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Atacar antes de ser atacado: la frontera entre defensa y guerra. La inminencia de la amenaza cambia por completo el debate. #DerechoInternacional #Geopolítica #ONU #Conflictos #Historia

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Grupo de La Haya defiende a la CPI ante la presión de Estados Unidos

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Grupo de La Haya defiende a la CPI ante la presión de Estados Unidos

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¿Qué es una zona desmilitarizada y quién puede vigilarla realmente? #zonadesmilitarizada #actualidad #geopolitica #derechointernacional #ONU #conflictos #diplomacia #seguridadinternacional #Corea #Chipre #AltosdelGolan #felizmiercoles #23deseptiembre

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¿Qué es una zona de exclusión aérea y quién puede imponerla realmente? #ZonaDeExclusionAerea #Geopolitica #Actualidad #Defensa #SeguridadInternacional #DerechoInternacional #ONU #OTAN #Ucrania #China #Aviacion #Conflictos #felizmiercoles #23deseptiembre

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Milei cuestiona a la ONU y reclama por las Islas Malvinas

Javier Milei cuestionó el papel de la ONU ante la Asamblea General y reclamó por las Islas Malvinas; también defendió el desarrollo de inteligencia artificial con menor regulación estatal.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El presidente argentino Javier Milei cuestionó el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su discurso ante la Asamblea General y sostuvo que el organismo perdió capacidad para hacer cumplir sus propias resoluciones, particularmente en el conflicto por las Islas Malvinas.

https://twitter.com/EmmaRincon/status/2102806516726149428?s=20

Milei centró su intervención en tres asuntos: el papel de la ONU, el reclamo argentino sobre las Malvinas y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). En el caso del archipiélago, señaló que el proyecto petrolero Sea Lion constituye, desde la posición argentina, una explotación no autorizada de recursos en una zona cuya soberanía permanece en disputa.

El mandatario también cuestionó la capacidad de los organismos multilaterales para convertir sus resoluciones en acciones efectivas y planteó que la falta de consecuencias ante determinados incumplimientos puede afectar la autoridad de esas instituciones.

Reclamo argentino por las Malvinas

Milei afirmó que las Islas Malvinas constituyen una causa nacional para Argentina y vinculó el reclamo con la resolución 3149 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1976, que llamó a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permaneciera abierta la disputa de soberanía.

En su discurso, sostuvo que el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la Cuenca Malvina Norte mediante licencias británicas que Argentina considera ilegales e ilegítimas. El gobierno argentino ha reforzado recientemente sus acciones contra empresas vinculadas con actividades petroleras en el área.

La disputa ocurre mientras Argentina impulsa medidas legales y administrativas para sancionar a empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas. El 17 de septiembre, el gobierno de Milei presentó además un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra actividades que considere no autorizadas en zonas marítimas sujetas a su reclamo de soberanía.

Una medida cautelar emitida recientemente por un juez federal argentino ordenó detener el desarrollo del proyecto Sea Lion hasta que se realice una evaluación ambiental. Las empresas involucradas, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, han señalado que cuentan con licencias de las autoridades de las Islas Malvinas y prevén continuar con sus operaciones.

Críticas al funcionamiento de la ONU

Durante su intervención, Milei calificó a la ONU como una organización que, a su juicio, se alejó de los objetivos con los que fue creada. También cuestionó el funcionamiento de su burocracia y afirmó que el organismo permitió situaciones que, desde su perspectiva, contradicen los principios de seguridad colectiva, soberanía y derechos humanos.

El presidente argentino sostuvo además que los Estados no deberían aceptar restricciones a sus libertades únicamente por temor a determinadas amenazas. En ese contexto, utilizó el debate sobre la pandemia y las políticas estatales como referencia para argumentar contra lo que considera una expansión excesiva del control gubernamental.

Sus afirmaciones se produjeron un día después del discurso del secretario general de la ONU, António Guterres, quien advirtió ante la Asamblea General sobre el deterioro del derecho internacional, los conflictos armados, las desigualdades y los desafíos derivados del rápido desarrollo de la inteligencia artificial.

Milei defiende una IA con menos regulación

En el tercer eje de su intervención, Milei defendió el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que esta tecnología puede incrementar significativamente la productividad, además de transformar sectores como la economía, la medicina, la educación y la administración pública.

El mandatario argentino planteó que el temor ante los efectos de la IA no debería traducirse automáticamente en mayores controles estatales. También cuestionó que los gobiernos asuman el control directo sobre la innovación tecnológica y defendió un marco jurídico que, según expuso, limite la regulación preventiva.

Milei afirmó que Argentina busca convertirse en un polo para el desarrollo de inteligencia artificial y sostuvo que el país cuenta con recursos naturales, energía, talento y capacidad para participar en distintas etapas de esa industria. –sn–

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Macron exige defender el derecho internacional ante las guerras

Emmanuel Macron pidió ante la ONU reactivar el multilateralismo, defender el derecho internacional y reformar el Consejo de Seguridad frente a las guerras de Ucrania, Gaza y otros conflictos.

Por Vera Martín del Campo | Corresponsal                                        

Emmanuel Macron, presidente de Francia, llamó a defender el derecho internacional y reactivar el multilateralismo ante las guerras y crisis humanitarias que, según expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ponen a prueba las reglas que buscan limitar los conflictos armados.

Durante su intervención en el debate general de la 81 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario francés planteó si la comunidad internacional permitirá un retorno a la “ley de la selva” o si buscará preservar una sociedad internacional basada en reglas. La participación de Macron forma parte de su agenda diplomática en Nueva York, donde Francia colocó entre sus prioridades la guerra en Ucrania y los conflictos de Oriente Medio.

Macron sostuvo que Francia mantiene su compromiso con las Naciones Unidas y pidió recuperar la capacidad de los países para enfrentar de manera conjunta desafíos globales. También señaló que las experiencias del siglo XX deben servir como referencia ante la persistencia de guerras industrializadas y nuevas formas de violencia.

Macron pide frenar la impunidad internacional

El presidente francés cuestionó el debilitamiento de las normas internacionales y mencionó las crisis humanitarias de Gaza y El Fasher, en Sudán, como ejemplos de la gravedad de la situación. En ese contexto, afirmó que no puede existir paz sin justicia y reiteró el respaldo de Francia a la Corte Internacional de Justicia.

Macron también planteó una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el argumento de que el órgano debe contar con capacidad efectiva para responder ante atrocidades y violaciones del derecho internacional.

El mandatario francés advirtió además sobre lo que calificó como una aplicación desigual del principio de soberanía. Según su planteamiento, esa percepción de doble rasero contribuye a profundizar las divisiones internacionales, particularmente en torno a los conflictos de Oriente Medio.

Francia propone una moratoria para Ucrania

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Macron reafirmó el respaldo francés a Kiev y planteó una “doble moratoria” para suspender ataques contra infraestructura energética y civil, además de establecer una pausa sobre determinadas acciones en el mar Negro.

La propuesta se vincula con los esfuerzos diplomáticos que Francia desarrolla durante la Asamblea General. El Elíseo informó que Macron y el presidente estadounidense Donald Trump acordaron trabajar conjuntamente para impulsar una moratoria sobre ataques contra infraestructura energética y civil ucraniana.

Francia también ha reiterado durante septiembre su respaldo a la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino. En una declaración conjunta con Reino Unido y Canadá, el gobierno francés sostuvo que la soberanía y la seguridad de Israel deben coexistir con una Palestina segura y soberana.

Soberanía, inteligencia artificial y menores

En relación con Oriente Medio, Macron reclamó soberanía para Líbano y para los palestinos. Sostuvo que considerar necesaria la vulneración de la soberanía de países vecinos para garantizar la seguridad de Israel puede producir el efecto contrario y debilitar la seguridad regional.

El presidente francés también abordó los riesgos derivados de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Reivindicó los avances europeos en materia de regulación y pidió ampliar los marcos destinados a proteger a niños y adolescentes ante tecnologías que, según su planteamiento, pueden afectar su capacidad de aprendizaje.

Macron cerró su intervención con un llamado a no esperar a que las consecuencias de estas transformaciones obliguen a reaccionar. Su discurso se produjo durante la semana de alto nivel de la 81 sesión de la Asamblea General, que reúne a dirigentes de los Estados miembros para presentar sus prioridades ante los principales desafíos internacionales. –sn–

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Guterres, en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU: “Las grietas del mundo se han convertido en abismos”

https://fed.brid.gy/r/https://elpais.com/internacional/2026-09-22/guterres-en-su-ultimo-discurso-ante-la-asamblea-general-de-la-onu-las-grietas-del-mundo-se-han-convertido-en-abismos.html

En la ONU, Guterres pidió ley y cooperación; Trump replicó con “America First”: criticó a la ONU y la CPI, prometió más influencia de EE. UU. y amenazó a Irán y Cuba. https://aidoo.news/noticia/WzMqY8

#EstadosUnidos #Diplomacia #DerechoInternacional #CPI #AmericaLatina

¿Qué significa reconocer a un Estado y qué cambia realmente después? #Actualidad #Geopolitica #DerechoInternacional #Diplomacia #ONU #Estado #Soberania #RelacionesInternacionales #Palestina #España #PoliticaInternacional #felizmartes #22deseptiembre

https://donporque.com/que-significa-reconocer-a-un-estado/

¿Alto el fuego o armisticio? Qué cambia entre ambos acuerdos a fondo #AltoElFuego #Armisticio #Actualidad #Geopolítica #Conflictos #Paz #DerechoInternacional #Diplomacia #Noticias #Historia #felizdomingo #20deseptiembre #Internacional

https://donporque.com/alto-el-fuego-y-armisticio-diferencias/

¿Embargo o bloqueo? Qué diferencia hay y cuándo se aplica cada medida #Embargo #Bloqueo #Sanciones #Geopolítica #PolíticaInternacional #DerechoInternacional #Actualidad #Economía #ComercioInternacional #RelacionesInternacionales #Noticias #FelizDomingo #20DeSeptiembre

https://donporque.com/embargo-y-bloqueo-diferencias/

¿Qué es un corredor humanitario y cómo funciona durante una guerra? #CorredorHumanitario #AyudaHumanitaria #DerechoHumanitario #Guerra #Civiles #CrisisHumanitaria #DerechoInternacional #Conflictos #Actualidad #Evacuacion #Paz #felizsabado #19deseptiembre

https://donporque.com/que-es-un-corredor-humanitario-y-como-funciona-en-una-guerra/

Persona non grata: ¿qué significa y quién puede declararla legalmente? #PersonaNonGrata #Diplomacia #RelacionesInternacionales #Actualidad #PoliticaInternacional #DerechoInternacional #Embajadas #Diplomaticos #ConvencionDeViena #Geopolitica #Noticias #felizviernes #18deseptiembre

https://donporque.com/persona-non-grata-que-significa-y-quien-puede-declararla/

Cuando el derecho internacional se convierte en moneda de cambio

https://fed.brid.gy/r/https://ecsaharaui.com/09/2026/cuando-el-derecho-internacional-se-convierte-en-moneda-de-cambio/

China rechaza presiones de EE.UU. contra cooperación económica con Rusia

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/china-rechaza-presiones-eeuu-rusia/

¿Qué pasa cuando dos países rompen relaciones diplomáticas entre sí? #RelacionesDiplomaticas #Diplomacia #Actualidad #Geopolitica #RelacionesInternacionales #PoliticaInternacional #Embajadas #Consulados #DerechoInternacional #PoliticaExterior #Peru #Iran #Mundo #felizmiercoles #16deseptiembre

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Presidente Xi destacó la cooperación y el compromiso responsable de los países del BRICS

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, que asumirá la presidencia del grupo en 2027, declaró al cierre de la cumbre realizada en Nueva Delhi que el grupo BRICS ampliado se ha convertido en la vanguardia de Sur Global en su ascenso colectivo y como un motor clave de la multipolaridad mundial.
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#CumbreBRICS #DerechoInternacional #Multilateralismo #Mundo #NacionesUnidas #NuevaDelhi #SurGlobal #XiJinping #ÚltimaHora

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Presidente Xi destacó la cooperación y el compromiso responsable de los países del BRICS

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, que asumirá la presidencia del grupo en 2027, declaró al cierre de la cumbre realizada en Nueva Delhi que el grupo BRICS ampliado se ha convertido en la vanguardia de Sur Global en su ascenso colectivo y como un motor clave de la multipolaridad mundial.
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Presidente Xi destacó la cooperación y el compromiso responsable de los países del BRICS

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, que asumirá la presidencia del grupo en 2027, declaró al cierre de la cumbre realizada en Nueva Delhi que el grupo BRICS ampliado se ha convertido en la vanguardia de Sur Global en su ascenso colectivo y como un motor clave de la multipolaridad mundial.
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🇪🇺 🇬🇧 🏴‍☠ PIRATERÍA CONTRA BARCOS RUSOS (¿Y CÓMO NO IBAN A ESTAR LOS INGLESES?)

Putin denunció que la UE y el Reino Unido planean apoderarse de barcos rusos, quedarse con su carga y venderla:

👉 *"Esto no es otra cosa que piratería y bandidaje."*

Por eso ahora **todos sus buques mercantes van escoltados por buques de guerra**.

Y avisaron: si se atreven a detenerlos o confiscarles el petróleo, cereales o mercancías...

👉 *"Responderemos de forma simétrica."*

Todo esto sale del nuevo paquete de sanciones europeo que les da permiso para robar lo que transportan.

🤪 **¿Qué están haciendo? ¿Se volvieron locos?**

https://actualidad.rt.com/actualidad/627519-medida-rusia-intentos-pirateria-occidente

#Rusia #DerechoInternacional #Geopolitica #UnionEuropea #Europa #ReinoUnido #Pirateria #Piratas

Presidente de Sudáfrica pide rendición de cuentas por Gaza y guerra ilegal contra Irán

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Presidente de Sudáfrica pide rendición de cuentas por Gaza y guerra ilegal contra Irán

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🫂 **Solidaridad:** *Apoyemos a Francesca Albanese. Ella está sufriendo sanciones terribles de Estados Unidos por hacer lo correcto, por denunciar los crímenes israelíes en Gaza. No está sola, nosotros estamos con ella.* 🤍

⚖️ **DENUNCIA OFICIAL DE GENOCIDIO**

Francesca Albanese, jurista italiana y relatora especial de la ONU, confirma que Israel comete genocidio: más de 30.000 muertos en 5 meses, torturas y destrucción total de infraestructura. Matan a cualquiera solamente por ser palestinos.

🤐 **CENSURA Y SILENCIO MEDIÁTICO**

Mataron a casi 300 periodistas para callar las voces de Gaza. Occidente se hace el desentendido por presión de Estados Unidos, mientras siguen matando más de 1.300 personas incluso después del supuesto cese al fuego.

💰 **COMPLICIDAD DE ESTADOS Y EMPRESAS**

Países occidentales compran y negocian bonos del Estado israelí, financiando todo esto. Empresas como Google, Amazon, Microsoft, Palantir y plataformas turísticas participan directamente del sistema de ocupación.

🚫 **QUIEN SE QUEJA, SUFRE CASTIGO**

Estados Unidos sancionó a la propia Albanese, le bloqueó cuentas y bienes por haber informado la verdad. También castigan a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan los crímenes.

🌍 **LA MISMA LÓGICA DE SIEMPRE**

Dice que es igual que el bloqueo a Cuba: aplastar y estrangular pueblos enteros solo porque no se someten. Y remarca: **ningún país está por encima del derecho internacional, ni siquiera Israel.**

https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/626900-primer-genocidio-historia-francesca-albanese-explicar-rt-agresiones-palestina

#Palestina #Genocidio #DerechoInternacional #Albanese #FrancescaAlbanese #ONU

🫂 **Solidaridad:** *Apoyemos a Francesca Albanese. Ella está sufriendo sanciones terribles de Estados Unidos por hacer lo correcto, por denunciar los crímenes israelíes en Gaza. No está sola, nosotros estamos con ella.* 🤍

⚖️ **DENUNCIA OFICIAL DE GENOCIDIO**

Francesca Albanese, jurista italiana y relatora especial de la ONU, confirma que Israel comete genocidio: más de 30.000 muertos en 5 meses, torturas y destrucción total de infraestructura. Matan a cualquiera solamente por ser palestinos.

🤐 **CENSURA Y SILENCIO MEDIÁTICO**

Mataron a casi 300 periodistas para callar las voces de Gaza. Occidente se hace el desentendido por presión de Estados Unidos, mientras siguen matando más de 1.300 personas incluso después del supuesto cese al fuego.

💰 **COMPLICIDAD DE ESTADOS Y EMPRESAS**

Países occidentales compran y negocian bonos del Estado israelí, financiando todo esto. Empresas como Google, Amazon, Microsoft, Palantir y plataformas turísticas participan directamente del sistema de ocupación.

🚫 **QUIEN SE QUEJA, SUFRE CASTIGO**

Estados Unidos sancionó a la propia Albanese, le bloqueó cuentas y bienes por haber informado la verdad. También castigan a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan los crímenes.

🌍 **LA MISMA LÓGICA DE SIEMPRE**

Dice que es igual que el bloqueo a Cuba: aplastar y estrangular pueblos enteros solo porque no se someten. Y remarca: **ningún país está por encima del derecho internacional, ni siquiera Israel.**

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China advierte a EE UU que sus intereses financieros en Venezuela están protegidos por el derecho internacional

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Especialistas de 73 países piden en México abolir la gestación subrogada

Especialistas reunidos en la Cdmx reclamaron la abolición universal de la gestación subrogada durante la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La abolición universal de la gestación subrogada fue planteada este jueves en la Cdmx por especialistas de 73 países reunidos en la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, encuentro que analiza los efectos de esta práctica sobre los derechos de las mujeres y de los menores.

El foro, que se realiza los días 3 y 4 de septiembre en el Auditorio de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, reúne a juristas, académicos, especialistas en psiquiatría, exrelatores y exintegrantes de comités de Naciones Unidas, además de expertos de distintos países.

La Declaración de Casablanca, presentada en Marruecos en 2023, fue suscrita inicialmente por 100 especialistas de 75 nacionalidades y plantea que los Estados adopten medidas para prohibir la gestación subrogada en todas sus modalidades, así como avanzar hacia un instrumento internacional que la prohíba de manera universal.

Dignidad y derechos de los menores

Durante la apertura, María Selette Monjarás, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, sostuvo que el debate trasciende los avances científicos y las decisiones individuales, debido a las implicaciones que plantea para la dignidad humana, la autonomía, la libertad, la vulnerabilidad y los derechos de los menores.

La especialista señaló que la discusión también debe considerar la protección de las mujeres y el derecho a la identidad de quienes nacen mediante estos procedimientos.

Monjarás planteó que la dignidad humana no debe quedar condicionada por circunstancias personales, capacidad económica, decisiones de terceros o posibilidades derivadas del desarrollo tecnológico.

Early Institute reclama cambios legales

Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, organización dedicada al análisis de asuntos relacionados con la primera infancia y coorganizadora del encuentro, afirmó que la explotación reproductiva debe ser abolida.

El representante cuestionó que, pese a que el organismo ha estudiado el fenómeno durante casi dos décadas, en México no se haya concretado un cambio legislativo que, desde su perspectiva, permita prohibir este mercado.

Madero Márquez sostuvo que el cuerpo de las mujeres no debe ser tratado como una mercancía y que los menores nacidos mediante estos procedimientos tampoco pueden ser considerados objetos de transacción económica.

La propuesta internacional

La Declaración de Casablanca sostiene que los contratos mediante los cuales una mujer se compromete a gestar y entregar a un menor vulneran la dignidad humana y contribuyen a la mercantilización de mujeres y menores.

El documento propone que los Estados nieguen validez jurídica a esos contratos y sancionen a las personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarias. También plantea acciones judiciales contra quienes recurran a la gestación subrogada, incluso cuando el procedimiento se realice fuera de su país de origen.

La iniciativa internacional también contempla la elaboración de un convenio para establecer una prohibición mundial de la gestación subrogada. –sn–

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Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional: “Tarde o temprano la Historia nos pedirá cuentas a todos. ¿Dónde estabas?"

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🇦🇷 🏝️ POR QUÉ NO SE APLICA EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN A LOS KELPERS

Las Islas Malvinas fueron pobladas de forma permanente por primera vez por Luis Vernet, ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata, junto a su grupo de pobladores. Ellos se quedaron a vivir ahí.

Años después, Gran Bretaña llegó con buques de guerra, les dio un ultimátum y los amenazó de muerte si no abandonaban el territorio. Siendo civiles sin capacidad de defensa, aceptaron retirarse, con la esperanza de que la situación se resolviera por vías diplomáticas.

Por eso el principio de autodeterminación no corresponde aplicarlo aquí: **los llamados kelpers son pobladores instalados luego de una ocupación ilegal y la expulsión forzada de los habitantes originales**, acciones que hoy se tratan como violaciones graves al derecho internacional y a los derechos humanos.

Pero todo esto va más allá: si le damos legitimidad a eso, entonces cualquier cosa puede ser justificada después; si permitimos que se salgan con la suya y decimos que está bien, el mundo se vuelve un lugar peligroso para todos.

#Malvinas #Soberania #Argentina #DerechoInternacional #Autodeterminacion #IslasMalvinas #Kelpers #LuisVernet

Roberto Velasco defiende diplomacia mexicana basada en el derecho frente a la fuerza

El canciller Roberto Velasco Álvarez afirmó que México mantiene una política exterior basada en el derecho internacional y la solución pacífica de controversias, durante la inauguración de la 14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La diplomacia mexicana debe mantener abiertos los canales de diálogo y privilegiar el derecho internacional frente al uso de la fuerza, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante la inauguración de la 14ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales.

El funcionario sostuvo que la política exterior de México se basa en principios como la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana de los Estados y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. La posición, señaló, forma parte de una tradición diplomática que el país ha mantenido ante distintos episodios históricos.

La feria, dedicada este año a analizar “La diplomacia ante la fuerza en un mundo convulso”, se realiza del 3 al 5 de septiembre en el Instituto Matías Romero (IMR), en el Centro Histórico de la ciudad de México. El programa contempla más de 50 expositores, presentaciones editoriales y mesas de análisis.

México apuesta por el derecho internacional

Velasco Álvarez puso como ejemplos la decisión del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas de recibir a miles de republicanos españoles en 1939 y la respuesta diplomática de México después de la irrupción en la Embajada mexicana en Quito, Ecuador, en 2024.

Según el canciller, ambos episodios muestran la continuidad de una política exterior basada en principios jurídicos. La consistencia, afirmó, permite que un país sea previsible y convierte esa previsibilidad en un recurso para su actuación diplomática.

El secretario también señaló que, cuando la desconfianza sustituye al diálogo, la diplomacia adquiere mayor relevancia porque permite conservar vías de comunicación, reducir el riesgo de errores de cálculo que puedan escalar conflictos y contribuir a la protección de la población civil.

El Instituto Matías Romero como centro de análisis

El funcionario planteó como una de las prioridades de la política exterior fortalecer al Instituto Matías Romero, dirigido por el embajador Juan José Bremer, para consolidarlo como centro de pensamiento de la Cancillería.

La intención es que el instituto contribuya al análisis de los acontecimientos internacionales y proporcione elementos para la toma de decisiones, además de ampliar la discusión pública sobre política exterior.

Velasco Álvarez también reconoció el trabajo de investigadores y especialistas en relaciones internacionales, al considerar que sus estudios permiten comprender las transformaciones del sistema internacional, anticipar riesgos y formular alternativas para la acción del Estado mexicano. –sn–

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🌍 ■ 12 kilómetros para cambiar la historia: por qué el proyecto de colonias en la zona E1 puede dinamitar el futuro de Palestina ■ Israel da el paso definitivo para levantar asentamientos en un terreno que es el único pasillo para dar co[…]
https://www.huffingtonpost.es/global/12-kilometros-cambiar-historia-que-proyecto-colonias-zona-e1-dinamitar-futuro-palestina-f202608.html?int=MASTODON_WORLD

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📰 Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”
🔗 https://www.latercera.com/mundo/noticia/iran-acusa-a-estados-unidos-de-aniquilar-el-derecho-internacional-canada-es-uno-de-los-que-esta-aprendiendo-la-leccion/

#iran #derechointernacional #estadosunidos #aprendizaje

📰 China reitera que las amenazas económicas de EEUU contra Irán “no tienen encaje en el Derecho Internacional”
🔗 https://www.latercera.com/mundo/noticia/china-reitera-que-las-amenazas-economicas-de-eeuu-contra-iran-no-tienen-encaje-en-el-derecho-internacional/

#chinarechazaamenazaseeuu #derechointernacional #iran #politicaglobal

Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo https://www.eldiario.es/internacional/ceuta-melilla-no-son-enclaves-coloniales-dispositivos-control-migratorio-europeo_129_13447596.html Augusto Delkáder-Palacios #ONU-OrganizacióndelasNacionesUnidas #DerechoInternacional #Colonialismo #Migraciones #Marruecos #Melilla #Ceuta

Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo https://www.eldiario.es/internacional/ceuta-melilla-no-son-enclaves-coloniales-dispositivos-control-migratorio-europeo_129_13447596.html Augusto Delkáder-Palacios #ONU-OrganizacióndelasNacionesUnidas #DerechoInternacional #Colonialismo #Migraciones #Marruecos #Melilla #Ceuta

Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo https://www.eldiario.es/internacional/ceuta-melilla-no-son-enclaves-coloniales-dispositivos-control-migratorio-europeo_129_13447596.html Augusto Delkáder-Palacios #ONU-OrganizacióndelasNacionesUnidas #DerechoInternacional #Colonialismo #Migraciones #Marruecos #Melilla #Ceuta

Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo https://www.eldiario.es/internacional/ceuta-melilla-no-son-enclaves-coloniales-dispositivos-control-migratorio-europeo_129_13447596.html Augusto Delkáder-Palacios #ONU-OrganizacióndelasNacionesUnidas #DerechoInternacional #Colonialismo #Migraciones #Marruecos #Melilla #Ceuta

Ceuta y Melilla no son enclaves coloniales, sino dispositivos del control migratorio europeo https://www.eldiario.es/internacional/ceuta-melilla-no-son-enclaves-coloniales-dispositivos-control-migratorio-europeo_129_13447596.html Augusto Delkáder-Palacios #ONU-OrganizacióndelasNacionesUnidas #DerechoInternacional #Colonialismo #Migraciones #Marruecos #Melilla #Ceuta

«El funeral más grande de la historia palestina»: Gaza despide a 112 civiles masacrados por Israel en 2023

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/funeral-historia-palestina-gaza-112-victimas/

«El funeral más grande de la historia palestina»: Gaza despide a 112 civiles masacrados por Israel en 2023

https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/funeral-historia-palestina-gaza-112-victimas/

#Opositores y estudiantes en el campo del #derechointernacional , me gustaría encontrar compañeros de estudio con los que conversar sobre temas escogidos, a partir de lecturas o documentos, una vez al mes, como si fuera un #clubdelectura .
#Oposiciones #EPSO #Diplomacia

✨ 📖 📚 📑 ⚖️🌸

#Opositores y estudiantes en el campo del #derechointernacional , me gustaría encontrar compañeros de estudio con los que conversar sobre temas escogidos, a partir de lecturas o documentos, una vez al mes, como si fuera un #clubdelectura .
#Oposiciones #EPSO #Diplomacia

✨ 📖 📚 📑 ⚖️🌸

#Opositores y estudiantes en el campo del #derechointernacional , me gustaría encontrar compañeros de estudio con los que conversar sobre temas escogidos, a partir de lecturas o documentos, una vez al mes, como si fuera un #clubdelectura .
#Oposiciones #EPSO #Diplomacia

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#Opositores y estudiantes en el campo del #derechointernacional , me gustaría encontrar compañeros de estudio con los que conversar sobre temas escogidos, a partir de lecturas o documentos, una vez al mes, como si fuera un #clubdelectura .
#Oposiciones #EPSO #Diplomacia

✨ 📖 📚 📑 ⚖️🌸

Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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