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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Fox y Alito; el tamaño del fracaso del PRIAN

En los últimos días hemos visto en diferentes medios el encuentro entre el expresidente panista Vicente Fox y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Por Mario A. Medina

El hecho, por supuesto, fue nota. Una reunión que se llevó a cabo en la sede nacional del Revolucionario Institucional.

“¿Qué tiene que ver ese encuentro entre los dos políticos se podrán preguntar?”, particularmente los jóvenes que nacieron por allá del año 2000 y posteriormente.

El que el expresidente haya salido a los reflectores políticos lo observo como una fuerte preocupación de la derecha mexicana. Suponen torpemente -creo-, que las condiciones sociales, políticas, económicas e históricas son las mismas cuando el panista le arrebató al PRI la Presidencia de la República.

El cálculo, cualquiera que sea, tiene graves errores. Uno de esos errores es creer que Vicente Fox tiene aun la credibilidad y el arrastre que ciertamente tuvo en aquella elección presidencial cuando se enfrentó a un gris Francisco Labastida Ochoa y a un desprestigiado Partido Revolucionario Institucional que a la población ni la vía ni la escuchaba.

Es cierto, hay que reconocer que en aquel año electoral, Fox significó la esperanza de un cambio, por eso, entre la población “pegó” fuerte aquella frase del guanajuatense: “Voy a sacar al PRI a patadas de Los Pinos”; un dicho que se popularizó y a la gente le gustaba que Vicente Fox la repitiera por el desprecio que la población le tenía a ese partido.

Su estilo populachero y dicharachero era aplaudido. Llamaba “víboras prietas”, “alimañas” y “tepocatas” a los funcionarios de los gobiernos emanados del PRI y repetía una y otra vez que hablar del PRI era sinónimo de corrupción.

Como ex presidente de México (2000-2006), efectivamente, como recuerdan muchos, Fox construyó su imagen como opositor al PRI, uno de sus principales detractores, al menos verbalmente.

Hoy, ya decrépito, el PRIAN lo saca del sarcófago donde estaba cuidado con la técnica de la tanatopraxia, conservado con naftalina. Nos lo venden como oferta, como ganga, como un “cuadro” que los puede ayudar a vencer a Morena en las elecciones de 2027.

Aún recuerdo aquel debate presidencial que se trasmitió a nivel nacional en la televisión. Francisco Labastida se quejó que Fox se refirió a él con “expresiones homofóbicas”. “Me llamó”: “labestida”, “mandilón; el candidato panista le reviró: “señor Labastida, tal vez a mí se me quite lo majadero, pero a ustedes “lo mañoso, lo malos para gobernar y lo corrupto no se les va a quitar nunca”.

El 25 de abril del año 2000, el pasado viernes 4 de este mes, Vicente Fox, el que iba a sacar al PRI de Los Pinos, se reunió con uno de los personajes más corruptos y cínicos del PRI: Alejandro, “Alito”, Moreno. Fox, orgulloso, en sus redes sociales, presumió la foto con el priísta en el salón presidentes de la sede nacional del PRI.

La salida mediática, pública de Fox como su “estrella”, como su líder para vencer al proyecto de la 4T, muestra varias cosas: ni el PAN ni el PRI cuentan con personajes jóvenes que sean atractivos al electorado. Sus jóvenes con los que cuentan, forman parte del cártel Inmobiliario o acusados por delitos contra la administración de la justicia.

El que Vicente Fox y Alejandro Moreno sean su mayor baluarte frente a la población, lo mejorcito que tienen, muestra el tamaño de su fracaso.

Es dramática la realidad del PRIAN, no tiene a quién ofertar para convencernos que son la opción frente a Morena. Recurren al pasado, insisto, porque torpemente cree el México de hoy es el mismo que cuando arrancó este nuevo siglo.

Que no le cuenten

Otra vez Televisa, Otra vez Enrique Acevedo, Otra vez Denise Maerker. ¡Qué falta de profesionalismo!    

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Morena, el peligro de la autocomplacencia

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Opinión | Guadalupe Orona | El derecho a la vivienda y los jóvenes

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), “evidencia que la adquisición de una vivienda es inalcanzable para 80 por ciento de las familias con las percepciones más bajas”.

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

En México, según datos oficiales, cuatro de cada 10 familias no habitan una vivienda propia, y los hogares de menores recursos destinan aproximadamente un tercio de sus ingresos regulares al pago de renta, lo que reduce sus posibilidades para cubrir otras necesidades, como salud, educación, vestido, transporte y alimentación. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), “evidencia que la adquisición de una vivienda es inalcanzable para 80 por ciento de las familias con las percepciones más bajas”.

El gobierno federal tiene registrado un déficit habitacional en México de más de 9 millones de viviendas, aunque, “En 2021, Hábitat para la Humanidad, centro de estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que en México 14 millones de familias carecían de los medios económicos necesarios para comprar o construir una casa debido a que los ingresos de 60.6 millones de connacionales eran inferiores a la línea de bienestar” (El Universal 19 de febrero de 2026). Además, “una cuarta parte de la población total del país [32.5 millones de mexicanos] enfrenta algún tipo de riesgo en su habitabilidad, como deslave, o hacinamiento”.

Y dentro de la población mexicana que mayores dificultades enfrenta para adquirir una vivienda, están los jóvenes; pues, además del alto costo de la vivienda, tienen que enfrentar la precariedad laboral, bajos ingresos, incertidumbre laboral (el riesgo constante de perder el empleo) y, que la inmensa mayoría no pueden acceder a créditos hipotecarios, pues no tienen ingresos suficientes o propiedad que respalden un crédito.  

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023 señala que, “de un total de 23.1 millones de personas de entre 18 y 29 años, 7.2 millones de jóvenes tienen como principal meta financiera comprar o terminar de pagar su casa”. Pero las dificultades que enfrentan lo hacen casi imposible para el 75.5 % de ellos: “… Falta de ahorro (41.2%). Falta de oportunidades laborales o un salario insuficiente (34.3%)”.

Superar la barrera del precio se vuelve cada vez más imposible: “[…]actualmente los precios de la vivienda crecen 2.6 veces más que los salarios… De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre enero y marzo del 2026, el precio promedio nacional de la vivienda adquirida con crédito hipotecario fue de 2 millones 24,337 pesos. …Mientras tanto en México los jóvenes de 20 a 29 años perciben un ingreso promedio trimestral de 27,426 pesos. (El Economista, 10 de agosto 2026). Es decir, el salario no llega ni a los 10 mil pesos mensuales y para adquirir una vivienda a crédito se necesitan ingresos superiores a 32 mil 140 pesos mensuales. Así que, los jóvenes en nuestro país realmente enfrentan una severa crisis de acceso a la vivienda, debido a la gran diferencia entre sus salarios y los altos precios del mercado inmobiliario.

A las nuevas generaciones se les está complicando mucho más poder adquirir una vivienda, “están muy rezagadas y se ven obligadas a quedarse en casa de sus padres, lo que tiene un impacto en la dinámica de la sociedad”; impacta en el hacinamiento, en el crecimiento poblacional (actualmente hay menos natalidad) y en la salud mental y física de toda la familia. Obviamente, los retos que enfrentan los jóvenes para ejercer su derecho a una vivienda digna, derivan, como las demás dificultades, de las desigualdades estructurales del modo de producción capitalista, donde todo, absolutamente todo, es mercancía y se vende al mejor postor. Asimismo, a que el derecho a la vivienda, prácticamente en todas las entidades del país, ha sido convertido en letra muerta; los gobiernos no contemplan en sus presupuestos la adquisición de tierra, construcción y mejoramiento de vivienda popular. Ciertamente, el programa de la presidenta de la República contempla la construcción de un millón de viviendas durante su sexenio, pero dicha cantidad está muy lejos de abatir el déficit, además de que se trata de pequeños departamentos que los beneficiarios deberán pagar en 25 o 30 años, toda una vida.       

Así que, la lucha por la vivienda en todo el país es prioritaria si queremos tener, o al menos contribuir, a eliminar uno de los factores de enfermedad, inestabilidad emocional y violencia familiar, para tener así una población más productiva y menos estresada.  

Columna anterior: ¿Todos los estadounidenses viven bien?

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Morena, el peligro de la autocomplacencia

Muy sintomático lo dicho por la mandataria Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno (…)

Por Mario A. Medina

(…) “Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”.

Un mensaje claro, directo y a quien corresponda. Siguió: “Durante muchos años, mientras millones de mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad”.

Fue una especie de advertencia, de que su gobierno no va a permitir que esto le ocurra al proyecto de la cuarta transformación (4t).

El hecho de que la mandataria haya iniciado así su segundo informe muestra que en Palacio Nacional se han encendido las alarmas, frente a una serie de acontecimientos que van en sentido contrario con los principios que marca la “Guía ética de la 4t” que, por allá de 2020, dio a conocer el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquellos principios hablaban, además de “no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, de cumplir valores morales, culturales, espirituales, de ser sencillos, humildes, vivir en la justa medianía.

Era evidente que, más que temprano que tarde, el morenismo iba a empezar a sufrir una “descomposición natural” muy lamentable, por decir lo menos. Una suerte de mimetismo con las prácticas del prianismo.  Sí, aunque algunos no les guste aceptarlo.

En Morena hay sectores que ven con preocupación el que la historia se repita, por ello supongo que la mandataria ha llamado a las y los “pecadores” a comportarse “con profunda responsabilidad”, al tiempo que la nueva dirigencia nacional de Morena está librando una batalla porque la “Esperanza de México”, no se convierta en una nueva frustración estilo PRD. 

Observo en el mensaje de la mandataria una advertencia, pero al mismo tiempo, una preocupación de que ese proyecto del que ella fue una de sus constructoras, puede irse al traste.   

De esa “descomposición”, en esta semana, escribieron sendos análisis en Milenio Diario, Jorge Zepeda Patterson y Viridiana Ríos.

El primero habla de los “excesos tan visibles, tan innecesarios y fáciles de documentar” de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; de las “bolsas de Prada (compradas) en Tokio, vacaciones europeas, relojes de cientos de miles de pesos”, en alusión a Andrés Manuel López Betrán y otros, seguramente.

Igual de “autos de lujo, residencias (con costos) muy por encima de los ingresos conocidos, vuelos privados y palcos en espectáculos deportivos cuyo costo resulta indefendible para cualquier servidor público”.

Se pregunta Zepeda Patterson: “¿en qué piensan los funcionarios de la 4t? ¿Sí, en qué piensan?

Repiten, practican lo mismo que criticaban de los priistas y panistas; nos obligan a “pensar mal”, que no llegaron a Morena por principios éticos, morales sino para aprovecharse del cargo (“ponme donde hay”). Me imagino que entre montones de “obras selectas” de la literatura mexicana e internacional, en sus libreros, se apretuja la Guía ética que nunca se atrevieron a leer, menos a practicar.  

El segundo texto, el de Viri Ríos, es demoledor, pero debe de agradecerse poque hay que entenderlo como una sacudida, un llamado a despertar. Señala: “México tiene una mandataria cada vez más poderosa, pero un partido que la hunde, (…) un partido que está haciendo agua”.

Explica que la intención del voto por Morena ha caído el 10% según una encuesta de Enkoll, derivado, digo yo, de varios factores que cuando he platicado con amigos, familiares; de lo que se escucha en el transporte, se reconoce que esa caída es cierta, es lógica.

Uno de esos factores, por ejemplo, fue la pasividad del exprocurador general de la República, Alejandro Gertz, encubridor de intereses y no procurador de justicia. Lamentablemente fue premiado con una embajada en Alemania.

Pero no solamente los “pecadores” son estos personajes mediáticos; hay muchos, pero muchos “muy mal portados” que la militancia sabe, da cuenta de ellas, de ellos todos los días, de sus corruptelas, de su doble moral.

Viri Ríos habla de dos crisis de Morena; la primera la refiere como “una serie de escándalos de frivolidad”, una “colusión criminal del gobierno de Tabasco de Adán Augusto con «La Barredora” o de los “escándalos” de Gerardo Fernández Noroña y de Andrés Manuel López Beltrán.

La segunda, “la más grave”, cuando EU solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya.

El mensaje en dos líneas durante el segundo informe de la mandataria debe tener un sentido unívoco, el de poner orden en Morena, y que la advertencia de la presidente de este partido, Ariadna Montiel, que no avalará candidatos con “vínculos cuestionables ni pasados oscuros”, vaya en serio.

En Morena se permitió la afiliación de indeseables para alcanzar mayorías en Congreso, también su infiltraron de mafias que llegaron del PAN, PRI, PRD y otros grupos, pero para que en verdad sea la Esperanza de México, Ariadna debe ir más allá de una sanción, debe cortar cabezas y exhibirlas en la plaza pública.

El mensaje de advertencia en el informe no sólo debe quedar en un fraseo para las ocho columnas, debe significarse en lecciones a quienes se tengan que dar y las entiendan quienes las deban de entender.

De cara a las elecciones del año entrante, es interesante el análisis de Viri Ríos: “como mostró la primera crisis de Morena, el electorado no olvida y castiga el titubeo y la tardanza”.

Es hora de actuar a tiempo y de no dudar, porque la autocomplacencia es un peligro para Morena y la cuarta transformación.

Que no le cuenten

¿En verdad creen que con esas noticias falsas tan chafas, tan faltas de imaginación, tan gastadas como la de Reporte índigo que divulgó que poco antes de iniciar su segundo informe de gobierno, a la mandataria Claudia Sheinbaum le dio una crisis de nervios, la población se la va a tragar? No. Los va a mandar muy lejos Don Ramón.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Su sueño, hizo agua

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Julián Andrade – Marcaje personal | El INE y las cejas de Zabludovsky

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Los actuales consejeros del INE habrían sancionado a Jacobo Zabludovsky por el simple uso de sus cejas. En los años setenta y ochenta, el control de la información era severo, especialmente en la televisión. Jacobo conducía el noticiario de mayor alcance e influencia. Había momentos en los que se debía difundir alguna nota de ésas que eran mero compromiso político: intrascendentes, por regla general, pero indispensables para tranquilizar el ánimo de los funcionarios y aliviar los dolores de cabeza de sus áreas de comunicación social.

Jacobo, entonces, se limitaba a hacer una mueca o levantar las cejas. Era un pequeño editorial sin necesidad de cortinillas, un mensaje irónico que las audiencias entendían a la perfección. No podía existir reclamo formal: en aquellos tiempos nadie interponía una queja por ironía.

Sin embargo, el INE —como si no tuviera problemas más urgentes— intentó lo impensable: monitorear la ironía y el menosprecio en los medios. Por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana; de lo contrario, habríamos presenciado un verdadero disparate, incluso desde la perspectiva del análisis técnico cotidiano.

Lo grave radica en el intento: ese reflejo institucional de considerar a la ciudadanía como menor de edad y pretender educarla de forma absurda. Cada persona sabe qué opinar sobre los gestos, tonos o expresiones de los conductores de radio y televisión, y tiene el poder soberano de apagar el televisor o cambiar de estación. La disputa por las audiencias debe permanecer en el ámbito público, sin la intromisión de autoridades que, además, demuestran entender muy poco del oficio periodístico.

Hay una profunda arrogancia en pretender regular y dirigir la discusión pública. La clave del debate no radica en las prohibiciones, sino en la calidad.

Algo similar le ocurrió a Somos México, la organización política en formación que fue despojada de su nombre y colores. El argumento oficial fue que utilizar ambas palabras representaba una competencia desleal frente a los “desvalidos” partidos tradicionales, cuyos nombres no resultan tan potentes. Es la misma manía tutelar, la misma desconfianza en la autonomía ciudadana, aderezada con una buena dosis de rencor contra los integrantes de la agrupación que ahora se verá obligada a llamarse  Somos, a secas, para no agraviar a nadie.

Las resistencias a las libertades suelen provenir de lugares y personajes insospechados. Muchos de ellos pondrían el grito en el cielo si hicieran una recapitulación serena de su propia trayectoria. Deberían ponderar, ya sin ironía alguna, cómo debilitan a un órgano que alcanzó un enorme prestigio —incluso internacional— en un pasado nada lejano.

Mientras se entretienen supervisando ademanes, tendrían que observar con detenimiento cómo el crimen organizado, sin necesidad de manuales ni monitoreos, imprime su gramática del terror, empañando elecciones y comprometiendo la democracia.

El INE tiene múltiples obligaciones constitucionales, pero ninguna de ellas consiste en educar a los periodistas para evitar que incomoden a los políticos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Julián Andrade – Marcaje personal | La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán, el 25 de julio de 2024, donde fue asesinado Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser llevado a Estados Unidos.

Corrales Rodríguez trasladó a Cuén a la cita porque era de su confianza y se requería de discreción, ya que asistirían El Mayo Zambada, entonces líder el Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, para mediar entre el propio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, con el propósito de arreglar problemas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El gobernador, ahora con licencia, siempre ha negado su participación en el encuentro, e inclusive argumentó, en su momento, que se encontraba en Los Ángeles, California.

Más allá de los asistentes, se trató, como se sabe, de una trampa que, además, desató una de las espirales de violencia más grandes en la historia sinaloense, la que luego de dos años no ha concluido.

¿Qué es lo que sabe Corrales Rodríguez? ¿Se percató de quiénes en realidad asistieron al lugar? ¿Había presencia de grupos armados, además de las escoltas de los capos?

El grado de implicación del acompañante de Cuén es incierto y quizá hasta marginal, pero participó en el encubrimiento del asesinato y el secuestro, ya que declaró que la muerte de quien también era diputado electo ocurrió en una gasolinería, como consecuencia de un intento de asalto.

Esa historia se torna esencial, porque de ahí partió el montaje que realizó la Fiscalía de Sinaloa y que fue descubierto por la FGR cuando su titular era Alejandro Gertz.

Corrales Rodríguez se había librado del problema hasta ahora, pero la indagatoria hace indispensable que se aclarezca lo ocurrido, para tener una idea de la participación de servidores públicos de la fiscalía local en el enredo.

Al parecer, en la FGR están decididos a proceder contra diversos participantes en esos hechos, por lo que la detención de Corrales Rodríguez podría ser sólo el principio de otras tantas capturas.

Después de todo, es indispensable que se conozca a cabalidad lo que ocurrió aquel día en que se desmoronó una paz que estaba sostenida en componendas criminales.

Las aristas del problema en Sinaloa son complejas y algunas de ellas provienen de Estados Unidos, de ahí que sea indispensable el conocer lo ocurrido para procurar justicia, al menos en la parte que sí está en manos de las autoridades mexicanas. A estas alturas, pasados dos años, no hay detenidos específicos.

Otro aspecto, también inquietante —sólo relacionado en parte con la muerte de Cuén y el secuestro de El Mayo—, es lo que vendrá del desarrollo de las investigaciones que se realizan al norte del río Bravo, las que significaron una acusación de un gran jurado por la que solicitó la captura del gobernador y otros nueve servidores públicos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Opinión – Jonathan Cordero | «La Captura», dos agentes y un dilema que marcaría el rumbo de todo un país

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa (…)

Por Jonathan Cordero

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, no pudo eludir más a la justicia, tras el operativo “Cisne Negro” ejecutado por la Marina y otros acontecimientos casi fortuitos. Hoy, “El Chapo” cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos.

Con esa premisa, el director Chava Cartas, originario de Guadalajara, Jalisco, decidió llevar a la pantalla “La Captura”, que se estrenó apenas este 21 de agosto a través de Netflix, y que en solo unas horas ya es el filme más visto de la plataforma en más de 90 países, lo que deja claro el alcance no solo del streaming, sino del personaje criminal que en algún momento ocupó el sitio 701 en la lista de las personas más ricas del mundo realizada por la revista Forbes.

Basado en una crónica del periodista Héctor de Mauleón, el thriller es protagonizado por Alfonso Herrera, y coprotagonizado por Noe Hernández, quienes dan vida a un par de agentes de la extinta Policía Federal, que prácticamente por lo que algunos llamamos destino, aprehenden al líder del cártel y a su jefe de seguridad “El Cholo Iván”, y a partir de ahí se desata una serie de hechos que mantienen el suspenso en todo momento.

En la trama hay sin duda un punto central, el dilema. Y es que, de acuerdo con la historia, Joaquín Guzmán en más de una vez ofreció millones de pesos a los agentes federales para que lo liberaran en algún lugar de Sinaloa, que en ese momento ya estaba sitiado por halcones y gatilleros del cártel, sin que ni ellos ni la autoridad tuvieran certeza de dónde estaba el capo más buscado del mundo.

Lo que eso demuestra es que Guzmán Loera estaba seguro de que los dos policías que lo capturaron luego de su fallida huida en un Ford Focus color rojo robado en calles de Los Mochis tenían un precio; sin embargo, ante el dilema, los agentes no ceden y continúan con su labor, quizá sin imaginar los alcances de lo que esa captura representaba.

Surgen preguntas elementales, ¿Y si hubieran aceptado el soborno? ¿Y si hubieran sido otros los agentes? Lo cierto es que con el paso de las horas la pareja de policías toma decisiones que los conducen hasta un motel en las afueras de la ciudad de Los Mochis, desde donde solicitan apoyo de su superior, quien a su vez da aviso a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reiniciar el operativo y llegar por “El Chapo” y “El Cholo Iván” antes de que lo hagan sus células criminales.

Por inverosímil que parezca, porque recordemos que no hablamos de una historia ficticia, en la habitación 51 de aquel motel aguardaba su destino Joaquín Guzmán Loera, pero su suerte estaba echada, porque aún con la presión, amenazas en contra de su familia y la desconfianza de lo que pudiera pasar, el agente se mantuvo firme en su decisión y esperó hasta que arribaron los elementos de la Marina que finalmente arrestaron al jefe del cártel.

Siempre quedará la duda sobre lo que hubiera pasado si alguna de las determinaciones de los agentes hubiera sido distinta, pero más allá de eso, la película destaca sobre todo el buen actuar de dos policías que antepusieron su vocación, lealtad y amor a México por encima de intereses personales, de su integridad y la de sus familias. A 10 años de aquel suceso la duda quizá radica en qué ha cambiado en Sinaloa.

https://www.youtube.com/watch?v=uIaPDKA0-Y4&t=3s

*Periodista

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

¡Ah! Ya entendí por qué aquí los medios y opinadores, guardan silencio sobre quién es y quién lo apadrina en México.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

¡Ah! Ya entendí por qué aquí los medios y opinadores, guardan silencio sobre quién es y quién lo apadrina en México.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

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Opinión | Guadalupe Orona | ¿Todos los estadounidenses viven bien?

Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo (…)

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo y lleva en sus entrañas pobreza, marginación y discriminación; algunos datos nos son de utilidad para confirmarlo.   

Recientes estudios señalan que la desigualdad en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 1976, año a partir del cual existen datos comparables. “Las políticas de la segunda administración de Donald Trump están ampliándola, no sólo desde el plano fiscal, con ‘la Gran y Hermosa Ley’, que recortó una gran cantidad de programas sociales, sino también con su política comercial, que incrementa los costos de productos extranjeros y amenaza con golpear sobre todo a los más pobres”. Son los Estados Unidos el país que más ricos produce y son, asimismo, los más ricos entre los ricos. Actualmente, “…el uno por ciento más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50 por ciento más pobre. De hecho, la fortuna del 0.01 por ciento de los hogares con mayor riqueza en ese país ha aumentado en mil 843.3 por ciento desde 1976, en tanto que la del 50 por ciento más pobre lo ha hecho en apenas 119.7 por ciento, de acuerdo con una plataforma de la Universidad de California en Berkeley, que mide las brechas de acumulación en tiempo real”. La Jornada, 8 de agosto de 2025.

Estados Unidos, con una población de 341.8 millones, mantiene a más de 140 millones de sus habitantes en pobreza o con algún grado de vulnerabilidad, aunque ciertamente, las cifras oficiales reconocen solamente a 35.9 millones en esta condición, “el 10.6 por ciento, basándose solamente en sus umbrales de ingresos”. Pero si se incluyen costos de vida, salud y vivienda, la tasa alcanza el 12.9% (44.4 millones), y si se contempla a la población que tiene serias dificultades para cubrir gastos elementales y que, por lo tanto, tiene que depender en buena medida de los programas sociales, alcanza al 43% de la población, es decir, 147,060 millones de estadounidenses (United States Census).

En otros rublos a considerar, donde se entiende están incluidos esos estadounidenses en pobreza y que es un reflejo de ello, están los sin techo: “En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770,000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto…un aumento del 18 % respecto al 2023, donde el 40% corresponde a familias con hijos…”. (BBC News Mundo, 12 de agosto de 2025). Esta cifra incluye tanto a quienes duermen a la intemperie en la calle (conocidos como homeless) como a los que están alojados temporalmente en refugios asistenciales. La falta de acceso al servicio médico es otra muestra de la deprimente situación del pueblo estadounidense: “Se estima que 27.1 millones de personas (o un 8.0%) no tuvieron seguro médico en ningún momento durante el 2024”, según el Suplemento Social y Económico Anual de la Encuesta sobre la Población Actual (CPS ASEC, por sus siglas en inglés) del 2025.  

Otro gran problema que enfrenta la población de Estados Unidos es el escandaloso número de adictos, un grave problema de salud pública: Estados Unidos cuenta sus adictos por millones y “la cifra anual de dólares gastados en sustancias ilícitas la hace una verdadera industria de la economía estadounidense”. Las mismas cifras oficiales dan cuenta de ello: “En 2023, el 17.1% de la población estadounidense mayor de 12 años -aproximadamente 48.5 millones de personas- cumplía los criterios de un trastorno por consumo de sustancias” (havendetoxnow.com); además, alrededor de 28 millones de personas tienen dependencia o problemas severos con el alcohol”. Es decir, que 76.5 millones de habitantes, casi un cuarto de su población total es adicta, está enferma y, por lo tanto, incapacitada para actividades productivas.

         Esta es la situación del pueblo estadounidense, al que se recortan los programas sociales, no se invierte lo necesario en salud ni en vivienda, pero en cambio se gastan millones de dólares en hacer la guerra a otros países; en revoluciones de colores e invasiones descaradas para hacerse de sus riquezas naturales, ganancias que, por lo que describen las cifras, se concentran en la élite milmillonaria de los gringos. Mientras se aprueban recortes en salud pública, “…más de 550 millones de dólares en fondos federales para programas de salud y respuesta ante pandemias, y un recorte proyectado superior a 1 billón de dólares en Medicaid en la próxima década”; según la oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), se aumenta en el gasto militar: “…lo aprobado por el Congreso para defensa (yo diría para ataques) alcanza un billón de dólares, más del 9% del gasto público total..”

Este es el modelo de país que, de acuerdo con varios personajes de la derecha mundial y nacional, debemos seguir todos los habitantes del planeta; al que debemos subordinarnos sin chistar y aceptar que nos invada y gobierne; el que nos podrá curar de los males del narcotráfico, la violencia y la corrupción. Pero aquí está una pequeña muestra de su solvencia moral, del trato que le merecen sus propios ciudadanos, pero, por si no bastara, preguntemos a los habitantes de los países sometidos o a aquellos cuyos gobiernos se han entregado por completo a los brazos del imperialismo yanqui o peor aún, a quienes han sufrido embestida militar despiadada; miremos a Palestina y su franja de Gaza.

Columna anterior: Sin educación no hay transformación social

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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Opinión | Guadalupe Orona | ¿Todos los estadounidenses viven bien?

Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo (…)

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo y lleva en sus entrañas pobreza, marginación y discriminación; algunos datos nos son de utilidad para confirmarlo.   

Recientes estudios señalan que la desigualdad en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 1976, año a partir del cual existen datos comparables. “Las políticas de la segunda administración de Donald Trump están ampliándola, no sólo desde el plano fiscal, con ‘la Gran y Hermosa Ley’, que recortó una gran cantidad de programas sociales, sino también con su política comercial, que incrementa los costos de productos extranjeros y amenaza con golpear sobre todo a los más pobres”. Son los Estados Unidos el país que más ricos produce y son, asimismo, los más ricos entre los ricos. Actualmente, “…el uno por ciento más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50 por ciento más pobre. De hecho, la fortuna del 0.01 por ciento de los hogares con mayor riqueza en ese país ha aumentado en mil 843.3 por ciento desde 1976, en tanto que la del 50 por ciento más pobre lo ha hecho en apenas 119.7 por ciento, de acuerdo con una plataforma de la Universidad de California en Berkeley, que mide las brechas de acumulación en tiempo real”. La Jornada, 8 de agosto de 2025.

Estados Unidos, con una población de 341.8 millones, mantiene a más de 140 millones de sus habitantes en pobreza o con algún grado de vulnerabilidad, aunque ciertamente, las cifras oficiales reconocen solamente a 35.9 millones en esta condición, “el 10.6 por ciento, basándose solamente en sus umbrales de ingresos”. Pero si se incluyen costos de vida, salud y vivienda, la tasa alcanza el 12.9% (44.4 millones), y si se contempla a la población que tiene serias dificultades para cubrir gastos elementales y que, por lo tanto, tiene que depender en buena medida de los programas sociales, alcanza al 43% de la población, es decir, 147,060 millones de estadounidenses (United States Census).

En otros rublos a considerar, donde se entiende están incluidos esos estadounidenses en pobreza y que es un reflejo de ello, están los sin techo: “En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770,000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto…un aumento del 18 % respecto al 2023, donde el 40% corresponde a familias con hijos…”. (BBC News Mundo, 12 de agosto de 2025). Esta cifra incluye tanto a quienes duermen a la intemperie en la calle (conocidos como homeless) como a los que están alojados temporalmente en refugios asistenciales. La falta de acceso al servicio médico es otra muestra de la deprimente situación del pueblo estadounidense: “Se estima que 27.1 millones de personas (o un 8.0%) no tuvieron seguro médico en ningún momento durante el 2024”, según el Suplemento Social y Económico Anual de la Encuesta sobre la Población Actual (CPS ASEC, por sus siglas en inglés) del 2025.  

Otro gran problema que enfrenta la población de Estados Unidos es el escandaloso número de adictos, un grave problema de salud pública: Estados Unidos cuenta sus adictos por millones y “la cifra anual de dólares gastados en sustancias ilícitas la hace una verdadera industria de la economía estadounidense”. Las mismas cifras oficiales dan cuenta de ello: “En 2023, el 17.1% de la población estadounidense mayor de 12 años -aproximadamente 48.5 millones de personas- cumplía los criterios de un trastorno por consumo de sustancias” (havendetoxnow.com); además, alrededor de 28 millones de personas tienen dependencia o problemas severos con el alcohol”. Es decir, que 76.5 millones de habitantes, casi un cuarto de su población total es adicta, está enferma y, por lo tanto, incapacitada para actividades productivas.

Esta es la situación del pueblo estadounidense, al que se recortan los programas sociales, no se invierte lo necesario en salud ni en vivienda, pero en cambio se gastan millones de dólares en hacer la guerra a otros países; en revoluciones de colores e invasiones descaradas para hacerse de sus riquezas naturales, ganancias que, por lo que describen las cifras, se concentran en la élite milmillonaria de los gringos. Mientras se aprueban recortes en salud pública, “…más de 550 millones de dólares en fondos federales para programas de salud y respuesta ante pandemias, y un recorte proyectado superior a 1 billón de dólares en Medicaid en la próxima década”; según la oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), se aumenta en el gasto militar: “…lo aprobado por el Congreso para defensa (yo diría para ataques) alcanza un billón de dólares, más del 9% del gasto público total..”

Este es el modelo de país que, de acuerdo con varios personajes de la derecha mundial y nacional, debemos seguir todos los habitantes del planeta; al que debemos subordinarnos sin chistar y aceptar que nos invada y gobierne; el que nos podrá curar de los males del narcotráfico, la violencia y la corrupción. Pero aquí está una pequeña muestra de su solvencia moral, del trato que le merecen sus propios ciudadanos, pero, por si no bastara, preguntemos a los habitantes de los países sometidos o a aquellos cuyos gobiernos se han entregado por completo a los brazos del imperialismo yanqui o peor aún, a quienes han sufrido embestida militar despiadada; miremos a Palestina y su franja de Gaza.

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Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo (…)

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

Una vista muy somera a la situación del pueblo de los Estados Unidos, quizás nos ayude a entender que el país considerado como la potencia económica mundial, es por su naturaleza, uno de los más desiguales del mundo y lleva en sus entrañas pobreza, marginación y discriminación; algunos datos nos son de utilidad para confirmarlo.   

Recientes estudios señalan que la desigualdad en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde 1976, año a partir del cual existen datos comparables. “Las políticas de la segunda administración de Donald Trump están ampliándola, no sólo desde el plano fiscal, con ‘la Gran y Hermosa Ley’, que recortó una gran cantidad de programas sociales, sino también con su política comercial, que incrementa los costos de productos extranjeros y amenaza con golpear sobre todo a los más pobres”. Son los Estados Unidos el país que más ricos produce y son, asimismo, los más ricos entre los ricos. Actualmente, “…el uno por ciento más rico de Estados Unidos posee más de 54 billones de dólares. Esto es 468 veces más que el 50 por ciento más pobre. De hecho, la fortuna del 0.01 por ciento de los hogares con mayor riqueza en ese país ha aumentado en mil 843.3 por ciento desde 1976, en tanto que la del 50 por ciento más pobre lo ha hecho en apenas 119.7 por ciento, de acuerdo con una plataforma de la Universidad de California en Berkeley, que mide las brechas de acumulación en tiempo real”. La Jornada, 8 de agosto de 2025.

Estados Unidos, con una población de 341.8 millones, mantiene a más de 140 millones de sus habitantes en pobreza o con algún grado de vulnerabilidad, aunque ciertamente, las cifras oficiales reconocen solamente a 35.9 millones en esta condición, “el 10.6 por ciento, basándose solamente en sus umbrales de ingresos”. Pero si se incluyen costos de vida, salud y vivienda, la tasa alcanza el 12.9% (44.4 millones), y si se contempla a la población que tiene serias dificultades para cubrir gastos elementales y que, por lo tanto, tiene que depender en buena medida de los programas sociales, alcanza al 43% de la población, es decir, 147,060 millones de estadounidenses (United States Census).

En otros rublos a considerar, donde se entiende están incluidos esos estadounidenses en pobreza y que es un reflejo de ello, están los sin techo: “En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770,000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto…un aumento del 18 % respecto al 2023, donde el 40% corresponde a familias con hijos…”. (BBC News Mundo, 12 de agosto de 2025). Esta cifra incluye tanto a quienes duermen a la intemperie en la calle (conocidos como homeless) como a los que están alojados temporalmente en refugios asistenciales. La falta de acceso al servicio médico es otra muestra de la deprimente situación del pueblo estadounidense: “Se estima que 27.1 millones de personas (o un 8.0%) no tuvieron seguro médico en ningún momento durante el 2024”, según el Suplemento Social y Económico Anual de la Encuesta sobre la Población Actual (CPS ASEC, por sus siglas en inglés) del 2025.  

Otro gran problema que enfrenta la población de Estados Unidos es el escandaloso número de adictos, un grave problema de salud pública: Estados Unidos cuenta sus adictos por millones y “la cifra anual de dólares gastados en sustancias ilícitas la hace una verdadera industria de la economía estadounidense”. Las mismas cifras oficiales dan cuenta de ello: “En 2023, el 17.1% de la población estadounidense mayor de 12 años -aproximadamente 48.5 millones de personas- cumplía los criterios de un trastorno por consumo de sustancias” (havendetoxnow.com); además, alrededor de 28 millones de personas tienen dependencia o problemas severos con el alcohol”. Es decir, que 76.5 millones de habitantes, casi un cuarto de su población total es adicta, está enferma y, por lo tanto, incapacitada para actividades productivas.

Esta es la situación del pueblo estadounidense, al que se recortan los programas sociales, no se invierte lo necesario en salud ni en vivienda, pero en cambio se gastan millones de dólares en hacer la guerra a otros países; en revoluciones de colores e invasiones descaradas para hacerse de sus riquezas naturales, ganancias que, por lo que describen las cifras, se concentran en la élite milmillonaria de los gringos. Mientras se aprueban recortes en salud pública, “…más de 550 millones de dólares en fondos federales para programas de salud y respuesta ante pandemias, y un recorte proyectado superior a 1 billón de dólares en Medicaid en la próxima década”; según la oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), se aumenta en el gasto militar: “…lo aprobado por el Congreso para defensa (yo diría para ataques) alcanza un billón de dólares, más del 9% del gasto público total..”

Este es el modelo de país que, de acuerdo con varios personajes de la derecha mundial y nacional, debemos seguir todos los habitantes del planeta; al que debemos subordinarnos sin chistar y aceptar que nos invada y gobierne; el que nos podrá curar de los males del narcotráfico, la violencia y la corrupción. Pero aquí está una pequeña muestra de su solvencia moral, del trato que le merecen sus propios ciudadanos, pero, por si no bastara, preguntemos a los habitantes de los países sometidos o a aquellos cuyos gobiernos se han entregado por completo a los brazos del imperialismo yanqui o peor aún, a quienes han sufrido embestida militar despiadada; miremos a Palestina y su franja de Gaza.

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Sheinbaum niega investigación contra hijo de López Obrador por contrabando

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/sheinbaum-niega-investigacion-contra-hijo-lopez-obrador/

Sheinbaum niega investigación contra hijo de López Obrador por contrabando

https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/sheinbaum-niega-investigacion-contra-hijo-lopez-obrador/

Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

Uno de los misterios que prevalecen alrededor del caso Ayotzinapa es la identidad de El Patrón, el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La captura del exgobernador Ángel Aguirre podría abrir el telón y conocer, de una vez, a un sujeto que es, o era, el máximo dirigente de los Guerreros Unidos, superior jerárquico del alcalde José Luis Abarca, y con conexiones y mando sobre corporaciones municipales, estatales y hasta federales.

La principal testigo contra Aguirre es María del Rocío Estrada Ortega, que fungía como visitadora general del Poder Judicial guerrerense y quien, a decir del propio inculpado, trabajaba para El Patrón.

Estrada Ortega confesó, como está asentado en la orden de aprehensión de la causa penal 291/2006, que se robó los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de la presidente del Tribunal, Lambertina Galeana, y que son las que captaron lo ocurrido en el Puente de El Chipote, donde, por órdenes de El Patrón, policías municipales de Iguala y Huitzuco, detuvieron a entre 15 y 20 de los estudiantes de Ayotzinapa.

Estrada Ortega sostiene que entregó los materiales al propio Aguirre, pero no sería extraño que estuviera en realidad protegiendo a su verdadero jefe.

La entonces visitadora general estuvo sujeta a investigación porque en su calidad de ministerio público entorpeció las diligencias sobre el homicidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995. Es decir, tenía ya un largo historial de abusos y relaciones peligrosas.

Más allá de responsabilidades concretas de Aguirre, la FGR está en posibilidades de dar un gran paso en la investigación y lo tiene, ahí, a la mano, con la testigo que está colaborando.

Por supuesto que esto no variará lo que ya se sabe, pero podría permitir el contar con un mapa más acabado de las relaciones de protección con que contaron los perpetradores de las desapariciones en ese momento.

La CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, señala que es indispensable que la PGR (ahora FGR) indague sobre la identidad de El Patrón, ya que ello puede conducir al desenlace de la historia y precisar lo que ocurrió con los muchachos.

A las 23 horas del 26 de septiembre de esa noche trágica, El Patrón dio dos instrucciones, ya no llevar a los estudiantes a Huitzuco, sino trasladarlos a Cocula, y con “luz verde” para deshacerse de ellos.

Dar con El Patrón sí significaría un vuelco que abriría líneas de investigación que podrían fructificar en conocer y, en su caso, desmontar los apoyos políticos que hicieron posible lo que ocurrió en Iguala.

Y a ello se debe añadir el envío de los 90 restos óseos, encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan —que pueden tener material genético útil— a la Universidad de Innsbruck, en Austria, como colofón que permita, de una buena vez, propiciar justicia y no seguir enredando el asunto.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tendrá implicaciones relevantes sobre la forma en que las autoridades actuaron durante las horas y los días que siguieron a partir de la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Un aspecto esencial reside en lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde el autobús 1531 de Estrella Blanca, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales de Huitzuco e Iguala.

En teoría, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia debieron captar la escena, pero nunca se tuvo acceso a ellas.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con evidencias para establecer que fue el propio Aguirre quien ordenó destruir las grabaciones para borrar evidencias de lo acontecido en ese preciso lugar.

Por esa situación se encuentra detenida, desde mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, quien era la presidente del Poder Judicial guerrerense. Ella ha variado de versión a lo largo del tiempo: pasando del “no sabía”, a la destrucción “porque no aportaban nada” y ahora, con toda probabilidad, a colaborar con la FGR para obtener un criterio de oportunidad.

La CNDH, desde abril de 2016, reveló que, en el Puente del Chipote, fueron detenidos entre 14 y 20 normalistas. Inclusive, ya que un testigo de los hechos se animó a contar su versión, se sabe que en el lugar estuvieron también dos agentes de la Policía Federal.

Como todo era extraño en esos momentos, uno de los federales indagó sobre lo que estaba ocurriendo:

“¿Qué pasa con los chavos?”, preguntó el federal, y un municipal le aclaró que “allá atrás se chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.

Los videos del Palacio de Justicia, de existir, no aportarían más de lo que descubrió la CNDH y sobre lo que recomendó indagar.

Pero lo que resulta evidente es que lo acontecido en el Puente del Chipote, es clave para determinar una de las rutas de desaparición de los estudiantes y donde es notoria la participación de las autoridades.

La captura de Aguirre, más allá de las expectativas que generará, no cambiará la hipótesis central de lo ocurrido y que es la que se sostuvo desde los primeros momentos, señalando al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, las policías municipales de Iguala y Huitzuco que, en colusión con los Guerreros Unidos, desaparecieron a los 43 normalistas.

Político experimentado, tendrá que enfrentar la mayor prueba de su vida para desmontar las acusaciones en su contra, entre ellas las de estructurar toda una operación para borrar evidencias.

Aguirre, conviene recordarlo, tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre de 2014 y definitiva en abril de 2015.

Ayotzinapa fue un cisne negro y sus aleteos aún perturban casi 12 años después.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Plan B: la política del desquite y sus límites

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Opinión | Guadalupe Orona | Sin educación no hay transformación social

Estamos en el periodo de clausura del ciclo escolar y de graduaciones de miles de niños y jóvenes en diferentes instituciones de nivel básico, medio superior y superior.

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

Da gusto ver los rostros sonrientes y felices de los graduandos y los de sus padres, y confirmar la inteligencia y toda la simiente fértil que existe en nuestra niñez y juventud; su futuro debe ser parte de nuestra preocupación.

Y realmente nos debe preocupar a todos o, al menos la mayoría de este país, a quienes los vaivenes de la vida, la política oficial y las desmesuradas ansias de ganancia de los dueños del gran capital amenazan su futuro y bienestar.

Decía en colaboración anterior que el “Estado del bienestar” ha terminado en nuestro país y en casi todos aquellos del régimen capitalista; que el imperio encabezado por los Estados Unidos viene sometiendo descaradamente a la mayoría de los gobernantes del mundo, aun a aquellos que se hacen llamar de “izquierda” y, a quienes no se someten “por la buena” o traicionando a sus pueblos deliberadamente, los obligan a través de las armas, como lo demuestran más de 500 guerras promovidas o intervenciones por los Estados Unidos en los últimos 250 años. Su objetivo: apoderarse del mundo y de sus riquezas y apropiarse de todos los recursos económicos de los pueblos a través de la subordinación a sus políticas financieras dictadas por el FMI (Fondo Monetario Internacional), entre las cuales se encuentra la reducción drástica en gasto social: servicios básicos, salud, vivienda y educación.

Así se explican, entre otras razones, consecuencias de la causa madre, los graves niveles de pobreza en México y del gran rezago educativo. Así se revela por qué a la educación solamente se destina un 3% del PIB, cuando mínimamente debería ser del 6%; la razón de que en el nivel bachillerato la deserción sea del 40%, es decir, que sólo seis de cada 10 muchachos que ingresan logren concluirlo y, de estos, solamente 2.4 en promedio continúen estudiando; y como resultado, apenas 22% de la población adulta llegue a la licenciatura, de acuerdo con cifras de la OCDE.  

En reciente encuentro de rectores de Universia, se dieron cifras alarmantes en el nivel licenciatura: “Tres de cada 10 alumnos de nuevo ingreso a licenciatura en el país, tanto en instituciones públicas como privadas, abandonan sus estudios en el primer año […] y sólo 4.4 por ciento de los jóvenes más pobres logran cursar una carrera universitaria, lo que demuestra que el acceso a la educación superior aún es excluyente”. Sin instituciones educativas, sin jóvenes en las aulas, se evita una verdadera transformación social.

Y esa transformación social que debería estar impulsada por los jóvenes, se inhibe por todos los mecanismos y acciones de las que puede echar mano la clase gobernante, sus testaferros y su aparato burocrático, administrativo, judicial y de mediatización. Los jóvenes, como parte de la sociedad, también se encuentran sometidos a un aparato que comprende la producción, la distribución y el consumo; un aparato que determina su existencia diaria, sus necesidades y sus aspiraciones. Son  víctimas también del sistema explotador, de la violencia, de la enajenación, del permanente lavado de cerebro al que son sometidos a través de los diversos medios de comunicación; de las drogas, del alcohol y a hasta de las diferentes formas de diversión y de música.

Además de los insuficientes recursos invertidos en la educación por parte del Estado mexicano, otra gran insuficiencia es la calidad educativa, empeorada con las nuevas políticas, pues ahora menos se enseña, menos se educa. Pero esto, tampoco es novedad, está acorde con lo señalado anteriormente, pues cierto tipo de educación debe corresponder necesariamente a determinada base económica, a cierto tipo de sociedad e interés.

Se requiere una verdadera transformación en la educación para enseñar a pensar al estudiante, para generarle conciencia social y ansias de libertad, pero ello prácticamente no está permitido, pues una educación crítica y progresista entra en conflicto con los poderes, públicos y privados. La contradicción es una contradicción real: “la sociedad existente puede ofrecer la posibilidad de una educación para una sociedad mejor [pero], una educación así sería una amenaza para la sociedad existente”. Un cambio cualitativo, de calidad, en la educación, traería consecuentemente un cambio social cualitativo.

Cierto filosofo nos recuerda que Kant planteó como objetivo de la educación que “los niños fueran educados no de acuerdo con el presente, sino de acuerdo con una condición futura, mejor de la especie humana, de acuerdo con la idea de humanitas”. Es decir, del hombre verdadero, humano, del que cultiva los principios de respeto, solidaridad y empatía con su prójimo, del hombre en permanente desarrollo y en constante aprendizaje. Pero también nos señala que  dicho objetivo “implica todavía la subversión de la actual condición del hombre”.

Finalmente, sólo para precisar, cuando hablamos de las guerras o intervenciones imperialistas de los Estados Unidos a lo largo historia, sí, “Desde su independencia, Estados Unidos ha lanzado más de 500 intervenciones en el extranjero: un 60% del total en esos 250 años ha tenido lugar desde 1950,según un cálculo del Centro Fletcher de Estudios Estratégicos de la Universidad Tufts. Y se dispararon al final de la Guerra Fría, pese a las grandilocuentes tesis de entonces sobre el final de la Historia y la supuesta llegada de una benévola Pax Americana: un tercio del total de operaciones ha ocurrido desde 1999. La mayoría del total, en América Latina, aunque desde la era de la Guerra Fría los escenarios en Asia u Oriente Próximo se han ido haciendo más frecuentes” (El País, 2 de julio de 2026).

No se ha tratado de incidentes aislados o de una política guerrerista de tal o cual presidente ¡no! Ha sido una estrategia sistemática para apoderarse del mundo y sus riquezas: proteger los intereses económicos, asegurar rutas comerciales estratégicas, apropiarse de recursos naturales con la simulación de combatir el terrorismo o el narcotráfico o defender los derechos humanos o la democracia. Ahora el imperialismo enfrenta una competencia global cada vez mayor, incertidumbre económica y sobre su futuro papel en el mundo, y son precisamente la competencia y la incertidumbre lo que hoy vuelve más agresivo y mortífero al imperio.

Columna anterior: «Viviendas para el bienestar»

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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Opinión | Guadalupe Orona | «Viviendas para el bienestar»

El Estado del bienestar se terminó hace ya varias décadas en el mundo y, en México…

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

(…) al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado; cuando el neoliberalismo llega por sus fueros como una necesidad del imperialismo, modelo económico este caracterizado por el dominio mundial del capital financiero y de los monopolios. El neoliberalismo, como impulsor de la globalización económica y al servicio de los grandes potentados del mundo, aboga por privatizar todo, absolutamente todo: servicios básicos, salud, educación, vivienda, transporte; considera al Estado solamente como un “administrador” y guardián de la propiedad privada y no le confiere ninguna potestad en el mercado. Para esta política neoliberal no es obligación del Estado otorgar servicios públicos ni hacer que los grandes monopolios o ricos de la nación paguen impuestos. Así, el resultado, como lo vivimos en México, es un Estado del bienestar disminuido, reducido al mínimo apoyo social para contener la inconformidad social y mantener el status quo.

Así se explica, en buena medida, la cerrazón y oídos sordos a las demandas populares por parte del gobierno de la República y por la inmensa mayoría de los gobiernos estatales, con sus muy honrosísimas excepciones; por esa misma razón no aplican los suficientes recursos públicos a las grandes necesidades de la población, por ejemplo, a la salud, que de un 6% del PIB que debería aplicarse, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solamente se destina alrededor del 2.6%. Las cifras del propio gobierno lo admiten: “El gasto funcional en salud del gobierno federal alcanzó 615,424 millones de pesos entre enero y septiembre de 2025, lo que representa una caída real anual del 4.1%, según el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2025 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de la contracción más pronunciada para un periodo similar desde 2018, cuando el descenso fue de 4.2%, de acuerdo con las series históricas del gasto público federal”(Consultorsalud, 12 de noviembre 2025).

Si vemos lo que se destina a educación pública, los porcentajes son similares: del 6% mínimo que debería asignarse, sólo se aplica un 3% de PIB; esta es la causa de que existan miles de escuelas en el país sin sanitarios, sin canchas, sin laboratorios, sin aulas suficientes, sin energía eléctrica, y, en muchos casos, con salarios miserables a profesores frente a grupo, o incluso profesores a quienes se adeuda meses o años de salarios y que trabajan con cero prestaciones de seguridad social.

Así nos podemos explicar la calculada “negligencia e insensibilidad” gubernamental para no reconstruir todas las vialidades y puentes destruidos por las lluvias de octubre pasado en Hidalgo, Puebla y Veracruz, y las viviendas de las miles de familias que perdieron todo su patrimonio.

Misma razón está en el fondo de la negativa para atender los problemas de agua potable, drenaje, pavimentaciones de calle, apoyo al campo y a la vivienda; y misma causa para que en México el 40% de los hogares no tengan una vivienda propia, es decir, 15 millones 532 mil familias que no tienen casa propia, viven o bien pagando renta o con familiares o en inmuebles prestados, y que no existan programas gubernamentales que resuelvan de fondo la falta de vivienda para esos millones de hogares.

Ciertamente, la actual presidente de la República echó a andar el programa de “Viviendas para el Bienestar”, pero si nos asomamos, aunque sea someramente, a ver en qué consiste, descubriremos que para muchas familias no es opción, pues por su alto costo, alrededor de 600 mil pesos, comparado con los bajos salarios que perciben la mayoría de los “sin casa”, los deja fuera; además, aunque el promedio es de 3.4 habitantes por familia, existen muchas que rebasan ese promedio, que rondan entre 5-6 habitantes; residir en una vivienda de 60 metros cuadrados se vuelve casi imposible, sin mencionar los graves problemas que conlleva el hacinamiento.

Además, el programa contempla solamente la edificación de 1.8 millones de viviendas, cuando el déficit es mayor a los 15 millones; hasta los días que corren, solamente 274 mil se encuentran en proceso de construcción y, algunas que ya están terminadas, no pueden ser entregadas a los beneficiarios, pues aún no cuentan con los servicios públicos.

Al Imperialismo, como modelo de producción, que tiene como política económica la máxima concentración de la riqueza en unos cuantos milmillonarios, y prácticamente el exterminio del ser humano como tal, porque solamente es visto como mano de obra, tratado como fuente de riqueza, le debemos los grandes males del siglo: el gran número de pobres, las guerras y asesinato genocida de millones de seres humanos, el hambre y las enfermedades, y también los gobiernos sumisos que se pliegan a las políticas dictadas por los grandes corporativos. Y esta barbarie solo puede ser detenida por los pueblos, por los pueblos organizados y educados. Solamente podemos avanzar con mejoras para las comunidades y los millones de trabajadores con la organización y la lucha; debemos arrebatarle lo que por derecho corresponde al pueblo trabajador. No hay de otra.

Columna anterior: Urge un México Unido

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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Sheinbaum: «La gente sabe con certeza quién es López Obrador en la historia»

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Sheinbaum: «La gente sabe con certeza quién es López Obrador en la historia»

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López Obrador diz que Trump usa ‘tática hitleriana de repetir mentiras’ contra o México e pede volta do ‘outro Trump’

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López Obrador diz que Trump usa ‘tática hitleriana de repetir mentiras’ contra o México e pede volta do ‘outro Trump’

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"Andy" López Beltrán difundió una fotografía junto a Andrés Manuel #LópezObrador en plena construcción de su candidatura a diputado federal por Tabasco rumbo a 2027.

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"Andy" López Beltrán difundió una fotografía junto a Andrés Manuel #LópezObrador en plena construcción de su candidatura a diputado federal por Tabasco rumbo a 2027.

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«Andy» López Beltrán impulsa candidatura con imagen junto a AMLO

Andy López Beltrán difundió fotografía y fortaleció su aspiración electoral.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Andy López Beltrán reapareció en redes sociales con una fotografía junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de la construcción de su candidatura a diputado federal por Tabasco. La publicación incluyó el mensaje “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”. La imagen fue difundida días después de su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena.

El movimiento ocurrió en un contexto de alta exposición pública para el político tabasqueño. El pasado 25 de mayo formalizó su salida del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La decisión tuvo como objetivo competir por el Distrito Electoral Federal VI de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

La difusión de la fotografía coincidió con el inicio de una nueva etapa política para el hijo del exmandatario. El mensaje acompañó una estrategia de posicionamiento rumbo a la contienda electoral. La publicación generó atención entre militantes y observadores del escenario político nacional.

Aspiración electoral

En declaraciones recientes, Andy López Beltrán afirmó que durante 15 años permaneció alejado de cualquier candidatura de elección popular. El político sostuvo que evitó aprovechar el peso político del apellido familiar. También aseguró que buscaría competir bajo las mismas condiciones que el resto de los aspirantes.

Según sus propias declaraciones, informó a su padre sobre su decisión de competir por una diputación federal. El político explicó que la conversación fue de carácter personal. Asimismo, indicó que el expresidente respaldó su determinación.

La fotografía difundida en redes sociales apareció en un momento clave para la consolidación de su proyecto político. La imagen mostró al fundador del movimiento que dio origen a Morena. El contenido fue interpretado como parte de la estrategia de visibilidad del aspirante tabasqueño. –sn–

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El México de Andrés Manuel López Obrador, la 4ª Transformación

https://elchasque.com/2026/05/29/el-mexico-de-andres-manuel-lopez-obrador-la-4a-transformacion/

MÉXICO: Duros tiempos de transformación

https://elchasque.com/2026/05/29/mexico-duros-tiempos-de-transformacion/

Opinión | Guadalupe Orona | Bloqueos carreteros ¿chantajes o incapacidad gubernamental?

En el gobierno de la 4T, sobre todo en el sexenio de López Obrador, se institucionalizó la burocracia, la ineptitud y la corrupción; ejemplos documentados existen muchos.

Por Guadalupe Orona Urías*                                             

La incapacidad para gobernar no sólo se refleja en el malestar general de toda la sociedad, en las obras faraónicas construidas por capricho, sin sustento técnico ni económico, con inversiones multimillonarias; en la caída de los niveles educativos y de salud; en el desplome de la inversión en infraestructura, en el aumento del índice delictivo y de la violencia en todo el país, en la inflación, etc. También se refleja en la nula capacidad para dialogar con sectores inconformes u organizaciones sociales; negligencia o indolencia que ocasionan, necesariamente, manifestaciones públicas o bloqueos carreteros como único mecanismo para hacerse escuchar y lograr visualizar una demanda o un problema sin atender por las autoridades. 

En el gobierno de López Obrador las carreteras bloqueadas y cantidad de días de un bloqueo fueron en aumento,  “[…] en 2021 la Guardia Nacional reportó 2 mil 351 tomas de casetas y mil 548 bloqueos carreteros, que ese año se registraron principalmente en Sonora, donde indígenas yaquis bloquearon la carretera federal. Un caso extremo sucedió en Uruapan, Michoacán, donde las vías del ferrocarril fueron bloqueadas durante más de cien días por un grupo de maestros […]”(La Silla Rota, 12 de agosto de 2024).

La misma nota periodística nos informa que, “En 2022 hubo 158 tomas de casetas y 880 bloqueos carreteros y en 2023 se registraron 103 tomas de casetas y 813 obstrucciones de carreteras federales, destacando los estados de Chiapas y Oaxaca que concentraron el 45.4 por ciento de estas presuntas acciones de protesta social” . Es conocido que en algunos casos, sobre todo en estos estados hay “acuerdos” entre algunos grupos mercenarios y autoridades para cerrar carreteras y bloquear casetas de peaje, según sus intereses.

Llama a su vez la atención el bloqueo de la carretera México-Puebla, paralizada durante cinco días por ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, exigiendo la resolución de juicios de expropiación de tierras. A este bloqueo, el entonces presidente contestó airado, advirtiéndoles que “se podían quedar ahí todo el tiempo, (porque) lo que es justo se atiende de inmediato, (pero) cuando es transa no…” A varios grupos llamó chantajistas y declaró que “él jamás, desde la oposición, había realizado bloqueos”. A esta última declaración llovieron evidencias de lo contrario: “López Obrador conoce bien el tema, él mismo encabezó bloqueos y cierres carreteros en el pasado, pero ahora cancela el diálogo y se muestra inflexible.  En 1996 bloqueó 51 pozos petroleros en Tabasco y, tras su derrota en las elecciones presidenciales del 2006, el entonces candidato de la coalición «Por el bien de todos»[…] realizó un plantón frente al Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México”. (RetoDiario, 24 de agosto de 2024).

Por 47 días estuvo bloqueada la avenida Paseo de la Reforma.

Para la red carretera que opera Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el 2025 resultó un “año atípico” debido a los constantes bloqueos en casetas y vialidades. Particularmente en los últimos meses grupos de agricultores y transportistas  encabezaron estas movilizaciones, dejando varados a los automovilistas hasta por tres días en El Arco Norte y otras vialidades en el país: “Agricultores y transportistas iniciaron bloqueos carreteros en diferentes entidades del país. Los primeros rechazan la Ley de Aguas Nacionales y  los segundos piden un freno a los robos y extorsiones que padecen de manera constante”. Las protestas  exigen mejores condiciones para el campo, precios justos de materias primas y del maíz y seguridad para los transportistas.

 Además, debemos sumar los narcobloqueos en distintos puntos de la república y aquellos bloqueos en vialidades internas de las ciudades por falta de servicios básicos, fundamentalmente por falta de agua potable.  

Sin duda, ante un bloqueo carretero por varias horas o peor, por días, se pierden miles de horas-hombre, miles de citas de trabajo o médicas, se interrumpen las cadenas de suministro de mercancías provocando pérdidas millonarias para empresas, comercios y consumidores. Pero la responsabilidad mayor, sin duda, es del gobierno en turno, incapaz de comprender las demandas de sus gobernados y de atenderlas; su impericia para gobernar y tozudez trae como consecuencia las afectaciones a miles de ciudadanos.

Mientras los gobiernos estatales o el federal, según sea el caso, sigan pensando y operando como en su momento lo hizo el expresidente López Obrador, al decirle a los manifestantes “pueden quedarse ahí hasta que quieran porque no vamos a acordar nada así, nadie nos puede chantajear”, las cosas no se van a resolver, al contrario, al no existir interlocución y posibilidades de atención a las demandas de los manifestantes, las movilizaciones y bloqueos se seguirán presentando en número e intensidad mayor. Al gobierno le debe de interesar el número personas que se ven perjudicadas, pero también los reclamos sociales y debe resolverlos sin amenazas y sin agresiones.

Columna anterior: ¿Pensamos bien?

*Dirigente del Movimiento Antorchista en Hidalgo

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: «De Iztapalapa para el mundo»

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¡Sin invitados especiales! ✍️ Claudia Sheinbaum asegura que su primer Informe de Gobierno se centrará en la nueva etapa de su administración, sin la presencia de AMLO. Entérate de todos los detalles en el artículo. #Sheinbaum #LópezObrador #Transición #Noticias

Lee la nota: https://zurl.co/0q1Cg

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Opinión | Raúl García Araujo - En Corto | Adiós a la SCJN dorada

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http://sociedad-noticias.com/2025/08/26/opinion-raul-garcia-araujo-en-corto-adios-a-la-scjn-dorada/?utm_source=mastodon&utm_medium=jetpack_social

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El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

—o0o—

El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.

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El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

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El Balcón de la Sociedad | ISSSTE: cuando el derecho a la salud se enfrenta al laberinto de la negligencia

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad…

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad en los consultorios, pasillos y mostradores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revela un panorama de desgaste institucional que se aleja del principio constitucional de garantizar el derecho humano a la salud.

Pese a los anuncios sobre el fortalecimiento de la infraestructura médica, la ampliación presupuestal y la digitalización de procesos, el servicio cotidiano que reciben millones de derechohabientes evidencia ineficiencia, omisiones y maltrato. Lo que en papel luce moderno y funcional, en la práctica, se ha convertido en una travesía kafkiana.

La Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE es un caso paradigmático. Personas adultas mayores con enfermedades crónicas acuden una y otra vez a solicitar una cita especializada sin éxito. El Sistema de Referencia y Contrarreferencia (Sireco), que debería agilizar sus procesos, se convierte en una barrera más.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Digitalización sin voluntad institucional

El Sireco fue presentado como un sistema digital para facilitar el traslado de pacientes entre niveles de atención y especialidades. Su finalidad se basa en tres ejes: reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a especialistas.

Incluso el propio ISSSTE presume que, gracias a esta herramienta, la disponibilidad de medicamentos aumentó de 87 a 95 por ciento. Sin embargo, en ventanillas de atención como el de Cuitláhuac, el Sireco carece de operadores capacitados y comprometidos.

Esta brecha entre el discurso institucional y la vivencia cotidiana de los pacientes anula cualquier intención transformadora. No es solo una falla técnica o un caso aislado. Es una política pública desbordada por la negligencia administrativa.

El caso de la Clínica Cuitláhuac ha sido denunciado por múltiples usuarios que relatan cómo deben mendigar una cita, soportar malos tratos y resignarse a la indiferencia de quienes se supone deben proteger su salud.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Un derecho constitucional ignorado

La salud en México es un derecho establecido en el artículo 4º de la Constitución. El gobierno federal ha reiterado su compromiso con una atención digna, universal y gratuita. Pero mientras las fallas como las descritas no sean atendidas con firmeza, ese compromiso no trasciende del papel.

Los servicios públicos de salud deben garantizar accesibilidad, atención oportuna y trato respetuoso. La responsabilidad no recae únicamente en operadoras o personal de ventanilla, sino en quienes dirigen y diseñan las políticas de salud desde el centro.

Responsabilidad desde lo alto

En este contexto, el llamado es urgente. Claudia Sheinbaum, presidente de la República; David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud; Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Martí Batres, a cargo del ISSSTE, tienen una tarea monumental.

La expectativa no puede reducirse a conferencias o campañas informativas. Se trata de intervenir directamente en las clínicas, revisar el funcionamiento de sistemas como el SIRECO, y destituir a quienes sabotean desde dentro los esfuerzos institucionales, como Yadira Díaz, de la Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE.

El sistema público de salud, en especial el ISSSTE, no puede seguir operando con lógica burocrática mientras miles de pacientes ven comprometida su integridad física. La ineficacia también enferma, también mata, aunque no aparezca en diagnósticos.

La reconstrucción del ISSSTE no puede postergarse más. Si el gobierno federal se compromete con los derechos humanos, como lo promueve la Organización de las Naciones Unidas, debe comenzar por limpiar sus propias casas de salud.

—o0o—

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El Balcón de la Sociedad | ISSSTE: cuando el derecho a la salud se enfrenta al laberinto de la negligencia

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad…

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad en los consultorios, pasillos y mostradores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revela un panorama de desgaste institucional que se aleja del principio constitucional de garantizar el derecho humano a la salud.

Pese a los anuncios sobre el fortalecimiento de la infraestructura médica, la ampliación presupuestal y la digitalización de procesos, el servicio cotidiano que reciben millones de derechohabientes evidencia ineficiencia, omisiones y maltrato. Lo que en papel luce moderno y funcional, en la práctica, se ha convertido en una travesía kafkiana.

La Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE es un caso paradigmático. Personas adultas mayores con enfermedades crónicas acuden una y otra vez a solicitar una cita especializada sin éxito. El Sistema de Referencia y Contrarreferencia (Sireco), que debería agilizar sus procesos, se convierte en una barrera más.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Digitalización sin voluntad institucional

El Sireco fue presentado como un sistema digital para facilitar el traslado de pacientes entre niveles de atención y especialidades. Su finalidad se basa en tres ejes: reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a especialistas.

Incluso el propio ISSSTE presume que, gracias a esta herramienta, la disponibilidad de medicamentos aumentó de 87 a 95 por ciento. Sin embargo, en ventanillas de atención como el de Cuitláhuac, el Sireco carece de operadores capacitados y comprometidos.

Esta brecha entre el discurso institucional y la vivencia cotidiana de los pacientes anula cualquier intención transformadora. No es solo una falla técnica o un caso aislado. Es una política pública desbordada por la negligencia administrativa.

El caso de la Clínica Cuitláhuac ha sido denunciado por múltiples usuarios que relatan cómo deben mendigar una cita, soportar malos tratos y resignarse a la indiferencia de quienes se supone deben proteger su salud.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Un derecho constitucional ignorado

La salud en México es un derecho establecido en el artículo 4º de la Constitución. El gobierno federal ha reiterado su compromiso con una atención digna, universal y gratuita. Pero mientras las fallas como las descritas no sean atendidas con firmeza, ese compromiso no trasciende del papel.

Los servicios públicos de salud deben garantizar accesibilidad, atención oportuna y trato respetuoso. La responsabilidad no recae únicamente en operadoras o personal de ventanilla, sino en quienes dirigen y diseñan las políticas de salud desde el centro.

Responsabilidad desde lo alto

En este contexto, el llamado es urgente. Claudia Sheinbaum, presidente de la República; David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud; Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Martí Batres, a cargo del ISSSTE, tienen una tarea monumental.

La expectativa no puede reducirse a conferencias o campañas informativas. Se trata de intervenir directamente en las clínicas, revisar el funcionamiento de sistemas como el SIRECO, y destituir a quienes sabotean desde dentro los esfuerzos institucionales, como Yadira Díaz, de la Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE.

El sistema público de salud, en especial el ISSSTE, no puede seguir operando con lógica burocrática mientras miles de pacientes ven comprometida su integridad física. La ineficacia también enferma, también mata, aunque no aparezca en diagnósticos.

La reconstrucción del ISSSTE no puede postergarse más. Si el gobierno federal se compromete con los derechos humanos, como lo promueve la Organización de las Naciones Unidas, debe comenzar por limpiar sus propias casas de salud.

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El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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Los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum y las expectivas frente a Trump | vía #UChileRadio

https://radio.uchile.cl/2025/01/13/los-primeros-100-dias-de-gobierno-de-claudia-sheinbaum-y-las-expectivas-frente-a-trump/

#amlo #claudiasheinbaum #donaldtrump #eeuuymexico #estadosunidos #golfodeamerica #golfodeméxico #lopezobrador #méxico #planmexico #trump

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🇲🇽 Mexique | Lopez Obrador donne sa dernière conférence de presse en tant que président https://www.election-politique.com/index.php?display=M

#VuDansLaPresse #newspaper #Politique #politics #International #Mexique #Mexico #AMLO #LopezObrador

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(Imagen) “El presidente AMLO, mantiene una estrecha relación con el rapero-pederasta Puff Diddy”: #Falso | vía #FastCheckCL

https://www.fastcheck.cl/2024/09/30/imagen-el-presidente-amlo-mantiene-una-estrecha-relacion-con-el-rapero-pederasta-puff-diddy-falso/

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México se convierte en primer país del mundo que elegirá a sus jueces por voto popular

Tras la aprobación en el Senado, la reforma deberá ser ratificada por unos 17 congresos estatales, los cuales son controlados por el oficialismo y sus aliados en dos terceras partes; luego le tocará promulgar la reforma a la presidencia de México.
La entrada México se convier [...]

#Bloque1 #ClaudiaSheinbaum #Impreso #Jueces #LópezObrador #Mundo #SupremaCorte #VotoPopular #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/mundo/mexico-se-convierte-en-primer-pais-del-mundo-que-elegira-a-sus-jueces-por-voto-popular/

México se convierte en primer país del mundo que elegirá a sus jueces por voto popular

Tras la aprobación en el Senado, la reforma deberá ser ratificada por unos 17 congresos estatales, los cuales son controlados por el oficialismo y sus aliados en dos terceras partes; luego le tocará promulgar la reforma a la presidencia de México.
La entrada México se convier [...]

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#LopezObrador fez um discurso falando sobre os balanços de seu governo. É o último informe dele antes de passar o poder para sua sucessora, em 1° de outubro. #AMLO vai deixar saudades! Foi o melhor presidente que o #México já teve! 🥰❤️

https://actualidad.rt.com/actualidad/521368-lopez-obrador-ultimo-informe-gobierno-zocalo

#LopezObrador fez um discurso falando sobre os balanços de seu governo. É o último informe dele antes de passar o poder para sua sucessora, em 1° de outubro. #AMLO vai deixar saudades! Foi o melhor presidente que o #México já teve! 🥰❤️

https://actualidad.rt.com/actualidad/521368-lopez-obrador-ultimo-informe-gobierno-zocalo

President Andrés Manuel #LópezObrador [#AMLO] of #Mexico … has also called on the #UnitedStates to suspend #sanctions against #Venezuela & lift the blockade against #Cuba, saying that such measures would reduce #migration flows from those countries. And he has called proposals to build walls or close the #border as “electoral propaganda.”

#immigration #law #SCOTUS #FederalPower