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Fiscalía confirma centro de exterminio y fosa en Xalisco, Nayarit

La Fiscalía de Nayarit confirmó el hallazgo de un presunto centro de exterminio por incineración y una fosa clandestina en La Curva, Xalisco. Madres buscadoras participan en los trabajos para localizar e identificar posibles víctimas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) confirmó el hallazgo de un presunto centro de exterminio por incineración y una fosa clandestina en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde peritos y madres buscadoras participan en el procesamiento de la zona.

Los trabajos comenzaron el 3 de octubre y han permitido localizar prendas de vestir, fragmentos óseos carbonizados y otros indicios que son analizados para determinar su origen y establecer si existe relación con personas desaparecidas.

La fiscal general Elvia Ludmila Heredia Verdugo explicó que en el sitio fue localizada una estructura artesanal, descrita como una hornilla, que habría sido utilizada para incinerar cuerpos. También se investiga el hallazgo de restos que presuntamente fueron arrojados a un riachuelo cercano.

Investigan método utilizado para incinerar cuerpos

De acuerdo con la explicación de la fiscal, sobre la hornilla se colocaba un recipiente metálico que contenía diésel, gasolina y jabón. La hipótesis de investigación plantea que esta combinación habría facilitado la adherencia de los combustibles a la piel y las prendas para favorecer la incineración.

Durante el procesamiento también fueron localizados huesos carbonizados, cuya procedencia todavía debe establecerse mediante los estudios periciales correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cómo habría operado el sitio y si los indicios encontrados están relacionados con personas reportadas como desaparecidas.

Madres buscadoras participan en las diligencias

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas se incorporaron a las labores realizadas en La Curva, junto con personal ministerial y pericial.

El Colectivo Familias Unidas por Nayarit informó que participa en los trabajos de búsqueda y seguimiento de los indicios localizados, aunque precisó que todavía no es posible establecer la identidad o procedencia de los restos encontrados hasta que concluyan los análisis forenses.

De manera paralela, las autoridades procesan una fosa clandestina localizada en la misma zona, donde fueron encontrados cuerpos de reciente sepultura. Los estudios genéticos permitirán establecer posibles correspondencias e identificar a las víctimas.

Investigación continúa en Xalisco

La Fiscalía mantiene bajo procesamiento el sitio para localizar posibles fosas adicionales y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Hasta ahora, la autoridad no ha establecido públicamente una cifra definitiva de víctimas relacionadas con el lugar ni ha informado sobre identificaciones concluidas. La carbonización y fragmentación de algunos restos dificultan determinar de inmediato su número y procedencia. –sn–

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Madres exigen destitución de juez familiar en la Cdmx

Madres víctimas de violencia vicaria pidieron revisar la actuación de Araceli Cortés Eslava, juez Quinta de lo Familiar, a quien acusan de retrasar procesos, afectar casos de menores y favorecer presuntamente a deudores alimenticios.

Por Martín García | Reportero                                      

Un grupo de madres de familia pidió revisar la actuación de Araceli Cortés Eslava, juez del Juzgado Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), a quien acusan de retrasar procesos relacionados con violencia vicaria, custodia de menores y pensiones alimenticias.

Las mujeres se reunieron el 5 de octubre con Laura Mejía, asesora de la Presidencia del TSJCDMX, para presentar sus casos y solicitar la destitución de la juzgadora. Según las denunciantes, algunos expedientes involucran menores con reportes de depresión, autolesiones e ideación suicida, además de procesos contra presuntos deudores alimentarios.

Las inconformes señalaron que buscan que la actuación de Cortés Eslava sea investigada por las instancias competentes y que se determinen eventuales responsabilidades. Hasta la información disponible, el TSJCDMX no había emitido una respuesta pública a los señalamientos.

Madres denuncian retrasos en procesos familiares

Rosa Garduño, quien se identifica como víctima de violencia vicaria, relató que lleva cinco años sin ejercer la patria potestad de sus hijas, de 11 y 16 años, quienes viven con su padre en el Estado de México.

Garduño afirmó que uno de los obstáculos en su proceso ocurrió cuando, según su versión, el juzgado informó que no estaba cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia.

“Estaba informando que yo no estaba dando pensión alimenticia”, señaló la madre. Explicó que tuvo que presentar recibos de nómina y comprobantes de depósito para acreditar los pagos ante el juzgado del Estado de México.

La mujer sostuvo que, aunque desde mayo la juez se habría comprometido a actualizar esa información, el trámite continuaba sin avanzar, situación que, según su relato, prolongó el proceso para recuperar la patria potestad.

Señalan riesgos para menores

Otra de las madres, Maha Schekaibán, afirmó que sus cinco hijos permanecen con su progenitor pese a la existencia, según su versión, de informes del propio Poder Judicial y del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) que advierten sobre afectaciones emocionales y la necesidad de atención psicológica y psiquiátrica.

Schekaibán sostuvo que algunos documentos contienen referencias a autolesiones e ideación suicida y acusó a la juzgadora de no ordenar o exigir las evaluaciones y terapias que, de acuerdo con esos informes, requerirían los menores. Estos señalamientos corresponden a la versión de la madre y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre responsabilidad de la juez.

Las mujeres también denunciaron retrasos en acuerdos, solicitudes de información, ejecución de resoluciones y procedimientos relacionados con pensiones alimenticias. De acuerdo con sus testimonios, consideran que existen coincidencias entre distintos expedientes.

Solicitan intervención del Tribunal de Disciplina Judicial

Después de la reunión, las madres informaron que pedirán que el caso sea llevado ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, instancia que, de acuerdo con lo expuesto por las propias denunciantes, tendría facultades para revisar la actuación de los juzgadores.

La solicitud busca determinar si existieron omisiones, irregularidades o conductas que ameriten responsabilidad administrativa en los expedientes señalados.

Cortés Eslava asumió la titularidad del Juzgado Quinto de lo Familiar después de la elección judicial de 2025. El Congreso de la Cdmx registra a Araceli Cortés Eslava entre las personas que rindieron protesta como titulares de juzgados del Poder Judicial capitalino. –sn–

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Elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60% de juzgadores capacitados en justicia civil y familiar: Javier Corral

El senador Javier Corral afirmó que la elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi 60% de los juzgadores locales capacitados para implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La elección judicial de 2025 provocó la salida de casi 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados para implementar el nuevo modelo nacional de justicia civil y familiar, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado.

El legislador de Morena señaló que la renovación de los órganos jurisdiccionales generó una pérdida de personal especializado que ya había sido preparado para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista de manera gradual.

https://twitter.com/Erika_Velasco_/status/2100680557885538442?s=20

Corral vinculó esta situación con la posibilidad de volver a aplazar la implementación del nuevo ordenamiento, al considerar que el relevo de juzgadores implica recuperar la capacitación necesaria para operar el modelo nacional.

Elección judicial modificó la plantilla capacitada

Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corral explicó que el impacto de la elección judicial no se limita al cambio de titulares en los órganos jurisdiccionales.

El senador sostuvo que casi 60% de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados y formados para la transición al nuevo sistema dejaron de formar parte de la estructura judicial después del proceso electoral de 2025.

La declaración coincide con una preocupación que Corral ya había expresado meses atrás. En abril de 2026 señaló que la elección judicial de 2025 había generado la pérdida de 60% de los juzgadores locales capacitados para el nuevo modelo de procedimientos civiles y familiares.

El impacto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un modelo homologado para la impartición de justicia en estas materias y requiere procesos de capacitación y adaptación institucional antes de su aplicación.

Corral explicó que la pérdida de personal previamente formado representa una de las circunstancias que han llevado a plantear un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor del ordenamiento.

En declaraciones previas, el senador había señalado que la entrada en vigor está prevista para abril de 2027 y que incluso se analiza la posibilidad de modificar nuevamente ese calendario.

El señalamiento también fue planteado en el contexto de los trabajos legislativos para revisar la implementación de la reforma judicial y los mecanismos de preparación de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Senado busca incorporar conocimiento especializado

Durante el acto con el Inacipe, Corral sostuvo que los convenios entre el Senado y organismos especializados deben traducirse en participación efectiva de expertos en los procesos legislativos.

El acuerdo contempla colaboración en materia de capacitación, investigación, asesoría, docencia y espacios de diálogo relacionados con asuntos de justicia.

El presidente de la Comisión de Justicia planteó que la experiencia de especialistas puede contribuir a revisar los cambios derivados de la reforma judicial y a definir mecanismos de evaluación y capacitación para los próximos procesos de selección.

La discusión ocurre mientras el Poder Legislativo analiza modificaciones al funcionamiento del sistema judicial y las condiciones necesarias para garantizar la transición hacia el modelo nacional de justicia civil y familiar. –sn–

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Deudores alimentarios podrían realizar trabajo comunitario en la Cdmx

Una iniciativa de Pedro Haces Lago plantea que jueces familiares puedan imponer trabajo comunitario a deudores alimentarios que incumplan reiteradamente y sin justificación el pago de pensiones en Cdmx.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Deudores alimentarios que incumplan de manera reiterada e injustificada el pago de una pensión podrían ser obligados a realizar trabajo comunitario en Cdmx, de acuerdo con una iniciativa presentada por el diputado Pedro Haces Lago ante el Congreso capitalino.

La propuesta busca modificar el Código Civil local para otorgar a los jueces familiares una herramienta adicional frente a quienes incumplan resoluciones judiciales relacionadas con el pago de alimentos.

El planteamiento contempla adicionar el artículo 322 Bis al Código Civil de la Ciudad de México, con el propósito de que la medida pueda aplicarse cuando exista un incumplimiento reiterado y no justificado de la pensión alimenticia establecida por una autoridad judicial.

¿Cómo se aplicaría el trabajo comunitario?

La medida no sería automática ante cualquier retraso en el pago. La iniciativa establece que tendría que existir una resolución judicial fundada y motivada que determine la imposición del trabajo comunitario.

El juez familiar definiría la duración, las condiciones y el lugar donde deberá cumplirse la medida. Las actividades tendrían que realizarse en instituciones públicas y estar orientadas al beneficio colectivo.

Haces Lago argumentó que, aunque actualmente existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, persisten casos en los que personas obligadas al pago recurren a la informalidad laboral, ocultan ingresos o aparentan insolvencia para evadir el cumplimiento de resoluciones judiciales. –sn–

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ONU alerta sobre uso de la “alienación parental” en tribunales de familia de Israel

La relatora de la ONU Reem Alsalem expresó preocupación por el uso de la llamada “alienación parental” en tribunales de familia de Israel y advirtió sobre posibles afectaciones a madres y menores que denuncian violencia o abuso.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, expresó preocupación por un patrón que, según testimonios recibidos, estaría afectando a madres que denuncian violencia doméstica, abuso sexual infantil y otros riesgos para sus hijos ante tribunales de familia de Israel.

Alsalem señaló que 18 madres israelíes proporcionaron testimonios sobre casos en los que sus denuncias no habrían recibido la consideración necesaria durante decisiones relacionadas con custodia y visitas, mientras que acusaciones de “alienación parental” habrían sido utilizadas para cuestionar su credibilidad.

La experta advirtió que, en algunos casos, las madres habrían sido amenazadas con perder la custodia o con que sus hijos fueran internados en instituciones si continuaban denunciando situaciones de abuso. También manifestó preocupación por menores que, después de expresar miedo o revelar posibles hechos de violencia, habrían sido obligados a mantener contacto con el progenitor señalado.

ONU cuestiona uso de la “alienación parental”

Alsalem sostuvo que la llamada teoría de la “alienación parental” no debe utilizarse para desacreditar denuncias de violencia ni para desviar la obligación de investigar de manera exhaustiva e imparcial posibles abusos.

La relatora ha mantenido previamente una posición crítica respecto del uso de este concepto en procesos de custodia. En 2022, junto con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, advirtió que su utilización para desacreditar a mujeres que denuncian violencia puede contribuir a situaciones de violencia institucional.

La preocupación también ha sido planteada por organismos de Naciones Unidas en otros países. En distintos procesos de revisión se ha advertido sobre el riesgo de que las acusaciones de alienación parental sean utilizadas para restar valor a denuncias de violencia doméstica durante litigios por custodia.

Madres denuncian pérdida de custodia y contacto con sus hijos

De acuerdo con los testimonios recibidos por la relatora, algunas madres israelíes habrían sido calificadas como “alienadoras”, inestables o manipuladoras después de plantear preocupaciones relacionadas con la seguridad de sus hijos.

Alsalem afirmó que las denuncias sobre violencia de pareja, abuso sexual infantil, consumo de drogas y otros problemas de protección infantil no serían consideradas de manera sistemática como elementos determinantes en algunas decisiones judiciales sobre custodia y régimen de visitas.

En varios casos, según la información proporcionada a la experta, las madres habrían enfrentado advertencias sobre posibles cambios de custodia o internamiento de sus hijos, mientras que algunas habrían perdido efectivamente la custodia después de insistir en sus denuncias.

La relatora también expresó preocupación por el tratamiento dado a menores que manifiestan temor hacia uno de sus progenitores o presentan indicios de trauma.

Piden investigar denuncias de violencia contra menores

Alsalem señaló que los menores deben ser escuchados y que sus denuncias de abuso deben ser tomadas en serio, particularmente cuando existen elementos que puedan indicar situaciones de violencia.

La experta cuestionó asimismo la utilización de las llamadas “terapias de reunificación” en casos en los que los menores han expresado temor o han reportado posibles agresiones.

A su juicio, las decisiones relacionadas con custodia y convivencia deben colocar en primer lugar la seguridad, dignidad y derechos de los menores, sin utilizar acusaciones de alienación parental como mecanismo para silenciar denuncias.

Relatora pide cambios al sistema israelí

La relatora especial reiteró su llamado al Gobierno de Israel y a los tribunales de familia para revisar y derogar leyes y políticas que, según su planteamiento, permiten utilizar el concepto de alienación parental para desacreditar preocupaciones legítimas sobre la protección de mujeres y menores.

También recordó que los Estados tienen la obligación de modificar prácticas legales o consuetudinarias que perpetúen o toleren la violencia contra las mujeres.

La experta subrayó que el interés superior del menor debe ocupar un lugar central en los procedimientos que afectan su vida, incluidas las decisiones sobre custodia y régimen de visitas.

Alsalem indicó que mantiene contacto con el Gobierno israelí para abordar las preocupaciones planteadas. –sn–

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Propone Moreira reforzar pensión alimentaria para menores con discapacidad

La iniciativa garantiza que otros familiares puedan responder de manera subsidiaria cuando exista incumplimiento reiterado o injustificado de los padres.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

A fin de evitar que niñas, niños y adolescentes con discapacidad o neurodivergencia queden desamparados cuando alguno de sus padres incumple con la obligación alimentaria, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar el artículo 303 del Código Civil Federal y fortalecer su protección.

El legislador del PRI explicó que actualmente la ley exige acreditar la imposibilidad económica, física o mental absoluta de los progenitores para que la obligación alimentaria recaiga en otros ascendientes. Sin embargo, en numerosos casos existe capacidad de pago, pero simplemente no se cumple con la responsabilidad, lo que deja a los menores sin acceso oportuno a recursos indispensables para su desarrollo.

Moreira Valdez señaló que esta situación resulta particularmente grave cuando se trata de personas con discapacidad o neurodivergencia, ya que la falta de pensión no sólo afecta su alimentación o educación, sino que puede interrumpir terapias, tratamientos médicos, procesos de rehabilitación y otros apoyos fundamentales para su inclusión y calidad de vida.

La propuesta establece que, en estos casos, bastará acreditar el incumplimiento reiterado o injustificado de la pensión alimenticia para que la obligación recaiga de manera subsidiaria en los demás ascendientes, sin necesidad de demostrar la imposibilidad absoluta de los padres.

El coordinador parlamentario destacó que la iniciativa retoma criterios recientes del Poder Judicial y armoniza la legislación con los principios constitucionales de interés superior de la niñez, igualdad, no discriminación y protección de los derechos de las personas con discapacidad. –sn–

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Congreso capitalino impulsa reforma por pensión alimenticia

Por vacios legales se evaden obligaciones alimentarias 

Por Luis Muñoz | Reportero                                                      

El Estado no puede permanecer omiso frente a quienes evaden sus obligaciones alimentarias aprovechando los vacios legales, un problema que afecta directamente a miles de niñas, niños y familias.

Para solucionar esta problemática, en el Congreso de la Ciudad de México se impulsa una reforma para proteger a la niñez de esta ciudad capital.

El diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso, presentó ante el Pleno el dictamen a la iniciativa suscrita por la diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, que propone reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del ISSSTE, en materia de garantía de pensión alimenticia.

En su mensaje, el legislador dijo que “cuando una pensión no llega, no es un trámite el que falla; es la vida diaria de una niña o un niño la que se ve afectada”.

Por ello precisó que la iniciativa plantea que, en casos excepcionales y bajo control judicial, se pueda acceder de manera proporcional a los recursos de las cuentas individuales para el retiro cuando exista incumplimiento de pensiones alimenticias. 

“No puede haber un derecho patrimonial futuro por encima de un derecho fundamental presente. No puede protegerse el ahorro mientras se desprotege a la niñez”, sostuvo.

Destacó, además, que la propuesta busca armonizar el derecho al ahorro con el interés superior de la infancia y fortalecer la justicia para las mujeres que, en la mayoría de los casos, asumen solas las tareas de cuidado.

El dictamen fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y enviado a la Cámara de Diputados federal para continuar con el proceso legislativo correspondiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y cierren espacios a la evasión de responsabilidades. –sn–

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Impulsan reforma histórica para garantizar adopciones plenas y derechos de la niñez en México

 El DIF Nacional reitera el compromiso de garantizar en todo momento el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y asegurar así su interés superior

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

En el marco del Día Nacional de la Adopción, que se conmemora cada 9 de abril, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) da a conocer tres acciones estratégicas impulsadas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) que marcan un antes y un después en el derecho a la familia en México, así como el Cuarto Informe de Adopción, elaborado por el Instituto Newman.

El DIF Nacional informa sobre estas tres acciones estratégicas impulsadas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) que reflejan un avance histórico en la homologación del proceso de adopción en México:

1. Hacia adopciones plenas e irrevocables en todo el país

En abril de 2025, la Procuraduría Federal promovió seis juicios de amparo indirecto contra los Congresos de Sonora, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Campeche, que conservaban la figura de la adopción simple —modalidad revocable y discriminatoria que vulnera la seguridad jurídica de las personas menores de edad—. La mayoría de los amparos han sido resueltos de manera favorable y dos serán revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que abre la posibilidad de un criterio vinculante para toda la República que garantice que en todos los casos las adopciones sean únicas, plenas e irrevocables, generando un parentesco idéntico al consanguíneo.

1. Actas de nacimiento provisionales para niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos de adopción

En febrero de 2026, la Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios promovida por la Procuraduría Federal y determinó que, en los juicios de amparo indirecto, procede otorgar como medida cautelar actas de nacimiento provisionales a niñas, niños y adolescentes en acogimiento pre – adoptivo cuyos procesos se hayan complejizado, garantizando así su derecho a la identidad durante la tramitación del proceso judicial de adopción.

1. Hacia una Ley Nacional de Adopciones

El DIF Nacional, por conducto de la Procuraduría Federal, impulsa la construcción de una Ley Nacional de Adopciones que homologue los procesos administrativos y judiciales en todo el territorio. Este instrumento permitirá superar la fragmentación actual, caracterizada por criterios de evaluación distintos, tiempos dispares y regulaciones locales en ocasiones incompatibles con la LGDNNA. –sn–

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Pensión alimenticia es derecho humano y su incumplimiento es sancionable

El incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

Por Martín García | Reportero                                      

La pensión alimenticia es un derecho humano esencial para la subsistencia, y su obligatoriedad recae principalmente en los progenitores, extendiéndose a otros parientes si es necesario, así lo afirmó Gerardo Ortiz Marmolejo, juez en materia Familiar de proceso escrito del Tribunal Superior de Justicia TSJ de la ciudad de México (Cdmx), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Ortiz Marmolejo subrayó que la pensión alimenticia es esencial ya que garantiza recursos para la salud, alimentación, vestido, esparcimiento y educación de personas menores de edad, con diversidad funcional y adultos mayores que no pueden proveerse por sí mismos.

Advirtió que el incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

El impartidor de justicia destacó que las principales consecuencias de incumplimiento son: la inscripción en el Registro de Deudores Morosos, restricciones personales, en las cuales el deudor puede enfrentar la restricción para obtener licencias de conducir o incluso la prohibición de salir del país, y la vía penal, la cual puede configurarse como delito en casos donde se busca evadir la responsabilidad dejando el trabajo. –sn–

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