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Buscan prohibir transporte de pasajeros en moto por Uber y DiDi en la Cdmx

Una iniciativa en el Congreso de Cdmx busca prohibir expresamente el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas como Uber y DiDi y establecer sanciones para quienes presten este servicio.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Congreso de la ciudad de México analiza una iniciativa que busca prohibir expresamente el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber y DiDi, además de establecer sanciones para quienes presten este servicio.

La propuesta fue presentada el 26 de agosto por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena, y plantea reformar los artículos 59 y 251 de la Ley de Movilidad de la ciudad de México. La iniciativa todavía no ha sido aprobada.

El planteamiento busca cerrar la discusión jurídica sobre los servicios contratados mediante aplicaciones, al establecer que la contratación digital o la clasificación como transporte privado no permita excluir el traslado de pasajeros en motocicleta de las restricciones previstas por la legislación capitalina.

¿Qué propone la iniciativa contra Uber Moto y DiDi Moto?

La propuesta pretende modificar el artículo 59 para precisar que las motocicletas no podrán prestar servicios de transporte privado de personas mediante plataformas digitales.

De acuerdo con el documento legislativo, la modificación busca evitar que la modalidad de contratación mediante una aplicación genere un vacío jurídico frente a las restricciones aplicables al transporte de pasajeros en motocicleta.

El proyecto también plantea modificar el artículo 251 para establecer sanciones específicas. La iniciativa contempla multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y la remisión de la motocicleta al depósito vehicular, en los casos previstos por la reforma.

La propuesta se encuentra en proceso legislativo, por lo que las sanciones planteadas no constituyen todavía nuevas obligaciones vigentes para los conductores.

La seguridad vial, uno de los argumentos

La iniciativa utiliza como parte de su justificación cifras sobre siniestros relacionados con motocicletas. Según los datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) incorporados al documento legislativo, durante el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7 mil 500 colisiones con motocicletas, con 4 mil 50 personas lesionadas y 54 fallecimientos.

Entre los casos referidos se encuentra el de María del Carmen “N”, quien murió el 24 de julio de 2025 mientras viajaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante DiDi sobre Paseo de la Reforma.

El caso fue utilizado por la legisladora para argumentar la necesidad de establecer con mayor precisión las reglas aplicables a este tipo de servicios.

La discusión ocurre después de que en 2025 se generara un conflicto jurídico relacionado con la operación de motocicletas mediante plataformas digitales y la interpretación de las disposiciones de movilidad aplicables en la capital.

Frente a la propuesta, organizaciones vinculadas con trabajadores de plataformas han planteado que la respuesta a los riesgos de movilidad debe centrarse en una regulación que establezca condiciones de seguridad, en lugar de eliminar la modalidad.

El grupo Repartidores Unidos de México (RUM) ha señalado que una prohibición podría afectar a personas que dependen económicamente de actividades realizadas mediante motocicletas y ha planteado la necesidad de establecer reglas claras para el sector.

La organización también ha cuestionado que la discusión se concentre exclusivamente en las motocicletas, al considerar que la ciudad enfrenta problemas más amplios relacionados con la seguridad y la calidad del transporte.

Estas posiciones forman parte del debate público alrededor de la iniciativa y no modifican el estado legislativo del proyecto, que continúa en análisis.

Otra iniciativa plantea cambios a la Ley de Movilidad

La propuesta de Mateos Hernández no es el único proyecto relacionado con las motocicletas presentado ante el Congreso capitalino.

El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, también de Morena, presentó en agosto una iniciativa para incorporar una definición de mototaxi en la Ley de Movilidad y establecer condiciones mínimas de seguridad para los usuarios de este tipo de transporte. –sn–

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Hubo un tiempo en que no tenía internet en casa. No podía pagarlo y mucho menos disfrutar de una plataforma, fuera cual fuese. Las bibliotecas me salvaron en este sentido y en muchos más (de los que no quiero hablar aquí). Me permitió acceder a internet, a disfrutar de grandes libros, comics y revistas y sobre todo, de una gran cantidad de películas que podía tomar prestadas para verlas en casa. Era mi videoclub particular y mi salvación.

¡Vivan las bibliotecas!

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Buscan proteger videojuegos si cierran servidores

Iraís Reyes y Luis Donaldo Colosio impulsan una iniciativa para crear un derecho de preservación funcional de videojuegos y software cuando las empresas cierren servidores.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para crear en México un “derecho de preservación funcional” para videojuegos, software y otros bienes digitales que dependan de servidores para operar.

La propuesta plantea que, si una empresa cierra de manera definitiva los servidores necesarios para utilizar un producto adquirido, deberá ofrecer una vía razonable para mantener su funcionamiento, siempre que exista una posibilidad técnica y no se afecten derechos de propiedad intelectual de terceros.

El proyecto también busca que las plataformas informen antes del pago si el consumidor está adquiriendo una propiedad digital o solamente una licencia de uso, además de explicar si el producto necesita conexión a internet, bajo qué circunstancias puede suspenderse el acceso y qué ocurrirá cuando termine el soporte técnico.

Tres tipos de adquisición

La iniciativa plantea clasificar los bienes digitales en tres categorías jurídicas: propiedad digital plena, licencia de duración determinada y licencia de duración indeterminada.

Con ello, los consumidores podrían conocer con mayor precisión qué derecho están adquiriendo al pagar por un videojuego, programa de computación u otro contenido digital.

El proyecto también propone impedir que las plataformas utilicen expresiones como “comprar”, “adquirir”, “tuyo” o “propiedad” cuando la operación corresponda realmente a una licencia que pueda ser suspendida o revocada.

De acuerdo con la propuesta, los términos y condiciones y los acuerdos de licencia de usuario final relacionados con estos productos tendrían la naturaleza jurídica de contratos de adhesión y quedarían sujetos a mecanismos de registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Qué pasaría si cierran servidores?

En el caso de videojuegos y programas que requieran servidores para funcionar y que hayan sido comercializados mediante una licencia de uso de duración indeterminada, el proveedor tendría que prever e implementar mecanismos de preservación funcional.

Si la compañía determina cerrar definitivamente el servicio en línea, la propuesta contempla que proporcione, cuando sea técnicamente posible y los derechos de terceros lo permitan, herramientas o parches que permitan ejecutar localmente el producto.

La iniciativa considera que la pérdida definitiva del acceso sin una vía de preservación podría constituir una práctica comercial coercitiva y desleal, salvo que el proveedor demuestre una imposibilidad técnica o restricciones de propiedad intelectual que impidan esa alternativa.

Además, la revocación masiva y unilateral del acceso a bienes digitales adquiridos, sin mecanismos de preservación, compensación o reembolso, sería considerada un caso grave para efectos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La medida también alcanzaría compras anteriores

La propuesta establece que la obligación de preservación funcional podría aplicarse a productos adquiridos antes de la entrada en vigor de la reforma, siempre que el cierre de servidores o la revocación del acceso ocurra después de que las nuevas disposiciones comiencen a tener efectos.

El planteamiento todavía corresponde a una iniciativa legislativa, por lo que las obligaciones descritas no forman parte de la legislación vigente. El Sistema de Información Legislativa registra que la propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 2 de septiembre de 2026 y turnada a comisiones del Senado para su dictaminación. –sn–

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¿Por qué desaparecen películas y series de las plataformas? Las claves #Streaming #Netflix #DisneyPlus #Max #Peliculas #Series #Cine #Television #Entretenimiento #PlataformasDigitales #CulturaPop #FelizDomingo #20DeSeptiembre

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Regular plataformas pero sin encarecer servicio a los usuarios

Regular plataformas pero sin encarecer servicio a los usuarios
En la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley con número de expediente 23.736 denominado “Ley de Transporte Remunerado no colectivo de personas mediante empresas de interconexión a través de medios tecnológicos.” Si bien en la Asociación Pro-Defensa de Consumidores Financieros y Afines, conocida como APRODECO, reconocemos los esfuerzos del gobierno por regular un […]
Redacción
El Mundo CR

#APRODECO #CCSS #COSEVI #Opinión #PlataformaTecnológica #PlataformasDigitales #TaxisPiratas

https://elmundo.cr/opinion/regular-plataformas-pero-sin-encarecer-servicio-a-los-usuarios/

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#reflexion

El peligro oculto de maratonear tus series favoritas

Pasar un fin de semana entero pegado a la pantalla devorando una temporada completa se siente como el descanso perfecto. Sin embargo, investigaciones de la Universidad del Sur de California demuestran que estos atracones visuales saturan nuestra mente de forma peligrosa. Al procesar tantas historias juntas y sin pausas, el cerebro sufre un desgaste que daña la atención y la memoria verbal.

Especialistas de la Universitat Oberta de Catalunya revelan que este hábito reduce el volumen de la materia gris en las zonas ligadas al razonamiento. Al meterle tanta información al cerebro sin darle descanso, este es incapaz de guardarla a largo plazo, lo que provoca que olvides los detalles de los episodios casi de inmediato. Ver historias sin parar apaga tu control mental y entrena a tu mente para reaccionar solo a estímulos rápidos. El verdadero descanso no se encuentra en el consumo desmedido de contenido, sino en darle a nuestra mente el espacio necesario para procesar la realidad.

M. P., MSc. en Psicología Clínica

#SaludMental #Neurociencia #BingeWatching #Cerebro #PlataformasDigitales

#reflexion

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M. P., MSc. en Psicología Clínica

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Aeroméxico y UNODC alertan sobre riesgos de trata de personas en el turismo de México

Este estudio, único en su tipo, es el primero que busca analizar la relación entre este delito y la actividad turística en México.

SN Redacción

En el marco del décimo aniversario de su compromiso para prevenir la trata de personas, Aeroméxico y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentaron el estudio “Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México” y el “ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico”, con el objetivo de convertir sus hallazgos en una hoja de ruta para la prevención y detección de este delito.

Este estudio, único en su tipo, analiza por primera vez la relación entre la trata de personas y la actividad turística en tres de los principales destinos del país: Ciudad de México1, Cancún2 y Puerto Vallarta, lugares donde el cruce entre la alta densidad de turistas y la vulnerabilidad social es más pronunciado.

Entre los principales hallazgos del Estudio destacan los siguientes:

• El potencial del sector turismo para ser aprovechado por las redes de trata, debido a su alta movilidad, afluencia constante e informalidad laboral.
• La localización de puntos ciegos dentro de la cadena turística: hoteles, restaurantes, aeropuertos, terminales de autobuses y alojamientos ofertados mediante plataformas digitales son espacios donde pueden presentarse casos.
• La existencia de una brecha importante para la prevención del delito: 84% del personal turístico afirmó tener conocimientos sobre la trata de personas; sin embargo, más del 40% nunca ha recibido capacitación específica sobre el tema.
• La detección temprana es fundamental: el 93.2% de los casos en México no llega a investigarse, por lo que el personal turístico puede convertirse en un actor clave para reconocer y reportar señales de alerta.

Como material complementario, se presentó el “ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico”. Esta herramienta incluye acciones concretas para que prestadores de servicios aprendan cómo identificar señales de alerta y reportar de manera segura un posible caso de trata, integrando tanto recomendaciones técnicas de UNODC, como la experiencia acumulada por Aeroméxico a lo largo de estos diez años.

Al respecto, Ernesto Gómez Pombo, General Counsel de Aeroméxico, expresó: “Este estudio no pertenece a una organización en particular; pertenece a todos los que creemos que el crecimiento del turismo debe ir acompañado de una profunda responsabilidad social y del respeto irrestricto a los derechos humanos. Sus hallazgos nos muestran dónde estamos, pero también nos indican hacia dónde debemos avanzar.” Y añadió: “En Aeroméxico reafirmamos nuestra convicción de seguir impulsando este esfuerzo, compartiendo aprendizajes, fortaleciendo capacidades y colaborando con todos los actores aquí presentes.”

Por su parte, Stacy de la Torre, Jefa de Oficina de UNODC México, señaló: “Quisiera reconocer el liderazgo de Aeroméxico y sus 10 años de labor ininterrumpida en la prevención y lucha contra la trata de personas. Haber sido la primera aerolínea en sumarse a la Campaña Corazón Azul marcó una pauta que hoy vemos florecer y ampliarse con este respaldo sectorial”.

“La trata de personas se aprovecha de espacios, dinámicas y vulnerabilidades presentes en distintos sectores. Por ello, fortalecer e involucrar a la industria turística para identificar riesgos, prevenir situaciones de explotación y actuar oportunamente puede convertirla en una verdadera primera línea de protección”, agregó de la Torre.

Al término del evento, autoridades de Aeroméxico, UNODC y representantes del sector turístico y empresarial firmaron una Declaración de Principios en la que reafirmaron su compromiso con la prevención y el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Actualmente, la trata de personas es uno de los ilícitos con mayor crecimiento. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2025 se identificaron un total de 9,018 víctimas en México; mientras que, según el Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC, el 63% de estos casos correspondieron a la modalidad de trata con fines de explotación sexual, siendo mujeres y niñas las principales víctimas.

Consciente del impacto que puede lograr en el sector de transporte y como iniciativa insignia de su estrategia de sostenibilidad, Aeroméxico se ha enfocado en la prevención y detección de este delito a lo largo de los últimos diez años.

Desde 2016, la compañía cuenta con un protocolo diseñado para la detección de posibles casos de trata durante sus operaciones. Además, fue la primera aerolínea del mundo en sumarse a la campaña Corazón Azul #AquíEstoy de UNODC.

Como resultado de estos esfuerzos, entre 2019 y el cierre de 2025, el 23% de los casos detectados por Aeroméxico fueron confirmados como positivos. –sn–

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La UE clasifica a ChatGPT como VLOP bajo la DSA: más transparencia y moderación. Reddit y Roblox también; 4 meses para cumplir y multas de hasta 6% global. https://aidoo.news/noticia/xQR5Ky

#UnionEuropea #LeyDeServiciosDigitales #RegulacionDigital #PlataformasDigitales #SeguridadOnline

Pagar servicios y transferir con SPEI: preguntas frecuentes

Conocer las diferencias entre ambas operaciones ayuda a evitar errores, aclaraciones y riesgos al utilizar plataformas digitales financieras en México.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

De acuerdo con información del Banco de México, millones de transferencias electrónicas se realizan diariamente mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Al mismo tiempo, cada vez más personas aprovechan aplicaciones y plataformas digitales para pagar servicios sin acudir a una sucursal o establecimiento físico.

Aunque ambas acciones forman parte de la rutina financiera de muchas personas, todavía existen dudas sobre su funcionamiento, seguridad y diferencias.

¿Qué es SPEI y para qué sirve?

SPEI es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios desarrollado por el Banco de México que permite realizar transferencias electrónicas entre cuentas bancarias participantes en cuestión de segundos, las 24 horas del día durante todo el año.

Su objetivo es facilitar el envío y la recepción de dinero entre diferentes instituciones financieras sin necesidad de utilizar efectivo o cheques.

Quienes deseen profundizar en qué significa SPEI o conocer con más detalle cómo funciona este sistema pueden consultar información relacionada con qué es el SPEI, donde se explica el funcionamiento de este mecanismo utilizado diariamente por millones de usuarios.

En la práctica, SPEI se utiliza tanto para transferencias personales como para pagos a proveedores, compras o liquidación de distintos servicios.

¿Puedo pagar servicios utilizando transferencias electrónicas?

Sí, aunque depende del servicio y de las opciones que ofrezca cada empresa.

Actualmente muchas compañías permiten liquidar recibos mediante aplicaciones bancarias, plataformas de pago o portales oficiales. Esto incluye servicios como electricidad, agua, telefonía, internet y otros pagos recurrentes.

Cada proveedor establece sus propios mecanismos de pago, por lo que siempre conviene revisar cuáles son las alternativas disponibles antes de realizar la operación.

¿Cómo puedo evitar errores al pagar un servicio?

Uno de los errores más frecuentes consiste en ingresar datos incorrectos, como números de referencia, convenios o cuentas de destino.

Antes de confirmar cualquier operación es recomendable revisar cuidadosamente el monto, el número de referencia, el nombre del beneficiario, la fecha límite de pago o el comprobante generado al finalizar la operación.

Por ejemplo, quienes buscan información sobre cómo pagar servicios básicos del hogar suelen consultar diferentes alternativas disponibles antes de realizar el pago. Entre ellas existen recursos relacionados con pagar la luz en línea, que explican el procedimiento para realizar este tipo de operación desde canales digitales.

Dedicar unos minutos a verificar los datos puede evitar aclaraciones posteriores.

¿Las transferencias mediante SPEI tienen horario?

Una de las ventajas más conocidas del sistema es su disponibilidad permanente.

A diferencia de otros mecanismos tradicionales, las transferencias mediante SPEI pueden realizarse las 24 horas del día, incluidos fines de semana y días festivos.

Sin embargo, eso no significa que todas las empresas registren inmediatamente un pago de servicios.

En algunos casos, aunque la transferencia se complete correctamente, la actualización del sistema del proveedor puede tomar un tiempo adicional. Por esa razón conviene conservar siempre el comprobante hasta verificar que el pago fue aplicado.

¿Qué pasa si me equivoco al hacer una transferencia?

La posibilidad de recuperar el dinero depende del tipo de error cometido.

Si el monto fue enviado a una cuenta equivocada debido a un dato ingresado incorrectamente, el procedimiento puede requerir la intervención de las instituciones financieras involucradas.

Por ese motivo es recomendable revisar cuidadosamente la CLAVE, que son los 18 dígitos del número de la cuenta, el número de tarjeta o la cuenta de destino antes de confirmar la operación.

También resulta útil verificar que el nombre del beneficiario coincida con la información esperada.

¿Es seguro pagar servicios desde aplicaciones o plataformas digitales?

En términos generales, las operaciones realizadas mediante plataformas autorizadas incorporan diferentes mecanismos de protección.

No obstante, buena parte de la seguridad también depende de los hábitos del propio usuario.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentran no compartir contraseñas, activar la verificación en dos pasos cuando esté disponible, evitar redes Wi-Fi públicas para realizar operaciones financieras, revisar periódicamente los movimientos de la cuenta y descargar las aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

La prevención continúa siendo una de las mejores herramientas para reducir riesgos.

¿Existen beneficios al pagar de forma digital?

En algunos casos sí. Dependiendo de la institución financiera, la plataforma utilizada o promociones vigentes en un periodo determinado, pueden existir campañas con bonificaciones, recompensas o promociones específicas.

Quienes desean conocer información relacionada con los beneficios de pagar con Mercadopago o revisar promociones disponibles pueden consultar recursos disponibles sobre los descuentos al pagar, en medios o en los sitios web de las propias emisoras, donde se presentan algunos programas sujetos a condiciones, vigencias y comercios participantes.

Como sucede con cualquier promoción, siempre conviene revisar la fecha de vigencia y los términos aplicables antes de considerar ese beneficio dentro de una decisión de compra.

¿Qué diferencia hay entre una transferencia y el pago directo de un servicio?

Aunque ambas operaciones pueden parecer similares, cumplen funciones diferentes.

Una transferencia consiste en enviar dinero desde una cuenta hacia otra.

En cambio, el pago de un servicio normalmente implica liquidar una obligación utilizando referencias específicas que permiten identificar al usuario, el contrato o el recibo correspondiente.

Por eso muchas empresas solicitan datos adicionales además del monto transferido.

Comprender esa diferencia ayuda a evitar pagos que posteriormente deban aclararse por falta de información.

¿Conviene guardar los comprobantes?

Sí. Aunque muchas operaciones quedan registradas automáticamente, conservar el comprobante durante un tiempo prudente puede resultar útil si surge alguna diferencia.

Los comprobantes permiten verificar la fecha y hora del pago, el monto transferido, la cuenta de destino, el número de operación y la referencia utilizada.

En caso de una aclaración, estos datos suelen facilitar el seguimiento del trámite.

La duda que más se repite: ¿qué método conviene utilizar?

No existe una respuesta única.

Algunas personas prefieren realizar todos sus pagos mediante transferencias, mientras que otras optan por plataformas que concentran diferentes servicios dentro de una misma aplicación.

La elección depende del tipo de operación, del servicio que se desea pagar, de las herramientas disponibles y de las preferencias de cada usuario.

Lo importante es comprender cómo funciona cada alternativa, revisar cuidadosamente la información antes de confirmar cualquier operación y conservar los comprobantes cuando corresponda. A medida que los pagos digitales continúan expandiéndose en México, conocer estos aspectos permite utilizar las distintas opciones con mayor claridad y tomar decisiones informadas según cada situación.

–sn–

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Anfitriones de Airbnb piden eliminar límite de 183 noches

Anfitriones de estancias turísticas eventuales en Cdmx pidieron eliminar el límite de 183 noches al año y cuestionaron la regulación. El gobierno capitalino amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para registrarse en el padrón obligatorio.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Eliminar el límite de 183 noches al año para las estancias turísticas eventuales es la principal demanda de la Comunidad de Pequeños Anfitriones, agrupación que reúne a unos 2 mil propietarios con menos de cuatro inmuebles en plataformas digitales, como Airbnb, en la Ciudad de México.

El reclamo ocurre mientras el gobierno capitalino amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para que los anfitriones cumplan con su incorporación obligatoria al registro correspondiente. La organización considera que la regulación vigente impone restricciones que afectan la operación de pequeños propietarios y pidió sustituirla por un esquema con mayor libertad para ofrecer sus inmuebles.

La controversia tiene como eje una reforma publicada en octubre de 2024 que estableció que no se renovará el registro de los inmuebles que hayan tenido una ocupación superior a 50 por ciento de las noches del año, equivalente a 183 noches. La propia legislación contempla que quienes pretendan ofrecer inmuebles adicionales o rentarlos durante periodos más largos deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Anfitriones piden eliminar la restricción

La Comunidad de Pequeños Anfitriones planteó que el límite de 183 noches debe desaparecer y no simplemente modificarse.

La agrupación sostiene que sus integrantes son pequeños propietarios que utilizan las plataformas digitales como una fuente de ingresos y que las restricciones establecidas por la autoridad no distinguen adecuadamente entre quienes administran un número reducido de viviendas y los operadores con múltiples propiedades.

Su posición coloca nuevamente en el centro del debate la pregunta sobre hasta dónde debe llegar la regulación de las plataformas de alojamiento temporal y qué medidas son necesarias para proteger la disponibilidad de vivienda sin afectar a quienes ofrecen espacios de manera individual.

¿Por qué existe el límite de 183 noches?

La restricción surgió de la reforma de 2024 a la regulación de las estancias turísticas eventuales en Cdmx.

El criterio establece que un inmueble registrado no puede mantener una ocupación superior a la mitad de las noches del año para efectos de la renovación de su registro. Si supera ese porcentaje, la legislación prevé que no se renueve el registro del inmueble y que, para ofrecer más propiedades o periodos de renta más extensos, el anfitrión deba sujetarse a las reglas aplicables a establecimientos mercantiles.

En términos prácticos, los 183 días funcionan como un límite anual para conservar el esquema de estancia turística eventual bajo las condiciones establecidas por la legislación capitalina.

La medida fue planteada como parte de una política para contener los efectos de la expansión de los alquileres temporales sobre el mercado de vivienda y evitar que inmuebles destinados originalmente a uso habitacional sean retirados de manera permanente del mercado de renta tradicional.

El registro también es obligatorio

El debate sobre el límite de noches se desarrolla de manera paralela a la obligación de inscribirse en los padrones establecidos por la legislación capitalina.

La normativa contempla tanto un Padrón de Plataformas Tecnológicas como un Padrón de Anfitriones que ofrecen servicios de estancia turística eventual mediante plataformas digitales. Los sistemas electrónicos correspondientes fueron habilitados por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

Los anfitriones deben proporcionar información relacionada con el inmueble y acreditar los requisitos establecidos por la legislación. El registro también permite a las autoridades contar con información sobre las propiedades que participan en este mercado.

La regulación, por tanto, no se limita a controlar el número de noches. También establece mecanismos de identificación, registro, supervisión y cumplimiento de obligaciones para propietarios y plataformas.

El plazo se amplía hasta diciembre de 2026

La ampliación del plazo para completar el registro representa uno de los cambios más recientes en la aplicación de las reglas.

El nuevo calendario concede a los anfitriones más tiempo para incorporarse al sistema obligatorio, en un contexto en el que organizaciones del sector han cuestionado tanto la eficacia como las condiciones de la regulación.

Reportes previos señalaban una baja participación en el padrón. En junio, representantes del sector afirmaron que menos de 5 por ciento de los aproximadamente 27 mil inmuebles que el gobierno capitalino reconocía como activos en plataformas se había inscrito, mientras propietarios promovían recursos de amparo contra distintas disposiciones.

La extensión del plazo busca facilitar el cumplimiento, pero no elimina las obligaciones previstas por la legislación.

Airbnb ya cuestionó la regulación

La disputa no comenzó con la exigencia actual de los pequeños anfitriones.

Airbnb presentó en enero de 2025 un amparo contra la regulación capitalina y cuestionó particularmente la restricción que limita a 50 por ciento las noches de ocupación anual para efectos de renovación del registro. La plataforma sostuvo entonces que la medida afectaba a anfitriones y a sus familias.

El conflicto jurídico muestra que las restricciones han generado inconformidad tanto entre propietarios como entre plataformas digitales.

La discusión también ocurre en un escenario en el que distintos gobiernos buscan establecer mecanismos para conocer cuántos inmuebles participan en el mercado de estancias de corta duración y qué impacto tienen sobre la vivienda, el turismo y las actividades económicas locales.

¿Qué deben hacer los anfitriones?

La legislación capitalina establece que quienes ofrecen estancias turísticas eventuales deben registrar sus inmuebles y cumplir con los requisitos correspondientes.

Entre la información solicitada se encuentra la identificación del propietario o poseedor, documentación fiscal y comprobantes relacionados con el inmueble. El registro debe vincularse con las plataformas en las que se ofrece la propiedad.

Además, los anfitriones que superen determinados niveles de operación enfrentan requisitos adicionales. La legislación establece reglas específicas para quienes registren más de tres inmuebles, incluyendo obligaciones relacionadas con establecimientos mercantiles y permisos de funcionamiento.

El modelo busca diferenciar, al menos parcialmente, entre una persona que ofrece un inmueble y quienes desarrollan una actividad de mayor escala. –sn–

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Sheinbaum alerta por jóvenes que usan inteligencia artificial como psicólogo

La presidente Claudia Sheinbaum advirtió sobre los riesgos de que jóvenes recurran a la inteligencia artificial ante problemas emocionales y alertó por el impacto de las redes sociales en el aprendizaje.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre el creciente uso de la inteligencia artificial como sustituto de apoyo psicológico entre jóvenes y señaló que las redes sociales y plataformas digitales también están afectando la atención, el aprendizaje y la convivencia en las aulas.

Durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que una encuesta de la Subsecretaría de Educación Superior identificó que algunos jóvenes recurren a herramientas de inteligencia artificial cuando atraviesan estados de ánimo depresivos y les preguntan qué hacer ante esas situaciones.

La mandataria sostuvo que, aunque la inteligencia artificial puede ser útil para distintas actividades, existen riesgos cuando sustituye la intervención de profesionales, particularmente ante problemas emocionales o cuando proporciona respuestas inmediatas a estudiantes que todavía desarrollan capacidades de análisis y razonamiento.

Redes sociales fragmentan la atención en las aulas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expuso que los maestros enfrentan nuevas dificultades para mantener la atención de los alumnos, resolver conflictos relacionados con redes sociales y atender situaciones de ciberacoso.

https://www.youtube.com/watch?v=iBT5I8loYSw&t=558s

De acuerdo con el estudio citado durante la conferencia, los usuarios reciben 237 notificaciones al día y 23 por ciento de ellas ocurre durante el horario de clases. Esa dinámica supone, según lo expuesto, una interrupción aproximadamente cada cuatro minutos.

La pedagoga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yareni Annalie Domínguez Delgado, explicó que la exposición permanente a estímulos digitales ha desplazado progresivamente la atención profunda y sostenida hacia una dinámica fragmentada.

https://www.youtube.com/watch?v=iBT5I8loYSw&t=834s

La especialista señaló que los alumnos transitan de formas de aprendizaje más lentas, reflexivas y con pausas hacia una lógica de respuestas inmediatas, situación que también puede reducir la tolerancia a la frustración.

El reto para maestros y familias

La problemática no se limita al desempeño académico. Sandra Ortega Rivero, maestra de primaria con más de 30 años frente a grupo, refirió que también ha observado dificultades de comunicación entre los alumnos y una menor convivencia familiar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene contenidos educativos relacionados con el uso de redes sociales, seguridad digital, convivencia y los riesgos asociados con un uso inadecuado de estas herramientas. La Nueva Escuela Mexicana Digital, por ejemplo, incluye materiales específicos sobre redes sociales en el entorno educativo y sus posibles efectos.

https://sociedad-noticias.com/2026/08/10/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-10-de-agosto-de-2026/

En el caso de Domínguez Delgado, registros académicos de la UNAM confirman su trabajo en áreas relacionadas con currículum, didáctica, formación docente, saberes digitales y transformación educativa.

El debate planteado desde Palacio Nacional coloca así dos fenómenos relacionados: el impacto de la hiperconectividad sobre la capacidad de concentración de los estudiantes y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para resolver necesidades que, en determinados casos, requieren acompañamiento profesional. –sn–

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Streaming en México enfrenta una nueva batalla, usuarios cancelan suscripciones y la IA busca evitar el abandono

El streaming en México entra en una etapa de madurez y mayor competencia. The CIU reporta 15 millones de suscripciones al cierre de 2025, mientras EPAM plantea que la hiperpersonalización con IA puede reducir la cancelación de usuarios.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El mercado del streaming en México dejó atrás la etapa de crecimiento acelerado y enfrenta ahora un desafío distinto: convencer a los usuarios de permanecer suscritos en un entorno con más plataformas, mayor oferta de contenidos y una competencia creciente por la atención.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), México cerró 2025 con 15 millones de suscripciones a plataformas de video bajo demanda, un crecimiento anual de 4.9%. La consultora señala que 51.9% de los internautas tiene al menos una suscripción activa, equivalente a unos 52 millones de personas.

En este escenario, el problema ya no consiste únicamente en ofrecer un catálogo amplio. La industria busca que cada usuario encuentre con mayor rapidez contenidos que correspondan a sus intereses, debido a que una experiencia de recomendaciones poco relevante puede favorecer el abandono de una plataforma.

¿Por qué los usuarios cancelan el streaming?

El mercado mexicano muestra señales de madurez. Aunque las suscripciones continúan creciendo, el ritmo es menor al observado durante la expansión del streaming y la pandemia.

The CIU reportó que al cierre de 2024 había 14.3 millones de suscripciones, 6.3% más que un año antes. Para 2025, el crecimiento se moderó a 4.9%, con 15 millones de suscripciones.

La competencia también se ha fragmentado. Netflix conservó el liderazgo al cierre de 2025, con 39.2% de participación, mientras Disney+ alcanzó 20% y HBO Max llegó a 18%. La oferta de contenido exclusivo, los precios, los paquetes y la frecuencia de estrenos son factores que influyen cada vez más en la decisión de los consumidores.

En paralelo, las plataformas enfrentan un problema menos visible: tener demasiado contenido puede dificultar que el usuario encuentre algo que realmente quiera ver.

Del catálogo gigante a la hiperpersonalización

Un análisis de EPAM plantea que el modelo basado en segmentar a los consumidores en categorías amplias, como aficionados a la acción o seguidores de las comedias románticas, resulta insuficiente frente a la diversidad de preferencias individuales.

La empresa plantea que un usuario puede consumir ciencia ficción por sus tramas políticas, mientras otro prefiere las escenas de acción. Mostrarles el mismo tráiler puede hacer que uno de ellos descarte una producción que en realidad coincide con sus intereses.

El cambio propuesto consiste en pasar de una segmentación general a una “audiencia de uno”, en la que las plataformas utilizan información sobre los hábitos de cada suscriptor para adaptar recomendaciones, promociones y materiales audiovisuales.

La personalización puede abarcar desde el contenido que aparece en la pantalla de inicio hasta las notificaciones y los avances utilizados para promocionar una serie o película.

IA generativa cambia los tráileres

La inteligencia artificial generativa aparece como una de las herramientas para hacer viable esta estrategia a gran escala.

EPAM desarrolló Hypermark, una solución que utiliza inteligencia artificial generativa para crear videos promocionales personalizados a partir de contenidos existentes y datos de las audiencias. El sistema analiza elementos de las producciones, como escenas, diálogos y características visuales, para seleccionar fragmentos que correspondan con los intereses de cada usuario.

La lógica es modificar la promoción sin necesidad de producir manualmente miles de versiones de un mismo tráiler.

Así, un espectador interesado en determinado actor podría recibir un avance que privilegie sus escenas, mientras otro usuario podría recibir una versión centrada en el humor, el suspenso o la trama de una misma producción.

EPAM señala que Hypermark busca reducir la pérdida de suscriptores mediante una promoción más relevante y que su arquitectura permite generar múltiples versiones de materiales audiovisuales a partir de activos existentes.

El reto: lograr que el usuario encuentre qué ver

Para la industria, la métrica relevante comienza a desplazarse de la cantidad de contenidos disponibles hacia la capacidad de generar interacción y permanencia.

La pregunta para las plataformas ya no es solamente cuántas películas, series o documentales tienen disponibles, sino si consiguen que cada usuario encuentre algo que quiera reproducir y vuelva a hacerlo.

EPAM plantea que la hiperpersonalización puede contribuir a reducir la cancelación de suscripciones al disminuir el tiempo que el usuario pasa buscando contenido sin encontrar una opción atractiva.

En México, donde 15 millones de suscripciones ya forman parte del mercado de video bajo demanda, la siguiente etapa de la competencia estará relacionada con la capacidad de convertir grandes catálogos en experiencias individuales de consumo.

La batalla por el streaming, en otras palabras, comienza a trasladarse del “tener más contenido” al “conocer mejor al espectador”. –sn–

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Sheinbaum Pardo impulsará regulación del uso de redes sociales en escuelas para el próximo ciclo escolar

Con el propósito de proteger la salud y el desarrollo de menores ante los efectos del consumo excesivo.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en las escuelas será presentada antes del inicio del próximo ciclo escolar, informó la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien explicó que la iniciativa surgirá de los foros nacionales que actualmente se realizan en distintas entidades del país para analizar el impacto de estas tecnologías en menores y adolescentes.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria precisó que el objetivo inmediato es establecer lineamientos para los planteles educativos y, posteriormente, abrir una discusión más amplia sobre una posible regulación de las plataformas digitales en México. El propósito, dijo, es reducir los efectos que el uso excesivo de estas aplicaciones puede tener en el desarrollo, el aprendizaje y la salud mental de las nuevas generaciones.

Sostuvo que la decisión no responderá únicamente a la postura del gobierno federal, sino que buscará construirse mediante el diálogo con especialistas, docentes, familias, estudiantes y diversos sectores de la sociedad.

Foros buscan construir una política pública

Sheinbaum explicó que la discusión pretende generar conciencia entre madres, padres, tutores y jóvenes sobre las consecuencias del consumo prolongado de redes sociales y plataformas digitales.

Señaló que el debate busca evitar que las medidas sean percibidas como una imposición y favorecer que los propios adolescentes conozcan los riesgos asociados al uso excesivo de estas tecnologías.

«Nuestro objetivo es presentar una propuesta a partir de los foros que se están haciendo en distintos lugares del país. Por lo pronto para las escuelas y después seguir debatiendo para ver si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales», afirmó.

SEP advierte riesgos para la salud pública

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el uso excesivo de redes sociales representa un problema de salud pública debido a que los algoritmos de las plataformas influyen en el comportamiento de los usuarios.

Explicó que los dispositivos digitales dejaron de ser herramientas pasivas y ahora moldean hábitos, formas de interacción y la manera en que las personas perciben la realidad, especialmente entre menores y adolescentes.

Especialistas exponen efectos del uso intensivo de teléfonos

Durante los foros participaron expertos internacionales en psicología y seguridad digital. El psicólogo social Jonathan Haidt, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa, explicó que entre 2010 y 2015 la infancia pasó de privilegiar el juego presencial a centrar gran parte de su tiempo en los teléfonos inteligentes, fenómeno que relacionó con un incremento en casos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, dificultades de aprendizaje y menor capacidad de atención.

Como parte de sus recomendaciones, propuso establecer escuelas libres de teléfonos celulares y fijar en 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales, medidas que, indicó, ya se analizan o aplican en diversos países. –sn–

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¿Quién controla lo que vemos? El poder de los algoritmos reabre el debate sobre la democracia en la era digital

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Sheinbaum impulsa consenso para regular redes sociales en menores; llama a familias a limitar su uso

La presidente Claudia Sheinbaum convocó a madres, padres y tutores a participar en la construcción de un consenso para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en menores, al considerar que su uso excesivo representa un problema de salud pública.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo convocó a padres de familia y tutores a participar en la construcción de un consenso nacional para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre menores de edad, al advertir que el uso excesivo de teléfonos celulares puede afectar su desarrollo y convertirse en un problema de salud pública.

https://youtu.be/_tKjVLBxU4U?t=72

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que el gobierno federal trabaja en la integración de información y propuestas que permitan orientar a las familias sobre los efectos del uso intensivo de dispositivos móviles durante la infancia y la adolescencia.

La presidente explicó que el propósito es generar acuerdos sociales que contribuyan a proteger el desarrollo físico, emocional y cognitivo de niños y adolescentes, debido a que las consecuencias del uso excesivo de redes sociales pueden extenderse a la vida adulta y repercutir en el desarrollo del país.

Encuesta refleja respaldo a una regulación

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con una encuesta elaborada por De las Heras Demotecnia, el 71 por ciento de madres y padres de familia considera necesario que el gobierno regule el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Precisó que el tema será abordado de manera permanente en la conferencia matutina de los lunes, con el propósito de informar a la población sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de plataformas digitales y, posteriormente, ampliar la discusión hacia los efectos de la inteligencia artificial.

https://youtu.be/MU0FFwsqtwA?t=1597

La mandataria sostuvo que el objetivo no es únicamente promover una regulación, sino generar conciencia sobre un fenómeno que puede tener repercusiones sociales de largo plazo.

SEP advierte impacto en el desarrollo infantil

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que la regulación del uso de plataformas digitales representa una responsabilidad compartida entre el gobierno federal y las familias.

https://youtu.be/MU0FFwsqtwA?t=470

Señaló que el uso excesivo de estos dispositivos puede afectar el desarrollo cognitivo de los menores de edad, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones de prevención y orientación.

Especialista recomienda limitar el uso de celulares

La maestra Tania Jiménez García, especialista en prevención de adicciones, explicó que el uso intensivo de teléfonos celulares modifica la producción de dopamina y puede alterar el funcionamiento de la corteza prefrontal, región relacionada con la concentración, el autocontrol, la paciencia y la resolución de conflictos.

https://youtu.be/MU0FFwsqtwA?t=781

Añadió que el uso problemático de la tecnología comparte características con otras adicciones, entre ellas la pérdida de control, la necesidad constante de utilizar el dispositivo, el incremento progresivo del tiempo de uso y síntomas de abstinencia cuando se limita el acceso.

La especialista señaló que, gracias a la neuroplasticidad cerebral, es posible revertir parte de estos efectos mediante cambios en los hábitos de uso.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/27/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-27-de-julio-2026/

Entre las recomendaciones, planteó retirar completamente los dispositivos electrónicos a menores de entre cero y 12 años y, a partir de los 13 años, reducir gradualmente el tiempo de exposición con acompañamiento de madres, padres y tutores.

Asimismo, subrayó que la atención de esta problemática requiere la participación coordinada de familias, escuelas, comunidades y autoridades, al advertir que las nuevas generaciones podrían destinar alrededor de 20 años de su vida al uso de redes sociales si no se modifican los patrones actuales. –sn–

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Unión Europea multa a AliExpress con 550 millones de euros por venta de productos ilegales

Bruselas multa a AliExpress con 550 millones por no combatir la venta de bienes ilegales.

SN Redacción | EFE

Bruselas.- La Comisión Europea multó este lunes a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress con 550 millones de euros por no combatir de forma «eficaz» la venta de productos ilegales, como bienes falsificados o que incumplen las normas de seguridad.

El Ejecutivo comunitario considera que AliExpress no tiene el personal suficiente para revisar la presencia de productos ilegales en la plataforma y le acusa de haber «sobreestimado» la capacidad que tiene su sistema informático para detectar y eliminar los anuncios de este tipo de bienes.

Bruselas asegura, además, que el sistema no funciona correctamente, ya que muchos bienes ilegales, como productos falsificados o juguetes y cosméticos que incumplen las normas de seguridad, se siguieron mostrando durante «varias semanas» incluso tras ser detectados, según explicó en un comunicado.

En este sentido, la Comisión culpa a AliExpress de no evaluar adecuadamente los riesgos que sus algoritmos pueden causar a los clientes, ya que les siguen ofreciendo productos ilegales antes de que puedan eliminarse de la plataforma.

La Comisión también le acusa de no aplicar adecuadamente su régimen de sanciones, porque permitió que las tiendas que venden productos ilegales pudiesen seguir operando en la plataforma pese a haber sido penalizadas.

Controles que se sortean «con facilidad»

El Ejecutivo comunitario asegura además que los controles que tiene AliExpress para detectar qué bienes se ofrecen en la plataforma se pueden sortear «con facilidad», ya que los comercios que venden artículos ilegales pueden mentir sobre la categoría de sus productos «para beneficiarse de requisitos más flexibles».

Y añade que el sistema obligatorio de autorización de marcas que ha diseñado la compañía ha resultado ser «ineficaz», ya que los vendedores de productos falsificados lo pueden eludir «fácilmente».

Bruselas afirmó que los productos falsificados «representan un riesgo significativo en AliExpress», lo que no solo tiene consecuencias para los consumidores, sino también para «las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones».

Ropa, juguetes y cosméticos ilegales y dañinos

«La proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y dañinos no son un coste inevitable de las compras en internet, sino un incumplimiento por parte de AliExpress de sus obligaciones en virtud de la DSA», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo para corregir estas prácticas y Bruselas tendrá entonces un mes adicional para evaluarlo y proponer un calendario «razonable» para su implementación.

De las tres multas que la Comisión Europea ha impuesto hasta la fecha por el incumplimiento de la ley DSA, que obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal, la de AliExpress es la más elevada, tras los 200 millones de euros con los que multó a Temu en mayo por no prevenir tampoco la venta de bienes ilegales y los 120 millones de euros a X en diciembre del año pasado por falta de transparencia. –sn–

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Sheinbaum impulsa regulación de redes sociales para proteger a menores

Claudia Sheinbaum anunció foros regionales para elaborar una propuesta de regulación sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales por niñas, niños y adolescentes que será enviada al Congreso.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció la realización de tres foros regionales para construir, mediante consenso y debate nacional, una propuesta de regulación sobre el uso de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial por parte de niñas, niños y adolescentes.

https://youtu.be/NK_Vf7BJIrI?t=930

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, aseguró que el objetivo es elaborar una iniciativa que será entregada al Congreso de la Unión para establecer un marco regulatorio que proteja a las infancias y juventudes frente a los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos digitales.

Subrayó que la intención no es imponer una regulación desde el gobierno federal, sino construir acuerdos con especialistas, instituciones educativas, madres, padres, docentes y la sociedad para promover un uso responsable de la tecnología.

«No queremos que esta sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y, sobre todo, las plataformas», afirmó.

Foros recorrerán tres regiones del país

La presidenta informó que los encuentros se realizarán en tres sedes:

• 19 de agosto: Región Noreste, en Nuevo León.
• 3 de septiembre: Región Sur-Sureste, en Chiapas.
• 17 de septiembre: Región Centro-Sur, en Guerrero.

Estos foros se suman a reuniones previas realizadas en la región metropolitana, el Noroeste y el Centro-Occidente del país.

Además, anunció que durante los próximos lunes, las conferencias matutinas estarán dedicadas a presentar evidencia científica y opiniones de especialistas sobre los efectos del uso de las tecnologías digitales.

SEP advierte alto uso de internet entre adolescentes

El secretario de Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que más del 70 % de la población mexicana de seis años o más utiliza internet, porcentaje que asciende al 90 % entre los adolescentes.

Explicó que el debate sobre el uso de dispositivos digitales es un fenómeno mundial y que los foros analizarán su impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la salud mental, incorporando la participación de madres, padres, tutores, maestros, directivos y especialistas.

Universidades participarán en la discusión

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que las instituciones de educación superior serán convocadas para participar en la construcción de la propuesta, con el propósito de incorporar perspectivas académicas, científicas, sociales y tecnológicas.

También anunció que se promoverá una Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos en escuelas y universidades para incentivar la convivencia presencial y el juego libre entre estudiantes.

Unesco plantea alfabetización digital y regulación equilibrada

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Andrés Morales Arciniegas, afirmó que una de cada tres personas conectadas a internet es menor de edad y que el 83 % de madres y padres manifiestan preocupación por el tiempo que sus hijos permanecen frente a las pantallas.

Indicó que, de acuerdo con un monitoreo del organismo, 114 sistemas educativos de todo el mundo, equivalentes al 58 % de los países analizados, ya aplican medidas como la restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas, límites al acceso de menores a redes sociales y campañas para fomentar un uso responsable de la tecnología.

La Unesco recomendó que cualquier regulación esté acompañada de programas de alfabetización digital, mediática y algorítmica, así como de estrategias para fortalecer el pensamiento crítico y el uso responsable de herramientas como la inteligencia artificial.

Especialistas llaman a fortalecer el entorno familiar

La doctora Cimenna Chao Rebolledo, especialista en psicología educativa y del desarrollo, señaló que en México las personas mayores de 16 años utilizan internet un promedio de 7.32 horas al día, mientras que ocho de cada diez estudiantes emplean herramientas de inteligencia artificial generativa.

La investigadora sostuvo que la prevención debe centrarse en fortalecer los entornos familiares, educativos y tecnológicos mediante acuerdos sobre horarios de uso, acompañamiento de madres y padres, diseño de plataformas con mayores mecanismos de protección para menores y políticas públicas sustentadas en evidencia científica. –sn–

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TSE sustituirá “Matrimonio Digital” por nueva plataforma obligatoria desde agosto

El sistema “Matrimonio en Línea” permitirá la inscripción automática de matrimonios que cumplan con los requisitos, funcionará las 24 horas y vendrá acompañado de inducciones para el gremio notarial en julio.
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#CambiosTse #Matrimonio #MatrimonioDigital #País #PlataformaVirtual #PlataformasDigitales #TSE #ÚltimaHora

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TSE sustituirá “Matrimonio Digital” por nueva plataforma obligatoria desde agosto

El sistema “Matrimonio en Línea” permitirá la inscripción automática de matrimonios que cumplan con los requisitos, funcionará las 24 horas y vendrá acompañado de inducciones para el gremio notarial en julio.
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🎹 ■ ¿Un nuevo 'caso Djo'? Quién es Malcolm Todd, el artista que ha ascendido en listas de éxitos con una canción de hace dos años ■
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Nuevo convenio laboral de plataformas digitales: ¿cómo votó Costa Rica?

El apoyo del sector trabajador fue contundente, no así del Gobierno y empresarios que optaron por abstenerse. Conozca las razones de cada uno y las implicaciones que tienen para el país.
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Aranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Por: Lic Alejandro Marcó del Pont

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

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Aranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Por: Lic Alejandro Marcó del Pont

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

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O una donación voluntaria al siguiente CBU del Banco Provincia de

Buenos Aires: (Alias: SANTA.BANANA.MURO)

Aranceles o regulación. La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Por: Lic Alejandro Marcó del Pont

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

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De ‘Pasapalabra’ a ‘Gran Hermano’: éxitos y fracasos de la temporada televisiva

https://web.brid.gy/r/https://elpais.com/television/2026-06-14/de-pasapalabra-a-gran-hermano-exitos-y-fracasos-de-la-temporada-televisiva.html

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Facebook presenta falla global y afecta acceso de usuarios

Usuarios reportan caída de Facebook y errores de acceso.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Facebook registra este viernes 12 de junio una interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. La plataforma propiedad de Meta mostró mensajes de error al momento de iniciar sesión y limitó el acceso normal a diversas funciones.

Los primeros reportes sobre la caída de Facebook comenzaron a multiplicarse durante la jornada. Usuarios de diversos países informaron dificultades para ingresar a sus cuentas y problemas para visualizar contenido publicado en la plataforma. La interrupción se convirtió en tendencia en otras redes sociales debido al volumen de reportes.

La afectación también alcanzó funciones relacionadas con la carga de publicaciones y la actualización del contenido en tiempo real. Algunas personas señalaron que las páginas permanecieron en blanco o tardaron varios minutos en responder. Otras indicaron que el sistema mostró mensajes automáticos relacionados con problemas técnicos temporales.

Reportes de usuarios

La captura difundida por diversos usuarios mostró el mensaje en inglés: “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Ese aviso apareció en distintas regiones y confirmó que la incidencia no se limitó a una sola zona geográfica. La leyenda es utilizada habitualmente por la compañía cuando detecta fallas operativas en sus sistemas.

Ante la interrupción, miles de personas recurrieron a otras plataformas digitales para verificar el alcance del problema. La red social X concentró buena parte de las conversaciones relacionadas con la caída del servicio. Los usuarios intercambiaron capturas de pantalla y compartieron experiencias similares sobre las dificultades de acceso.

La situación generó incertidumbre entre quienes dependen de Facebook para actividades comerciales y de comunicación. Diversas páginas empresariales reportaron complicaciones para administrar contenido durante el periodo de afectación. La interrupción también impactó a creadores de contenido y administradores de comunidades digitales. –sn–

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Facebook presenta falla global y afecta acceso de usuarios

Usuarios reportan caída de Facebook y errores de acceso.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Facebook registra este viernes 12 de junio una interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. La plataforma propiedad de Meta mostró mensajes de error al momento de iniciar sesión y limitó el acceso normal a diversas funciones.

Los primeros reportes sobre la caída de Facebook comenzaron a multiplicarse durante la jornada. Usuarios de diversos países informaron dificultades para ingresar a sus cuentas y problemas para visualizar contenido publicado en la plataforma. La interrupción se convirtió en tendencia en otras redes sociales debido al volumen de reportes.

La afectación también alcanzó funciones relacionadas con la carga de publicaciones y la actualización del contenido en tiempo real. Algunas personas señalaron que las páginas permanecieron en blanco o tardaron varios minutos en responder. Otras indicaron que el sistema mostró mensajes automáticos relacionados con problemas técnicos temporales.

Reportes de usuarios

La captura difundida por diversos usuarios mostró el mensaje en inglés: “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Ese aviso apareció en distintas regiones y confirmó que la incidencia no se limitó a una sola zona geográfica. La leyenda es utilizada habitualmente por la compañía cuando detecta fallas operativas en sus sistemas.

Ante la interrupción, miles de personas recurrieron a otras plataformas digitales para verificar el alcance del problema. La red social X concentró buena parte de las conversaciones relacionadas con la caída del servicio. Los usuarios intercambiaron capturas de pantalla y compartieron experiencias similares sobre las dificultades de acceso.

La situación generó incertidumbre entre quienes dependen de Facebook para actividades comerciales y de comunicación. Diversas páginas empresariales reportaron complicaciones para administrar contenido durante el periodo de afectación. La interrupción también impactó a creadores de contenido y administradores de comunidades digitales. –sn–

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Usuarios reportan caída de Facebook y errores de acceso.

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Facebook registra este viernes 12 de junio una interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. La plataforma propiedad de Meta mostró mensajes de error al momento de iniciar sesión y limitó el acceso normal a diversas funciones.

Los primeros reportes sobre la caída de Facebook comenzaron a multiplicarse durante la jornada. Usuarios de diversos países informaron dificultades para ingresar a sus cuentas y problemas para visualizar contenido publicado en la plataforma. La interrupción se convirtió en tendencia en otras redes sociales debido al volumen de reportes.

La afectación también alcanzó funciones relacionadas con la carga de publicaciones y la actualización del contenido en tiempo real. Algunas personas señalaron que las páginas permanecieron en blanco o tardaron varios minutos en responder. Otras indicaron que el sistema mostró mensajes automáticos relacionados con problemas técnicos temporales.

Reportes de usuarios

La captura difundida por diversos usuarios mostró el mensaje en inglés: “Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”. Ese aviso apareció en distintas regiones y confirmó que la incidencia no se limitó a una sola zona geográfica. La leyenda es utilizada habitualmente por la compañía cuando detecta fallas operativas en sus sistemas.

Ante la interrupción, miles de personas recurrieron a otras plataformas digitales para verificar el alcance del problema. La red social X concentró buena parte de las conversaciones relacionadas con la caída del servicio. Los usuarios intercambiaron capturas de pantalla y compartieron experiencias similares sobre las dificultades de acceso.

La situación generó incertidumbre entre quienes dependen de Facebook para actividades comerciales y de comunicación. Diversas páginas empresariales reportaron complicaciones para administrar contenido durante el periodo de afectación. La interrupción también impactó a creadores de contenido y administradores de comunidades digitales. –sn–

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🎙️ ■ 'No aptos para el trabajo' llega a Disney +: a qué hora se estrenan los nuevos capítulos, cuántos tiene, reparto y sinopsis ■
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#los40 #disney+ #plataformasdigitales

Las grandes redes sociales pagarán 27 millones de dólares para cerrar una demanda por el impacto de sus plataformas en estudiantes

Meta, TikTok, Snapchat y YouTube han alcanzado acuerdos millonarios con un distrito escolar de Kentucky que las acusaba de contribuir a problemas de salud mental entre los jóvenes. El caso podría convertirse en un precedente para miles de demandas similares que siguen abiertas en Estados Unidos.

Las principales plataformas de redes sociales han acordado pagar cerca de 27 millones de dólares para poner fin a una demanda presentada por un distrito escolar del estado de Kentucky. Los acuerdos involucran a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a TikTok, Snapchat y YouTube. Aunque ninguna de las compañías ha reconocido responsabilidad alguna, el caso representa uno de los mayores acuerdos alcanzados hasta ahora en litigios relacionados con el impacto de las redes sociales sobre menores.

Meta asumirá la mayor parte del pago con una aportación cercana a los 9 millones de dólares, mientras que TikTok y Snapchat abonarán aproximadamente 8 millones cada una. Por su parte, YouTube contribuirá con algo más de 2 millones de dólares.

La salud mental de los estudiantes, en el centro del debate

La demanda sostenía que las plataformas fueron diseñadas para maximizar el tiempo de uso y fomentar comportamientos adictivos entre adolescentes y jóvenes. Según los demandantes, estas dinámicas habrían contribuido al aumento de problemas como ansiedad, depresión, autolesiones y dificultades de concentración, generando además una importante carga para los centros educativos.

El distrito escolar argumentó que había tenido que destinar recursos adicionales para atender las consecuencias derivadas del uso intensivo de redes sociales entre sus alumnos. A pesar del acuerdo económico, las empresas tecnológicas no estarán obligadas a modificar el funcionamiento de sus servicios como parte de la resolución alcanzada.

Las compañías mantienen que cuentan con herramientas específicas para proteger a los menores y continúan desarrollando funciones destinadas a mejorar la seguridad y el bienestar digital de los usuarios más jóvenes. El acuerdo permite cerrar el litigio sin llegar a juicio, evitando una decisión judicial que podría haber sentado un precedente legal de gran alcance.

Miles de demandas siguen abiertas

Aunque el caso de Kentucky ha concluido, la batalla judicial está lejos de terminar. Actualmente existen miles de demandas similares en diferentes tribunales estadounidenses. Numerosos distritos escolares, estados, municipios y particulares sostienen que las plataformas sociales han contribuido al deterioro de la salud mental juvenil y reclaman compensaciones económicas para financiar programas de apoyo psicológico.

Algunos de los mayores sistemas educativos del país, incluidos los de Los Ángeles y Nueva York, forman parte de estos procedimientos. Las tecnológicas afrontan una creciente presión regulatoria y la controversia llega en un momento de creciente escrutinio político y regulatorio sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se están impulsando nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a posibles efectos negativos derivados del uso intensivo de plataformas digitales. Las compañías tecnológicas advierten de que esta presión regulatoria podría afectar a sus modelos de negocio, mientras los legisladores continúan evaluando posibles cambios normativos.

El acuerdo alcanzado en Kentucky no pone fin al debate, pero sí refleja cómo la relación entre redes sociales, educación y salud mental se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes dentro del panorama tecnológico actual.

Las grandes redes sociales pagarán 27 millones de dólares para cerrar una demanda por el impacto de sus plataformas en estudiantes

Meta, TikTok, Snapchat y YouTube han alcanzado acuerdos millonarios con un distrito escolar de Kentucky que las acusaba de contribuir a problemas de salud mental entre los jóvenes. El caso podría convertirse en un precedente para miles de demandas similares que siguen abiertas en Estados Unidos.

Las principales plataformas de redes sociales han acordado pagar cerca de 27 millones de dólares para poner fin a una demanda presentada por un distrito escolar del estado de Kentucky. Los acuerdos involucran a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a TikTok, Snapchat y YouTube. Aunque ninguna de las compañías ha reconocido responsabilidad alguna, el caso representa uno de los mayores acuerdos alcanzados hasta ahora en litigios relacionados con el impacto de las redes sociales sobre menores.

Meta asumirá la mayor parte del pago con una aportación cercana a los 9 millones de dólares, mientras que TikTok y Snapchat abonarán aproximadamente 8 millones cada una. Por su parte, YouTube contribuirá con algo más de 2 millones de dólares.

La salud mental de los estudiantes, en el centro del debate

La demanda sostenía que las plataformas fueron diseñadas para maximizar el tiempo de uso y fomentar comportamientos adictivos entre adolescentes y jóvenes. Según los demandantes, estas dinámicas habrían contribuido al aumento de problemas como ansiedad, depresión, autolesiones y dificultades de concentración, generando además una importante carga para los centros educativos.

El distrito escolar argumentó que había tenido que destinar recursos adicionales para atender las consecuencias derivadas del uso intensivo de redes sociales entre sus alumnos. A pesar del acuerdo económico, las empresas tecnológicas no estarán obligadas a modificar el funcionamiento de sus servicios como parte de la resolución alcanzada.

Las compañías mantienen que cuentan con herramientas específicas para proteger a los menores y continúan desarrollando funciones destinadas a mejorar la seguridad y el bienestar digital de los usuarios más jóvenes. El acuerdo permite cerrar el litigio sin llegar a juicio, evitando una decisión judicial que podría haber sentado un precedente legal de gran alcance.

Miles de demandas siguen abiertas

Aunque el caso de Kentucky ha concluido, la batalla judicial está lejos de terminar. Actualmente existen miles de demandas similares en diferentes tribunales estadounidenses. Numerosos distritos escolares, estados, municipios y particulares sostienen que las plataformas sociales han contribuido al deterioro de la salud mental juvenil y reclaman compensaciones económicas para financiar programas de apoyo psicológico.

Algunos de los mayores sistemas educativos del país, incluidos los de Los Ángeles y Nueva York, forman parte de estos procedimientos. Las tecnológicas afrontan una creciente presión regulatoria y la controversia llega en un momento de creciente escrutinio político y regulatorio sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se están impulsando nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a posibles efectos negativos derivados del uso intensivo de plataformas digitales. Las compañías tecnológicas advierten de que esta presión regulatoria podría afectar a sus modelos de negocio, mientras los legisladores continúan evaluando posibles cambios normativos.

El acuerdo alcanzado en Kentucky no pone fin al debate, pero sí refleja cómo la relación entre redes sociales, educación y salud mental se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes dentro del panorama tecnológico actual.

Las grandes redes sociales pagarán 27 millones de dólares para cerrar una demanda por el impacto de sus plataformas en estudiantes

Meta, TikTok, Snapchat y YouTube han alcanzado acuerdos millonarios con un distrito escolar de Kentucky que las acusaba de contribuir a problemas de salud mental entre los jóvenes. El caso podría convertirse en un precedente para miles de demandas similares que siguen abiertas en Estados Unidos.

Las principales plataformas de redes sociales han acordado pagar cerca de 27 millones de dólares para poner fin a una demanda presentada por un distrito escolar del estado de Kentucky. Los acuerdos involucran a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, así como a TikTok, Snapchat y YouTube. Aunque ninguna de las compañías ha reconocido responsabilidad alguna, el caso representa uno de los mayores acuerdos alcanzados hasta ahora en litigios relacionados con el impacto de las redes sociales sobre menores.

Meta asumirá la mayor parte del pago con una aportación cercana a los 9 millones de dólares, mientras que TikTok y Snapchat abonarán aproximadamente 8 millones cada una. Por su parte, YouTube contribuirá con algo más de 2 millones de dólares.

La salud mental de los estudiantes, en el centro del debate

La demanda sostenía que las plataformas fueron diseñadas para maximizar el tiempo de uso y fomentar comportamientos adictivos entre adolescentes y jóvenes. Según los demandantes, estas dinámicas habrían contribuido al aumento de problemas como ansiedad, depresión, autolesiones y dificultades de concentración, generando además una importante carga para los centros educativos.

El distrito escolar argumentó que había tenido que destinar recursos adicionales para atender las consecuencias derivadas del uso intensivo de redes sociales entre sus alumnos. A pesar del acuerdo económico, las empresas tecnológicas no estarán obligadas a modificar el funcionamiento de sus servicios como parte de la resolución alcanzada.

Las compañías mantienen que cuentan con herramientas específicas para proteger a los menores y continúan desarrollando funciones destinadas a mejorar la seguridad y el bienestar digital de los usuarios más jóvenes. El acuerdo permite cerrar el litigio sin llegar a juicio, evitando una decisión judicial que podría haber sentado un precedente legal de gran alcance.

Miles de demandas siguen abiertas

Aunque el caso de Kentucky ha concluido, la batalla judicial está lejos de terminar. Actualmente existen miles de demandas similares en diferentes tribunales estadounidenses. Numerosos distritos escolares, estados, municipios y particulares sostienen que las plataformas sociales han contribuido al deterioro de la salud mental juvenil y reclaman compensaciones económicas para financiar programas de apoyo psicológico.

Algunos de los mayores sistemas educativos del país, incluidos los de Los Ángeles y Nueva York, forman parte de estos procedimientos. Las tecnológicas afrontan una creciente presión regulatoria y la controversia llega en un momento de creciente escrutinio político y regulatorio sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad.

Tanto en Estados Unidos como en Europa se están impulsando nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a posibles efectos negativos derivados del uso intensivo de plataformas digitales. Las compañías tecnológicas advierten de que esta presión regulatoria podría afectar a sus modelos de negocio, mientras los legisladores continúan evaluando posibles cambios normativos.

El acuerdo alcanzado en Kentucky no pone fin al debate, pero sí refleja cómo la relación entre redes sociales, educación y salud mental se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes dentro del panorama tecnológico actual.

Rigen los cambios en recibos de sueldo, convenios, sindicatos y servicios de movilidad y reparto por plataformas digitales

https://fed.brid.gy/r/https://www.eldiarioar.com/economia/rigen-cambios-convenios-sindicatos-servicios-privados-movilidad-reparto-mediante-plataformas-digitales_1_13265863.html

¿Qué pasó con los tres niños abandonados en una estación de Barcelona tras bajar de un lujoso Mercedes?: “Mucha gente me decía que tuviera cuidado”

https://web.brid.gy/r/https://elpais.com/television/2026-05-29/que-paso-con-los-tres-ninos-abandonados-en-una-estacion-de-barcelona-tras-bajar-de-un-lujoso-mercedes-mucha-gente-me-decia-que-tuviera-cuidado.html

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