Mientras el sector minero, e incluso el embajador de Canadá, piden al gobierno mexicano“fortalecer y dar certeza jurídica a la minería responsable” en nombre de lo que consideran la transición energética, además de presionar para que “facilite los trámites ambientales”, siguen impugnando en la justicia la reforma de la ley minera aprobada en 2023.
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