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Sociedad Noticias @[email protected] · 2026-07-09 · 13:21 UTC

Organizaciones de derechos humanos alertan riesgo de impunidad en caso del homicidio de Marcos Aguilar Rojas en Jalisco

Emitieron una acción urgente por presuntas irregularidades en el proceso penal por el homicidio del defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas.

Por Gabriela Díaz | Reportera

Organizaciones emitiron una Acción Urgente para denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal relacionado con el homicidio del defensor del territorio Marcos Aguilar Rojas y la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas, integrantes de la Comunidad Indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Las organizaciones advirtieron que diversas decisiones judiciales podrían favorecer un escenario de impunidad y poner en riesgo la seguridad de las víctimas, testigos y miembros de la comunidad indígena, por lo que solicitaron la intervención de autoridades estatales y organismos de derechos humanos.

Señalan presuntas tácticas dilatorias durante audiencia

De acuerdo con la Acción Urgente 006, el pasado 6 de julio estaba programada una audiencia incidental en el Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución del Décimo Distrito Judicial, donde se analizaría una solicitud para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado identificado como Manuel «N».

Señalaron que los abogados particulares del imputado no acudieron a la audiencia, situación que calificó como una estrategia para retrasar el proceso judicial.

Según el documento, el juez decidió reprogramar la audiencia para el 9 de julio sin imponer sanciones a la defensa ni designar un defensor público que permitiera continuar con el procedimiento, decisión que, a juicio de las organizaciones, afecta el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita.

Temen cambio de jurisdicción y modificación de prisión preventiva

Las organizaciones también manifestaron preocupación por la posibilidad de que el proceso sea trasladado a otra jurisdicción distinta de Guadalajara mediante un incidente de incompetencia promovido por la defensa.

De acuerdo con la comunicación, un eventual cambio de competencia hacia juzgados regionales podría afectar las condiciones de seguridad e imparcialidad para el desarrollo del proceso.

Asimismo, señalaron que la defensa busca modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa argumentando problemas de salud del imputado, lo que, desde su perspectiva, incrementaría el riesgo para las víctimas y la comunidad.

Exigen actuación de autoridades de Jalisco

En su pronunciamiento, se dirigieron diversas solicitudes al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco.

Entre sus principales demandas se encuentran:

garantizar que el proceso se desarrolle con apego al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos;
mantener la competencia del caso en los órganos judiciales con condiciones de seguridad para las víctimas;
sancionar eventuales maniobras dilatorias que retrasen el procedimiento;
conservar la medida cautelar de prisión preventiva mientras se resuelve el proceso;
implementar medidas de protección y acompañamiento para las víctimas y representantes de la comunidad indígena que acudirán a la audiencia.

Defensores piden evitar la impunidad

Las organizaciones firmantes señalaron que permanecerán atentas al desarrollo de la audiencia programada para este 9 de julio y afirmaron que las instituciones de justicia del estado tienen la responsabilidad de garantizar un proceso imparcial, proteger a las víctimas y evitar actos que puedan derivar en impunidad.

El caso está relacionado con el homicidio de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario comunitario y defensor del territorio de la Comunidad Indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, así como con la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas, hechos que continúan bajo proceso judicial en Jalisco. –sn–

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Sociedad Noticias @[email protected] · 2026-06-10 · 18:30 UTC

Ayotzinapa denuncia campaña tras decomiso de explosivos caseros

Señalan campaña oficial y rechazan acusaciones sobre explosivos decomisados.

Por Martín García | Reportero

La difusión de un informe de inteligencia sobre estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa abrió una nueva controversia en torno al movimiento de los 43 normalistas desaparecidos, luego del decomiso de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús interceptado en la caseta de Tlalpan, en la autopista México-Cuernavaca. Diversos medios nacionales reprodujeron el contenido del documento atribuido a fuentes gubernamentales. Las publicaciones señalaron la existencia de una supuesta célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la normal rural.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades mantuvieron bajo observación a un grupo presuntamente relacionado con la elaboración y traslado de explosivos artesanales. El reporte identificó a Jesús García Estrada, conocido como El Coquillo, como presidente del Comité de Lucha de la institución educativa. Asimismo, lo señaló como uno de los operadores encargados de coordinar actividades relacionadas con dichos artefactos.

Las versiones publicadas indicaron que el presunto informe atribuyó a Jesús García Estrada responsabilidades en conductas como retención de vehículos, robo de diésel y sustracción de mercancías. También refirieron observaciones sobre publicaciones en redes sociales donde presuntamente exhibía artículos de alto valor. Ninguna autoridad presentó públicamente resoluciones judiciales relacionadas con esas imputaciones al momento de la difusión del documento.

Informe bajo análisis

El texto divulgado también incorporó referencias a personas ajenas a la estructura estudiantil de la normal. Entre ellas apareció Juan Miguel Hernández Carbajal, identificado con los alias de El Padrino y El Mamado. Según el reporte, mantuvo influencia sobre grupos considerados radicales por las fuentes institucionales citadas en las publicaciones.

Las versiones difundidas sostuvieron que Juan Miguel Hernández Carbajal participó en la conformación de la agrupación denominada Los otros desaparecidos de Ayotzinapa. El documento atribuyó el surgimiento de esa organización a diferencias con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos respecto a recursos obtenidos mediante tomas de casetas. Además, mencionó que sería hijo de José Luis Hernández, quien dirigía la normal rural cuando ocurrieron los ataques de Iguala en 2014.

Las notas periodísticas señalaron que autoridades investigaban posibles mecanismos de financiamiento y apoyo logístico para las estructuras señaladas en el informe. Entre las líneas de investigación mencionadas aparecieron presuntos vínculos con actores políticos de Guerrero. El documento filtrado refirió particularmente al senador priista Manuel Añorve Baños y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad. –sn–

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