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PT propone regular el uso de celulares en escuelas para fines exclusivamente educativos

El Partido del Trabajo (PT) urgió a aprobar reformas a la Ley General de Educación para que el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en preescolar, primaria y secundaria se limite a actividades pedagógicas durante el horario escolar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Partido del Trabajo (PT) llamó al Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas presentadas por sus grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Educación, con el propósito de que el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas públicas y privadas de educación básica quede restringido a actividades con fines pedagógicos.

Las propuestas plantean que, durante el horario escolar en planteles de preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos tecnológicos únicamente sean utilizados como herramientas para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje e innovación educativa.

El planteamiento se da en el contexto del debate nacional promovido por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha manifestado que cualquier regulación sobre el uso de plataformas digitales y dispositivos móviles debe construirse mediante el consenso entre autoridades, docentes, familias y especialistas, con el objetivo de proteger el desarrollo de menores y adolescentes.

Iniciativas buscan fortalecer el aprendizaje

De acuerdo con el PT, las reformas responden a estudios nacionales e internacionales que advierten sobre los efectos del uso indiscriminado de teléfonos celulares dentro de las aulas.

El partido sostuvo que la utilización constante de estos dispositivos puede afectar la concentración, reducir el rendimiento académico, limitar la convivencia entre estudiantes e incrementar riesgos como el ciberacoso y la exposición a contenidos no apropiados para menores de edad.

Las iniciativas precisan que la intención no es restringir el acceso a la tecnología, sino orientar su utilización hacia objetivos educativos que contribuyan al desarrollo integral del alumnado, incluida la educación especial para estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de aprendizaje.

Retoman recomendaciones de Inegi y la UNESCO

Como parte de la argumentación, las iniciativas incorporan información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual reportó un incremento de 14 millones de usuarios de internet en México.

También consideran las recomendaciones del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo que plantea que los gobiernos deben establecer reglas claras para proteger a los estudiantes de los efectos negativos asociados con el uso de la tecnología y garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales con fines educativos.

Buscan escuelas con menos distracciones

El PT afirmó que la evidencia internacional muestra que los sistemas educativos que regulan el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar registran mejores resultados académicos y favorecen ambientes de aprendizaje más seguros e incluyentes.

El partido señaló que estas reformas buscan contribuir a la construcción de entornos escolares donde el aprendizaje, la convivencia y el bienestar emocional de menores y adolescentes tengan prioridad durante las actividades académicas. –sn–

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PT impulsa reforma para regular el uso de celulares en escuelas de educación básica

El Partido del Trabajo propuso reformar la Ley General de Educación para que los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos se utilicen únicamente con fines pedagógicos en escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Partido del Trabajo (PT) llamó al Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas presentadas por sus grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Educación, con el propósito de regular el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Las propuestas buscan que estos equipos únicamente puedan utilizarse con fines pedagógicos durante la jornada escolar, como parte de una estrategia para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje e innovación educativa.

La iniciativa se suma al debate nacional sobre el uso de dispositivos móviles en los planteles escolares, tema que también ha sido abordado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha planteado que cualquier regulación debe construirse mediante el consenso entre autoridades educativas, docentes y familias.

Buscan reducir distracciones y riesgos digitales

El PT argumentó que diversas investigaciones nacionales e internacionales muestran que el uso indiscriminado de teléfonos celulares en las aulas puede afectar el rendimiento académico, disminuir la concentración de los estudiantes y aumentar riesgos como el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados.

De acuerdo con la propuesta, la intención no es prohibir el acceso a la tecnología, sino establecer reglas para que los dispositivos sean utilizados únicamente como herramientas de apoyo al aprendizaje.

Las reformas también contemplan fortalecer la educación especial mediante el uso de recursos tecnológicos que favorezcan la inclusión de estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de aprendizaje.

Iniciativa retoma datos del Inegi y recomendaciones de la UNESCO

El PT sustentó su propuesta en información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual documenta un incremento de 14 millones de usuarios de internet en México.

Asimismo, retomó recomendaciones del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde se plantea que los gobiernos deben establecer reglas claras para reducir los efectos negativos del uso de la tecnología en el entorno escolar y garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales con fines educativos.

Debate nacional sobre el uso de celulares en las aulas

La discusión sobre la regulación de teléfonos móviles en las escuelas ha cobrado fuerza en México y otros países, donde autoridades educativas analizan medidas para reducir las distracciones en clase y favorecer la convivencia entre los estudiantes.

Con estas iniciativas, el PT busca incorporar a la legislación criterios que permitan un uso responsable de la tecnología dentro de los planteles educativos, privilegiando el aprendizaje y la seguridad de los menores durante el horario escolar. –sn–

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Acoso sexual en escuelas, ¿qué dice la ley y cómo deben actuar la SEP y el SNTE?

Conoce qué establece la legislación mexicana sobre el acoso y abuso sexual en escuelas, cuáles son los protocolos de la SEP, el papel del SNTE, los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia de los docentes denunciados.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Las recientes denuncias de presunto acoso y abuso sexual en escuelas públicas y privadas, así como casos que han tenido amplia repercusión pública, reabrieron el debate en México sobre la responsabilidad de las autoridades educativas, la protección de los estudiantes y el respeto a la presunción de inocencia de los docentes señalados.

La legislación establece que cualquier denuncia relacionada con violencia sexual en el ámbito escolar debe atenderse con prontitud para salvaguardar la integridad de nuestros menores de edad. Al mismo tiempo, las investigaciones deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso, evitando condenas anticipadas o juicios mediáticos.

La complejidad de estos casos exige un equilibrio entre dos principios fundamentales: garantizar el interés superior de la niñez y respetar los derechos humanos de todas las personas involucradas.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/22/profesor-del-iems-se-priva-de-la-vida-negaba-acusacion-de-abuso-y-pedia-respetar-la-presuncion-de-inocencia/

¿Qué se considera acoso, hostigamiento y abuso sexual?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, el marco jurídico mexicano distingue diversas conductas.

El hostigamiento sexual generalmente implica una relación de subordinación entre quien realiza la conducta y la víctima, como puede ocurrir entre un profesor y un estudiante.

El acoso sexual consiste en actos de naturaleza sexual no consentidos que pueden presentarse aun cuando no exista una relación jerárquica.

El abuso sexual constituye un delito previsto en los códigos penales federal y estatales e implica actos sexuales realizados sin consentimiento o contra personas incapaces de otorgarlo legalmente.

Cuando las víctimas son menores de edad, las autoridades deben aplicar estándares reforzados de protección establecidos en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La obligación de proteger a los estudiantes

El artículo 3 de la Constitución reconoce el derecho a una educación libre de violencia. Asimismo, la Ley General de Educación obliga a las autoridades educativas a generar ambientes escolares seguros y establecer mecanismos para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de violencia.

Las escuelas públicas y privadas deben contar con protocolos para recibir denuncias, activar medidas de protección y canalizar los casos a las autoridades competentes cuando exista la posible comisión de un delito.

El interés superior de la niñez obliga a que cualquier riesgo sea atendido de manera inmediata, incluso antes de que concluya una investigación penal.

¿Qué puede hacer la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con protocolos para atender casos de violencia escolar, acoso y abuso sexual.

Entre sus atribuciones se encuentran:

• recibir denuncias;
• activar mecanismos de protección para estudiantes;
• separar preventivamente del contacto con alumnos al personal cuando las circunstancias lo ameriten;
• iniciar procedimientos administrativos;
• dar vista al Ministerio Público cuando existan indicios de un posible delito;
• brindar atención psicológica y acompañamiento a las víctimas.

Es importante señalar que la SEP no determina la responsabilidad penal de una persona. Esa facultad corresponde exclusivamente a las fiscalías y a los tribunales.

¿Cuál es el papel del SNTE?

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) representa laboralmente a los docentes afiliados.

Su función consiste principalmente en garantizar que los trabajadores reciban defensa sindical durante procedimientos administrativos o laborales.

Sin embargo, el sindicato tampoco sustituye las investigaciones ministeriales ni puede impedir que una autoridad educativa aplique medidas preventivas cuando exista una denuncia.

De igual forma, la representación sindical tampoco significa absolución automática de los docentes investigados.

El papel del sindicato consiste en vigilar que se respeten los derechos laborales y el debido proceso.

La presunción de inocencia también es un derecho

Uno de los principios fundamentales del sistema jurídico mexicano es la presunción de inocencia. Esto significa que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia firme emitida por un juez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las autoridades y los servidores públicos deben evitar expresiones que presenten como culpable a una persona antes de que concluya el proceso judicial.

Especialistas en derecho advierten que la exposición pública de personas investigadas puede provocar consecuencias irreversibles en su vida profesional, familiar y emocional, aun cuando posteriormente sean absueltas.

Por ello, diversos organismos nacionales e internacionales recomiendan informar con precisión, evitando sustituir las investigaciones judiciales por juicios en redes sociales o medios de comunicación.

Las víctimas también tienen derechos

El respeto a la presunción de inocencia no limita los derechos de las posibles víctimas. Las personas que denuncian violencia sexual tienen derecho a:

• presentar denuncias sin represalias;
• recibir atención médica y psicológica;
• obtener asesoría jurídica;
• acceder a medidas de protección;
• recibir acompañamiento institucional durante todo el procedimiento.

Las autoridades educativas y de procuración de justicia deben evitar cualquier forma de revictimización durante las investigaciones.

¿Qué ocurre cuando existe una denuncia?

El procedimiento puede desarrollarse en dos vías paralelas. La primera corresponde al ámbito administrativo, donde la autoridad educativa puede imponer medidas preventivas para proteger a los estudiantes.

La segunda corresponde al ámbito penal, donde el Ministerio Público investiga si existen elementos para judicializar el caso.

Ambos procedimientos son independientes. Una investigación administrativa no sustituye un proceso penal y una investigación penal tampoco determina automáticamente consecuencias laborales.

Un problema que requiere prevención

Diversos especialistas coinciden en que la mejor estrategia consiste en fortalecer los mecanismos preventivos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

• capacitación permanente para docentes;
• protocolos claros de actuación;
• canales confidenciales de denuncia;
• educación sobre violencia y consentimiento;
• participación de madres, padres y tutores;
• atención psicológica especializada;
• supervisión institucional continua.

La prevención también implica construir entornos donde estudiantes y trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones.

El reto de informar con responsabilidad

Los casos recientes han demostrado que una denuncia por presunta violencia sexual puede generar una fuerte repercusión social antes de que concluyan las investigaciones.

Mientras algunas víctimas enfrentan miedo para denunciar, personas acusadas sin sentencia también pueden sufrir daños irreparables en su reputación y entorno familiar.

Por ello, especialistas consideran indispensable que autoridades, instituciones educativas, sindicatos y medios de comunicación actúen con responsabilidad, privilegiando información verificada y evitando tanto la revictimización como las condenas anticipadas.

El desafío para el sistema educativo mexicano consiste en garantizar escuelas seguras para los estudiantes sin renunciar a los principios del Estado de derecho. La protección de la niñez, la investigación profesional de las denuncias y el respeto al debido proceso son elementos complementarios que deben coexistir para fortalecer la confianza en las instituciones educativas. –sn–

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Atención psicológica en escuelas avanza en propuesta legislativa

La iniciativa legislativa sobre salud mental infantil y juvenil avanzó con énfasis en prevención y atención. La propuesta buscó fortalecer la salud mental y ampliar la atención escolar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos expuso que la salud mental de niñas, niños y adolescentes requería una intervención inmediata, pues problemáticas como el suicidio y el acoso escolar se originaban en la ausencia de apoyo oportuno. Indicó que estos factores afectaban la estabilidad emocional de la población escolar y generaban riesgos en su vida cotidiana. Señaló que la prevención resultaba determinante para equilibrar ideas, emociones y conductas.

La legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el fin de que autoridades de los tres niveles de gobierno garantizaran la presencia de especialistas en salud mental dentro de los centros educativos. Explicó que la propuesta incluía atención psicológica directa para estudiantes y la incorporación de orientación profesional en los planes de estudio. Añadió que esta medida buscaba fortalecer las redes institucionales de acompañamiento.

Abigail Arredondo Ramos detalló que su proyecto incluía agregar una fracción al artículo 30 y otra al artículo 72, así como sumar un nuevo párrafo al artículo 73. Indicó que también modificaba el tercer párrafo vigente y actualizaba el artículo 80. Subrayó que estos ajustes pretendían integrar la salud mental como un componente estructural del sistema educativo.

Riesgos emocionales en aumento

La diputada afirmó que la atención psicológica oportuna funcionaba como mecanismo preventivo para evitar alteraciones emocionales severas. Indicó que tales alteraciones podían derivar en decisiones que afectaran la vida y la integridad de estudiantes. Recalcó que la intervención temprana constituía un recurso esencial para disminuir riesgos.

La legisladora advirtió que la ausencia de apoyo profesional podía generar efectos graves, entre ellos el suicidio. Citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportaron 8 mil 837 suicidios en 2023. Explicó que el 65.6 por ciento correspondía a personas menores de 40 años. Añadió que las estadísticas confirmaban la urgencia de actuar.

La diputada señaló que el grupo con mayor vulnerabilidad se ubicaba entre los 15 y 19 años. Recordó que la tasa nacional pasó de 4.9 a 6.8 casos por cada 100 mil habitantes entre 2013 y 2023. Indicó que el comportamiento al alza evidenciaba una problemática sostenida durante una década. Enfatizó que la tendencia debía abordarse desde las escuelas. –sn–

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Escuelas carecen de accesibilidad educativa: Celia Fonseca

La diputada Celia Fonseca alertó sobre carencias escolares y presentó iniciativa de inclusión. Brechas en infraestructura escolar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada Celia Fonseca alertó sobre carencias escolares en México y presentó una iniciativa sobre inclusión dentro de los recintos educacitovos en el país. Brechas en infraestructura escolar.

La legisladora del PVEM señaló que solo 23.14% de primarias y secundarias tuvo accesibilidad. Precisó que este déficit afectó gravemente a niñas, niños y adolescentes con discapacidades en todo el país. Informó que la carencia limitó el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Según datos presentados, más de un millón de jóvenes menores de 29 años resultaron afectados. La falta de infraestructura adaptada incidió en la calidad del aprendizaje y la permanencia escolar. La diputada enfatizó que las brechas educativas permanecieron como un reto urgente de atender.

La diputada federal recordó que promovió una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación. El proyecto buscó garantizar inclusión y accesibilidad para estudiantes con discapacidades en planteles educativos. Señaló que la medida formó parte de la agenda de la LXVI Legislatura.

El objetivo principal de la propuesta fue asegurar educación de calidad, inclusiva y digna. Celia Fonseca destacó que la iniciativa atendió mandatos constitucionales e internacionales asumidos por México. La legisladora planteó que ninguna persona con discapacidad quedara excluida de los planteles.

Carencias en estados críticos

La diputada explicó que el Estado debía asegurar espacios físicos seguros y accesibles en escuelas. Detalló que las condiciones mínimas incluyeron rampas, pasamanos, baños adaptados y mobiliario ergonómico. También señaló la urgencia de integrar recursos tecnológicos y apoyos adicionales para estudiantes.

Recordó que, pese a esfuerzos, la inversión en accesibilidad no cubrió las necesidades nacionales. Las deficiencias se agravaron tras la pandemia, que deterioró la infraestructura escolar en comunidades. Fonseca subrayó que la falta de presupuesto educativo amplió los rezagos en equipamiento.

De acuerdo con su informe, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán tuvieron mayores rezagos estructurales. Explicó que en esas entidades menos de 10% de escuelas contó con accesibilidad adecuada. La cifra reflejó una brecha mayor frente a la media nacional de infraestructura escolar.

Por ello, la diputada consideró indispensable garantizar espacios educativos universales en cada entidad. Propuso que los inmuebles incluyeran elevadores, pisos táctiles y señalización en braille. Además, planteó instalar sistemas de alerta visual y sonora en todas las aulas.

Inclusión en la agenda legislativa

La diputada del PVEM indicó que los planteles debían cumplir con normas nacionales e internacionales. Subrayó que la accesibilidad y seguridad formaron parte de compromisos internacionales de derechos humanos. Recordó que la ley mexicana reconoció el derecho a la educación sin discriminación.

Fonseca insistió en que los espacios físicos y mobiliario debían ser adaptables a necesidades. Recalcó que esta flexibilidad fue esencial para asegurar igualdad de oportunidades educativas. Además, apuntó que la equidad debía ser el principio rector de las políticas públicas.

La legisladora reiteró que el Congreso analizaría la propuesta en el próximo periodo ordinario. Explicó que la reforma buscó incorporar obligaciones explícitas para el Estado mexicano. La iniciativa pretendió garantizar inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles escolares.

La diputada recordó que el inicio del ciclo escolar 2025-2026 ocurrirá el 1 de septiembre. Señaló que el tema de la accesibilidad debe atenderse antes del regreso a clases. La legisladora planteó que la infraestructura deficiente afectó directamente a familias y comunidades.

Urgencia de infraestructura inclusiva

El planteamiento de Celia Fonseca sumó respaldo de legisladores del Partido Verde Ecologista. El grupo parlamentario coincidió en la necesidad de aprobar reformas para fortalecer derechos educativos. La diputada señaló que la propuesta se incluyó en la agenda prioritaria.

Además, puntualizó que el cumplimiento de estándares internacionales ayudaría a reducir desigualdades educativas. Aseguró que la adopción de normas de accesibilidad resultó indispensable en planteles rurales. La diputada subrayó que la educación inclusiva fortaleció el tejido social y comunitario.

En su posicionamiento, Celia Fonseca reiteró que el rezago no debía posponerse por falta de recursos. Consideró que las políticas educativas necesitaban ser acompañadas de inversión en infraestructura accesible. Destacó que este componente fue clave para garantizar igualdad sustantiva en escuelas.

La diputada concluyó que la reforma a la Ley General de Educación fortalecería la inclusión. Señaló que el proyecto representó un avance legislativo en favor de estudiantes con discapacidades. Reiteró que el Estado debía cumplir su obligación de garantizar educación inclusiva y digna. –sn–

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