Exigen liberar a cinco indígenas tseltales en Chiapas
Organizaciones denuncian detención arbitraria y violaciones a derechos humanos en Cancuc. ONU pide su liberación inmediata
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), Otros Mundos, la vicaría de la diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello solicitaron al gobierno federal liberar a cinco indígenas tseltales, presos desde 2022 en el municipio de Cancuc, Chiapas.
Mediante un comunicado, informaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación el pasado 15 de mayo, y que el gobierno tiene plazo hasta octubre para informar sobre el cumplimiento de esta resolución.
Sentenciados por 25 años
Los detenidos fueron identificados como Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos vinculado a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, todos de filiación evangélica.
Las agrupaciones denunciaron que los cinco fueron arrestados sin orden de aprehensión, incomunicados durante 24 horas y víctimas de desaparición forzada temporal. Señalaron también la ausencia de traductores, abogados defensores y el uso excesivo de la fuerza durante su detención.
Originalmente, los tseltales recibieron una sentencia de 25 años de prisión. Posteriormente, tras la presentación de recursos legales por parte de sus representantes, se logró reducir la condena a 18 años y seis meses.
ONU exige reparación integral
El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que el proceso judicial incluyó múltiples violaciones al debido proceso. Por ello, recomendó al gobierno mexicano liberar de inmediato a los cinco hombres y ofrecerles compensación e indemnización, conforme al marco del derecho internacional.
El mismo organismo exhortó también a realizar una investigación independiente sobre las condiciones de la detención arbitraria y a sancionar a los responsables por las violaciones cometidas.
Las organizaciones defensoras afirmaron que la detención de los tseltales representa un patrón de criminalización contra defensores indígenas y constituye una falta grave en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Solicitan actuar antes de octubre
En su pronunciamiento, las agrupaciones precisaron que el plazo otorgado por la ONU vence en octubre de 2025, por lo que instaron a las autoridades a acatar las recomendaciones y liberar a los cinco hombres.
Insistieron en que el gobierno debe resolver el caso conforme al dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que ya ha reconocido oficialmente la privación de la libertad como ilegal.
También señalaron que este caso refleja la urgencia de fortalecer mecanismos de justicia intercultural en México, garantizar traductores en lenguas originarias y prevenir actos de tortura o tratos crueles durante procesos penales.
Violaciones reiteradas al debido proceso
La Clifodh sostuvo que existen al menos diez irregularidades en el caso, desde la detención sin orden judicial hasta la falta de asistencia jurídica. Agregó que los testimonios fueron obtenidos bajo presión y sin presencia de defensores.
En tanto, el Centro Minerva Bello aseguró que, de no liberarse a los detenidos, se configuraría un incumplimiento a la resolución internacional que puede derivar en acciones contra el Estado mexicano en foros multilaterales.
Por su parte, la vicaría de San Cristóbal reafirmó su respaldo a los defensores indígenas, subrayando que la lucha por la justicia no debe implicar criminalización ni persecución legal.
Caso en observación internacional
El asunto de los cinco tseltales fue incorporado ya en informes de derechos humanos a nivel internacional. Diversas organizaciones han notificado que continuarán el seguimiento ante instancias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de justicia social en Europa.
Asimismo, solicitaron medidas de protección para las familias de los detenidos, que han sufrido actos de intimidación y desplazamientos por violencia estructural en sus comunidades. –sn–
Idigenas en Chiapas
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