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2025-10-30

Pablo Vázquez Camacho refuerza estrategia de seguridad en capital
El titular de la SSC presentó avances y anunció acciones contra delitos.

Por Fausto Hernández | Reportero
El jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó ante el Congreso capitalino que se sancionaría sin distinción a los motociclistas que infringieron la ley, sin criminalizar a quienes usan este medio de transporte.
Durante su comparecencia, el funcionario sostuvo que los índices delictivos mostraron una disminución comprobable y que los resultados en seguridad fueron producto de estrategias a largo plazo, no de decisiones coyunturales.
En el mismo acto, Vázquez Camacho abordó el incidente ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario, y propuso revisar los protocolos del uso de la fuerza en recintos deportivos y concentraciones masivas.
Resultados sustentados en evidencias
El funcionario acudió al pleno legislativo con motivo de la glosa del primer informe de la jefe de gobierno Clara Brugada Molina, y aseguró que la SSC estaba preparada para los retos de seguridad del Mundial de Futbol 2026.
El titular de la dependencia afirmó que el evento internacional representaría una oportunidad para mostrar el profesionalismo y la capacidad operativa de los cuerpos policiales de la capital.
Ante diputados y altos mandos de la corporación, Vázquez Camacho expresó que la estrategia de seguridad se fundaba en evidencia verificable, coordinación institucional y seguimiento constante de resultados.
Desarticulación de célula delictiva
Durante su exposición, el secretario informó que el grupo criminal relacionado con el asesinato de un hombre en Plaza Miyana, en diciembre pasado, había sido desarticulado tras meses de investigación.
Precisó que fueron detenidas seis personas, incluido Edson Arturo Helio, identificado como el autor material del homicidio ocurrido en ese centro comercial de la zona de Polanco.
“La célula delictiva vinculada a este evento quedó desarticulada tras labores de inteligencia y colaboración interinstitucional”, indicó ante legisladores locales y funcionarios del gobierno federal.
Reducción de delitos de alto impacto
Pablo Vázquez Camacho destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron 12 puntos porcentuales entre enero y septiembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.
Los homicidios dolosos bajaron 10 por ciento, mientras que el robo de vehículos se redujo 9 por ciento, y el robo con violencia 32 por ciento, según cifras oficiales presentadas ante el Congreso.
El funcionario subrayó que estos datos fueron resultado de la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y la colaboración ciudadana en los programas de prevención.
Ejes de la estrategia de seguridad
El titular de la SSC explicó que la política de seguridad se basó en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento policial, investigación e inteligencia, y coordinación interinstitucional.
Aseguró que la seguridad no se imponía, sino que se construía todos los días con la participación activa de la ciudadanía y la cooperación de los tres niveles de gobierno.
“La seguridad es un desafío permanente que exige inteligencia, prevención y cercanía social”, señaló el jefe policial, durante su participación en la sesión dirigida por Jesús Sesma Suárez.
Cobertura en zonas periféricas
El responsable de la corporación afirmó que se ampliaron los cuadrantes de vigilancia, pasando de 847 a mil 20, con nueve elementos por turno, dos patrullas y equipo de radiocomunicación.
La medida permitió mayor cobertura en colonias periféricas y una reducción significativa en los tiempos de respuesta ante emergencias.
Asimismo, indicó que se entregaron tres mil 500 patrullas nuevas, con una inversión de siete mil 460 millones de pesos, para fortalecer la presencia policial en las calles. –sn–
Pablo Vázquez Camacho
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2025-10-26
Columna Sociedad | El combustible del silencio
En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.
Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.
Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.
En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.
En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.
Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.
El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.
Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.
En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.
Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.
El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.
De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.
A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.
Punto Cero
En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Columna anterior: «De Iztapalapa para el mundo»
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2025-10-02

Sheinbaum responde a acusaciones de «Alito» Moreno
Expropiación en Campeche y acusaciones cruzadas marcaron la disputa política nacional.

Por Paola Ramírez | Reportera
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que denunciaría a la presidente Claudia Sheinbaum tras la expropiación de propiedades. La mandataria respondió desde Palacio Nacional que señaló posibles recursos ilícitos, pero negó haberlo asegurado.
“Parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos, pero en todo caso tiene derecho a lo que cualquier ciudadano tiene, a defenderse en el momento de un acto de autoridad”, declaró el presidente nacional en la mañanera de este jueves ante medios.
Este jueves e de octubre, también en conferencia matutina, Claudia Sheinbaum consideró que las propiedades expropiadas por el gobierno de Layda Sansores al priista habían sido adquiridas mediante lavado de dinero. “Entiendo que son propiedades adquiridas con lavado de dinero”, expuso la mandataria.
Expropiación en Campeche
En Campeche, el pasado 30 de septiembre, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación legal de cuatro predios del fraccionamiento Miramar, propiedad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para destinarlos a la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Los terrenos sumaron ocho hectáreas y estaban registrados a nombre de la madre de Alejandro Moreno, Yolanda Cárdenas Montero, y de su arquitecto Juan José Salazar Ferrer, de acuerdo con la ley de expropiación recién aprobada en la entidad. El gobierno campechano justificó el procedimiento en necesidades de educación pública.
En la misma línea, la mandataria nacional explicó que la extinción de dominio debía aplicarse en casos de corrupción. Indicó que aun cuando la sanción penal estuviera probada, el proceso para extinguir el dominio resultaba largo y complejo.
Ley de Extinción de Dominio
“Si se adquiere un predio, tiene que demostrarse, evidentemente, y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción o mal uso de recursos se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o mal habidos, sí debe aplicarse la figura”, dijo Sheinbaum.
La mandataria recordó que se trabajaba en el fortalecimiento de la Ley de Extinción de Dominio. Señaló que su aplicación debía facilitar la recuperación de bienes vinculados a corrupción o delincuencia organizada y destinarse a fines sociales.
El presidente explicó que los predios expropiados podrían entregarse a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de escuelas. De manera específica, se mencionó la posibilidad de levantar nuevas universidades en el estado de Campeche.
Disputa política nacional
El priista Alejandro Moreno respondió que emprendería acciones legales contra Claudia Sheinbaum por considerar que la expropiación violaba sus derechos. Calificó la medida como un ataque político directo contra su familia y patrimonio.
La mandataria, sin embargo, reiteró que no afirmó que las propiedades fueran ilícitas, sino que existía la sospecha. Subrayó que correspondía al Poder Judicial resolver la legalidad de los actos de autoridad y el uso de recursos para la compra de predios.
La controversia escaló en el escenario nacional por la confrontación entre el PRI y Morena. Analistas advirtieron que el caso se inscribía en un contexto de pugnas políticas en torno a la Reforma Electoral y la reconfiguración del Congreso.
Consecuencias legales
De acuerdo con la expropiación anunciada por Layda Sansores, el procedimiento cumplió las disposiciones legales locales. El gobierno estatal notificó que la medida respondía a un proyecto educativo de interés público, prioritario para la entidad.
https://sociedad-noticias.com/2025/10/02/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-juevs-02-de-octubre-2025/
El conflicto entre el dirigente priista y el presidente nacional abrió un nuevo frente de disputas jurídicas. La expropiación de bienes y la aplicación de la extinción de dominio generaron debates sobre el uso de estas figuras en casos de corrupción política.
La FGR no se pronunció sobre el caso, pero especialistas jurídicos previeron que el litigio llegaría a tribunales federales. El desenlace podría sentar precedentes en materia de propiedad privada, corrupción y facultades de gobiernos estatales para expropiar. –sn–
Alejandro Moreno
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