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TFJA sanciona a funcionarios de CFE, SAT, IMSS y Sedena

El TFJA impuso inhabilitaciones, suspensiones, destituciones y multas a funcionarios de CFE, Defensa, SEP, SAT, IMSS y Asipona Manzanillo por faltas administrativas graves.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones, suspensiones, destituciones y sanciones económicas a personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Defensa, SEP, SAT, IMSS y Asipona Manzanillo por faltas administrativas graves.

Las resoluciones incluyeron inhabilitaciones de hasta 10 años, multas millonarias y separaciones del cargo, derivadas de investigaciones en las que las autoridades acreditaron infracciones cometidas durante distintos años.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las investigaciones fueron realizadas mediante la Unidad de Responsabilidades de la CFE y Órganos Internos de Control de diversas dependencias federales. El TFJA resolvió los procedimientos correspondientes a faltas graves.

Sanciones en la Comisión Federal de Electricidad

En la CFE, Rodrigo C., adscrito a la División de Distribución Centro Oriente en Puebla, recibió una inhabilitación de 10 años y una sanción económica de 33 mil pesos.

La investigación estableció que en 2024 presentó nueve incapacidades médicas que no fueron reconocidas por la autoridad de salud competente, con lo que buscó evitar el descuento correspondiente a 22 días de salario.

Por otro lado, Roberto H. y Luis H., de la División Sureste de CFE Distribución, fueron suspendidos durante 30 días por autorizar en 2019 la contratación de un extrabajador que estaba inhabilitado desde 2013.

También fue suspendido por 30 días Hugo H., de la División Oriente de CFE Distribución en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a que en 2018 autorizó la contratación de un extrabajador que permanecía inhabilitado desde 2009.

Defensa y Educación

En la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Juan D., del Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, Durango, recibió una inhabilitación de 10 años, destitución y una sanción económica de 651 mil pesos.

El procedimiento se relacionó con hechos ocurridos en 2021 y 2022, cuando no presentó documentación para comprobar pagos de víveres y consumo de gas LP destinados a personal militar comisionado en otras unidades, además de recursos relacionados con devolución de impuestos.

En la Secretaría de Educación Pública (SEP), María H. y Susana E., de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), recibieron una inhabilitación de 10 años y una sanción económica compartida de 564 mil pesos.

El caso correspondió a actuaciones realizadas en 2018 relacionadas con la firma de un convenio y el trámite de prestaciones laborales que, de acuerdo con la resolución, no correspondían al trabajador por la terminación de su relación laboral.

Resoluciones contra funcionarios del SAT

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alejandra M. fue inhabilitada durante 10 años y recibió una sanción económica de 253 mil pesos.

La resolución determinó que en 2019 no solicitó oportunamente documentación necesaria para la defensa de diversos juicios, situación que impidió recuperar un crédito fiscal por un monto equivalente a la sanción impuesta.

Una empresa identificada en el expediente como D. recibió una inhabilitación de cuatro años y una sanción económica de 3.1 millones de pesos por presentar, en 2021, facturas de vehículos alteradas para simular el cumplimiento de requisitos dentro de una licitación de servicios de transporte.

Asimismo, Jesús M., del Servicio de Administración Desconcentrada Jurídica en Mexicali, Baja California, fue inhabilitado durante un año por firmar en 2021 siete documentos relacionados con la reparación de daños derivados de delitos fiscales, pese a que esa actividad no correspondía a sus funciones. –sn–

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Mauricio Tabe instala comisión contra acoso y hostigamiento sexual para la Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo instaló una comisión especializada para atender casos de acoso y hostigamiento sexual, con un protocolo de denuncia, medidas de protección y sanciones administrativas, bajo el compromiso de garantizar espacios laborales seguros, libres de violencia y discriminación.

SN Redacción

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, instaló la comisión especializada para la Atención de casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, que se encargará de investigar este tipo de conductas en las áreas de trabajo de esta alcaldía para garantizar que ninguna mujer u hombre sea víctima de estos delitos y puedan trabajar con tranquilidad y sin ninguna amenaza, miedo o terror.

“Queremos ser muy justos y mandar la señal correcta, no hay abusos, ni de un lado ni de otro. Por eso el protocolo, por eso el equipo de trabajo, pero el mensaje muy claro para todos los colaboradores es que en Miguel Hidalgo no se va a permitir el acoso, porque fue de las primeras decisiones que tomamos, es más, mi primer mensaje público cuando llegue al gobierno en Miguel Hidalgo era esa primera convicción, de poner primero a las mujeres”, dijo.

El acoso y hostigamiento sexual forman parte de la violencia de género, por lo que en la mayoría de los casos lo sufren las mujeres. De acuerdo con datos del Inegi el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la violencia sexual la más recurrente con un 49.7 %.

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En ese sentido, el alcalde llamó a los colaboradores a evitar cualquier situación de esta índole e instó a los integrantes de esta comisión a resolver con imparcialidad cualquier caso que se presente.

“Que esto se vuelva acción todos los días, para que ninguna colaboradora viva con miedo, o terror del hostigamiento de un colaborador o de un jefe, que puedan venir a trabajar en paz”.

De ahí que advirtiera que habrá cero tolerancia a estas conductas y se dará cumplimento a la ley.

“Que lo sepan todos los colaboradores, que lo sepan todos los hombres de la alcaldía, tienen que respetar a las mujeres y que los actos de acoso, de hostigamiento van a tener consecuencias; y que bueno que se haga de forma colegiada para que se exhiban públicamente y no haya concesión, que atiendan también públicamente las sanciones que se tienen que llevar a cabo y la revisión de cada uno de los casos”, precisó.

Por su parte, Lorena Cortés Falcón, directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo que eliminar la violencia de género es labor de todos.

Asimismo, Sara Chávez Ruiz, Secretaria Técnica de la comisión presentó el protocolo y ruta de atención a estos casos, la cual inicia con la denuncia de la víctima y el acercamiento a cualquiera de las Consejeras o integrantes de la Comisión recién instalada, para posteriormente realizar las entrevistas e identificar si se requiere de medidas de protección, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de las denunciantes. Los casos que se considere, serán posteriormente turnados al Órgano Interno de Control que dictará la sanción administrativa correspondiente.

Finalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo tomó protesta a los integrantes de la Comisión Especializada, así como a las consejeras, y confió en que se realizará una labor preventiva de estas conductas para que no se registre un solo caso de acoso y hostigamiento sexual en la alcaldía. –sn–

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Gobierno federal sanciona a 226 funcionarios por faltas administrativas durante el primer semestre de 2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 226 funcionarios federales entre enero y junio de 2026, con 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones y cinco destituciones.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impuso, entre enero y junio de 2026, sanciones a 226 personas servidoras públicas del gobierno federal que ocupaban cargos de mando, por faltas administrativas no graves relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Las medidas incluyeron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. La dependencia informó que las resoluciones se emitieron conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas.

La información adquiere relevancia en el marco del fortalecimiento de los mecanismos federales de control y combate a la corrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la autoridad encargada de imponer sanciones por faltas administrativas no graves, mientras que las faltas graves son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

¿Qué faltas cometieron los funcionarios?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría, se identificaron 242 casos de incumplimiento de las funciones encomendadas, nueve relacionados con abuso del cargo y uno por abuso de funciones vinculado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.

La cantidad de faltas es superior al número de personas sancionadas porque un mismo servidor público puede haber incurrido en más de una conducta y, por tanto, recibir más de una sanción.

Entre los servidores públicos sancionados se encontraban 10 titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento.

Más de 400 expedientes fueron enviados al TFJA

Además de las sanciones por faltas no graves, la Secretaría informó que 416 expedientes fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, al corresponder a posibles faltas administrativas graves.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece una división de competencias entre las autoridades encargadas de investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos. En los casos graves, corresponde al TFJA determinar las sanciones. Comunicados recientes de la Secretaría confirman la aplicación de este esquema en procedimientos derivados de investigaciones realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidades.

La Secretaría ha mantenido durante 2026 una serie de procedimientos contra servidores públicos y empresas vinculados con infracciones administrativas. En junio, por ejemplo, informó sobre sanciones derivadas de investigaciones realizadas en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias y entidades federales.

Funcionarios pueden impugnar las sanciones

Las resoluciones administrativas no impiden que las personas sancionadas recurran a los mecanismos de defensa previstos por la legislación.

La Secretaría precisó que los servidores públicos tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de que esto ocurra, la dependencia defenderá la legalidad de las sanciones emitidas.

El número de sanciones, por tanto, no equivale necesariamente a resoluciones firmes e inatacables, pues los procedimientos administrativos pueden continuar mediante los recursos legales correspondientes.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, mantiene como parte de sus atribuciones la prevención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas dentro de la Administración Pública Federal. La dependencia también dispone de bases de datos públicas sobre servidores públicos con sanciones vigentes. –sn–

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Anticorrupción sanciona a funcionarios de Pemex, Salud e IMSS

Introducción: Sanciones administrativas alcanzaron a servidores públicos de varias dependencias.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de diversas sanciones administrativas a servidores públicos adscritos a organismos y dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (Salud), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las medidas fueron determinadas a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y de los Órganos Internos de Control correspondientes. Las resoluciones se emitieron conforme a los procedimientos administrativos previstos en la legislación vigente.

En el caso de Pemex, la dependencia impuso una inhabilitación de un año a Hilario M., quien se desempeñó como gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar el acta de entrega-recepción al concluir su encargo. Asimismo, aplicó una suspensión de 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no formalizar el acta correspondiente al término de una responsabilidad temporal. También sancionó con 15 días de suspensión a Gabriela P., jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto durante 2025.

Sanciones en Salud

La Secretaría de Salud concentró algunas de las sanciones más relevantes derivadas de actuaciones médicas registradas en años anteriores. La autoridad suspendió durante 30 días a Karen R., médico general “A”, así como a Graciela M., Joaquín L. y Edén L., médicos especialistas “A” adscritos al Hospital General de México. De acuerdo con la resolución administrativa, los servidores públicos omitieron la hospitalización de una paciente, situación que agravó su padecimiento, además de incumplir con la asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022.

Las resoluciones fueron emitidas tras las investigaciones y procedimientos correspondientes desarrollados por los órganos de control interno. La dependencia señaló que las determinaciones consideraron los elementos probatorios reunidos durante las indagatorias. También indicó que cada caso fue analizado bajo los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.

En Banjercito, la autoridad emitió una amonestación pública contra Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo. La medida respondió a la falta de gestión para actualizar las guías institucionales de archivo durante 2023 y 2024. El procedimiento concluyó con la imposición de una sanción considerada acorde con la naturaleza de la falta.

Casos en AIFA e ISSSTE

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Órgano Interno de Control suspendió por 15 días a Gibrán C., jefe del Departamento de Mercadotecnia. La resolución derivó de conductas consideradas faltas de respeto hacia una compañera de trabajo durante 2025. El expediente administrativo concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria correspondiente.

Por su parte, el ISSSTE aplicó sanciones a dos funcionarios vinculados con procesos de entrega-recepción. La dependencia suspendió por 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación Veracruz, y a América M., jefe de departamento en la Subdelegación Aguascalientes. Ambos casos estuvieron relacionados con la omisión de realizar las actas de entrega al concluir sus respectivos cargos en 2023. –sn–

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Edomex refuerza campaña contra regalos a servidores públicos, «decir gracias es suficiente»

El gobierno mexiquense intensificó una campaña anticorrupción y prohibió obsequios a servidores públicos.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El Gobierno del Estado de México informó que fortaleció la campaña “Decir gracias es suficiente” dirigida a personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal. La medida buscó reforzar la integridad en el servicio público y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente. La estrategia se intensificó durante la temporada decembrina.

La Secretaría de la Contraloría precisó que la campaña tuvo como finalidad evitar la recepción de obsequios con fines de soborno. La dependencia indicó que estos ofrecimientos suelen incrementarse a finales de año. El mensaje institucional reiteró la prohibición absoluta de aceptar regalos.

La titular de la Contraloría mexiquense, Hilda Salazar Gil, informó que personal de dependencias estatales debía abstenerse de recibir obsequios. La restricción aplicó a regalos provenientes de contratistas, proveedores o prestadores de servicios. La disposición abarcó cualquier tipo de dádiva.

Normativa vigente

La funcionaria explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas estableció esta prohibición. El Código de Ética también reguló la conducta de quienes ejercieron funciones públicas. Ambos ordenamientos prohibieron aceptar regalos de cualquier naturaleza.

La restricción incluyó beneficios directos o indirectos. La norma consideró obsequios destinados a cónyuges, concubinas, concubinos o familiares consanguíneos. También aplicó a personas con relación laboral, profesional o de negocios con el servidor público.

La Secretaría de la Contraloría reiteró que el cumplimiento fue obligatorio. Las disposiciones se aplicaron sin excepción jerárquica. La vigilancia correspondió a los órganos internos de control.

Certificación anticorrupción

Hilda Salazar Gil informó que la Contraloría contó con certificación en el Sistema de Gestión Antisoborno. Este sistema se basó en la Norma ISO 37001:2016. La certificación incluyó una política estricta sobre regalos y beneficios.

La dependencia indicó que esta certificación respaldó las acciones preventivas. El sistema estableció lineamientos claros para la conducta institucional. Su aplicación buscó fortalecer la transparencia gubernamental.

La política antisoborno formó parte de un esquema integral. Este esquema incluyó prevención, control y sanción. La Contraloría mantuvo su implementación permanente. –sn–

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Pillan ambulancia del IMSS que transporta material de construcción en Cuautitlán Izcalli

Un video mostró una ambulancia del IMSS trasladando materiales en Cuautitlán Izcalli.

Por Martín García | Reportero                                      

Una cámara de seguridad registró que una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoe Robledo, transportó material de construcción hacia una vivienda particular en Cuautitlán Izcalli, hecho que exhibe un uso irregular de recursos públicos. El material fue descargado por tres sujetos que operaron sin autorización institucional. La escena revela la utilización de un vehículo destinado a emergencias médicas en tareas ajenas a su función.

https://twitter.com/pizcalli/status/1995951509822210547?s=20

El incidente ocurrió el 1 de diciembre y quedó captado a las 11:30 horas en la colonia Sección Parques. La unidad AA391 fue ocupada como transporte de carga pese a estar asignada a traslados clínicos. El video mostró cajas de loseta colocadas junto al equipo médico de la ambulancia.

La difusión del material generó reacciones de inconformidad entre derechohabientes y usuarios de redes sociales. La población cuestionó la ausencia de supervisión institucional frente al manejo de vehículos de emergencia. También exigió que la unidad permaneciera disponible para llamados urgentes.

Uso indebido documentado

El uso de la ambulancia para transportar loseta representó una infracción a los lineamientos del IMSS. La acción comprometió la higiene del espacio clínico al introducir materiales ajenos al entorno sanitario. Además, redujo la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.

Los reglamentos internos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen sanciones por este tipo de irregularidades. Las medidas podían incluir suspensión, inhabilitación o castigos económicos si se acreditaba daño al patrimonio público. También podían derivar en faltas graves cuando se confirmó el empleo indebido de bienes institucionales.

Especialistas consultados en procesos administrativos señalaron que estos casos solían incluir responsabilidades compartidas entre operadores y superiores. Las investigaciones internas definían el nivel de responsabilidad. Asimismo, los dictámenes determinaban consecuencias diferenciadas según la participación de cada servidor. –sn–

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Rector de UCR se expone a sanción (inclusive destitución) por parte de la Contraloría por incumplir orden sobre pagos improcedentes

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