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📰 Comienza debate de proyecto de reforma para aumentar requisitos a acusaciones constitucionales
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Mulheres vão às ruas pela aprovação do PL da Misoginia neste domingo (2)
Diputados de Morena atenderán, caso por caso, a víctimas de despojo inmobiliario en la Cdmx
Morena se reúne con víctimas de despojo y ofrece seguimiento a casos en Benito Juárez y Cuauhtémoc
Por Luis Muñoz | Reportero
Diputados del grupo parlamentario de Morena se reunieron con vecinos afectados por el delito de despojo e informaron de los cambios legislativos en la materia para proteger la propiedad en la ciudad de México.
La coordinadora de los legisladores morenistas, Xóchitl Bravo, escuchó los casos expuestos y se comprometió a dar seguimiento puntual a cada uno de ellos.
Al revisar los casos presentados, se identificó que las carpetas de investigación por despojo se concentran principalmente en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc (gobernadas por la oposición), por lo que se acordó poner especial atención a las familias de ambas demarcaciones.
Se explicó a los asistentes que la reforma al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y a la Ley del Notariado de la ciudad de México en materia de despojo, impulsada por la jefe de gobierno, Clara Brugada, ya fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y es ley vigente, con el propósito de fortalecer la prevención y sanción de este delito y garantizar protección efectiva a las víctimas.
Se recordó que el despojo afecta no solo el patrimonio de las familias, sino también su tranquilidad y bienestar. Las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres, y las comunidades indígenas son las que con mayor frecuencia enfrentan este tipo de situaciones.
Entre los principales cambios que ya forman parte de la legislación, destacan los siguientes:
En el Código Penal se amplían las formas de comisión del delito, incluyendo la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad; se incrementan penas y multas; se establecen agravantes para casos de violencia contra personas vulnerables o uso de documentación falsa, y se reconoce como delito continuado ocupar o impedir el uso de un inmueble tras un requerimiento judicial.
En el Código Civil se redefine la posesión de buena fe, presumiendo mala fe en actos simulados o con títulos fraudulentos, y se nulifican los actos jurídicos que encubran despojos mediante simulación contractual.
En la Ley Registral se establece un mecanismo de control para evitar el registro de escrituras falsas.
En la Ley del Notariado se responsabiliza a los notarios por negligencia o mala fe en la autenticación de actos que conlleven despojo.
El concejal Hugo Torres Zumaya hizo hincapié en la importancia de acompañar esta nueva legislación con atención directa a las familias y sus casos particulares, especialmente en Benito Juárez y Cuauhtémoc.
Como resultado del encuentro se acordó dar seguimiento caso por caso a las denuncias, presentadas en un ejercicio de cercanía que refrenda el compromiso de Morena de construir una ciudad segura, próspera, de buen gobierno y que cuida a todas las personas. –sn–
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Senado aprova projeto que determina pagamento automático de pensão alimentícia
Com urgência aprovada, tramitação do PL da misoginia acelera na Câmara e texto deve ser analisado em plenário antes do recesso
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Puebla perfila rechazar la reforma sobre identidad de género para menores
El Congreso de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa.
Por Gabriela Díaz | Reportera
A pesar del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, el Congreso del Estado de Puebla se encamina a rechazar la iniciativa de reforma al Código Civil que busca garantizar el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida para niñas, niños y adolescentes trans, sin límite de edad.
De concretarse esta decisión, partidos que se identifican como progresistas y de izquierda, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo (PT), junto con PAN, PVEM, PRI y Nueva Alianza, coincidirían en no cumplir con la resolución del máximo tribunal del país.
Posible desacato al mandato de la SCJN
De acuerdo con el planteamiento difundido, la decisión legislativa también coincidiría con el llamado realizado por la Arquidiócesis de Puebla, por lo que se prevé que el Congreso incumpla la sentencia emitida por la SCJN, situación que, según los promoventes de la iniciativa, podría constituir un desacato histórico del Poder Legislativo poblano.
La Acción de Inconstitucionalidad 73/2021 establece criterios relacionados con el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida, cuya implementación corresponde al Congreso estatal mediante las reformas legales respectivas.
Reforma busca reconocimiento para menores trans
La iniciativa propone modificar el Código Civil del estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes trans puedan acceder al reconocimiento administrativo de su identidad de género autopercibida, sin establecer un límite de edad.
El proyecto forma parte del proceso de armonización legislativa derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual instruyó al Congreso poblano adecuar su marco normativo conforme a los criterios constitucionales.
Hasta el momento, el Congreso del Estado de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa y las implicaciones jurídicas de la sentencia emitida por la SCJN. –sn–
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Propone Moreira reforzar pensión alimentaria para menores con discapacidad
La iniciativa garantiza que otros familiares puedan responder de manera subsidiaria cuando exista incumplimiento reiterado o injustificado de los padres.
Por Gabriela Díaz | Reportera
A fin de evitar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad o neurodivergencia queden desamparados cuando alguno de sus padres incumple con la obligación alimentaria, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar el artículo 303 del Código Civil Federal y fortalecer su protección.
El legislador del PRI explicó que actualmente la ley exige acreditar la imposibilidad económica, física o mental absoluta de los progenitores para que la obligación alimentaria recaiga en otros ascendientes. Sin embargo, en numerosos casos existe capacidad de pago, pero simplemente no se cumple con la responsabilidad, lo que deja a los menores sin acceso oportuno a recursos indispensables para su desarrollo.
Moreira Valdez señaló que esta situación resulta particularmente grave cuando se trata de personas con discapacidad o neurodivergencia, ya que la falta de pensión no sólo afecta su alimentación o educación, sino que puede interrumpir terapias, tratamientos médicos, procesos de rehabilitación y otros apoyos fundamentales para su inclusión y calidad de vida.
La propuesta establece que, en estos casos, bastará acreditar el incumplimiento reiterado o injustificado de la pensión alimenticia para que la obligación recaiga de manera subsidiaria en los demás ascendientes, sin necesidad de demostrar la imposibilidad absoluta de los padres.
El coordinador parlamentario destacó que la iniciativa retoma criterios recientes del Poder Judicial y armoniza la legislación con los principios constitucionales de interés superior de la niñez, igualdad, no discriminación y protección de los derechos de las personas con discapacidad. –sn–
Ruben Moreira¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Proponen obligar a establecimientos públicos a contar con rampas
Señaló que la dificultad más reportada es la relacionada con la movilidad, ya que 41% de las personas con discapacidad presentan problemas para caminar, subir o bajar escaleras.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Con el objetivo de garantizar la inclusión, la movilidad y el ejercicio pleno de los derechos de millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, estableciendo la obligación de que los establecimientos abiertos al público cuenten con rampas o medios accesibles de ingreso, permanencia y salida cuando existan desniveles, escalones u obstáculos físicos que dificulten el acceso.
Al presentar la propuesta, el legislador priista sostuvo que la accesibilidad no debe entenderse como una concesión, una cortesía o una mejora opcional en los espacios de uso público, sino como una condición básica para garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
“Cuando una persona usuaria de silla de ruedas, bastón, andadera, prótesis, muletas o con movilidad reducida encuentra un escalón en la entrada de una tienda, farmacia, restaurante, banco, consultorio, oficina de servicios o cualquier negocio abierto al público, en los hechos se le está negando el acceso a bienes, servicios, empleo, atención y participación social”, afirmó.
Destacó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México existen más de 7.1 millones de personas con discapacidad o alguna condición mental, lo que representa el 5.7 por ciento de la población nacional. Además, señaló que la dificultad más reportada es la relacionada con la movilidad, ya que 41 por ciento de las personas con discapacidad presentan problemas para caminar, subir o bajar escaleras, equivalente a aproximadamente 2.9 millones de personas. –sn–
Jericó Abramo Masso¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Congreso capitalino impulsa reforma por pensión alimenticia
Por vacios legales se evaden obligaciones alimentarias
Por Luis Muñoz | Reportero
El Estado no puede permanecer omiso frente a quienes evaden sus obligaciones alimentarias aprovechando los vacios legales, un problema que afecta directamente a miles de niñas, niños y familias.
Para solucionar esta problemática, en el Congreso de la Ciudad de México se impulsa una reforma para proteger a la niñez de esta ciudad capital.
El diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso, presentó ante el Pleno el dictamen a la iniciativa suscrita por la diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, que propone reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del ISSSTE, en materia de garantía de pensión alimenticia.
En su mensaje, el legislador dijo que “cuando una pensión no llega, no es un trámite el que falla; es la vida diaria de una niña o un niño la que se ve afectada”.
Por ello precisó que la iniciativa plantea que, en casos excepcionales y bajo control judicial, se pueda acceder de manera proporcional a los recursos de las cuentas individuales para el retiro cuando exista incumplimiento de pensiones alimenticias.
“No puede haber un derecho patrimonial futuro por encima de un derecho fundamental presente. No puede protegerse el ahorro mientras se desprotege a la niñez”, sostuvo.
Destacó, además, que la propuesta busca armonizar el derecho al ahorro con el interés superior de la infancia y fortalecer la justicia para las mujeres que, en la mayoría de los casos, asumen solas las tareas de cuidado.
El dictamen fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y enviado a la Cámara de Diputados federal para continuar con el proceso legislativo correspondiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y cierren espacios a la evasión de responsabilidades. –sn–
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Ana González impulsa reforma para reconocer a actores comunitarios en el desarrollo social
• Explicó que su reforma busca reconocer legalmente a actores sociales y comunitarios como sujetos del desarrollo.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Con el propósito de ampliar la definición de actores sociales y comunitarios y reconocerlos como sujetos legítimos dentro del proceso de desarrollo social, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reformar los artículos 4, 18 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
Explicó que esta inclusión es esencial para garantizar que las voces y necesidades de las distintas comunidades sean tomadas en cuenta en la formulación de políticas públicas, promoviendo un enfoque más participativo e incluyente en la gestión del desarrollo social.
Al presentar su propuesta, la legisladora subrayó que también se busca establecer mecanismos que faciliten la participación efectiva de estos actores en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales. –sn–
Ana González González¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Nova Lei 15.280/2025 altera e endurece punições para crimes sexuaisA nova legislação brasileira trouxe importantes mudanças na proteção de crianças e adolescentes, destacando o reforço de medidas no Estatuto da Crianç... #AtualizaçõesLegislativas #DireitosdasVítimas #novaleipenal #reformalegislativa
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Mejía Berdeja propone eliminar el fuero constitucional
Todos los servidores públicos responderán ante la ley como cualquier ciudadano. El fuero perdió su sentido histórico y se transformó en una forma de protección. Cualquier servidor público podría ser investigado sin requerir aprobación del Congreso.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea eliminar el fuero constitucional en México.
La iniciativa advierte que, todos los servidores públicos, incluidos legisladores, ministros y fiscales, responderán ante la ley como cualquier ciudadano.
El legislador federal por Coahuila –también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía— explicó que, “el fuero perdió su sentido histórico y se transformó en una forma de protección personal que ha perpetuado la impunidad política”.
Declaración de procedencia
De esta forma, se propone modificar los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la figura de la declaración de procedencia; “cambio que suprimiría los mecanismos de inmunidad procesal penal y pondría fin al proceso de desafuero que actualmente protege a los funcionarios”.
Camara de DiputadosLa modificación al marco legal, advirtió el ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de México, cualquier servidor público podría ser investigado, imputado o procesado directamente por las autoridades competentes sin requerir aprobación del Congreso.
“El fuero no debe ser un privilegio ni una protección personal; su esencia fue garantizar la independencia del Congreso, no encubrir delitos”, expresó el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja.
Confianza ciudadana
El también abogado de profesión afirmó que, esta reforma fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones, al eliminar un símbolo de desigualdad que históricamente ha separado a los gobernantes del pueblo; “la medida busca erradicar la impunidad estructural y consolidar un Estado donde prevalezca la rendición de cuentas”.
El legislador sustentó su propuesta con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) elaborada por el INEGI, la cual reflejó que más del 83 por ciento de la población percibe altos niveles de corrupción.
Explicó que este porcentaje evidencia la urgencia de reformar el marco jurídico para garantizar transparencia y justicia en todos los niveles del servicio público; “eliminar el fuero enviaría un mensaje claro a la sociedad mexicana sobre el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad de los funcionarios.
Rendición de cuentas
Mejía Berdeja subrayó que. “la verdadera democracia no se sostiene sobre privilegios, sino sobre integridad, justicia y rendición de cuentas institucional; al tiempo de consolidar el tránsito del privilegio al principio y de la impunidad a la responsabilidad republicana”.
Reiteró que “la eliminación del fuero permitiría una nueva relación entre ciudadanía y representantes, basada en la transparencia y la legalidad; la igualdad ante la ley debe ser la base del pacto social, y que ningún cargo público puede estar por encima de la justicia”. –sn–
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Cuestiona el Centro Prodh reformas para enfrentar desapariciones
Centro Prodh alertó sobre riesgos en la CURP biométrica y omisiones forenses clave. Centro Prodh advierte retrocesos legislativos.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que las recientes reformas a la Ley General en materia de desapariciones, aprobadas por la Cámara de Diputados, resultaron insuficientes y no ofrecieron respuestas estructurales ante la crisis de personas no localizadas en el país.
La organización señaló que la modificación normativa no constituye un avance sustantivo para atender “la crisis más dolorosa que enfrenta el país”. Criticó que el dictamen fue votado de forma apresurada, sin una participación adecuada de los familiares de personas desaparecidas ni de especialistas en la materia.
Entre los puntos más sensibles se encuentra la implementación de una CURP biométrica, que nutrirá la llamada Plataforma Única de Identidad. De acuerdo con el Centro Prodh, esta medida representa un riesgo para la privacidad y otros derechos, debido a la ausencia de controles adecuados en su operación.
Se eliminó el reporte administrativo
Otro de los retrocesos señalados fue la eliminación del reporte administrativo de desaparición, lo cual deja como única vía de atención a la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Este cambio excluye a muchas víctimas en regiones bajo control de grupos criminales, donde no hay condiciones para denunciar.
El informe de la organización resaltó que las familias de migrantes y comunidades con miedo a represalias pierden así una herramienta clave para alertar sobre la desaparición de personas. Esta exclusión institucional, según indicaron, dificulta aún más el seguimiento de casos no judicializados.
La organización subrayó que la nueva legislación omitió completamente la atención al rezago forense, un tema crítico en la identificación de personas. Además, no se mencionó al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya operación ha sido bloqueada por fiscalías que alegan vacíos legales.
Críticas a la visión oficial
El Centro Prodh cuestionó la lógica detrás de los cambios legales, que parte de la premisa de que la crisis de desapariciones es un asunto meramente estadístico. Afirmaron que la interconexión de bases de datos no resolverá el problema sin una política pública integral y con enfoque de derechos humanos.
Indicaron que la legislación carece de medidas concretas para avanzar en la solución de la emergencia forense. No se plantearon estrategias efectivas para el manejo de cuerpos no identificados, ni se fortalecieron los mecanismos de búsqueda con enfoque territorial y comunitario.
La organización civil lamentó que la reforma haya sido aprobada vía fast track durante un periodo extraordinario de sesiones, lo cual privó a las familias del derecho a participar en el debate legislativo. En contraste, recordaron que la ley original de 2017 fue producto de un proceso más amplio e incluyente.
Llamado a revisión profunda
Frente a este escenario, el Centro Prodh llamó a los legisladores y autoridades del gobierno federal a retomar el diálogo con las familias de personas desaparecidas. Afirmaron que la reconstrucción institucional debe centrarse en la verdad, la justicia y la memoria.
También pidieron garantizar recursos para fortalecer al Sistema Nacional de Búsqueda, así como establecer políticas públicas que atiendan los factores estructurales que han dado origen al fenómeno de las desapariciones en el país. La omisión de estos puntos, insistieron, representa un retroceso preocupante.
Finalmente, solicitaron al Ejecutivo federal no promulgar la reforma en sus términos actuales. Proponen que se convoque a un proceso de revisión amplio, transparente y participativo, donde puedan incorporarse los elementos que realmente respondan a la dimensión de la crisis. –sn–
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