas con presuntos actos de violencia familiar.

La decisión revoca el criterio adoptado inicialmente por la autoridad judicial local, el cual había sido cuestionado por la representación legal de la presunta víctima.

Caso continuará en la justicia local

Con la resolución, la autoridad competente deberá emitir el auto de vinculación a proceso, lo que permitirá que el procedimiento penal continúe conforme a las etapas previstas en el sistema de justicia.

La determinación no implica una sentencia condenatoria ni establece responsabilidad penal, sino que ordena que el caso avance a la siguiente fase del proceso judicial, en la que se continuará con el desahogo de pruebas y la investigación complementaria.

Hermano de Cuauhtémoc Blanco

Ulises Bravo Molina es hermano del ex futbolista y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y se desempeñó como dirigente estatal de Morena en la entidad.

Hasta el momento, la defensa del exdirigente partidista no ha informado públicamente si impugnará la resolución emitida por el juez federal. –sn–

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Niegan amparo a exalcalde de Los Cabos por proceso penal ante presunto desfalco de 14.1 mdp

El Juzgado Tercero de Distrito en Baja California Sur negó el amparo promovido por el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y el extesorero José Martín Talamantes Geraldo, quienes impugnaban una resolución relacionada con el proceso penal que enfrentan.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Juzgado Tercero de Distrito en Baja California Sur negó el amparo promovido por el expresidente municipal de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y el extesorero municipal, José Martín Talamantes Geraldo, quienes buscaban dejar sin efectos una resolución vinculada con el proceso penal que enfrentan por el presunto desfalco de más de 14.1 millones de pesos en perjuicio del Ayuntamiento.

La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo 1287/2025, en el que ambos exfuncionarios solicitaron la protección de la justicia federal para impugnar actuaciones relacionadas con la causa penal.

Juez considera infundados los argumentos

En la sentencia, el juzgador determinó que los conceptos de violación expuestos por los promoventes resultaron infundados, por lo que resolvió negar el amparo solicitado.

Con esta decisión, permanece vigente la resolución judicial que fue impugnada por los exservidores públicos, lo que permite la continuidad del procedimiento penal.

Proceso por presunto daño al erario

Óscar Leggs Castro y José Martín Talamantes Geraldo son investigados por su presunta responsabilidad en un desfalco superior a 14.1 millones de pesos que habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Los Cabos.

La negativa del amparo no constituye una sentencia sobre su responsabilidad penal, sino que confirma la validez de la resolución impugnada dentro del juicio de garantías.

Caso seguirá su curso judicial

Con la resolución del Juzgado de Distrito, el proceso penal continuará conforme a las etapas previstas por la legislación, mientras las autoridades judiciales determinan la situación jurídica de los exfuncionarios.

Hasta el momento, la defensa de Óscar Leggs Castro y José Martín Talamantes Geraldo no ha informado si interpondrá algún recurso contra la sentencia que les negó la protección de la justicia federal. –sn–

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Caso Brenda Quevedo entra en nueva etapa jurídica con nueva defensa

Brenda Quevedo, procesada en el caso Wallace, inicia una nueva etapa jurídica con una nueva defensa, tres amparos y una red internacional que exige su liberación.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El caso de Brenda Quevedo Cruz, quien permanece sin sentencia en primera instancia tras casi dos décadas de prisión preventiva por el denominado caso Wallace, entró en una nueva etapa jurídica con la conformación de un nuevo equipo de defensa y la creación de una Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento.

El objetivo de ambas acciones es impulsar la obtención de justicia y la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, considerada por sus representantes como víctima de violaciones a sus derechos humanos durante el proceso penal.

Presentan tres amparos en las primeras semanas de la nueva defensa

En sus primeras tres semanas de trabajo, el nuevo equipo jurídico promovió tres juicios de amparo para atender diversos aspectos del proceso que enfrenta la acusada.

El primero busca garantizar el derecho a la salud de Brenda Quevedo Cruz; el segundo solicita la revisión de las medidas cautelares que consideran desproporcionadas; y el tercero impugna la negativa del juez para cerrar la etapa de instrucción del proceso, lo que permitiría avanzar hacia la emisión de una sentencia.

Buscan poner fin a casi dos décadas sin resolución judicial

Los representantes legales sostienen que el prolongado tiempo sin una sentencia constituye una afectación al debido proceso y a los derechos fundamentales de Brenda Quevedo Cruz.

Con la conformación de la Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento, la defensa pretende fortalecer el seguimiento nacional e internacional del caso y promover acciones encaminadas a lograr una resolución judicial. –sn–

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Roberto Borge deja prisión tras siete años y estará en prisión domiciliaria

Roberto Borge dejó prisión tras permanecer siete años recluido y continuará en prisión domiciliaria, en el Estado de México, el proceso penal que enfrenta por presunto lavado de dinero.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Después de permanecer siete años en prisión, Roberto Borge Angulo abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos y fue trasladado a un domicilio ubicado en el Estado de México, donde continuará en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por presunto lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron que la excarcelación del exmandatario ocurrió la tarde del viernes, pese a que desde hace casi tres años un juez ya le había concedido el cambio de medida cautelar dentro de ese expediente.

Cumplirá prisión domiciliaria por el proceso pendiente

Roberto Borge continuará sujeto al único proceso penal que mantiene vigente, relacionado con el delito de presunto lavado de dinero.

Aunque la sustitución de la prisión preventiva por la prisión domiciliaria había sido autorizada desde hace aproximadamente tres años, el traslado del exgobernador se concretó hasta esta semana.

Permanecerá bajo supervisión judicial

Con el cambio de medida cautelar, Roberto Borge permanecerá en un domicilio del Estado de México mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La prisión domiciliaria implica que el imputado permanece sujeto a las restricciones y condiciones impuestas por la autoridad judicial, por lo que deberá cumplir con las medidas de vigilancia que determine el órgano jurisdiccional. –sn–

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Detienen a maestro de Ecatepec por presunto abuso sexual de una menor

La madre de la estudiante de 14 años denunció al profesor de la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl, ubicada en Ecatepec, estado de México.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván «N», maestro de una escuela secundaria ubicada en Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

https://sociedad-noticias.com/2026/05/30/docente-enfrenta-proceso-penal-tras-denuncia-por-relacion-con-alumna-de-14-anos/

El docente habría comenzado una «relación amorosa» con una de sus alumnas de 14 años, en septiembre de 2025 dentro del entorno escolar. El maestro impartía clases de coro y tecnología en el plantel. La situación fue detectada varios meses después durante el periodo vacacional de fin de año.

Tras su captura, fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial.

https://twitter.com/libertadoaxnews/status/2060523735153791394?s=20

Adicionalmente, este sujeto enfrenta un proceso diverso, también por abuso sexual en agravio de una menor de edad, por el cual fue vinculado a proceso y con medida cautelar de garantía económica. –sn–

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Defensa de Rodolfo “El Wero Bisnero” cuestiona investigación en Tlalnepantla

El proceso continuará conforme a las etapas previstas por el sistema de justicia penal mexiquense.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

En la audiencia intermedia celebrada hoy en el Juzgado de Control de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos, estado de México, la defensa de Rodolfo “N” —conocido mediáticamente como El Wero Bisnero— argumentó con absoluta claridad que su cliente es inocente del homicidio que se le imputa dentro de la causa penal 2641/2025.

Esta afirmación se sustenta en hechos probados y datos objetivos que contradicen la narrativa pública, de corte acusatorio, que se ha expuesto durante meses, señaló el abogado Rodolfo Pérez Vázquez.

En el punto central de su exposición, el abogado señaló de manera contundente que demuestran la inocencia de Rodolfo “N”. 

A esa anomalía se suman otros elementos graves que deben ponderarse:

• No se ha localizado el arma homicida.
• No se han presentado rastros físicos atribuibles a Rodolfo en el departamento donde se cometió el delito.
• Ingresaron al domicilio de la esposa del imputado sin autorización de quien lo habitaba, ni autorización judicial.
• Al ingresar, invadieron su privacidad, pues la vieron en paños menores.
• Tomaron fotografías a uno de sus hijos, de tres años de edad.
• Su esposa y sus hijos fueron retenidos desde las 3:00 a.m. durante más de cuatro horas a las afueras del fraccionamiento donde ocurrieron los hechos.
• Después de que policías y personal de la Fiscalía los sacaron del lugar, ingresaron al departamento de El Wero Bisnero sin autorización.
• Coaccionaron a la esposa para que declarara, bajo la amenaza de incriminarla falsamente si no cooperaba en los términos pretendidos por la Fiscalía.
• No existen pruebas que evidencien su participación en el hecho ni un móvil claro.

Y, sobre todo, quedaron líneas relevantes de investigación sin agotarse plenamente.

Hay un patrón procesal que no puede ignorarse

De las audiencias públicas y constancias revisadas se desprende un patrón procesal que no puede ignorarse:

• Al menos 10 omisiones o respuestas incompletas atribuibles a la Fiscalía.
• Al menos 8 actos relevantes de investigación no agotados o parcialmente agotados.
• 6 momentos procesales críticos con posible afectación al derecho de defensa.
• Al menos 5 líneas sustantivas no suficientemente exploradas o incluso inexploradas.
• 3 decisiones que consolidaron el cierre de la investigación pese a pendientes relevantes.

Las fiscalía parece haber investigado para confirmar una hipótesis y no para esclarecer la verdad

El abogado Pérez Vázquez señaló que, si bien la defensa no acusa públicamente a terceros, sí exige que se explique por qué no se investigaron de manera exhaustiva antecedentes, accesos, cámaras, comunicaciones, trayectorias, posibles contextos previos y toda la información relevante de la víctima vinculada con el hecho.

De igual forma, pidió que se revisen las pruebas ya que aun no cuenrtan con ellas en su totalidad, debido a que la fiscalía ocultó información relevante para el caso, se depuren las omisiones, se contrasten los dichos con evidencia objetiva y no se permita que la presión mediática sustituya al debido proceso.

Asimismo, solicitó que se garantice plenamente el derecho de la defensa a acceder, obtener y ofrecer pruebas. La defensa ha sostenido que la Fiscalía mantuvo fuera de su alcance información relevante de la investigación y entregó copias de registros apenas dos días antes del vencimiento del plazo de seis meses, lo cual impidió conocer oportunamente el contenido de la carpeta, proponer actos de investigación y controvertir de manera efectiva la evidencia, por lo que se señaló su continuación para el 18 de junio de 2026 a las 08:30ª.m.

Por ello, la defensa sostiene que al haberse concedido el diferimiento de la audiencia para que preparan sus pruebas, con ello no busca dilatar el procedimiento, sino permitir que la audiencia intermedia cumpla su función constitucional como verdadero filtro judicial, antes de avanzar hacia una etapa de juicio oral con una acusación marcada por omisiones, inconsistencias y líneas de investigación no agotadas. –sn–

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Juan Carlos Bolaños pide ayuda pública para notificar a Laura Chinchilla en un proceso penal en Alajuela

Juan Carlos Bolaños pide ayuda pública para notificar a Laura Chinchilla en un proceso penal en Alajuela
Alajuela, 19 may (elmundo.cr) – El empresario Juan Carlos Bolaños Rojas emitió un llamado público esta mañana a la población c [...]

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https://elmundo.cr/costa-rica/juan-carlos-bolanos-pide-ayuda-publica-para-notificar-a-laura-chinchilla-en-un-proceso-penal-en-alajuela/

USD 130000 y listo... Tenés guita, matas a uno, le das "lo que corresponde" a la familia y te vas para tu casa.

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USD 130000 y listo... Tenés guita, matas a uno, le das "lo que corresponde" a la familia y te vas para tu casa.

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