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Piden proteger a opositores de planta en Topolobampo, Sinaloa

Piden protección para comunidades y ambientalistas de Topolobampo ante una movilización convocada por GPO en Sinaloa.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa pidió a autoridades de los tres órdenes de gobierno implementar medidas de protección para integrantes de un colectivo que mantiene un plantón en Topolobampo. La solicitud surge ante una movilización convocada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) para el próximo 28 de junio. El organismo manifestó preocupación por la seguridad de los participantes.

El colectivo está integrado por comunidades mayo-yoremes, ambientalistas y prestadores de servicios turísticos. Sus integrantes mantienen una protesta relacionada con el proyecto impulsado por la empresa. La organización defensora de derechos humanos pidió prevenir cualquier situación de riesgo.

La comisión solicitó la presencia de corporaciones de seguridad para garantizar la integridad física de quienes participan en el plantón. También pidió que las autoridades privilegien el respeto a los derechos humanos. El llamado fue dirigido a instancias federales, estatales y municipales.

Convocan movilización

La movilización fue convocada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman. De acuerdo con la información difundida, la empresa llamó a sus trabajadores a participar en una manifestación prevista para el 28 de junio. El objetivo es expresar su postura frente al plantón instalado en Topolobampo.

La convocatoria generó preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. La comisión señaló que corresponde a las autoridades garantizar condiciones de seguridad para todas las personas involucradas. También pidió prevenir posibles actos de confrontación.

El organismo insistió en que las instituciones deben actuar de manera preventiva. Además, solicitó mantener vigilancia durante el desarrollo de la movilización. La finalidad es preservar el orden y proteger los derechos de los participantes.

Defensa de derechos

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa recordó que el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica está protegido por la legislación mexicana. Asimismo, indicó que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de quienes ejercen esos derechos. El organismo pidió que las medidas sean proporcionales y preventivas.

El colectivo que mantiene el plantón ha expresado su oposición al proyecto industrial promovido en Topolobampo. Sus integrantes han realizado diversas acciones públicas para dar a conocer sus planteamientos. La protesta continúa instalada en la zona. –sn–

Manchas de petróleo

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Comunidades indígenas toman planta de amoniaco en Sinaloa por riesgo de ecocidio

Al grito de “¡Aquí no!”, pueblos indígenas en México anuncian toma de una planta de amoniaco.

SN Redacción | EFE

“¡Aquí no!” es la consigna con la que comunidades indígenas mayo-yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira, en el estado mexicano de Sinaloa, y frente a la desesperación, anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania.

“Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, advirtió a EFE el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.

Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente sí, de manera paralela, se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoniaco.

“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, exclamó Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobampo.

Riesgos mortales

A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales, como la ONU, han advertido que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco.

Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y, en consecuencia, a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades.

Incluso en un informe la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40.000 personas, aunque Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre esta afectación.

“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, zanjó.

Además, en la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, —declarado sitio RAMSAR (humedal de importancia internacional), hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial.

Alerta por daño ambiental

La planta lleva un 88 % de avance y ya “se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar”, ahondó.

“La empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptaremos este proyecto”, denunció.

Tras el rechazo en mayo pasado del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano, las comunidades indígenas mayo-yoreme mantienen la esperanza, pero son firmes en el plan de tomar la megaplanta GPO e impedir sus actividades.

En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, la cual resultó favorable para GPO porque incluyó en la votación a comunidades que no sufrirían un impacto directo.

Además “hubo compra de conciencias” con dinero y comida, acusó Montaño, quien agregó que estas acciones son una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). –sn–

Fotografía cedida por Alfredo Langa que muestra la Bahía de Ohuira en el municipio deTopolobampo, en el estado de Sinaloa (México). EFE/Alfredo Langa

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