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2026-09-09

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.
Por Raúl García Araujo
De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.
La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.
Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.
Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.
El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.
Alejandro Armenta
El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.
A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.
La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.
Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.
Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.
Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.
La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.
Omar García Harfuch
Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.
Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.
Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.
La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.
Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.
Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.
Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.
La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.
Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.
En Cortito
Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.
La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.
La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.
No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-09-02

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.
Por Raúl García Araujo
El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.
Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.
En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.
Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.
Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.
La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.
En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.
Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.
En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.
No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.
La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.
En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.
Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.
Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.
Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».
La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.
Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.
No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.
En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.
También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.
El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.
Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.
La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.
El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.
Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.
Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.
Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.
Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.
En Cortito
Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.
La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.
El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.
El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.
A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.
Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.
La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.
La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.
Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027
Raúl García Araujo
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2026-08-26

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morena pone orden rumbo al 2027

Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.
Por Raúl García Araujo
La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.
Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.
La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.
Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.
Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.
Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.
Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.
Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.
Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.
Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.
Layda Sansores
La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.
No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.
Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.
Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.
El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La mandataria ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.
Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.
Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.
Citlalli Hernández
Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.
Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.
El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.
Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.
Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.
La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.
Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.
En Cortito
Nos cuentan que en el estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.
Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.
La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.
Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.
Eruviel Avila
Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.
En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.
La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-08-19

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla

Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.
Por Raúl García Araujo
“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.
Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.
La transformación empieza a medirse en hechos concretos.
La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.
La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.
Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.
Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.
La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.
La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.
Alejandro Armenta
Los resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.
Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.
En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.
La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.
La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.
La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.
El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.
En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.
El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.
Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.
Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.
Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.
El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.
Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.
Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.
Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.
Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.
En Cortito
Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.
La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.
José Luis Urióstegui Salgado
Después, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.
También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.
Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.
El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.
Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-08-12

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.
Por Raúl García Araujo
La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.
Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.
El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.
La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.
Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.
Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.
De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.
Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.
La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.
La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.
Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.
El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.
En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.
Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.
Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.
Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.
Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.
En Cortito
Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.
Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.
La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.
La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.
La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.
Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.
La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-08-05

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta entrega resultados a Sheinbaum

La visita de la presidente Claudia Sheinbaum a Puebla el próximo domingo tiene una lectura que va mucho más allá de la agenda oficial.
Por Raúl García Araujo
En el círculo cercano de la mandataria saben que Alejandro Armenta llega a ese encuentro con resultados bajo el brazo y con una propuesta que, de concretarse, cambiaría la proyección turística y económica del estado para los próximos años.
No es casualidad que la gira ocurra cuando Puebla acaba de asegurar la sede del Tianguis Turístico 2027.
El mensaje político es evidente: mientras otras entidades siguen compitiendo por atraer inversiones y eventos internacionales, el gobierno poblano ya tiene en sus manos el escaparate más importante de la industria turística del país.
La noticia no es menor. Después de un proceso de evaluación, Puebla convenció a los principales organismos del sector de que cuenta con la infraestructura, la conectividad, la oferta hotelera y las condiciones para organizar un encuentro que reunirá a compradores nacionales e internacionales.
Alejandro Armenta
En términos políticos, el logro también representa un voto de confianza a la estrategia que la administración estatal ha impulsado desde el inicio de su gestión.
Pero quienes conocen la ruta que seguirá la conversación entre la presidenta Sheinbaum y el gobernador aseguran que ese será apenas el primer tema.
Alejandro Armenta pondrá sobre la mesa un proyecto todavía más ambicioso: abrir la puerta para que Puebla sea sede de los Latin Grammy en 2027.
La propuesta ya comenzó a analizarse bajo una premisa que el mandatario considera innegociable: que exista una participación importante de la iniciativa privada para que el beneficio económico supere ampliamente la inversión pública.
No sería la primera vez que una decisión de esa naturaleza genera debate. También ocurrió cuando se cuestionó la inversión destinada para traer a la Selección de España.
Al final, los estudios realizados por el propio gobierno concluyeron que la derrama económica para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios justificó la apuesta.
Ese precedente hoy fortalece el argumento para pensar en un evento de alcance global.
Hay otro elemento que tampoco pasará desapercibido.
Armenta aprovechará la visita presidencial para entregar un balance de los primeros 600 días de su administración.
No será un documento para acumular cifras ni para alimentar discursos.
La intención es mostrar cómo las decisiones de gobierno comienzan a reflejarse en crecimiento económico, mayor actividad turística, mejores indicadores de seguridad, atracción de inversiones y posicionamiento nacional.
Más de uno en Morena observa con atención ese momento. No solamente porque Puebla se ha convertido en una de las entidades con mayor dinamismo, sino porque la evaluación presidencial suele medir mucho más que indicadores.
También pesa la capacidad de gobernar, cumplir compromisos y mantener una agenda alineada con las prioridades nacionales.
Por eso la gira del domingo difícilmente será protocolaria. Claudia Sheinbaum llegará a un estado que presume resultados, pero también proyectos de largo alcance.
Y en política, cuando un gobernador presenta avances concretos y además plantea nuevas metas, el mensaje suele ser uno: no está administrando el presente; está buscando construir el futuro.
En Cortito
Nos cuentan que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, y su equipo de trabajo tienen ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de realizar ajustes administrativos o aceptar la salida de funcionarios.
La crisis generada por las irregularidades detectadas en el primer examen de admisión en línea para licenciatura exige una investigación profunda que permita conocer qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué fallas hicieron posible que un proceso tan sensible para miles de aspirantes quedara bajo cuestionamiento.
El nombramiento de Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la UNAM, en sustitución de Patricia Dolores Dávila Aranda, representa una respuesta inmediata ante la polémica, pero no puede convertirse en el punto final de un problema que afecta directamente la credibilidad de la máxima casa de estudios del país.
Javier de la Fuente Hernández
La UNAM no sólo es una institución educativa; es un referente nacional e internacional construido durante décadas sobre la base de su rigor académico, transparencia y confianza social.
Por ello, el rector Lomelí debe ir más allá de los cambios en su equipo cercano y encabezar una revisión exhaustiva que permita deslindar responsabilidades, corregir procesos y garantizar que ningún interés interno o externo haya puesto en riesgo el prestigio de la Universidad.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Kukulcán: la estrategia que silenció a los críticos
Raúl García Araujo
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2026-07-29

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Kukulcán: la estrategia que silenció a los críticos

La apuesta por el fracaso de México quedó sepultada con el silbatazo final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Por Raúl García Araujo
Quienes durante meses anunciaron escenarios de violencia, caos y desorden para desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum se quedaron sin argumentos.
El mundo encontró un país capaz de garantizar la seguridad de millones de visitantes y de organizar con éxito el evento deportivo más importante del planeta.
Detrás de ese resultado hubo una estrategia de Estado que llevó un solo nombre: Plan Kukulcán.
Mientras algunos intentaban instalar la narrativa de que la inseguridad convertiría a México en noticia internacional por las razones equivocadas, las calles de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llenaron de aficionados de todas las nacionalidades.
Ajolote mundial
Los turistas regresaron hablando de la riqueza cultural del país, de la hospitalidad de su gente, de la gastronomía, de la música y de una fiesta que desbordó estadios, plazas y Fan Fest. La realidad terminó derrotando al discurso del miedo.
El éxito del Plan Kukulcán no fue producto de la casualidad ni de la improvisación. Fue el resultado de meses de planeación, inteligencia y coordinación entre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales.
Más de 124 mil 500 elementos participaron en una operación que difícilmente tiene precedente por su dimensión y capacidad de respuesta.
El despliegue fue tan amplio como estratégico. Más de 20 mil efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mil 474 vehículos, aeronaves, radares, sistemas antidrones, binomios caninos especializados, caballos y tecnología para detectar explosivos y agentes químicos formaron parte de un dispositivo diseñado para anticiparse a cualquier riesgo.
No se trató únicamente de reaccionar ante una eventualidad, sino de impedir que ocurriera.
Ahí radica el mayor mérito del Plan Kukulcán. Mientras millones de personas disfrutaban de los partidos y recorrían las ciudades sede con absoluta normalidad, las áreas de inteligencia trabajaban de manera permanente para identificar amenazas y neutralizar cualquier intento de desestabilización.
Voluntarios FIFA
En los grandes eventos internacionales, el verdadero éxito consiste precisamente en que la seguridad pase inadvertida porque todo funciona como fue planeado.
También quedó en evidencia el fracaso de quienes buscaron utilizar el Mundial como una herramienta de presión política.
La CNTE intentó convertir la atención internacional en un mecanismo de chantaje para empañar el torneo y colocar al gobierno federal contra las cuerdas.
Sin embargo, las movilizaciones nunca lograron robarle protagonismo a una competencia que terminó siendo recordada por la convivencia, la organización y el ambiente de celebración que se vivió en las tres sedes mundialistas.
Por eso, la ceremonia encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum para reconocer a quienes integraron el Plan Kukulcán tuvo un significado que va mucho más allá del protocolo.
Fue el reconocimiento a miles de mujeres y hombres que demostraron que las instituciones del Estado mexicano pueden coordinarse con eficacia cuando existe un objetivo nacional.
También fue un mensaje para quienes dudaban de la capacidad del país para responder a un reto de esta magnitud.
El Mundial dejó beneficios económicos, fortaleció la imagen internacional de México y confirmó que el país tiene la capacidad para organizar eventos de talla global.
Pero, sobre todo, dejó una lección política imposible de ignorar: las campañas de descrédito pueden generar titulares, pero nunca podrán sustituir a los resultados.
El Plan Kukulcán no solo protegió estadios, selecciones y aficionados; protegió el prestigio de México frente al mundo y demostró que, cuando las instituciones actúan con inteligencia, coordinación y compromiso, el país es mucho más grande que la narrativa de sus detractores.
En Cortito
Nos cuentan que durante años hablar de Ecatepec era casi sinónimo de abandono, inseguridad y rezago.
El municipio más poblado del estado de México cargó durante mucho tiempo con una imagen marcada por la falta de atención, la desconfianza ciudadana y la percepción de que sus comunidades estaban olvidadas por las autoridades.
Sin embargo, esa historia comienza a modificarse. Hoy se impulsa una estrategia que busca recuperar el territorio desde la cercanía con la gente, la atención directa a las comunidades y la coordinación entre instituciones.
Policia municipal Ecatepec
En materia de seguridad, la estrategia impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum, aplicada en Ecatepec por la policía municipal en coordinación con la Secretaría de Marina y con la participación de los tres niveles de gobierno, empieza a reflejar resultados en la percepción ciudadana.
De acuerdo con los datos presentados, la percepción de inseguridad disminuyó 8.9 puntos, mientras que la confianza en la capacidad de las corporaciones policiales aumentó de 13 a 47 por ciento.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha destacado que estos avances tienen un significado especial porque ocurren precisamente en un territorio de enormes dimensiones y con una complejidad social acumulada durante décadas.
El desafío para el gobierno municipal será mantener este ritmo y convertir los avances iniciales en una transformación de fondo, ya que de lograrlo, la presidenta municipal marcará un antes y un después en Ecatepec.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: El “Mayito Flaco” y “El Geras” desafían Zacatecas
Raúl García Araujo
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2026-07-22

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | El “Mayito Flaco” y “El Geras” desafían Zacatecas

La masacre de diez personas en Zacatecas no sólo volvió a teñir de sangre a la entidad; también dejó al descubierto el tamaño del fracaso de la estrategia de seguridad del gobernador David Monreal Ávila.
Por Raúl García Araujo
Cuando un grupo criminal es capaz de privar de la libertad a sus víctimas, asesinarlas con extrema violencia, abandonar sus cuerpos en distintos puntos del estado y después difundir un video para adjudicarse los hechos y lanzar amenazas, queda claro que algo no está funcionando.
El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y estrategia. Los hechos cuentan otra historia.
Si realmente existiera un trabajo de inteligencia eficaz, las autoridades habrían detectado los movimientos de las células criminales antes de que consumaran una operación de semejante magnitud.
La prevención brilló por su ausencia y la reacción llegó cuando el daño ya era irreversible.
El gobierno estatal presume reuniones permanentes de la Mesa de Construcción de Paz, operativos conjuntos y coordinación institucional.
Sin embargo, la realidad vuelve a imponerse. Los grupos criminales continúan demostrando capacidad para operar, movilizarse y sembrar terror en distintos municipios sin que las instituciones logren anticiparse a sus acciones.
La difusión del video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa, cuya autenticidad es investigada por las autoridades, representa además un desafío abierto al Estado mexicano.
El mensaje pretende exhibir fuerza, intimidar a las autoridades y enviar una señal de dominio territorial en una entidad donde desde hace años mantienen una disputa violenta el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ese escenario aparecen nuevamente dos nombres que ocupan un lugar prioritario para el gabinete de seguridad federal: Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado como uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, y Gerardo González Ramírez, “El Geras”, identificado por autoridades federales como operador regional del CJNG en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.
Mientras ambos grupos mantienen su confrontación, son los ciudadanos quienes pagan el costo de una guerra que parece no tener fin.
Lo verdaderamente preocupante es que los criminales actúan con una audacia que sólo puede explicarse por la enorme capacidad operativa que conservan.
Zacatecas se ha convertido en un terreno donde las organizaciones criminales desafían constantemente a las instituciones, ejecutan acciones de alto impacto y buscan imponer el miedo como mecanismo de control.
Esa realidad obliga a preguntarse si la inteligencia estatal está produciendo resultados acordes con la gravedad del problema.
La mandataria Claudia Sheinbaum no dejó pasar el mensaje.
El reforzamiento inmediato del gabinete de seguridad y la decisión de encomendar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el seguimiento de las investigaciones reflejan que la Federación considera este caso una prioridad nacional.
Cuando el gobierno federal asume directamente la conducción de una investigación de esta magnitud, también envía una señal de la urgencia de fortalecer la respuesta institucional en Zacatecas.
David Monreal asegura que no permitirá el regreso de los años más violentos. Sin embargo, la ciudadanía juzga por resultados, no por discursos.
Zacatecas
Y los resultados muestran una realidad difícil de ocultar: mientras las autoridades reaccionan, las organizaciones criminales continúan marcando el ritmo de la violencia.
La paz no regresará con conferencias de prensa ni con balances optimistas.
Regresará cuando el trabajo de inteligencia permita anticipar los golpes del crimen, detener a sus principales generadores de violencia y devolver a los zacatecanos la certeza de que el Estado es quien ejerce la autoridad, y no quienes pretenden desafiarla con sangre y terror.
En Cortito
Nos cuentan que los ciudadanos ya no quieren políticos de escritorio. Quieren dirigentes que caminen las calles, que escuchen sus problemas y que estén presentes cuando más los necesitan.
En Morelos, el PAN parece haber entendido ese mensaje antes que sus adversarios.
Mientras otros partidos permanecen concentrados en la comodidad de las oficinas, los discursos y las estrategias de coyuntura, Acción Nacional decidió regresar al territorio, al lugar donde realmente se construye la confianza ciudadana: el contacto directo con la gente.
Los dos principales referentes del panismo morelense, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y el diputado local, Daniel Martínez, entendieron el momento político que vive la entidad y comenzaron a cambiar la forma de hacer política.
José Luis Urióstegui Salgado
Dejaron atrás la lógica de esperar los tiempos electorales para salir al encuentro de los ciudadanos y apostaron por una presencia permanente en colonias y comunidades.
La lectura es clara: una elección no se construye solamente durante las campañas. Se gana con anticipación, con trabajo constante y con la capacidad de transformar las preocupaciones de la gente en propuestas reales.
Por eso, recorrer las calles, escuchar las demandas de las familias y conocer de primera mano sus necesidades se convierte en una herramienta política que puede marcar la diferencia.
La estrategia empieza a generar contraste. Mientras algunos partidos parecen confiar únicamente en la fuerza de sus estructuras, los mensajes en redes sociales o las reuniones internas, el PAN apuesta por recuperar la cercanía y reconstruir el vínculo con una ciudadanía que cada vez exige más resultados y menos promesas.
Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Acción Nacional busca reposicionarse como una fuerza política cercana, capaz de escuchar, acompañar y representar las preocupaciones de los morelenses.
El reto es mantener esa ruta y convertir la presencia territorial en una organización sólida rumbo al proceso electoral de 2027.
En política, los tiempos importan. Quienes entienden que el trabajo comienza mucho antes de las urnas tienen una ventaja frente a quienes aparecen únicamente cuando buscan el voto.
El PAN parece haber asumido esa realidad y apuesta por construir desde ahora una relación distinta con los ciudadanos.
Si mantiene esta estrategia de cercanía y presencia permanente, Acción Nacional podría estar edificando una fortaleza que sus adversarios todavía no dimensionan.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-07-15

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche: El silencio también desaparece

En Teocaltiche, Jalisco, ya no basta con contar desaparecidos. También hay que contabilizar el silencio.
Por Raúl García Araujo
Ese que se instaló en las calles, en los hogares y, sobre todo, en las familias que prefieren guardar el dolor antes que acudir a una autoridad por miedo a convertirse en la siguiente víctima.
Es el silencio de un municipio donde el crimen organizado parece imponer sus reglas mientras el Estado observa desde la distancia. Un silencio que no significa paz, sino terror.
Detrás de la aparente calma que algunos intentan proyectar existe una realidad inocultable.
En lo que va de 2026 suman al menos doce desapariciones de personas, aunque la cifra podría ser mayor porque varias familias jamás denunciaron los hechos.
El miedo terminó por vencer la esperanza de encontrar justicia.
Los testimonios retratan mejor que cualquier estadística la dimensión de la tragedia. Una hermana relata cómo hombres armados interceptaron la motocicleta en la que viajaba con Sergio Daniel Fuentes Ramos, de apenas 15 años.
cartel desaparecidos
Le preguntaron su nombre, su edad, le tomaron fotografías y se lo llevaron con la promesa de que solo respondería unas preguntas. Nunca regresó.
Durante meses la familia decidió guardar silencio. No por falta de interés, sino por miedo. Ese dato explica con crudeza el nivel de control que ejerce la delincuencia sobre buena parte del municipio.
La historia volvió a repetirse con Erick Arturo Gómez Aguilera, un joven de 21 años dedicado a la construcción. El pasado 13 de junio fue privado de la libertad por hombres armados que irrumpieron en la casa de un amigo en la colonia El Nejayote.
Preguntaron quién era “Palito”, lo subieron a una camioneta blanca y desapareció.
Un mes después, su familia rompió el silencio y acudió a los medios de comunicación para hacer pública su desesperación.
Su madre lanzó un llamado que resume el sentimiento de decenas de hogares: que le devuelvan a su hijo y que las autoridades, por fin, hagan algo.
Nada indica que estos hechos sean aislados. Habitantes del municipio aseguran que, durante las noches, grupos armados ingresan para llevarse a jóvenes y adultos.
La desaparición parece haberse convertido en un mecanismo sistemático de control criminal.
Las cifras oficiales muestran una tendencia alarmante. En 2025 fueron denunciadas 28 desapariciones en Teocaltiche, un crecimiento drástico respecto de las cinco registradas en 2024, las ocho de 2023 y las tres de 2022.
Sin embargo, esos números tampoco reflejan toda la realidad.
Hay expedientes que nunca llegaron al Ministerio Público porque las familias decidieron callar para proteger a quienes aún permanecen en casa.
No es casualidad que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses haya desplegado una brigada regional para recibir muestras de ADN incluso de familiares que nunca presentaron una denuncia formal.
La medida reconoce una verdad incómoda: en esta región el miedo también desapareció las denuncias.
Mientras tanto, resulta inevitable voltear hacia Casa Jalisco.
Llama la atención que el gobernador Pablo Lemus prácticamente haya dejado de mencionar la crisis de seguridad que vive Teocaltiche, aun después del ataque perpetrado en febrero contra el cuartel de la Guardia Nacional, donde un elemento perdió la vida y otro más resultó herido tras una agresión atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pablo Lemus Navarro
El silencio institucional contrasta con la angustia cotidiana de las familias.
Por ello, cada vez cobra más fuerza la expectativa de que sea el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabece una estrategia capaz de recuperar el control de un municipio donde la autoridad parece haber cedido demasiados espacios.
Porque el problema de Teocaltiche ya no consiste únicamente en que desaparezcan personas.
Lo verdaderamente preocupante es que también desaparecieron la confianza ciudadana, la denuncia y la certeza de que el Estado puede proteger a sus habitantes.
Cuando una familia considera más seguro callar que acudir a la autoridad, el crimen organizado ya consiguió una de sus mayores victorias.
En Cortito
Nos cuentan que la captura de Rafael “N.”, señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques con arma de fuego contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, envía un mensaje relevante: en Puebla las investigaciones ya no descansan únicamente en la reacción policial, sino en un trabajo coordinado de inteligencia, investigación de campo y análisis pericial.
La detención no solo busca esclarecer los hechos recientes, sino abrir la puerta para revisar si detrás de estos ataques existe un patrón criminal que durante años pasó inadvertido.
La ruta de investigación cobra mayor importancia porque diversos testimonios apuntan a que incidentes similares pudieron registrarse desde 2018.
A ello se suman los homicidios ocurridos en noviembre de 2023 sobre el mismo corredor de Angelópolis. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido un vínculo entre esos casos y el detenido, pero la revisión de peritajes balísticos, denuncias, reportes de daños y evidencia acumulada permitirá determinar si se trata de hechos aislados o de una misma secuencia delictiva que nunca fue plenamente investigada.
En este contexto, destaca la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha insistido en fortalecer la coordinación entre las instituciones estatales, la Fiscalía y las fuerzas federales para privilegiar la inteligencia sobre la improvisación.
El seguimiento de evidencia científica, el trabajo de campo y la integración de información criminal se han convertido en herramientas fundamentales para construir investigaciones sólidas y judicializar los casos con mayores elementos de prueba.
Alejandro Armenta
La detención del presunto responsable no representa el cierre del caso, sino el inicio de una etapa en la que los estudios balísticos, las pruebas periciales y el análisis criminal serán determinantes para esclarecer si durante varios años existió un agresor que operó con impunidad en uno de los corredores más transitados de la zona metropolitana de Puebla.
Más allá del impacto mediático de la captura, lo verdaderamente relevante será la capacidad institucional para reconstruir los hechos y ofrecer certeza jurídica a las víctimas.
Si las indagatorias confirman que existía una misma línea criminal detrás de estos hechos, no solo se habrá detenido a un presunto agresor, sino que se habrá demostrado que la inteligencia, el trabajo de campo y la ciencia forense son las herramientas más eficaces para combatir la impunidad.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla gana terreno a la delincuencia
Raúl García Araujo
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2026-07-08

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla gana terreno a la delincuencia

Durante años, la seguridad fue uno de los mayores desafíos para Puebla.
Por Raúl García Araujo
La presencia de grupos criminales y el crecimiento de actividades ilícitas pusieron a prueba la capacidad de las instituciones.
Hoy, una nueva estrategia comienza a cambiar esa narrativa con resultados que empiezan a marcar una diferencia.
La administración de Alejandro Armenta ha decidido enfrentar el problema desde una visión distinta: inteligencia, coordinación y contundencia operativa.
No se trata únicamente de reaccionar ante los delitos, sino de anticiparse a las estructuras criminales y debilitar sus capacidades antes de que generen mayor daño.
Los resultados hablan por sí mismos. Durante junio de 2026, Puebla registró una disminución del 37.3 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra más baja en los últimos 11 años.
Un dato que refleja el impacto de una estrategia enfocada en proteger la vida de las personas.
Detrás de esta reducción existe un trabajo permanente de las corporaciones de seguridad del Estado.
Alejandro Armenta
La inteligencia operativa se ha convertido en una herramienta fundamental para ubicar objetivos prioritarios, investigar redes criminales y actuar contra quienes pretenden imponer la violencia como forma de operación.
Las acciones contra integrantes presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación muestran que Puebla está enfrentando a grupos de alta capacidad delincuencial.
El objetivo no es solamente detener operadores, sino desarticular las cadenas de mando y afectar la estructura que permite su funcionamiento.
En el mismo sentido avanza el combate al huachicol, uno de los delitos que durante años generó importantes ganancias para organizaciones criminales.
Los aseguramientos de hidrocarburo, vehículos, inmuebles y equipos utilizados para esta actividad representan golpes directos a las finanzas de estas redes.
La estrategia poblana también tiene un componente clave: la coordinación con las instituciones federales.
El gobierno de Alejandro Armenta trabaja de manera conjunta con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y con el secretario de Marina, Raymundo Morales.
La delincuencia organizada no reconoce límites territoriales y por ello la respuesta del Estado tampoco puede estar dividida.
Omar García Harfuch
La suma de capacidades entre autoridades estatales y federales permite construir operaciones más efectivas y enfrentar amenazas que requieren una visión nacional.
El mensaje político es evidente: en Puebla la autoridad decidió recuperar la iniciativa.
La seguridad no puede quedar en manos de los criminales ni depender de acciones improvisadas; requiere dirección, inteligencia y una estrategia permanente que tenga como prioridad a las familias.
Estos resultados representan un avance, pero también una responsabilidad mayor.
La ciudadanía no espera únicamente cifras positivas, espera instituciones que mantengan el ritmo, que fortalezcan la prevención y que actúen con firmeza cuando la ley sea vulnerada.
Puebla está demostrando que la coordinación y la inteligencia pueden modificar escenarios complejos.
La lucha contra la delincuencia continúa, pero hoy existe una señal clara: el Estado está recuperando terreno y la impunidad encuentra cada vez menos espacios.
Porque la seguridad no se construye con promesas, sino con decisiones, resultados y la capacidad de devolverle a la sociedad algo que durante mucho tiempo exigió: tranquilidad.
En Cortito
“No se hagan bolas”, parafraseando la célebre expresión de la política mexicana. Aunque aún falta tiempo para que inicie formalmente el proceso electoral de 2027, en Acción Nacional las señales comienzan a ser claras.
Daniel Martínez Terrazas se ha convertido en uno de los perfiles con mayor presencia para buscar la alcaldía de Cuernavaca.
Su trabajo desde el Congreso de Morelos ha ido acompañado de un intenso recorrido por colonias y barrios de la capital, donde mantiene un contacto permanente con liderazgos sociales y vecinos para recoger propuestas y atender las principales demandas ciudadanas.
La lógica política tiene explicación. Cuernavaca concentra el mayor peso electoral de Morelos y representa la plaza más importante rumbo a la sucesión gubernamental de 2030.
Mantener la capital significaría para el PAN preservar su principal bastión político, mientras que perderla abriría una oportunidad estratégica para Morena.
En ese contexto, Daniel Martínez Terrazas es visto dentro del panismo como una figura con posibilidades de dar continuidad al proyecto encabezado por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, cuya administración ha fortalecido su perfil político a partir de resultados en rubros como disciplina financiera, fortalecimiento institucional y seguridad pública.
Daniel Martínez Terrazas
Mientras otros apenas comienzan a posicionarse, Martínez Terrazas ha privilegiado el trabajo territorial.
En política, la construcción de confianza difícilmente se logra desde una oficina; requiere presencia constante, organización y capacidad para escuchar.
Aún falta camino por recorrer y serán los tiempos internos del PAN los que definan la candidatura.
Sin embargo, cuando un proyecto político busca continuidad, suele privilegiar perfiles con presencia territorial, conocimiento del municipio y capacidad para cohesionar a la militancia.
Bajo esa lógica, Daniel Martínez Terrazas aparece hoy como uno de los nombres más visibles en la conversación panista para competir por la capital morelense, una elección que, por su peso político y electoral, también será determinante para el rumbo de Morelos hacia 2030.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: A 7 años de la Guardia Nacional
Raúl García Araujo
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2026-07-01

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | A 7 años de la Guardia Nacional

Siete años después de su creación, la Guardia Nacional terminó por convertirse en una de las apuestas institucionales más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por Raúl García Araujo
El tiempo ha dado elementos para afirmar que la decisión de crear una nueva corporación nacional de seguridad no fue equivocada, sino una de las transformaciones más relevantes en la estrategia para recuperar la paz.
Los datos que acompañan este aniversario muestran una institución con mayor capacidad operativa, presencia territorial y reconocimiento ciudadano.
La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que siete de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional, colocándola como una de las corporaciones de seguridad con mayor aprobación entre la población.
La evolución también puede medirse en su crecimiento. De poco más de 78 mil integrantes pasó a superar los 125 mil elementos desplegados en las 32 entidades del país, respaldados por 590 cuarteles distribuidos estratégicamente, lo que les permite responder con mayor rapidez a las necesidades de seguridad y mantener una presencia permanente en prácticamente todo el territorio nacional.
A diferencia de lo que ocurría con la extinta Policía Federal, cuyos elementos debían hospedarse durante días o incluso meses en hoteles cuando participaban en operativos de alto impacto, la Guardia Nacional dispone hoy de instalaciones propias en todo el país.
Esa infraestructura representa una ventaja logística que fortalece su capacidad de reacción, reduce costos operativos y brinda mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.
Otro de los cambios relevantes ha sido la coordinación permanente con los gobiernos estatales y municipales.
La comunicación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido construir estrategias conjuntas para combatir al crimen organizado, compartir labores de inteligencia y fortalecer la presencia institucional en regiones donde antes predominaban esfuerzos aislados.
Esa coordinación ya ofrece resultados en distintas entidades. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que el trabajo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las corporaciones estatales fortalece las acciones para preservar la paz y enfrentar a la delincuencia.
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En Morelos, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, también ha reconocido que la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad ha permitido mejorar la comunicación, fortalecer las estrategias operativas y avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias.
La mandataria Claudia Sheinbaum ha señalado que la Guardia Nacional constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad.
A la atención de las causas de la violencia se suman el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional, una fórmula que busca consolidar una política de seguridad con presencia territorial y capacidad operativa.
Los resultados también respaldan esa consolidación. El comandante de la Guardia Nacional, general de División de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, informó que la corporación ha logrado la detención de más de 45 mil personas relacionadas con hechos delictivos, el aseguramiento de más de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos para la elaboración de narcóticos.
A ello se suma el crecimiento estructural de la institución, que proyecta alcanzar 170 mil elementos al término de la presente administración.
Guardias nacionales en desfile militar
Por supuesto, nadie puede afirmar que el problema de la inseguridad esté resuelto. México continúa enfrentando enormes desafíos en el combate a la delincuencia.
Pero también es cierto que la Guardia Nacional ha dejado de ser una promesa para convertirse en una institución sólida, disciplinada, con presencia nacional, infraestructura propia y una confianza ciudadana que la coloca entre las corporaciones de seguridad mejor evaluadas del país.
La historia suele poner cada decisión pública en su justa dimensión.
En el caso de la Guardia Nacional, el paso del tiempo parece confirmar que Andrés Manuel López Obrador acertó al impulsar una nueva corporación de seguridad.
Los resultados, la coordinación con los estados y municipios, la confianza de los mexicanos y su consolidación institucional terminan por hablar más fuerte que las descalificaciones que acompañaron su nacimiento hace siete años.
En Cortito
Nos cuentan que en un contexto donde la inseguridad no reconoce límites territoriales, Ecatepec y Tecámac decidieron enviar un mensaje que también tiene lectura política: la coordinación comienza a imponerse sobre la competencia entre gobiernos municipales.
El Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, que moviliza cerca de 280 elementos y 73 unidades de los tres órdenes de gobierno, no sólo representa un despliegue de fuerza pública.
También evidencia que las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong entienden que los delitos de alto impacto se desplazan con facilidad entre municipios y que enfrentarlos exige dejar atrás las fronteras administrativas.
La apuesta es clara: patrullajes coordinados en las colonias limítrofes para inhibir la incidencia delictiva y detectar a los generadores de violencia antes de que consoliden sus operaciones.
Azucena Cisneros sostiene que el modelo impulsado con el respaldo de la Secretaría de Marina–Armada de México ya arroja resultados en Ecatepec, con reducciones en delitos como extorsión, homicidio doloso y robo de vehículos.
Ahora el desafío será demostrar que esos avances pueden replicarse en una estrategia regional y no quedarse como cifras aisladas de un solo municipio.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Morena ante su prueba de fuego
Raúl García Araujo
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2026-04-01

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta, Gobierno cercano

Alejandro Armenta ha llegado a la gobernatura de Puebla con un sello claro: el poder debe estar al servicio de la gente, no por encima de ella.
Por Raúl García Araujo
Inspirado en los principios que promovió Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, el gobernador apuesta por austeridad, ética pública y un sentido social que coloca al ciudadano en el centro de la gestión.
Leal a Claudia Sheinbaum y a Morena, Armenta combina disciplina política con liderazgo propio. Esa lealtad no es decorativa; le permite construir un gobierno fuerte, coherente y capaz de enfrentar retos con resultados concretos.
En su administración, la política ya no es solo un discurso: es acción directa.
El gobernador ha transformado la comunicación oficial. Las mañaneras y encuentros con medios se han regionalizado; el diálogo se da cara a cara con la sociedad.
Mesas de trabajo con sectores sociales, productivos y académicos buscan enriquecer los proyectos estratégicos para Puebla. Gobernar, en este esquema, significa escuchar, dialogar y articular.
El eje central de su gobierno es la territorialidad. Armenta está presente en los municipios y comunidades, supervisa obras, atiende demandas locales y prioriza la participación ciudadana.
Su administración busca dejar atrás privilegios y derroche; propone una gestión cercana, transparente y orientada al bienestar colectivo.
La participación social no es opcional. Comunidades deciden prioridades, supervisan obras y participan en la ejecución de proyectos. Cada acción se construye en corresponsabilidad, legitimando decisiones y fortaleciendo la gobernanza.
Armenta también apuesta por acuerdos firmes: combina autoridad con diálogo, planeación con escucha, acción con participación.
Las mesas de trabajo con empresarios, académicos y gobiernos municipales convierten los proyectos públicos en procesos democráticos, con respaldo social y visión territorial.
El desarrollo, insiste el gobernador, debe llegar a todas las comunidades, no concentrarse en unas pocas.
Su gestión redefine la política pública: menos burocracia, más cercanía; menos unilateralidad, más interlocución. La lealtad política y la coherencia ideológica se traducen en eficiencia y resultados.
Hoy, Armenta demuestra que gobernar con ética y compromiso social no es retórica. Es presencia, decisiones responsables y construcción de consensos sin ceder a presiones ni intereses particulares.
Su liderazgo marca un precedente: quien se compromete con el pueblo y mantiene disciplina política redefine los estándares de gobernabilidad en México.
No gobierna desde la comodidad del poder. Gobernar, para Armenta, es asumir la exigencia del servicio público con firmeza, claridad y resultados.
Puebla tiene un gobernador que no teme enfrentar retos, escuchar al ciudadano y consolidar un proyecto sólido, cercano y participativo. Ese es el sello de su gestión.
En Cortito
Nos cuentan que durante la Semana Santa 2026, Cuernavaca ya está lista para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros bajo un esquema de seguridad reforzado.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, puso en marcha un operativo especial que demuestra su liderazgo y compromiso tanto con los visitantes como con los habitantes de la capital morelense.
Desde el 29 de marzo y hasta el 12 de abril, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano despliega patrullajes terrestres y aéreos, con rondines permanentes en colonias, plazas, centros religiosos y puntos turísticos estratégicos.
La presencia de drones de vigilancia, Policía de Género, Policía Turística, Grupo de Operaciones Motorizadas, Protección Civil, Bomberos y Policía Vial asegura prevención y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
Bajo la supervisión directa de José Luis Urióstegui Salgado, cada acción es monitoreada y ajustada para maximizar su eficacia.
En Cuernavaca, Semana Santa no solo significa festividad: significa disciplina, coordinación y responsabilidad institucional.
De nueva cuenta, el alcalde Urióstegui demuestra que gobernar implica acción directa, presencia territorial y resultados visibles.
La capital de Morelos se prepara para recibir a sus visitantes con la certeza de que cada medida ha sido planeada, vigilada y ejecutada con eficiencia.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Harfuch, eje de la relación bilateral
Raúl García Araujo
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2026-03-25

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, eje de la relación bilateral

En seguridad, no hay espacio para figuras decorativas. Hoy, quien está sentado en la mesa donde se toman las decisiones más sensibles entre México y Estados Unidos es Omar García Harfuch.
Por Raúl García Araujo
Desde esa posición no solo coordina operativos: construye acuerdos, intercambia inteligencia y mantiene una relación directa con las agencias más poderosas del vecino del norte.
En los hechos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ha convertido en la pieza central del engranaje de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la administración de Donald Trump.
Su papel va mucho más allá de la coordinación interna. Es el arquitecto de una relación bilateral en seguridad que busca dejar atrás la desconfianza y traducirse en resultados concretos.
Su presencia constante en Washington y su interlocución directa con agencias clave confirman que la estrategia mexicana ha optado por una cooperación pragmática, centrada en objetivos compartidos.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: su reunión con Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Ahí, ambas partes reafirmaron principios que hoy resultan indispensables: reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Pero más allá del discurso, lo relevante son los resultados.
Gracias al intercambio de información, México ha logrado detener a objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de diversos generadores de violencia que operaban en el país. Es decir, la cooperación bilateral comienza a traducirse en golpes concretos contra estructuras criminales.
Omar García Harfuch
La misma lógica se replicó en su encuentro con el director de la DEA, Terrance Christopher Cole. En esa mesa, la prioridad fue consolidar mecanismos de colaboración para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en dos frentes críticos: el combate al narcotráfico y el freno al flujo ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia México. Este último punto, históricamente relegado, empieza a colocarse en el centro de la agenda.
No es casualidad que el gobierno estadounidense invite de manera constante a Harfuch a reuniones de alto nivel. Su perfil técnico, combinado con capacidad política, lo ha convertido en un interlocutor confiable, pero también en un operador que entiende que la seguridad se construye tanto en el terreno como en la negociación internacional.
A ello se suma un elemento estratégico: la narrativa. Desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Y ese control no se limita al ámbito interno. Harfuch también ha asumido el papel de vocero del Estado mexicano ante medios internacionales. Lo hizo al informar, en entrevistas con medios estadounidenses, sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No fue sólo la comunicación de un resultado operativo. Fue un mensaje político dirigido a Washington: el Estado mexicano tiene capacidad, voluntad y coordinación para golpear a las estructuras criminales de mayor impacto.
En paralelo, los intercambios de alto nivel —incluida la visita del propio director del FBI a México— han confirmado un incremento en las operaciones coordinadas y en la captura de objetivos prioritarios que afectan a ambas naciones. La cooperación, así, deja de ser discurso y se convierte en acción.
Al final, en un gobierno donde la seguridad define la estabilidad política, Harfuch no solo ejecuta la estrategia: la conduce, la negocia y la comunica. Y en ese cruce de funciones —operación, interlocución y narrativa— es donde hoy concentra un poder que pocos dentro del aparato gubernamental pueden igualar.
En Cortito
Nos cuentan que, lejos del reflector cotidiano, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, ha comenzado a recorrer el país con una misión clara: poner en marcha una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, la estrategia Reconecta con la Paz.
No se trata de un programa más. Desde la Consejería Jurídica se está impulsando un enfoque que busca ir al fondo del problema: atender las causas de la violencia desde una lógica distinta a la punitiva.
La propuesta se alinea con principios de justicia restaurativa, reinserción social y prevención, apostando por una ruta que combine legalidad con reconstrucción social.
Esthela Damián
En cada entidad que visita, Damián Peralta no solo presenta la estrategia, también la posiciona como una política pública sustentada en evidencia internacional y en las mejores prácticas en materia de justicia restaurativa.
Si logra consolidarse, Reconecta con la Paz podría convertirse en uno de los pilares silenciosos del modelo de seguridad de este gobierno.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla y el valor de rendir cuentas
Raúl García Araujo
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2026-03-18

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos despertó al tigre

Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.
Por Raúl García Araujo
Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.
El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.
Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.
Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.
Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.
Margarita González Saravia
No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.
Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.
No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.
Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.
Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.
Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.
Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.
Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.
Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.
Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.
Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.
Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.
La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.
En Cortito
Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.
Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.
El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.
José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.
José Luis Urióstegui Salgado
“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.
Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.
La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.
Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.
La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2026-03-11

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla y el valor de rendir cuentas

En el ejercicio del poder hay decisiones que marcan el tono de un gobierno. Una de ellas es la forma en que se administra y se vigila el dinero público.
Por Raúl García Araujo
En Puebla, la firma de un convenio de coordinación entre el gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación envió una señal política clara: la rendición de cuentas no se queda en el discurso, sino que se convierte en una regla de gobierno.
El acuerdo —en el que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Alejandro Espidio; la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, encabezada por Germán Reyna— busca algo elemental pero pocas veces logrado en el país: ordenar la coordinación institucional para vigilar mejor el uso de los recursos públicos.
Intercambio de información, alineación de criterios y fortalecimiento de mecanismos de seguimiento forman parte de una estrategia que coloca a la entidad en la ruta de una fiscalización más moderna y efectiva.
No es un detalle menor que Puebla se convierta en el primer estado del país en formalizar un esquema de coordinación de este tipo para la revisión de recursos federales, particularmente de las participaciones que llegan a los municipios.
Alejandro Armenta
Ese paso coloca a la entidad como un referente nacional en la búsqueda de mayor transparencia y en la construcción de un modelo de gobierno que se revisa, se corrige y rinde cuentas.
Porque la auditoría no es un trámite de escritorio ni un requisito de cierre administrativo. Es, en esencia, una herramienta de buen gobierno.
Cuando el dinero público se maneja con disciplina, reglas claras y vigilancia institucional, ocurre algo sencillo pero poderoso: alcanza para más. Más obra útil, más servicios públicos, más programas sociales y, sobre todo, más resultados tangibles para la gente.
El convenio también tiene implicaciones concretas hacia adelante. Para la revisión de la Cuenta Pública 2025 se establecerán mesas de trabajo permanentes entre las instancias estatal y federal, acompañadas de intercambio de información y capacitación especializada para auditores.
El objetivo es claro: detectar riesgos con mayor oportunidad, corregir procesos antes de que escalen y elevar los estándares de legalidad en el manejo de los recursos públicos.
Con este acuerdo se busca avanzar en tres ejes fundamentales. El primero es poner orden: alinear metodologías y compartir información entre las instancias de fiscalización permitirá reducir la dispersión institucional y realizar revisiones más claras, consistentes y eficaces.
Segundo, fortalece la prevención: la fiscalización moderna no solo llega cuando el daño ya ocurrió; también permite corregir a tiempo. Y tercero, construye confianza ciudadana, porque la gente no pide discursos, pide certeza de que los recursos públicos se aplican donde deben aplicarse.
Desde la lógica de la administración estatal, la fiscalización forma parte de un sistema completo: prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.
Bajo esa visión, la coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece el seguimiento a observaciones; también mejora la trazabilidad del gasto y eleva la calidad del ejercicio público en dependencias, entidades y municipios.
Pero detrás de este modelo hay también una definición política. El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.
Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercerlo con legalidad, disciplina y sentido social. Cuando un gobierno fija esa línea desde el inicio, el mensaje hacia dentro de la administración es contundente: aquí se gobierna con orden y responsabilidad.
Puebla empieza así a construir algo más que un esquema administrativo de fiscalización. Está consolidando una cultura de gobierno basada en la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.
Y en ese escenario, el papel del gobernador Alejandro Armenta comienza a perfilarse más allá del ámbito estatal. Mientras otros gobiernos apenas intentan ordenar sus procesos internos, en Puebla se construye un modelo de administración con reglas claras sobre el manejo del dinero público.
Ese tipo de decisiones —que combinan orden administrativo con visión política— empiezan a delinear un liderazgo entre los gobernadores de Morena: uno que entiende que la verdadera fortaleza de un gobierno se mide en resultados, en transparencia y en la confianza que logra construir con la ciudadanía.
En Cortito
Nos cuentan que en el centro político del estado de México, aparecen dos alcaldes que han logrado colocarse de forma constante en la agenda nacional: la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.
Ambos han encontrado en la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una aliada clave para empujar proyectos estratégicos que buscan cambiar el rumbo de una de las zonas más pobladas y complejas del país.
Adolfo Cerqueda Rebollo
No es casual que los dos ediles sean convocados de manera recurrente a reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Más que encuentros protocolarios, se trata de mesas de trabajo donde se discuten decisiones que impactan directamente a millones de habitantes del cinturón urbano que rodea la capital del país.
La constante interlocución entre los gobiernos municipales y la Presidencia de la República envía un mensaje político claro: el oriente del Estado de México está en el radar prioritario del Gobierno Federal.
Y en esa apuesta, alcaldes como Azucena Cisneros y Adolfo Cerqueda se han convertido en actores clave de una nueva etapa de coordinación institucional que podría marcar el futuro inmediato de la región.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Cuernavaca fortalece seguridad preventiva
Raúl García Araujo
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2026-03-04

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca fortalece seguridad preventiva

En Cuernavaca, la prevención del delito se ha consolidado como el instrumento más eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos, gracias a la visión estratégica del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Por Raúl García Araujo
Su administración ha demostrado que la seguridad no se logra sólo con presencia policial reactiva, sino mediante una política integral que combina coordinación institucional, tecnología avanzada y participación ciudadana.
Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno municipal implementó mil 267 acciones operativas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.
Desde operativos “Escuela Segura”, “Transporte Seguro” y “Mercado Seguro”, hasta el uso de drones, puntos de inspección y presencia máxima en zonas estratégicas, cada acción refuerza la estrategia de prevención que ha caracterizado a la administración de Urióstegui.
La planificación y la coordinación son claras señales de que la prevención es prioritaria en Cuernavaca.
Los resultados avalan este enfoque. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, los delitos denunciados disminuyeron 8% y los delitos de alto impacto 20% respecto al año anterior.
José Luis Urióstegui Salgado
Estas cifras confirman que la prevención del delito no es un concepto teórico, sino una estrategia que ya produce resultados tangibles para los ciudadanos.
La inversión en tecnología fortalece aún más esta política. Cuernavaca cuenta con cerca de mil 500 cámaras de videovigilancia, además de arcos carreteros con lectura de placas y la instalación de 250 dispositivos adicionales en vías públicas.
Este despliegue permite monitorear de manera constante y anticiparse a conductas delictivas, demostrando que la prevención no es solo presencia, sino inteligencia aplicada.
Otro componente clave de la estrategia es la transversalidad institucional.
Protección Civil, Instituto de la Mujer y Fiscalía Ambiental trabajan de manera coordinada con SEPRAC para fortalecer la prevención, mientras la implementación de la “Clave Violeta” mejora la atención a la violencia de género.
La seguridad en Cuernavaca no es solo protección física, sino también protección social, con políticas preventivas orientadas al cuidado integral de la ciudadanía.
El alcalde morelense ha vinculado la prevención del delito con desarrollo económico, destacando que la ciudad mantiene una de las tasas de empleo más altas del país según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La generación de oportunidades laborales, combinada con vigilancia tecnológica y presencia institucional, refuerza la prevención y fomenta estabilidad social.
La reciente firma de un convenio de coordinación metropolitana con el gobierno estatal también evidencia la visión de Urióstegui: la seguridad no conoce límites municipales.
La colaboración efectiva entre municipios y Estado asegura que la prevención sea integral, utilizando recursos de manera óptima y generando estrategias conjuntas que protejan a toda la población.
En síntesis, Cuernavaca avanza hacia una seguridad preventiva y efectiva bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado.
La capital de Morelos demuestra que, con planificación, coordinación y participación ciudadana, la prevención del delito es el instrumento más idóneo para garantizar tranquilidad, orden y bienestar, consolidando un modelo de seguridad que otros municipios del país podrían tomar como referencia.
En Cortito
Nos cuentan que el tema de la inseguridad tiene completamente rebasado al gobierno que encabeza Margarita González Saravia.
Este martes, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomaron las calles para expresar su indignación por la desaparición y muerte de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán, evidenciando un descontento social que va mucho más allá de la simple protesta.
Margarita González Saravia
La reacción de la gobernadora fue tan inmediata como cuestionable: huyó de sus oficinas en Palacio de Gobierno al percatarse de la presencia de los estudiantes, sin prever que se encontraría con los medios de comunicación, quienes la confrontaron sobre los alarmantes índices de violencia que persisten en todo el estado.
Su respuesta fue mínima, reducida a un “ahora no”, que refleja más desconexión que capacidad de acción. Horas después, un video institucional fue necesario para fijar su postura, evidencia clara de que el gobierno está reaccionando bajo presión en lugar de anticiparse a los problemas.
El vacío gubernamental en Morelos es evidente. La sociedad morelense percibe que los integrantes del gabinete de seguridad no están a la altura de las circunstancias y que sus acciones –o la falta de ellas– han convertido al estado en un terreno fértil para la impunidad y la operación del crimen organizado.
Cada protesta, cada reporte de violencia, cada desaparición se suma a la percepción de un gobierno que llega tarde y actúa insuficientemente, dejando que los ciudadanos busquen por sí mismos seguridad y justicia.
La movilización estudiantil no es un hecho aislado: es un reflejo de la urgencia de cambios profundos en la administración estatal.
Morelos demanda liderazgo efectivo, estrategias claras y responsables, y funcionarios capaces de dar respuestas concretas a un problema que no puede resolverse con discursos ni con videos tardíos.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Jalisco y Teocaltiche: autoridad perdida
Raúl García Araujo
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2026-02-25

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Jalisco y Teocaltiche: autoridad perdida

Jalisco volvió a exhibirse. No como potencia económica. No como vitrina tecnológica. No como el estado moderno que presume su gobernador.
Por Raúl García Araujo
… Se exhibió como lo que fue en Teocaltiche: un territorio donde la autoridad estatal no apareció cuando más se necesitaba.
Un agente federal muerto y dos heridos dejó el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la base de la Guardia Nacional. No fue un choque menor. Fue una ofensiva con armas de alto poder, rifles calibre .50 y convoyes blindados que llegaron desde Nochistlán, Zacatecas. Tres camionetas disparando. Tres cubriendo la retirada. Maniobra táctica. Coordinación criminal. Desafío frontal al Estado mexicano.
Mientras los federales resistían el asalto, la pregunta retumba: ¿dónde estaba la policía estatal? No hubo reacción visible. No hubo respaldo inmediato. No hubo liderazgo operativo.
La agresión ocurrió tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en Tapalpa al resistirse a su captura. El crimen organizado respondió con fuego. Y el gobierno estatal respondió con vacío.
El apoyo que evitó una tragedia mayor llegó desde la federación. Fuerzas de la Defensa repelieron el ataque. El agente caído fue uno de los casos reportados por Omar García Harfuch en la conferencia. El dato político es contundente: quien sostuvo la línea fue el Gobierno federal, no el gobierno de Jalisco.
Omar García Harfuch
La imagen de la base perforada por cientos de impactos —documentada por dominiopublico.com.mx— es más que evidencia balística. Es una radiografía política del gobierno de Pablo Lemus: rebasado por la realidad.
Porque mientras en Teocaltiche se combatía, en Guadalajara se presumían Cybertrucks y patrullas Tesla de casi dos millones de pesos cada una. Vehículos de exhibición presentados como símbolo de “inteligencia” y modernidad. Puro espectáculo. Cero estrategia territorial. Cero contención real del crimen.
En el operativo contra “El Mencho” no figuraron ni el secretario de Seguridad estatal ni el fiscal. La ausencia no fue protocolaria, fue política. El mensaje fue claro: el gabinete de seguridad federal no confió en sus contrapartes locales para una operación de alto nivel.
Y mientras tanto, convoyes criminales circulando con camionetas clonadas de la Defensa, uniformes tácticos y despliegue intimidante. La percepción ciudadana se vuelve inevitable: ¿ineficiencia o complicidad del gobierno estatal? ¿incapacidad o abandono de la administración de Pablo Lemus?
La federación terminó asumiendo el control operativo y narrativo. Los números lo reflejan: ocho de cada diez mexicanos se enteraron del operativo; la mayoría lo calificó con notas altas; y más de la mitad mejoró su opinión sobre la presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la acción federal. En contraste, el gobernador aparece reprobado.
Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_
En Jalisco, ya nadie le cree a Pablo Lemus cuando llama a la calma. La sociedad jalisciense continúa con sus actividades: va a la escuela, al trabajo, se reúne con amigos, ignora los exhortos oficiales, porque la autoridad perdió toda credibilidad.
Teocaltiche no fue sólo una emboscada. Fue un parteaguas. Exhibió descoordinación, fragilidad institucional y una ausencia de mando estatal en uno de los momentos más críticos. Mostró que mientras los federales enfrentaban al crimen organizado, el gobierno estatal quedó al margen de la operación que redefinió la seguridad en Jalisco.
La muerte de “El Mencho” no sólo sacudió al CJNG. También pulverizó la narrativa oficial de que en Jalisco las cosas están bajo control. Porque cuando el crimen ataca una base federal y el estado no encabeza la respuesta, la modernidad deja de importar.
Lo que quedó en Teocaltiche no fueron sólo casquillos y bardas perforadas. Quedó una pregunta política que aún no tiene respuesta: ¿quién gobierna realmente Jalisco?
En Cortito
El operativo que dio con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es un hito en la historia de la seguridad en México.
Un amplio reconocimiento corresponde al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien encabezó la operación con precisión y determinación, y cuyo trabajo quedará inscrito como ejemplo de liderazgo militar en momentos críticos.
La acción no habría sido posible sin el respaldo político y estratégico de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado estar a la altura de las circunstancias que enfrenta nuestro país, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo esfuerzo por pacificar a México sigue siendo evidente y fundamental.
El saldo fue doloroso: 25 oficiales federales muertos en combate, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden al país frente al crimen organizado.
Sin embargo, la historia también deja clara la diferencia entre un Estado que actúa y una autoridad local ausente. Mientras la Federación demuestra coordinación y liderazgo, en varios estados, incluido Jalisco, la respuesta estatal continúa siendo insuficiente, poniendo de manifiesto la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana.
Este operativo debe servir como recordatorio: la seguridad en México depende de la acción decidida y coordinada del Estado, y de líderes que no solo prometen, sino que cumplen cuando más se necesita.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla, Territorio Seguro
Raúl García Araujo
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2026-02-18

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla, Territorio Seguro

Alejandro Armenta es uno de los gobernadores más cercanos a la presidente Claudia Sheinbaum. Y esa cercanía no es solo política: se traduce en resultados claros para Puebla.
Por Raúl García Araujo
La estabilidad que hoy vive la entidad no es casualidad. Es fruto de decisiones firmes, inversión histórica y coordinación total entre los tres órdenes de gobierno.
Desde su llegada, Armenta dejó algo claro: no pactará con el delito ni tolerará la corrupción. En apenas 229 días, puso la seguridad como eje absoluto de su administración.
Se alineó a los cuatro pilares de la estrategia nacional: prevención, inteligencia, operativos y coordinación institucional.
Los números hablan por sí mismos. Puebla redujo 41% los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, y los delitos de alto impacto bajaron 11%.
Más de mil 300 personas fueron detenidas por crímenes graves; se aseguraron armas, drogas y laboratorios clandestinos. Células criminales vinculadas a homicidios, extorsión y robo de hidrocarburo fueron desarticuladas.
La coordinación ha sido clave. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, policías estatales y municipales trabajan en conjunto. Puebla opera además con inteligencia compartida con siete estados colindantes y mantiene seguimiento constante del mapa delictivo.
Alejandro Armenta
La inversión respalda la estrategia. Más de mil 240 millones de pesos en torres de videovigilancia, drones, cámaras y patrullas equipadas.
La Academia de Policía se transformó en la Universidad de las Ciencias Policiales. Helicópteros sobrevuelan la zona metropolitana de manera permanente.
El combate a la corrupción municipal también es contundente: cinco presidentes municipales en prisión, uno prófugo y nuevos procesos en marcha. Ningún cargo público es escudo frente a la ley.
Sí, hubo un hecho lamentable en Angelópolis: tres personas fallecieron. Se investigará y se castigará. Pero usar este episodio aislado para desacreditar la estrategia de seguridad ignora la realidad. Los indicadores muestran una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto. Un incidente no define un estado.
Puebla hoy es uno de los estados más seguros del país. Y esa seguridad no es un discurso: es coordinación institucional, inteligencia, operativos y inversión estratégica día tras día.
La estabilidad también impulsa la economía y el turismo. Más de 17.7 millones de visitantes en 2025 dejaron una derrama económica superior al 10%.
La expansión aérea conecta a Puebla con 12 destinos nacionales e internacionales, mientras el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán superó 1.2 millones de pasajeros, con un incremento anual del 16%.
La confianza en Puebla no es solo institucional: es económica y turística.
Quien piense que Puebla es un estado inseguro ignora el trabajo de fondo. Alejandro Armenta combate la delincuencia de manera integral: desarticula células criminales, enfrenta la corrupción y protege a la ciudadanía.
Los resultados son claros: la violencia disminuye, la confianza crece y la autoridad se consolida.
Puebla avanza porque tiene un gobernador que no se detiene ante el riesgo ni ante la crítica. Mientras algunos medios intentan magnificar hechos aislados, Armenta mantiene el rumbo.
Consolidando un estado seguro, próspero y conectado con el mundo. Su gobierno demuestra que la verdadera política se mide en resultados: calles más seguras, instituciones fuertes y una economía y turismo que crecen al ritmo de la paz y la estabilidad.
Quien hoy visite Puebla no solo encontrará infraestructura moderna o rutas aéreas internacionales. Encontrará un estado que decidió no rendirse ante el crimen y apostar, de manera firme, por su gente.
Nos cuentan que la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado puso en marcha un nuevo despliegue de seguridad en la capital morelense, atendiendo la instrucción de reforzar acciones para prevenir actos de violencia y fortalecer el orden público.
Se trata del operativo denominado “Espiral”, encabezado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, enfocado en la supervisión de bares y establecimientos de los llamados giros rojos, sectores que históricamente han sido señalados como puntos sensibles en materia de seguridad y orden público.
El despliegue no fue menor. Se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un esfuerzo interinstitucional.
José Luis Urióstegui Salgado
Como resultado de las inspecciones, cuatro establecimientos fueron sancionados administrativamente tras detectarse irregularidades conforme a la normatividad vigente.
Más allá del número, lo relevante es la señal política: supervisión permanente y cero tolerancia a quienes operen fuera del marco legal.
El operativo “Espiral” no sólo pretende inhibir delitos y faltas administrativas; también busca fortalecer la presencia institucional en horarios y giros considerados de riesgo.
La estrategia del alcalde José Luis Urióstegui Salgado parece apuntar a reforzar la prevención.
Por tal motivo, nos dicen que en el Ayuntamiento de Cuernavaca la instrucción es clara: anticiparse a los problemas que pudieran presentarse en este tipo de establecimientos.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Jalisco y Teocaltiche: bombas de tiempo
Raúl García Araujo
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2026-02-11

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Jalisco y Teocaltiche: bombas de tiempo

El mensaje es directo y tiene destinatarios claros: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández; y el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos.
Por Raúl García Araujo
También tiene territorio marcado: Teocaltiche y Villa Hidalgo. La detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue una advertencia.
Desde el centro del poder federal se tomó una decisión que no pasó por Casa Jalisco. La captura de Diego “N” evidenció la desconfianza de la Federación hacia las instituciones estatales para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Cuando no hay coordinación, la Federación actúa sola. Y actúa sin avisar.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una intervención quirúrgica contra ayuntamientos capturados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Diego Rivera confirmó lo que durante años se denunció sin consecuencias: el poder municipal convertido en una extensión del CJNG.
Diego “N” fue detenido tras cateos ejecutados por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.
Omar García Harfuch
Las acusaciones son graves: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal.
No operaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios hoy bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Un ayuntamiento funcionando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda al gobierno de Jalisco: el mismo modelo ya fue plenamente documentado en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Lo que sigue ya no es especulación, es método. La Operación Enjambre ha demostrado que cuando existe coordinación real entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías, los resultados llegan.
En el estado de México, el trabajo conjunto entre Omar García Harfuch y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, iniciado en noviembre de 2024, ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en 18 municipios, así como en 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.
Ese contraste es el que hoy pesa sobre Jalisco. Mientras en el estado de México la Federación encontró interlocutores confiables para desmontar redes criminales incrustadas en gobiernos locales, en Jalisco optó por avanzar sola.
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Por eso Teocaltiche y Villa Hidalgo no aparecen como advertencia retórica, sino como los siguientes movimientos en un tablero ya definido.
El gobierno federal no está midiendo costos políticos ni cuidando equilibrios locales; está ejecutando una estrategia que va directo al poder municipal coludido con el crimen. El mensaje es tan claro como incómodo: cuando el Estado no actúa, alguien más lo hará. Y esta vez, el enjambre ya está en movimiento.
En Cortito
Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la conducción de Bertha Alcalde Luján, volvió a demostrar que la coordinación institucional puede transformar la indignación ciudadana en resultados concretos.
La detención de Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa y arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro, generó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación en todo el Valle de México.
Lo que podría haber sido solo un caso mediático se convirtió en un ejemplo de eficacia judicial.
La FGJCDMX ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado tras avanzar rápidamente en la investigación del hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
Pero lo que destaca no es solo la rapidez, sino la coordinación interinstitucional. Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gaby “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Este trabajo conjunto demuestra que los casos de alto impacto social no se resuelven sólo con titulares o indignación en redes, sino con inteligencia, planificación y cooperación entre estados.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Ecatepec rompe inercias políticas
Raúl García Araujo
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2026-02-04

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Ecatepec rompe inercias políticas
Ecatepec comienza a consolidar una nueva etapa política y administrativa basada en la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno.
Por Raúl García Araujo
En un municipio históricamente marcado por rezagos estructurales, la articulación institucional se perfila hoy como un factor clave para generar resultados tangibles.
En ese contexto, la reciente aprobación del dictamen de la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México, que reconoce a la Laguna de Chiconautla como parte del municipio, representa un paso decisivo para otorgar certeza jurídica a más de 29 mil habitantes y acelerar el acceso a servicios básicos en la zona.
Se trata de una resolución largamente esperada que sienta bases claras para la planeación y la inversión pública.
Este avance es reflejo del trabajo conjunto entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la presidente municipal Azucena Cisneros Coss, quienes han construido una relación institucional orientada a resolver problemáticas estructurales en el municipio más grande y poblado del país.
Delfina Gómez
La resolución territorial no solo corrige un diferendo histórico con Acolman, sino que devuelve derechos y dignidad a miles de familias que durante años carecieron de claridad administrativa para exigir servicios públicos.
La propia alcaldesa ha reconocido que el respaldo político y social de la gobernadora fue determinante para concretar esta resolución.
El impulso del gobierno estatal permitió destrabar un conflicto prolongado y abrir la puerta a una nueva etapa de regularización, obra pública, acceso al agua potable y fortalecimiento de la seguridad en Chiconautla.
Este modelo de colaboración institucional también encuentra respaldo en el Gobierno Federal.
La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ecatepec, acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el municipio se ha convertido en una prioridad dentro de la estrategia nacional de seguridad y atención social.
Los primeros resultados comienzan a reflejarse en las cifras. De acuerdo con información oficial, los delitos de alto impacto en el estado de México disminuyeron 22 por ciento. En el caso particular de Ecatepec, la implementación del Mando Unificado ha permitido reducciones significativas: 33 por ciento en homicidios dolosos, 36 por ciento en robo de vehículos, 32 por ciento en extorsión y 43 por ciento en robo a casa habitación.
Estos avances son resultado del trabajo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales, lo que ha permitido la detención de generadores de violencia, entre ellos integrantes de la organización delictiva conocida como La Chokiza, así como el aseguramiento de armas, inmuebles vinculados a actividades ilícitas y tomas clandestinas de agua.
Paralelamente, el desarrollo social comienza a fortalecerse. El incremento de 700 por ciento en obras de agua, alumbrado y pavimentación, junto con más de 150 mil atenciones sociales dirigidas principalmente a mujeres, jóvenes y niñas, refleja una estrategia que busca atender las causas de la violencia y mejorar las condiciones de vida de la población.
La incorporación formal de la Laguna de Chiconautla al territorio de Ecatepec simboliza así un nuevo esquema de gobernanza, donde la suma de esfuerzos entre la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Azucena Cisneros permite avanzar en soluciones concretas, con el respaldo del gobierno federal para consolidar proyectos de seguridad y desarrollo social.
Esta alianza de trabajo no solo fortalece la gobernabilidad en el municipio más grande del país; también confirma que el proyecto de transformación mantiene fuerza territorial y respaldo ciudadano cuando la coordinación sustituye al conflicto y los resultados comienzan a llegar.
En Cortito
Nos cuentan que la estrategia de combate a los delitos de alto impacto en el estado de México comienza a mostrar resultados a partir del fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de la entidad, bajo la conducción del fiscal José Luis Cervantes Martínez, y en coordinación con instancias federales y estatales.
En los últimos meses, este enfoque ha permitido avanzar en la desarticulación de grupos generadores de violencia, mediante investigaciones sólidas que derivan en detenciones relevantes y judicializaciones con sustento jurídico. Un ejemplo reciente es la captura de 10 hombres y una mujer vinculados con al menos 16 homicidios.
Más allá de este caso específico, la Fiscalía mexiquense ha reforzado el uso de inteligencia criminal, el cruce de información interinstitucional y el seguimiento de redes delictivas que operan en distintas regiones del estado, lo que ha permitido identificar zonas de movilidad, patrones delictivos y vínculos entre organizaciones criminales.
Bajo el liderazgo del fiscal José Luis Cervantes Martínez, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene una estrategia de actuación firme, técnica y con resultados, enfocada en reducir la violencia, combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Cuernavaca apuesta por la inteligencia en seguridad
Raúl García Araujo
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2026-01-28

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca apuesta por la inteligencia en seguridad
En seguridad pública no hay margen para titubeos. Los resultados se construyen con decisiones de fondo y ajustes oportunos.
Por Raúl García Araujo
Bajo esa lógica, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, decidió fortalecer su estrategia con un movimiento quirúrgico y políticamente calculado: colocar al frente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) a un perfil de inteligencia, no de ocurrencia; de coordinación, no de aislamiento, con el objetivo de elevar la eficacia en materia de seguridad.
El nombramiento de Pablo Nivardo Aguilera Casados no es un simple relevo administrativo. Representa un golpe de timón en la estrategia de seguridad municipal y una señal inequívoca de que Cuernavaca se alinea al modelo que hoy marca la pauta a nivel nacional: inteligencia, análisis criminal y cooperación interinstitucional.
Urióstegui entiende que la seguridad ya no se gana con patrullajes reactivos ni discursos voluntaristas, sino con información, tecnología y mando claro.
José Luis Urióstegui Salgado
El trasfondo político es aún más contundente. Este ajuste coloca a Cuernavaca en sintonía directa con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y eje operativo del Gabinete de Seguridad de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
En términos reales, el alcalde decidió que la capital de Morelos no juegue en solitario, sino dentro del esquema nacional de seguridad, donde la inteligencia y la coordinación con fuerzas federales son la regla, no la excepción.
Aguilera Casados llega con credenciales que pesan: formación en criminología y política criminal, experiencia en análisis de información y vínculos con instancias estratégicas de la Sedena, la Marina y agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.
No es un perfil político; es un operador técnico para una etapa que exige resultados, no excusas. Su mensaje es claro: prevenir antes que reaccionar, fortalecer la presencia territorial y recuperar la confianza ciudadana.
El movimiento fue leído de inmediato por el sector empresarial, que no suele regalar avales. El Consejo Coordinador Empresarial Morelos y la Canacope-Servytur Cuernavaca otorgaron su voto de confianza al alcalde. El respaldo no es gratuito: es una exigencia directa de resultados inmediatos.
En política, la seguridad define gobiernos. Urióstegui lo sabe y por eso decidió mover la pieza clave del tablero. Con este nombramiento, Cuernavaca consolida una visión donde la seguridad se asume como estrategia de Estado, no como trámite municipal.
A este movimiento se suma otro factor que explica la ruta del alcalde: la coordinación entre municipios. José Luis Urióstegui Salgado se ha convertido en uno de los principales promotores de la articulación institucional entre alcaldes de Morelos, convencido de que la inseguridad no reconoce fronteras administrativas y exige respuestas regionales, no aisladas.
Desde esa lógica, Cuernavaca ha impulsado esquemas de intercambio de información, operativos conjuntos y comunicación permanente entre municipios, con el respaldo de instancias estatales y federales.
La apuesta es clara: construir un frente común que permita anticipar riesgos, compartir inteligencia y cerrar espacios a la delincuencia en la zona metropolitana y en los corredores estratégicos del estado.
A partir de ahora, el margen de tolerancia se reduce. El movimiento está hecho, la estrategia definida y los respaldos políticos alineados. En seguridad no hay pretextos ni tiempos largos: hay resultados o hay costos.
José Luis Urióstegui Salgado decidió asumir esa responsabilidad y colocar a Cuernavaca en el tablero nacional de la seguridad. El siguiente capítulo ya no será de discursos, sino de cifras, percepción ciudadana y control territorial. Ahí es donde se medirá el alcance real de esta decisión.
En Cortito
Nos cuentan empresarios de Morelos que han comenzado a plantear una exigencia que ya circula con fuerza en los círculos de decisión del estado: la gobernadora Margarita González Saravia debería tomar en cuenta el movimiento realizado en Cuernavaca y actuar con la misma determinación.
La solicitud es clara: remover a la brevedad al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ante la percepción generalizada de que los resultados en materia de seguridad no han sido los esperados.
La comparación es inevitable y políticamente incómoda. Mientras en Cuernavaca el alcalde decidió ajustar y asumir el costo de mover una pieza clave, a nivel estatal la inseguridad continúa acumulando reclamos sin que se observe un golpe de timón similar.
Para el sector empresarial de Morelos, el mensaje es contundente: cuando la inseguridad persiste y los resultados no llegan, la permanencia de los responsables deja de ser una decisión técnica y se convierte en un problema político.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Harfuch va por el narco en Zacatecas
Raúl García Araujo
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2025-09-10

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | El peso de Harfuch
De nueva cuenta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se coloca en el centro del debate nacional.
Por Raúl García Araujo
No solo como operador de la política de seguridad de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, sino como el rostro visible de una estrategia que está marcando un quiebre en la narrativa oficial: el desmantelamiento de la red de corrupción conocida como huachicol fiscal, en la que aparecen involucrados altos mandos de la Secretaría de Marina, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
Lo que comenzó el pasado 7 de julio con un anuncio en sus redes sociales —espacio que Harfuch ha convertido en una herramienta directa y eficaz para comunicar resultados en materia de seguridad— terminó convirtiéndose en un terremoto político. Ese día, informó sobre el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los decomisos más grandes de la actual administración. Lo que no se sabía entonces, es que aquella investigación abriría la puerta a un caso sin precedentes que derrumbó el mito de la incorruptibilidad de la Marina.
La fuerza de este golpe no solo estuvo en los operativos desplegados en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y ciudad de México, sino en el manejo del mensaje. Fue el propio Harfuch quien, con información detallada, explicó cómo operaba la red de complicidades integrada por empresarios, marinos en activo y en retiro, además de exfuncionarios de aduanas. El control narrativo, acompañado de datos duros, le permitió a Harfuch erigirse como el principal actor político y mediático de este episodio.
En total, fueron 14 los detenidos, entre ellos tres empresarios, cinco marinos en activo, un vicealmirante retirado y cinco exfuncionarios. El aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico fue la prueba más contundente de la magnitud del caso.
La propia Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó que incluso los familiares del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda, se encuentran bajo investigación, a petición del propio almirante.
Harfuch ha sabido equilibrar el golpe político: dejar en claro que los actos de corrupción corresponden a individuos aislados y no a toda la institución, al mismo tiempo que reivindica el papel de la Marina en la seguridad del país. Ese doble discurso —duro contra la corrupción, pero respetuoso de las instituciones— explica por qué su figura crece y se fortalece.
El secretario de Seguridad no solo ejecuta operativos: marca agenda, responde a la opinión pública y coloca los temas donde deben estar. Esa habilidad lo diferencia y lo proyecta más allá del escritorio burocrático. No sorprende que ya se le observe como uno de los funcionarios más influyentes.
La gran interrogante que queda en el aire es inevitable: ¿por qué el ex presidente Andrés Manuel López Obrador nunca lo recibió en Palacio Nacional, pese a que Claudia Sheinbaum lo había propuesto como su secretario de Seguridad desde antes de asumir la Presidencia? ¿Y qué pasó con aquella cruzada contra el huachicol que él mismo encabezó?
Hoy, bajo la administración de Sheinbaum, es Harfuch quien da continuidad a esa batalla, pero con un sello distinto: cero impunidad, cero tolerancia y máxima transparencia en la comunicación. El resultado es claro: el huachicol fiscal dejó de ser un tema oculto para convertirse en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Y, en ese camino, Omar García Harfuch emerge como el funcionario con mayor fuerza política y mediática del gabinete presidencial.
En Cortito
Nos cuentan que la oscuridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana en Coatepec Harinas y sus pueblos. Los constantes cortes de energía eléctrica ya no son una anécdota aislada, sino un problema estructural que ha dejado a miles de familias en la incertidumbre, la molestia y el hartazgo.
El más reciente ocurrió la semana pasada, cuando varias comunidades del sur del estado de México, incluida la cabecera municipal, se quedaron a media luz por horas y hasta días. Una situación que refleja no solo fallas técnicas, sino la falta de respuestas de fondo.
La Comisión Federal de Electricidad debe tomar cartas en el asunto y ofrecer una solución definitiva. La población no puede ni debe acostumbrarse a vivir entre apagones.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: SCJN ante nuevos desafíos
Raúl García Araujo
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2025-09-03

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | SCJN ante nuevos desafíos
Noche histórica de un día memorable lo que ocurrió este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la asunción de sus nueve integrantes y el inicio de una nueva época para el máximo tribunal constitucional del país.
Por Raúl García Araujo
Asumió la presidencia un ministro de extracción indígena, lo que no ocurría desde la época del Benemérito Benito Juárez. Llegan nueve ministros, ya no once como en el pasado; la mayoría, mujeres, a diferencia de antes.
El discurso del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, también quedará para la posteridad: hará imperar la austeridad y refundará la Corte; reducirá los salarios de los ministros; desaparecerá los gastos médicos mayores y los mandará al ISSSTE, además de “revisar” las pensiones de los ministros en retiro.
Pero no faltaron los negritos en el arroz; uno de ellos, con toda seguridad “sembrado”, intentó “deshacerse” de Claudia Sheinbaum del Salón de Plenos antes de corresponderle.
Se trata del secretario general de Acuerdos, Rafael Coello Cetina, nada menos que sobrino del controvertido exfiscal Javier Coello Trejo, quien dejó mala huella entre los líderes de izquierda del país.
En algún momento de la ceremonia de asunción de los nueve ministros, Rafael Coello, un experimentado funcionario de la Corte con más de 20 años en el cargo y allegado a los ministros más conservadores, decidió equivocarse y prácticamente invitar a salir a Claudia Sheinbaum.
Tuvo que salir al paso el ministro presidente, Hugo Aguilar, para señalar que faltaba la entonación del Himno Nacional, lo que procedió de inmediato y enmendó la plana al “olvidadizo” y experimentado funcionario de la Corte.
Pero lo que siguió no fue menor, y esto correspondió a los totalmente 4T. Resulta que el mismísimo ministro presidente de la Suprema Corte fue relegado en ese acto por sus pares; sí, el mismo a quien tanto se ha presumido por su origen indígena y su lucha social, fue mayoriteado por las ministras y relegado, sacrificando incluso el protocolo y cualquier norma de urbanidad, incluido el Manual de Carreño.
El protocolo establece que el presidente de la Corte, en su calidad de titular de uno de los tres poderes de la Unión y de anfitrión, debe estar al lado de la persona titular del Ejecutivo, en este caso, de Sheinbaum Pardo.
En su afán por estar al lado de la presidente, las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel desplazaron una y otra vez a un inexperto y temeroso Hugo Aguilar, quien por momentos tuvo que apresurarse para intentar ocupar el lugar que, por importancia y protocolo, le pertenece.
Lo que de suyo es grave pudiera parecer un tema puramente anecdótico, un agandalle de las ministras. Pero no lo es, porque puede marcar la tónica que regirá en los trabajos del órgano jurisdiccional supremo.
Y más grave aún puede ser porque la misma presidente Claudia Sheinbaum no le dio su lugar a Hugo Aguilar. Bastaba un “dejemos que llegue el ministro presidente” para que el par de ministras gandallas abriera el espacio e incorporara a su presidente en el lugar que le correspondía. Pero este llamado nunca llegó.
Ojalá en los hechos y en la relación entre poderes impere la civilidad y se le dé el lugar que le corresponde a quien fuera muy respetado y reconocido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le ha de haber hecho nada de gracia el trato que recibió el nuevo presidente de la i, justamente en su casa y en su acto protocolario.
En Cortito
Nos cuentan que mientras la mandataria Claudia Sheinbaum encabezaba en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad, en Morelos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, hacía lo propio al presidir el Consejo Municipal, con la convicción de que la seguridad no puede esperar.
La coincidencia no es casualidad, sino un reflejo de la coordinación que comienza a tejerse entre los tres niveles de gobierno para devolverle la paz al país.
En la capital morelense, el edil anunció medidas de gran alcance para garantizar entornos más tranquilos a las familias. Entre las acciones destaca la instalación de arcos de revisión y lectura de placas y códigos del Registro Público Vehicular (Repuve) en los accesos estratégicos de la ciudad. Esta medida permitirá detectar de manera inmediata vehículos robados o vinculados a ilícitos, cerrando el paso a la impunidad en las calles de Cuernavaca.
A la par, Urióstegui detalló que, en coordinación con Guillermo García Delgado, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), se acordó la colocación de más de 200 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos clave de la ciudad. Estas se sumarán a las ya instaladas desde su primera administración, consolidando un sistema de monitoreo que moderniza y fortalece la capacidad de reacción policial.
La estrategia del alcalde Urióstegui Salgado, acompañada del respaldo técnico y político de figuras como Omar García Harfuch, apunta a que la capital de Morelos sea reconocida como ejemplo de coordinación y resultados, convirtiéndose en uno de los municipios más seguros de la región centro del país.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Adiós a la SCJN dorada
Raúl García Araujo
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2025-07-09
Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Una identidad para Saúl
En estos días en que se discute la implementación de la CURP Biométrica —un documento único, obligatorio, con huellas, fotografía y firma digital—, el país parece celebrar un salto hacia la modernidad.
Por Raúl García Araujo
Las autoridades hablan de seguridad, eficiencia, de blindar al Estado contra el fraude. Pero, mientras en los altos círculos del poder se habla de tecnología de punta, en Chimalhuacán, estado de México, hay un niño llamado Saúl que no tiene ni lo más básico: una identidad legal.
Saúl tiene 14 años. Vive con sus abuelos paternos, gente humilde que sobrevive con lo justo. Saúl no es un fantasma: existe, respira, va a la escuela cuando puede, juega en las calles de su colonia, sueña con ser alguien. Pero el sistema no lo reconoce.
No tiene acta de nacimiento mexicana. No tiene CURP. No tiene acceso formal a la educación, ni a la salud, ni a ningún derecho que requiera un papel sellado por el Estado.
Su historia duele. Nació en 2011 en Minnesota, Estados Unidos. Su madre es estadounidense; su padre, mexicano. Cuando era apenas un bebé, la familia se mudó a México. Fue un regreso que prometía raíces, pero acabó en tragedia: meses después, su padre fue asesinado.
La madre, devastada, volvió a su país llevándose a uno de sus hijos. A Saúl lo dejó atrás, al cuidado de sus abuelos. Desde entonces, ellos han sido su familia, su sostén, su refugio.
Pero nunca lo registraron en México. Su único documento es un certificado de nacimiento estadounidense, en inglés, sin validez oficial ante las autoridades mexicanas. Sin ese registro inicial, no puede obtener CURP. Y sin CURP ni acta, en México, no existes.
Y ahora, el país que lo ha criado y lo ha visto crecer le da la espalda de una forma todavía más cruel: se prepara para implementar la CURP Biométrica, un nuevo documento que será obligatorio para todos los trámites. Sin ella, no se podrá estudiar, acceder a salud, abrir una cuenta bancaria ni ejercer derechos fundamentales. Y Saúl ni siquiera tiene la CURP original.
Sus abuelos han tocado puertas. Muchas. En el municipio, en el estado, en dependencias federales. Han explicado su situación una y otra vez. Siempre reciben la misma respuesta: que necesitan más documentos, que vayan a otra oficina, que regresen con tal firma. Pero no tienen dinero para trasladarse, ni abogados que los asesoren, ni acceso a internet para hacer citas. Son pobres. Y en este país, la pobreza también te borra.
Mientras tanto, el discurso oficial habla de “incluir a toda la población”. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que todas las dependencias deben adecuar sus sistemas en 90 días. También se otorga un plazo adicional de 120 días para incorporar a menores de edad.
¿Pero cómo se va a incluir a quienes nunca han sido reconocidos?
¿A quién le va a importar el caso de un niño sin nombre en Chimalhuacán cuando los reflectores están sobre los sistemas biométricos, los códigos QR y las bases de datos digitales?
La historia de Saúl no es una excepción. En México, miles de niños viven en un limbo jurídico. Nacieron en condiciones adversas, fueron abandonados, migraron, quedaron atrapados entre fronteras, entre burocracias, entre el silencio de las instituciones.
Y ahora, la modernización corre el riesgo de profundizar aún más su exclusión.
Hablar de identidad no es solo hablar de papeles. Es hablar de pertenencia, dignidad, futuro. Es decirle a un niño como Saúl: tú también formas parte de este país, tú también cuentas, tú también importas.
La CURP Biométrica puede ser un paso hacia el futuro. Pero si ese futuro deja fuera a los más vulnerables, entonces no es progreso: es abandono.
Ojalá, entre tanta reforma, algún funcionario lea la historia de Saúl. Que escuche a sus abuelos. Que abra esa puerta que lleva años cerrada. Y que, por fin, le dé al niño lo que nunca ha tenido: una identidad propia.
En cortito
Nos cuentan que, por fin, el oriente del estado de México empieza a ser tomado en serio. Tras décadas de rezago, marginación y promesas incumplidas, la Presidencia de la República ha anunciado el arranque del Plan Maestro del Oriente, un ambicioso proyecto que busca saldar una deuda histórica con millones de personas.
Impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum y articulado con recursos federales y una coordinación tripartita entre los tres niveles de gobierno, el plan tiene como objetivo atacar de raíz los problemas que han sido el pan de cada día para las familias mexiquenses: la escasez de agua, las inundaciones recurrentes, el caos en la movilidad y la creciente inseguridad.
En el caso de Nezahualcóyotl, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo confirmó que ya han iniciado los primeros proyectos del periodo 2025-2026, enfocados en tres ejes fundamentales: salud, educación y bienestar.
Uno de los anuncios más importantes es la creación de un Polo del Bienestar en las 70 hectáreas del Bordo de Xochiaca, un terreno que por décadas fue símbolo de abandono, basura y estigmatización. La transformación de este espacio no solo representa un acto de justicia territorial, sino la oportunidad de convertirlo en el corazón de una nueva realidad para el oriente mexiquense.
Si se cumple lo prometido, este podría ser el comienzo de una historia distinta. Una en la que el oriente ya no sea sinónimo de olvido, sino de dignidad, inversión y futuro.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: C4 de Cuernavaca: reacción inmedita
Raúl García Araujo
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2025-07-02

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita
Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..
Por Raúl García Araujo
… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.
La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.
Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.
militares vigilan monitor
El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.
Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.
De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.
Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.
José Luis Urióstegui Salgado
El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.
Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.
El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.
En cortito
Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.
En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.
moto patrullas
El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.
Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.
Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?
Raúl García Araujo
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2025-06-25

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?
El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…
Por Raúl García Araujo
… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.
Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.
Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.
Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.
No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.
Alejandro Armenta
Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.
En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.
En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.
Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.
En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.
¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?
¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?
Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.
Son preguntas, que conste.
En cortito
Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.
Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.
Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.
Claudia Sheinbaum Pardo
Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche
Raúl García Araujo
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2025-06-18

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche
Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.
Por Raúl García Araujo
No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.
Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.
Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.
La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.
Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_
Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.
En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.
En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.
Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.
Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.
Teocaltiche
Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.
Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.
Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.
Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.
Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.
En cortito
En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.
Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.
José Luis Urióstegui Salgado
Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.
La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.
Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo
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2025-06-11

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta defiende a migrantes poblanos
Mientras muchos prefieren no mirar o quedarse en el discurso, el gobierno de Puebla ha actuado. Y lo ha hecho con decisión.
Por Raúl García Araujo
Desde este miércoles, la Casa por Amor a Puebla, en Los Ángeles, California, cuenta con un equipo jurídico que brindará asesoría legal gratuita a las y los connacionales poblanos en riesgo de ser deportados. Se trata de una respuesta concreta, eficaz y oportuna ante un problema real.
El gobernador Alejandro Armenta no dudó. Su compromiso con los migrantes va más allá de las palabras: hoy se traduce en políticas públicas que los protegen, los escuchan y los acompañan. Con esta medida, Puebla se convierte en el primer estado del país en brindar asesoría legal directa en territorio estadounidense, asumiendo un papel que trasciende fronteras y que coloca a las personas en el centro de la acción gubernamental.
Esta iniciativa se da en un contexto delicado. La política migratoria de Estados Unidos, impulsada durante la primera administración de Donald Trump y retomada ahora con nuevos matices, ha provocado redadas, detenciones masivas y deportaciones que afectan principalmente a comunidades trabajadoras, muchas de ellas mexicanas, muchas de ellas poblanas.
Protesta Los Angeles
Frente a eso, la respuesta del gobernador Armenta ha sido clara: defender a los migrantes es defender a Puebla. Y no está solo. La presidente Claudia Sheinbaum ha asumido esta causa como un tema prioritario. El pasado domingo, durante su visita al estado, donde inauguró dos nuevas torres en el Hospital de la Niñez Poblana, expresó su condena a las redadas y envió un mensaje contundente desde San Andrés Cholula: “los migrantes no son criminales”, dijo con firmeza. Y tenía razón.
La mandataria federal sabe que la comunidad migrante no solo aporta a la economía estadounidense, sino que mantiene viva la conexión entre México y sus ciudadanos en el exterior. Es una comunidad que nunca ha dejado de pertenecer, aunque la distancia sea grande y las políticas a veces sean duras.
Los números son claros. Se estima que 3.5 millones de poblanos viven en Estados Unidos. Un millón están solo en la ciudad de Los Ángeles y su área metropolitana. Otro millón 200 mil están en la zona triestatal: Nueva York, New Jersey y Connecticut. La mayoría lleva años allá. Algunos ya son ciudadanos, otros residentes permanentes. Pero muchos, al menos medio millón, siguen en condición irregular y sin protección suficiente.
Por eso la medida del gobernador es tan importante. Porque pone al alcance de esta población un derecho básico: la defensa legal. Y lo hace desde un enfoque humano, fraterno, solidario. Porque los migrantes no piden privilegios. Piden justicia.
Alejandro Armenta
Lo que está haciendo Puebla es también una nueva forma de ejercer diplomacia: una diplomacia con rostro humano, desde lo local, desde el compromiso con su gente. Ya no basta con dejarle toda la tarea a los consulados. Los gobiernos estatales tienen mucho que decir y mucho que hacer, sobre todo cuando conocen a su comunidad y entienden su realidad.
En un momento donde la migración vuelve a colocarse al centro del debate político internacional, el gobierno de Puebla envía un mensaje claro: sus ciudadanos, estén donde estén, no están solos. Hay un gobierno que los respalda, que los defiende, que los escucha.
La presidente Sheinbaum y el gobernador Armenta están trazando juntos una ruta de justicia para los migrantes. Una ruta de acción y de cercanía. No es casual que Puebla sea uno de los estados que más ha visitado la mandataria nacional. Hay una sintonía de fondo. Una visión compartida de país.
Y esa visión tiene algo muy claro: la dignidad no tiene fronteras.
En Cortito
Nos cuentan que buen punto se anotó Alejandro Encinas al concitar en torno de la presentación de la segunda edición de su libro «Memoria de Siete Siglos«, a personalidades de pensamiento progresista; el fundamental, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador, ex candidato presidencial y primer Jefe de Gobierno, electo, de la capital del país
El Colegio de San Ildefonso se vistió de gala, pues en su interior deliberaron Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas (ambos Jefes de Gobierno de la Cdmx), Eduardo Vázquez y Gabriela Pulido sobre temas fundamentales que han aquejado a la ciudad de México, a 700 años de su fundación, como el del agua, en el que coincidieron que se debe trabajar arduamente para corregir errores y seguir logrando la viabilidad de la gran urbe.
Cuauhtémoc cardenas
Por ahí se vio a Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento estudiantil de 1968 y otros muchos personajes de la izquierda mexicana, que abarrotaron el lugar, ante quienes recordó Encinas la creación del Frente Democrático Nacional -que abanderó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en 1988- como un movimiento irruptivo que dejó constancia de la viabilidad de la izquierda como gobierno en la capital del país y en México, de la que dijo llegó para quedarse «y no habrá marcha atrás».
Ahí el secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del gobierno de la ciudad, urgió a tener libros de historia que nos permitan recuperar las historias locales de la ciudad y fortalecer la memoria.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Morelos en manos del crimen
Raúl García Araujo
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2025-06-04

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos en manos del crimen
A un año de haber ganado la gubernatura, Margarita González Saravia ha demostrado que el cambio prometido en Morelos fue solo una ilusión.
Por Raúl García Araujo
Su administración, lejos de marcar un nuevo rumbo, ha reproducido —con una fidelidad escalofriante— los mismos errores, omisiones y complicidades que caracterizaron al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. El resultado: una ciudadanía frustrada, colérica y atrapada en un estado que parece haber sido entregado al crimen organizado.
La violencia en Morelos no se detiene. No hay semana, ni siquiera día, que no esté marcada por asesinatos, secuestros, extorsiones o desapariciones. Mientras tanto, el gobierno estatal permanece inmóvil, atrapado en la mediocridad y la inacción. No hay estrategia, no hay liderazgo, no hay resultados. Lo que sí hay es miedo, impunidad y funcionarios que representan más un lastre que una solución.
El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ha demostrado ser incapaz de contener la violencia que se extiende por todos los municipios.
Su papel ha sido irrelevante, por decir lo menos, en un estado que clama por orden y justicia. Del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, los morelenses apenas recuerdan algo más que el escándalo de su designación; su gestión ha sido opaca, ausente y cómplice del silencio institucional frente al horror cotidiano.
Cuauhtémoc Blanco
Y es que Morelos no sólo sufre de violencia, sufre de abandono institucional. La omisión de González Saravia ante el clamor de la ciudadanía no es pasividad, es negligencia. Este lunes, a plena luz del día, un presunto líder criminal fue ejecutado sin que hubiera una sola reacción eficiente del estado. No hay operativos, no hay respuestas, no hay control. Solo cadáveres y comunicados vacíos.
La situación ha llegado al punto de que el propio obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, alzó la voz durante una marcha por la paz, denunciando que el crimen organizado no solo está presente en las calles, sino que ha penetrado las estructuras del gobierno. Las palabras del obispo son un reflejo fiel de la desesperación colectiva, pero también una acusación directa a la falta de compromiso de las autoridades.
Las cifras y los casos estremecen. En Temixco, tres días consecutivos de violencia dejaron cuatro personas muertas. En otro hecho violento, el vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra fue asesinado durante un concierto. Y lo que quizá golpeó con mayor fuerza la conciencia del estado: el asesinato de Sara Olivia Rendón Parra, abogada de la Defensoría Pública e hija de una alta funcionaria del Centro de Justicia para las Mujeres.
¿Qué más tiene que pasar para que la gobernadora actúe? ¿Cuántos muertos más se necesitan para entender que la estrategia falló desde el primer día? Mientras la violencia se normaliza y la ciudadanía se protege como puede, la administración de Margarita González Saravia no ha logrado articular ni un solo tema sólido de gobierno. No hay rumbo, ni discurso, ni gestión efectiva. Sólo el eco de una frase que cada vez retumba con más fuerza en las calles: “Esto ya lo vivimos con Cuauhtémoc Blanco”.
Margarita González Saravia
Ante este escenario, incluso la iniciativa privada ha alzado la voz. Armando Núñez Iragorri, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos, ha pedido al gobierno federal que intervenga. Porque, aunque suene brutal, Morelos se ha convertido en un estado sin gobierno, sin control y sin esperanza.
La historia juzgará, pero los ciudadanos ya están hartos. Hoy Morelos no está gobernado, está abandonado. Y el crimen organizado no solo lo sabe… lo aprovecha.
Mientras los morelenses entierran a sus muertos, la gobernadora se pierde entre excusas, discursos huecos y una vergonzosa falta de autoridad. Si Margarita González Saravia no puede —o no quiere— enfrentar al crimen, que tenga la dignidad de reconocerlo. Porque cada día que se aferra al poder sin ejercerlo, se convierte en cómplice del terror que azota a su pueblo.
Morelos no necesita una gobernadora decorativa. Necesita una líder valiente, presente, y comprometida con su gente. Y si no la tiene… que el pueblo se lo cobre como lo dicta la historia: con memoria, con dignidad y con coraje.
En Cortito
Nos cuentan que una figura política comienza a sobresalir no por escándalos, omisiones o pactos con el silencio, sino por su compromiso firme, su vocación de servicio y el respeto que se ha ganado dentro y fuera del país: José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca.
El presidente municipal de Cuernavaca ha logrado construir un liderazgo basado en resultados, en cercanía con la gente y en un valor que escasea en la política actual: la integridad.
La más reciente muestra de este reconocimiento internacional llegó desde Bogotá, Colombia. El Congreso de la República de ese país le entregó a Urióstegui Salgado la Orden del Congreso en el Grado de Caballero, una de sus más altas condecoraciones, en honor a su trayectoria como servidor público, defensor de los derechos humanos y promotor de la democracia.
José Luis Urióstegui Salgado
No se trata de una medalla más. Este galardón, avalado por el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda Sarabia, fue entregado en el marco de una jornada internacional que no premia a políticos de escritorio, sino a verdaderos líderes latinoamericanos que han dejado huella en sus comunidades. Y José Luis Urióstegui fue uno de ellos.
Su mensaje, acompañado de su esposa y aliada en el servicio social, Luz María Zagal Guzmán, presidente del DIF Cuernavaca, fue claro y poderoso: “Este reconocimiento no es personal, es para todos aquellos gobiernos municipales que creen en transformar la vida de las personas desde lo local, desde lo humano”.
Urióstegui no ha necesitado reflectores artificiales ni redes compradas para posicionarse. Lo ha hecho con trabajo, con honestidad y con resultados. Mientras otros eluden responsabilidades, él las asume. Mientras el estado se hunde en la inacción, Cuernavaca avanza —a paso firme, aunque silencioso— hacia una gestión con rumbo y visión.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla
Raúl García Araujo
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2025-05-28

Opinión | En Corto | Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla
Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…
Por Raúl García Araujo
Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.
El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.
Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.
Patrulla Jalisco
La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.
La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?
Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.
¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.
Lo único que sí funciona es la propaganda.
Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.
Omar García Harfuch
En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.
El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.
La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.
Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.
En Cortito
Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.
Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.
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Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.
Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.
Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Urióstegui impulsa la modernización de Cuernavaca
Raúl García Araujo
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2025-05-21

Opinión | En Corto | Urióstegui impulsa la modernización de Cuernavaca
Cuernavaca, la capital de Morelos, siempre ha tenido un peso importante en la vida del país. No solo por su belleza natural y su atractivo turístico, sino porque aquí viven periodistas, empresarios, políticos y líderes que influyen en decisiones a nivel nacional.
Por Raúl García Araujo
Durante años, sin embargo, la ciudad fue víctima del abandono institucional. Gobiernos sin rumbo dejaron que la infraestructura se deteriorara, la seguridad se debilitara y la confianza ciudadana se esfumara. Pero eso está cambiando.
Desde que José Luis Urióstegui Salgado asumió la presidencia municipal, Cuernavaca ha comenzado a vivir una transformación real. Su gobierno se ha enfocado en tres ejes clave: sanear las finanzas, invertir en infraestructura y fortalecer la seguridad.
Y los resultados están a la vista.
Gracias a una gestión transparente y honesta, se han recuperado recursos que hoy se traducen en obras. La deuda municipal ha bajado de forma sostenida, lo que ha permitido liberar millones de pesos para proyectos prioritarios.
Entre 2022 y 2024, el gobierno municipal ha invertido más de 632 millones de pesos en 275 obras: calles, espacios públicos, vialidades, y ahora, una ambiciosa renovación del sistema hidráulico. Solo en 2024 se ejecutaron 122 obras con una inversión histórica de más de 353 millones de pesos.
Y 2025 no se queda atrás: hay 240 millones de pesos proyectados para obra pública. Entre los proyectos más destacados está el cambio de más de ocho kilómetros de tubería y la construcción de cinco tanques de agua potable con capacidad de 150 mil litros cada uno.
José Luis Urióstegui Salgado
Las primeras 12 obras de este nuevo paquete arrancaron en abril, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos y beneficios directos para más de 36 mil morelenses: mejor suministro, menos fugas y acceso digno al agua.
Pero Urióstegui Salgado no solo piensa en concreto y tuberías. La seguridad es otro de los pilares de su gestión. En un país donde la violencia se ha desbordado, Cuernavaca ha apostado por fortalecer a su policía con tecnología, estrategia y dignidad laboral.
Hoy, la ciudad cuenta con un moderno Centro de Comando (C4) equipado con mil 100 cámaras en puntos clave. Esto permite monitoreo en tiempo real, reacción inmediata y mejor coordinación con fuerzas estatales y federales.
Además, se ha invertido en profesionalización, equipamiento táctico y nuevas unidades para la policía. Todo con una visión integral: seguridad con derechos humanos, prevención y tecnología.
Cuernavaca está dejando atrás años de rezago. Y lo hace con obras visibles, finanzas ordenadas y una estrategia clara. Sin endeudar al municipio, con planeación y liderazgo técnico.
Esto no es casualidad. Es el resultado de una administración con rumbo, compromiso y voluntad política.
En tiempos de desconfianza, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado está demostrando que sí se puede gobernar bien. Y que Cuernavaca puede volver a ser ese orgullo que nunca debió perderse en México.
En Cortito
Antes de que Cuauhtémoc Blanco Bravo fuera gobernador de Morelos, ya cargaba con un pesado historial de corrupción que muchos prefirieron ignorar. Como alcalde de Cuernavaca, el exfutbolista dejó una estela de saqueo, simulación y abandono.
Lo que hizo Blanco en la presidencia municipal no fue gobernar. Fue saquear. Fue aprovecharse del poder para favorecer a cómplices, desviar recursos públicos y dejar al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) al borde del colapso.
Hoy los habitantes de Cuernavaca le exigen al titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, Edgar Maldonado y al de la Fiscalía Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, dar con los responsables de estos saqueos y meterlos en la cárcel, esperemos que en verdad se pongan a trabajar.
En otros temas, lo que le ocurrió al colega Héctor de Mauleón y el diario El Universal, son una muestra de lo que podemos esperar los periodistas con la mal llamada Reforma Judicial.
Hector de Mauleon
En su columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, De Mauleón pusó al descubierto a las cabezas de una red que realizaba operaciones irregulares en las aduanas del norte del país y tráfico de huachicol.
Entre los mencionados en el artículo de De Mauleón están Juan Carlos Madero Larios y su cuñada Tania Contreras López, la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del máximo tribunal de justicia en Tamaulipas en las elecciones del próximo 1 de junio.
Luego que saliera el artículo Tania Contreras, quien fue Consejera Jurídica del gobierno de Américo Villarreal, antes de lanzarse por la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, presentó una denuncia contra el periodista y El Universal, por considerar que el trabajo periodístico la afectaba. Entre los cargos estaba violencia política en razón de género.
La acusación fue rechazada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que recurrió al Tribunal Electoral de la entidad (donde tiene relación con los magistrados), instancia que le dio la razón y ordenó al Instituto Electoral Local medidas cautelares contra De Mauleón las cuales son: borrar la columna y no volver a escribir sobre el tema.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el comunicador De Mauleón dijo que se trata de un acto de censura, un ataque directo a la libertad de expresión. Acusó al INE de entregar su domicilio particular para ser notificado.
Por último señaló que el periódico y él acordaron seguir contando lo que se tenga que contar, pero no cabe duda que este caso es de preocupación para todos aquellos que nos dedicamos al noble oficio del periodismo.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Teocaltiche bajo fuego, Pablo Lemus ausente
Raúl García Araujo
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2025-05-14

Opinión | En Corto | Teocaltiche bajo fuego, Pablo Lemus ausente
Teocaltiche, Jalisco, es hoy un retrato del horror, el abandono institucional y la muerte. Lejos de ser una tierra sin ley, es un territorio donde el crimen organizado impone sus propias reglas con total impunidad.
Por Raúl García Araujo
Lo que ocurre en este municipio no es un caso aislado ni una crisis pasajera: es una tragedia sostenida y una vergüenza nacional e internacional provocada principalmente por la omisión y la incompetencia del gobernador Pablo Lemus, quien simplemente ha decidido darle la espalda a un pueblo sitiado por la delincuencia organizada.
Los cárteles que se disputan el control de Teocaltiche —el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa— han dejado claro quién manda. Y mientras los sicarios imponen el terror, Lemus se esconde. Hace casi tres semanas prometió “pacificar” al municipio, y desde entonces lo único que ha habido son cadáveres. Su palabra no vale nada. Su autoridad, menos.
La respuesta del crimen a sus palabras vacías ha sido brutal. Mataron al secretario general del Ayuntamiento, José Luis Pereira Robles. Y cuando el gobernador se atrevió a condenar el asesinato, ejecutaron a Cecilia Ruvalcaba, regidora y compañera de partido de Lemus. Esa fue la respuesta de los delincuentes: sangre por palabras.
El mensaje de los criminales es claro: Teocaltiche no tiene gobierno ni autoridad. No hay Estado. No hay nadie que enfrente a la criminalidad porque el gobernador ni siquiera se atreve a pisar el municipio. ¿Qué clase de mandatario permite que su pueblo sea masacrado sin mover un solo dedo? La omisión de Pablo Lemus ya no es sólo negligencia, se configura la complicidad por ausencia.
Y lo peor es que parece haber tomado partido por el CJNG. Lo anterior surge cuando uno revisa su actuar en un caso muy delicado como fue Teuchitlán. Por qué no intervino la policía municipal como si lo hizo en Teocaltiche y Villa Hidalgo, cuando no hay duda de que las autoridades y policías de Teuchitlán, eran quienes daban protección al rancho Izaguirre, donde adiestraban a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pero Lemus no es el único que debe rendir cuentas. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández ha demostrado ser absolutamente incapaz de entender —mucho menos contener— la situación. Repite que va a mandar a 22 policías municipales a “reforzar” la zona. ¿Reforzar? ¿A quién pretende engañar? Los manda al matadero. Esos agentes no tienen recursos, respaldo ni estrategia. Son blanco fácil para los cárteles. Su permanencia en el cargo no solo es injustificable; es una amenaza para la vida de sus propios elementos. Debe renunciar… ¡de inmediato!
Y qué decir del fiscal general, Salvador González de los Santos. Su dependencia no investiga, no detiene, no resuelve. Sus agentes apenas levantan los cuerpos de los ejecutados. Su silencio es criminal. Su inacción es insultante. ¿Dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la justicia? No existe. Porque el fiscal tampoco existe. Su renuncia también es urgente.
El caso de “El Coyote” —el supuesto detenido por los recientes homicidios— es otro insulto. Lo capturaron, dicen, caminando armado como si nada. Una historia que nadie cree. Su familia afirma que fue sacado de otro lugar. Todo apunta a un chivo expiatorio para llenar un boletín de prensa. No hay investigaciones serias. Solo simulación.
Y mientras tanto, el gobernador sigue en su burbuja. No aparece. No escucha. No se presenta. Ni una matanza, ni 22 homicidios violentos, ni el clamor de un pueblo aterrorizado, logran que Pablo Lemus cruce el umbral de su oficina para visitar Teocaltiche. Porque para él, simplemente no existe.
En vez de seguridad, manda promesas vacías y funcionarios de tercera a ofrecer mil millones en obras públicas. Como si el concreto fuera suficiente para enterrar el miedo. Como si las banquetas pudieran calmar a las madres que lloran a sus hijos asesinados.
A unos meses de haber asumido el cargo, Pablo Lemus ya logró una cosa: que Jalisco aparezca en los medios internacionales, no por su grandeza, sino por su desgobierno; por su cobardía, por su fracaso.
Y, especialmente por su abandono absoluto de Teocaltiche. Un municipio que grita auxilio, mientras su gobernador simplemente se esconde.
En Cortito
Nos cuentan que en Morelos la pelota ya está del lado del Congreso local. Los diputados tienen ahora la obligación de aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que permitiría resolver la grave deuda heredada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC). No hay margen para la omisión ni para las excusas.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui, no sólo propuso una salida viable, sino que está dispuesto a asumir el mayor peso del compromiso: reducir la deuda de 298 a 139 millones de pesos. Este es un gesto de responsabilidad que pocas veces se ve en la política: hacerse cargo de lo que otros dejaron mal, y hacerlo sin pretextos.
Y es que Urióstegui ha demostrado que cuando hay voluntad, honestidad y capacidad técnica, se pueden lograr cosas concretas. Hoy Cuernavaca tiene finanzas más sanas, ahorros reales y una administración que planea, ejecuta y rinde cuentas. No es discurso: es trabajo visible.
El dinero que se dejará de pagar en intereses y sanciones, gracias a este convenio, se invertirá en obras públicas que beneficien directamente a los ciudadanos. Esa es la ruta del desarrollo verdadero: responsabilidad financiera al servicio del bienestar social.
Por eso, es urgente que las y los diputados de todas las fracciones políticas dejen de lado los cálculos partidistas y aprueben este convenio sin más demora. Si el alcalde ha hecho su parte, el Poder Legislativo está obligado a estar a la altura. Negarse o posponer esta decisión sería darle la espalda no al presidente municipal, sino al pueblo de Cuernavaca.
José Luis Urióstegui no está administrando con discursos: lo está haciendo con resultados. Y eso, en estos tiempos, merece no solo reconocimiento, sino respaldo institucional. Cuernavaca no puede seguir pagando los errores del pasado. Ahora toca avanzar.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla apuntala a la 4T
Raúl García Araujo
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2025-05-07

Opinión | En Corto | Puebla apuntala a la 4T
En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado,
Por Raúl García Araujo
En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta, compartiendo el templete en uno de los actos cívico-militares más emblemáticos del país, marcó un antes y un después en la relación entre el poder federal y el estado. Fue una escena cargada de simbolismo, pero también de señales políticas profundas.
La conmemoración del 163 Aniversario de la Batalla de Puebla no fue un evento más en el calendario nacional. Fue la primera vez que una mujer presidente encabezó este acto histórico, y no fue casualidad que lo hiciera desde Puebla. El mensaje fue claro: en el segundo piso de la Cuarta Transformación, Puebla tiene un lugar privilegiado y estratégico. El estado no solo conmemora la historia, sino que comienza a escribir una nueva.
https://twitter.com/armentapuebla_/status/1919593896469823743
El tono de la presidente fue firme: recordó la Batalla de Puebla como un ejemplo de resistencia ante la invasión extranjera, un episodio de dignidad nacional que hoy se traduce en la defensa de la soberanía frente a los intentos neoconservadores de restaurar viejos privilegios. Claudia Sheinbaum no solo habló de historia; habló del presente, de una transformación que sigue avanzando con fuerza y con claridad de rumbo.
Y en ese presente, Alejandro Armenta tiene un papel protagónico. El gobernador de Puebla ha entendido que su liderazgo no se limita a la administración estatal. Hoy es un referente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, con una visión clara y proyectos ambiciosos que buscan llevar a Puebla a otro nivel de desarrollo. Lo dijo sin titubeos: hoy se vive ya el segundo piso de la Cuarta Transformación, y en Puebla se construye de la mano de la presidente.
Armenta ha asumido el desafío con decisión. Desde una visión soberana, busca convertir a Puebla en una entidad segura, productiva, moderna y justa. Para ello, ha planteado un sistema de seguridad pública sin precedentes, en coordinación con entidades clave como la ciudad de México, estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Morelos, con el objetivo de blindar la región y desmantelar redes criminales que operan en el centro del país. Esta visión regional, ambiciosa pero necesaria, solo puede concretarse con un respaldo federal sólido, y eso es precisamente lo que ha logrado construir con la presidente Sheinbaum.
Guardias nacionales en desfile militar
Pero la alianza entre ambos mandatarios no se limita a lo técnico o lo institucional. Es una alianza política real, nacida de la coincidencia ideológica, de la cercanía personal y de la lealtad a un proyecto de nación. La relación entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta es hoy una de las más sólidas dentro del movimiento de la 4T, y será fundamental para materializar los grandes cambios que vienen.
Armenta ha dejado claro que no se conformará con administrar lo heredado. Su objetivo es transformar profundamente Puebla, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo con justicia social, eliminar privilegios, democratizar instituciones como el Poder Judicial, y hacer del estado un motor económico del país. Con cimientos firmes y una guía clara desde Palacio Nacional, Alejandro Armenta se perfila como uno de los gobernadores más cercanos al corazón del nuevo gobierno federal.
El legado de Juárez, del general Zaragoza y de quienes resistieron en 1862 cobra nueva vida en un contexto moderno. Así como en aquella época se defendió la soberanía ante el imperio francés, hoy se defiende ante el intento de restaurar un viejo régimen de saqueo, exclusión y desigualdad.
Puebla está lista para ser faro de la transformación nacional, y lo hará con Claudia Sheinbaum al frente del país y Alejandro Armenta al frente del estado.
En Cortito
Nos cuentan que cuando se habla de políticas públicas exitosas, pocas veces se menciona a la cultura como un eje transformador. Sin embargo, en Nezahualcóyotl, la realidad es otra. Este 2025 se celebrará la décima edición consecutiva de la “Feria Nacional del Libro Neza”, un logro sin precedentes para este municipio del estado de México.
Del 14 al 18 de mayo, la explanada del Palacio Municipal se convertirá, una vez más, en el corazón literario del oriente del Valle de México. Con la participación de más de 200 sellos editoriales, escritores, artistas, músicos y especialistas, Neza reafirma su compromiso con el libro, la lectura y la formación de ciudadanía crítica.
Adolfo Cerqueda Rebollo
Neza ha demostrado una continuidad admirable. Bajo el liderazgo del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, la promoción de la lectura no ha sido un evento aislado, sino una política integral que se fortalece año con año.
Además de la feria, el programa Sueños para Todos, que lleva libros y actividades de fomento a la lectura a las escuelas públicas del municipio, evidencia una visión de largo aliento: educar, empoderar y transformar a través de la palabra escrita. Neza no sólo resiste; Neza propone. Y lo hace desde las páginas de un libro abierto a todos.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Trump, protagonista hasta en un funeral
Raúl García Araujo
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2025-04-23

Opinión | En Corto | Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus
Mientras la sangre corría por las calles de Teocaltiche y Villa Hidalgo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, seguía ocupado en sus aspiraciones políticas con su silencio cómplice.
Por Raúl García Araujo
Mientras los pobladores eran asesinados, secuestrados y desaparecidos, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández, se dedicaba a lanzar discursos vacíos sobre “estrategias” que nunca fueron vistas y menos sentidas por los habitantes de esos municipios. Y, por supuesto, los “resultados” nunca llegaron.
Desde el 19 de febrero, cuando las Comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo fueron intervenidas, ambos municipios fueron tomados de manera abierta, brutal y sostenida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No se trató de una presencia aislada, sino de una ofensiva criminal, devastadora, en toda regla: dieciocho muertos, entre ellos el director de la policía local, Ramón Grande Moncada, y el activista Juan Pablo Alonso.
¿Qué hicieron las autoridades estatales ante semejante masacre? Nada. Mientras las familias lloraban a sus muertos, Lemus y Hernández administraban los daños del desastre desde la distancia, cómodos en sus oficinas, mirando hacia otro lado.
El despliegue de la Policía Estatal, por su parte, fue más bien una puesta en escena, una farsa, sin objetivos, por lo que nunca logró resultados concretos. La policía estuvo presente en la zona, sí, pero no detuvo a nadie, no desmanteló ninguna célula criminal. Los criminales del CJNG se movían a sus anchas, como si la región fuera suya, como parece lo es porque en ese momento, la única presencia palpable en la zona no era la del gobierno de Jalisco, sino la de los narcotraficantes que tomaron el control sin ningún obstáculo.
La llegada, el pasado fin de semana, de la Guardia Nacional y el Ejército a la región, con cerca de 40 unidades, trajo un respiro, una esperanza para la población que ya había sido aplastada por el terror durante demasiado tiempo. La gente salió a las calles, por fin con algo de confianza, pensando que tal vez, por fin, la pesadilla podría terminar. Pero esa pequeña esperanza no cayó bien en quienes se beneficiaban de la violencia: el crimen organizado y, posiblemente, en aquellos que dentro del poder, prefieren mirar para otro lado.
No pasó mucho tiempo antes de que las reacciones comenzaran. Aparecieron mantas acusando a elementos de la Guardia Nacional de estar coludidos con los criminales. Lo que resulta aún más escandaloso es que esas mantas tienen el mismo formato, la misma tipografía, el mismo diseño, que las que se colocaron previamente, aquellas que “agradecían” la presencia de la Policía Estatal.
¿Una casualidad? Difícilmente. El mensaje es claro: el mismo grupo de actores, tal vez los mismos cómplices, intentan manipular la percepción pública y desprestigiar a quienes, finalmente, están actuando para proteger a los ciudadanos.
El colectivo «Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente» ha sido claro al respecto: esas mantas no fueron colocadas por la comunidad, no representan el sentir ni la voluntad del pueblo. Más bien, son una maniobra para confundir, desinformar y desvirtuar la verdad. Son una táctica para deslegitimar a los que intentan recuperar el control en una región que ya estuvo perdida por completo durante meses.
Lo que queda al descubierto, una vez más, es la colusión, en el mejor de los casos, por omisión. Porque cuando un gobierno se niega a actuar, cuando sus responsables de seguridad se ocultan tras discursos vacíos y promesas incumplidas, y cuando los criminales se mueven libremente sin el mínimo obstáculo, la frontera entre incompetencia y complicidad se difumina fácil y peligrosamente.
Pablo Lemus ha dejado claro, con sus actos y omisiones, que le importa más jugar a la política y participar en el juego del avestruz cuando los problemas de inseguridad se multiplican ante sus ojos. El gobernador de Jalisco prefiere ignorar la realidad y refugiarse en la inacción, dejando que los crímenes se apoderen del territorio y las víctimas se multipliquen.
Por su parte, Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad Pública, ha sido un espectador mudo ante el baño de sangre en Teocaltiche y Villa Hidalgo. No ha movido un dedo, no ha ofrecido soluciones efectivas, y mucho menos ha mostrado algún tipo de liderazgo. Su inacción, motivada o no, y su falta de respuesta han dejado claro que, en su visión, el problema de la violencia no es una prioridad, mucho menos la seguridad de los jaliscienses.
Jalisco está bajo el control de un gobierno ausente, que prefiere jugar con la imagen pública en lugar de ofrecer soluciones reales a la creciente ola de violencia que azota el estado. Este es un gobierno inoperante, que ha dejado que la delincuencia crezca y se establezca sin control. La pregunta es clara y urgente: ¿cuántos muertos más harán falta para que Lemus y Hernández se tomen en serio su responsabilidad?
Este gobierno no solo ha fallado, ha traicionado a los jaliscienses. Y si el gobernador y su secretario de Seguridad continúan mirando hacia otro lado, la cuenta de víctimas seguirá creciendo. Es hora de que la ciudadanía haga oír su voz y exija un cambio real en la seguridad de Jalisco. Porque, hasta ahora, lo único claro es que quienes deberían protegerlos, han decidido no hacerlo.
En Cortito
Nos cuentan que sigue la anarquía en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México con los ambulantes ante la «complacencia» del desgobierno de Giovanni Gutiérrez. Y ya salió el peine de porque los ambulantes salen de un día para otro y toman las banquetas y vialidades, incluso las más importantes, como todo Avenida Aztecas y calles que la atraviesan, arrojando a los peatones al arroyo vehicular. El peine es que Giovani trae una «cruzada extorsiva» con estos personajes, a quienes están pidiendo moches, dependiendo el sapo la pedrada, pero esto va desde los cinco mil a los pequeños hasta los 50 o 100 mil a los grandes. Esto ya ha generado reacciones de los comerciantes establecidos, los ambulantes, como no pagan impuestos, se someten fácilmente a las «peticiones» de la gente de Giovanni Gutiérrez.
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Columna anterior: Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus
Raúl García Araujo
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2025-04-16

Opinión | En Corto | Teocaltiche: la derrota de Pablo Lemus
El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante…
Por Raúl García Araujo
El asesinato del director de la Policía Municipal de Teocaltiche, Jalisco, Ramón Grande Moncada, ocurrido ayer por la tarde, cuando acudía a un evento del ayuntamiento acompañado de su esposa, es indignante. Este crimen es aún más grave porque se supone que la Secretaría de Seguridad del Estado mantiene un despliegue especial de vigilancia en el municipio desde el 19 de febrero.
Indigna y enoja porque, al parecer, de nada sirven las palabras y los boletines oficiales cuando no se puede garantizar la seguridad ni de los ciudadanos ni de los mismos policías a quienes relevaron.
Desde hace dos meses, casi una veintena de asesinatos se han registrado en Teocaltiche, incluidos los de dos policías locales, quienes quedaron expuestos a merced de los criminales. Estos pueden entrar al pueblo como si nada y atacarlos, pues la Policía Estatal no ha demostrado eficacia alguna.
A pesar de los discursos y entrevistas llenas de promesas, la realidad en Jalisco grita más fuerte que cualquier boletín oficial. El gobierno de Pablo Lemus Navarro ha fracasado rotundamente en su principal obligación como gobernador: garantizar la seguridad y el orden público. Lo peor es que este colapso no ha sido producto de años de desgaste institucional, sino que ha ocurrido en apenas cuatro meses: cuatro meses de simulación, omisiones e incapacidad flagrante.
El caso de Teocaltiche se ha convertido en el símbolo más claro del abandono estatal. Este municipio ha sido completamente entregado al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sin que el Gobierno del Estado haya logrado articular ni una respuesta mínima. No hay estrategia, no hay presencia real, no hay voluntad. Lo que hay es miedo, silencio oficial y complicidad tácita.
Desde febrero, cuando la Policía Estatal —bajo el mando del secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández— asumió el supuesto control de la zona, se han registrado al menos 18 homicidios violentos. Hasta ahora, no se ha detenido a nadie por estos crímenes, que incluyen los de policías, menores de edad y civiles inocentes.
Resulta patético y ofensivo que el propio secretario Hernández reconozca públicamente el aumento en robos y asesinatos en Teocaltiche y Villa Hidalgo, como si se tratara de una simple estadística más en su informe mensual. Esa declaración, lejos de mostrar transparencia, confirma la parálisis de las instituciones. Si sabe lo que ocurre y no actúa, es cómplice por omisión. Y si no sabe cómo responder, entonces ya es hora de que renuncie.
Pero la responsabilidad no termina ahí. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, ha mostrado una desvergüenza institucional que raya en lo criminal. En lugar de investigar con rigor, su labor ha consistido en encubrir, minimizar y postergar la verdad. El caso del activista Juan Pablo Alonso Estrada, asesinado el 30 de marzo, es un claro ejemplo. Pasaron cinco días antes de que su muerte fuera confirmada oficialmente. ¿La razón? Nadie lo explica. ¿Los avances? No existen. ¿La justicia? Brilla por su ausencia.
Alonso Estrada no era un ciudadano cualquiera; era una voz incómoda que había denunciado valientemente la presencia del crimen y la inacción del gobierno. Fue ignorado por las autoridades en vida, y ahora su muerte ha sido cubierta con el mismo desprecio institucional. Su ejecución no solo fue un acto de barbarie, sino también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el Estado renuncia a su función más básica: proteger a quienes lo necesitan.
Y la historia se repite. Hace unos días, cuatro cuerpos ejecutados fueron encontrados en una finca de la colonia El Barrio. La noticia se difundió primero por redes sociales, impulsada por vecinos desesperados. La Fiscalía, fiel a su estilo, guardó silencio durante casi 24 horas. Cuando finalmente emitió un comunicado, lo hizo sin datos, sin contexto y sin compromiso, como si fuera una molestia tener que dar explicaciones.
En medio de todo esto, el gobernador Pablo Lemus Navarro ha optado por una estrategia que ya no engaña a nadie: la distracción. Mientras en Teocaltiche hay balaceras, en Casa Jalisco se realizan ruedas de prensa sobre turismo. Mientras los activistas son asesinados, el Ejecutivo estatal se toma fotos inaugurando eventos deportivos. Su prioridad no es la seguridad, sino su imagen. Y mientras más se enfoca en eso, más se derrumba el estado que prometió gobernar.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué tanto de este abandono es incapacidad, y qué tanto es conveniencia? ¿Es el gobierno de Lemus simplemente incompetente, o ha decidido no enfrentarse al crimen organizado porque hacerlo implica riesgos políticos y personales? Cuando la omisión es sistemática, cuando el silencio se convierte en política pública, la línea entre ineptitud y complicidad se vuelve peligrosamente difusa.
La situación es tan grave que ya no basta con esperar respuestas locales. La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deben intervenir con urgencia. La gobernabilidad en Jalisco está rota. Las instituciones han sido rebasadas. La ciudadanía está sola. Y no podemos permitir que esta situación se normalice. Hoy es Teocaltiche, mañana será cualquier otro municipio.
Pablo Lemus, Juan Pablo Hernández y Salvador González no están a la altura del desafío. Su permanencia en el cargo es, hoy por hoy, parte del problema. Jalisco necesita liderazgo real, compromiso auténtico y, sobre todo, acción. Porque cuando el narco impone su ley y el Estado calla, no estamos frente a una crisis de seguridad: estamos frente a la renuncia absoluta del deber público.
En Cortito
Nos cuentan que la Feria de la Primavera 2025 arrancó con fuerza en Cuernavaca, dejando claro que sigue siendo uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del estado de Morelos.
Miles de personas, entre habitantes y visitantes, asistieron a la tradicional cabalgata y al acto inaugural, marcando el inicio de una celebración que busca resaltar la identidad local, dinamizar la economía y proyectar estabilidad.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, encabezó el evento inaugural, acompañado por representantes de los distintos niveles de gobierno. En su mensaje, subrayó la relevancia de la feria como símbolo de colaboración institucional y desarrollo social, destacando que su realización refleja el compromiso de su administración con la promoción cultural y la recuperación de espacios públicos para el disfrute ciudadano.
Uno de los puntos que más destacó fue el operativo de seguridad implementado para garantizar un ambiente tranquilo. Según el reporte oficial, el pasado fin de semana se registró una asistencia de aproximadamente ocho mil personas, sin incidentes que lamentar. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y otras instancias permitió mantener un saldo blanco, lo cual fue reconocido por las autoridades y por diversos sectores de la ciudadanía.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Golpeteo y extorsión contra Armenta
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2025-04-09

Opinión | En Corto | Golpeteo y extorsión contra Armenta
En Puebla, un grupo de personajes que se ostentan como comunicadores, otros que sí son comunicadores reales, aunque de mala reputación, y un ejército de cuentas falsas en redes sociales…
Por Raúl García Araujo
En Puebla, un grupo de personajes que se ostentan como comunicadores, otros que sí son comunicadores reales, aunque de mala reputación, y un ejército de cuentas falsas en redes sociales, han desatado una brutal y cobarde campaña contra la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, “La Bonita”, quien es también secretaria del Deporte y la Juventud del gobierno del Estado.
La pugilista defendió en Puebla capital con éxito su título Plata del CMB el sábado pasado, con “mucha entrega, mucho corazón y una muy fina técnica”, de acuerdo con varias crónicas deportivas.
Hasta ahí, nada fuera de lo común, de no ser por la andanada de odio que violentadores cibernéticos, convertidos en verdaderos delincuentes digitales, han dirigido contra “La Bonita”.
No solamente la han criticado como boxeadora y como funcionaria, sino que la han descalificado como mujer, lo que constituye, junto con el delito de acoso, un claro caso de violencia política de género. ¿Qué buscan? Beneficios económicos, por supuesto. Eso se llama extorsión.
El lunes, precisamente por todo esto, el gobernador Alejandro Armenta fue claro, sin eufemismos ni maquillajes, señaló al empresario de medios Rodolfo Ruiz Rodríguez, dueño de los portales e-consulta de Puebla, Veracruz y Oaxaca, y uno de los más beneficiados en etapas del priato y el panismo en esas entidades, como responsable de esa campaña negra.
Resulta que los medios de Ruiz han encabezado, en el pasado reciente, una permanente campaña contra el gobierno del estado, contra la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y contra todo lo que huela a la izquierda de este país.
Rodolfo es identificado como un personaje afín a grupos de ultraderecha, desde sus tiempos como estudiante en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), hace ya bastantes años, pues el empresario ya roza los 60 años de edad.
El tema con él, quien ha emprendido una campaña para victimizarse, literalmente con quien no lo conoce en realidad, es que en los últimos años, desde el gobierno del difunto Miguel Barbosa Huerta, “ha utilizado la difamación, la calumnia y la información falsa, presentada como datos verdaderos, para atacar lo mismo a políticos que a ciudadanos que nada tienen que ver con la vida pública”, nos relatan colegas de Puebla.
De ahí que, aunque personalmente no ha dejado huellas de sus ofensas contra “La Bonita” Sánchez, pues Rodolfo primero postea y publica y luego borra, sí sus medios, sus colaboradores y el grupo de plumas afines a él, que no representan más que un puñado, ha atacado con beligerancia y debe ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el acoso ya sistemático contra Gaby Sánchez, como es conocida por el público poblano que la sigue y la quiere.
Rodolfo, en el pasado reciente, utilizó una supuesta información falsa, de una supuesta organización feminista, que también resultó un montaje, para descalificar al hoy coordinador de comunicación del gobierno, José Tomé, a quien ahora acusa de atacarlo, pero nada es más lejano de la realidad, pues quien lo difamó y lo atacó fue Rodolfo Ruiz, no al revés.
Que la victimización que pretende hacer de sí mismo la crea quien no lo conozca.
Rodolfo, sólo para poner un ejemplo de su comportamiento, en la campaña a la gubernatura de Puebla, en 2018, llevó las redes y fue asesor del finado Miguel Barbosa Huerta, como candidato, pero luego se convirtió en su más acérrimo enemigo.
Un día sí y el otro también, Ruiz atacó al gobernador morenista y hasta soltó posteos en redes que exhibían ironía y hasta burla, cuando el ex presidente del Senado de la República murió el 13 de diciembre de 2022.
Que lo compre quien no lo conozca.
Por cierto, en Puebla, nadie ha salido en su defensa. Por algo será.
En Cortito
Nos cuentan que en Morelos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, ha apostado por recuperar y reposicionar la histórica Feria de la Primavera –anteriormente conocida como “la Feria de la Flor”– con el firme propósito de convertirla en un evento de trascendencia nacional e internacional. Esta apuesta no sólo se basa en la tradición, sino en un proyecto que impulsa el desarrollo económico y social de la capital morelense.
Para el año 2025, la feria se realizará en una sede diferente, anticipando una asistencia que supere ampliamente los 11 mil visitantes registrados en la edición de 2024. Con el traslado al Hípico de Vista Hermosa, tanto el alcalde como el secretario de Desarrollo Económico y Turismo local, Marco Manuel Suárez, proyectan alcanzar la cifra de 22 mil asistentes. La nueva ubicación ofrece un escenario de primer nivel: amplias áreas ajardinadas, corrales bien montados y espacios pensados para potenciar el sector agropecuario y ganadero, permitiendo a los productores locales exhibir sus productos de manera destacada.
El impacto económico de la feria que tendrá lugar del 11 al 20 de abril se vislumbra positivo. Con una derrama estimada de al menos $200 por visitante, se espera que la recaudación directa alcance los $4,400,000, sumándose a la venta de stands y concesiones municipales, lo que podría generar ingresos adicionales de alrededor de $1,500,000. Cabe resaltar que, con un presupuesto de ejecución de $4,500,000, la gestión municipal se muestra comprometida con la eficiencia y el retorno del orgullo ciudadano, al recuperar una feria que, hace 15 años, dejaba de incluir a los ganaderos.
El proyecto no sólo se centra en la actividad agropecuaria. El alcalde Urióstegui Salgado también está dando un especial énfasis a la cultura popular. Con eventos ecuestres como carreras de barrileras, sorting, demostraciones de caballos bailadores y el espectáculo de caballos Domeq, la feria busca volver a conectar con la esencia de pueblo, promoviendo actividades que enaltecen la identidad local. Además, la programación incluye un corte de música regional en el “teatro del pueblo” y la incorporación de dos jaripeos, ofreciendo una propuesta diversa y atractiva para todos los asistentes.
Un aspecto importante de la organización es la medida responsable en cuanto a la venta de alcohol, se concentrará en un único restaurante, lo que permitirá minimizar posibles inconvenientes y contribuir a un ambiente festivo y seguro.
En definitiva, la gestión del alcalde de Cuernavaca demuestra una visión integral y comprometida con la recuperación de tradiciones que fortalecen el tejido social y económico de la ciudad. La renovación de la Feria de la Primavera no solo representa un retorno a las raíces, sino también un impulso para el desarrollo local que proyecta a Cuernavaca hacia el reconocimiento nacional e internacional.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Los cien días de gobierno de Alejandro Armenta
Raúl García Araujo
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2025-04-02

Opinión | En Corto | Los cien días de gobierno de Alejandro Armenta
Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional…
Por Raúl García Araujo
Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional. Su estilo de gobernar ha llamado la atención no solo por la velocidad de sus acciones, sino por la forma en que ha construido una narrativa de liderazgo fuerte, con una cercanía a la gente que pocos mandatarios han logrado consolidar en corto tiempo.
Desde el primer día, Armenta ha dejado claro que no gobernará desde la comodidad del discurso burocrático. Se muestra frontal, señala a los responsables de irregularidades sin rodeos y exige resultados a su gabinete con la misma intensidad con la que encabeza faenas comunitarias y reuniones vecinales. Este enfoque le ha permitido construir una imagen de liderazgo activo, alejado de la parsimonia institucional que suele marcar los primeros meses de una administración.
El balance de estos cien días se divide entre acciones de alto impacto simbólico y decisiones con efectos estructurales a largo plazo.
En el primer grupo, destacan medidas como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la creación de la Secretaría Anticorrupción y la Secretaría de las Mujeres, alineadas con la agenda federal. También resalta la firma de convenios con 29 municipios en materia de bienestar animal, un movimiento que, aunque no es prioritario en términos de gobernabilidad, proyecta una administración con sensibilidad social.
En materia de seguridad, su administración ha impulsado acuerdos con cinco de los siete estados vecinos —Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos— para compartir información entre fiscalías y agilizar el procesamiento de delincuentes sin importar su lugar de residencia. Esta estrategia busca cerrar las rutas de escape que han permitido a grupos criminales operar con impunidad, pero su éxito dependerá de la capacidad real de coordinación y acción entre las entidades.
Alejandro Armenta Mier
Otro eje de seguridad es la infraestructura. Armenta ha anunciado la creación de centros estratégicos de seguridad y atención al turismo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar la percepción de seguridad en un sector clave para la economía del estado.
Los próximos meses serán determinantes. Si el gobierno logra traducir estos acuerdos en operativos eficaces, reducción de delitos y mejor percepción de seguridad, podría convertirse en un modelo a seguir en el país.
En términos políticos, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en su informe de gobierno y su frase de respaldo desde Palacio Nacional —“Si Puebla sigue así… va a llegar muy lejos”— refuerzan la idea de que su administración cuenta con el visto bueno del gobierno federal y que su cercanía con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo es plena.
En el ámbito de los cambios estructurales, destacan decisiones clave como el ahorro de 8 mil 500 millones de pesos, la reestructuración de la deuda del Museo Barroco y la renegociación de la concesión del agua, con la promesa de mejorar el suministro y garantizar mayor transparencia en su gestión.
También es relevante la liquidación de la deuda histórica de 27.2 millones de pesos con la Conade, lo que permite a Puebla acceder nuevamente a recursos federales para el deporte. En materia de participación ciudadana, el gobierno ha impulsado un programa de obra comunitaria basado en más de mil asambleas para definir las prioridades de infraestructura, apostando por un modelo de gestión más cercano a la población.
Hasta ahora, la administración de Armenta ha demostrado capacidad para la acción inmediata, pero las reformas de fondo —como la del agua y la transparencia financiera— requerirán una ejecución eficaz para que el entusiasmo inicial no se diluya en la complejidad burocrática.
En suma, Alejandro Armenta avanza con un objetivo claro: convertir a Puebla en un estado más productivo y seguro, pero también consolidar un liderazgo propio dentro del movimiento de la 4T.
En un panorama donde otros gobernadores de Morena han optado por la discreción o la dependencia del gobierno federal, Armenta se mueve con una estrategia distinta que hasta ahora le ha dado buenos resultados.
En Cortito
Margarita González Saravia es, sin duda, una de las gobernadoras más apagadas y desdibujadas del morenismo.
A seis meses de haber asumido la gubernatura de Morelos, su gestión se distingue por la inacción. No hay avances sustanciales en seguridad, infraestructura, desarrollo social ni económico. Lo único que ha logrado acaparar la atención de los morelenses son los constantes escándalos relacionados con el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien, a casi seis meses de haber dejado el cargo, sigue siendo una figura influyente en los titulares y la opinión pública del estado.
Los seis meses de gobierno de González Saravia se resumen en una alarmante ola de inseguridad: secuestros diarios en la autopista México-Cuernavaca, un preocupante aumento de extorsiones a empresarios morelenses y una escalofriante escalada de homicidios violentos que, en su mayoría, cobra la vida de personas inocentes. Este desastre en materia de seguridad es solo la punta del iceberg.
Margarita González Saravia
Pero el colapso no se limita solo a la seguridad. El desgobierno es patente en todos los niveles. En el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la falta de oficio político es evidente. La muestra más escandalosa de este caos es la situación sin precedentes en la que Morelos se encuentra: dos presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una imagen grotesca de la falta de liderazgo y la total descoordinación entre los funcionarios estatales.
En Morena ya tienen claro que la incapacidad de la gobernadora ha convertido a Morelos en un verdadero foco rojo. Su gobierno caótico y desastroso no solo está afectando a los morelenses, sino que, de seguir así, llevará al partido a perder escaños en el Congreso local y un número considerable de presidencias municipales en las elecciones intermedias de 2027.
En Morelos se materializa aquella célebre frase del líder moral y ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solía referirse a los pésimos funcionarios públicos diciendo: “No cabe duda que hay maderas que nunca agarran el barniz”.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Es tiempo de mujeres… y de proteger a El Cuau
Raúl García Araujo
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2025-03-26

Opinión | En Corto | Es tiempo de mujeres… y de proteger a El Cuau
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, el partido Morena y la primera Presidenta del país son los grandes perdedores tras la decisión del pleno de la Cámara de Diputados…
Por Raúl García Araujo
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, el partido Morena y la primera Presidenta del país son los grandes perdedores tras la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, presunto responsable de violación, en grado de tentativa, nada menos que de su media hermana.
Habrá que ver si la decisión de no proceder contra el exfutbolista, fue a petición del gran Tótem y líder moral del morenismo, Andrés Manuel López Obrador o de la aún poderosa empresa de medios de comunicación, Televisa, o ambas cosas. Eso solo el tiempo lo dirá.
Pero, entrando en materia, les diré el por qué de los grandes perdedores.
La decisión tomada en San Lázaro afecta directamente a la mandataria morelense. Primero, porque quedó claro ante la sociedad mexicana que ella fue la principal protectora del ex futbolista.
A tan solo unas horas de que la Fiscalía de Justicia de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona Gandara, solicitara a la Cámara Baja quitarle el fuero a Blanco Bravo, la gobernadora morenista operó para destituirlo de manera fulminante y poner en esa posición a un incondicional, Edgar Maldonado Ceballos.
Uriel Carmona
Esta acción, lejos de ser interpretada como una estrategia, fue tomada por los morelenses y por la sociedad mexicana, en general, como una forma de lanzar un manto protector sobre este presunto violentador de mujeres.

En segundo término, queda la figura de Edgar Maldonado Ceballos, quien asumió la Fiscalía General de Justicia de Morelos en medio de este escándalo nacional. Inicialmente, había una oportunidad de limpiar su imagen cumpliendo con los requisitos legales para conseguir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero eso no ocurrió. Así, su permanencia en la Fiscalía quedará marcada por la percepción de protección al ex futbolista.

Lo que sigue para Morelos es que el diputado federal sea el tema de atención de la sociedad. Los morelenses no dejarán de culpar a la gobernadora Margarita González Saravia y a su fiscal, Edgar Maldonado Ceballos, por permitir que Blanco Bravo camine libre y con total impunidad. Los excesos, abusos y actos de corrupción del ex integrante de la selección nacional de fútbol seguirán siendo el centro de la agenda política y social en Morelos.
Cuauhtémoc Blanco | @SociedadN_
Esto significa que, a seis meses de asumir el cargo, la gobernadora Margarita González Saravia será recordada como la mandataria más gris, por sumisión o por omisión, en la historia de la entidad, sin lograr marcar un solo tema propio de su administración. Día tras día, Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue siendo el tema mediático central en Morelos y en todo el país, lo que refleja un verdadero fracaso en términos de comunicación social y política para su administración.

Por su parte, para Edgar Maldonado Ceballos se avecinan tiempos difíciles, ya que los morelenses perderán la confianza en él y en sus acciones al frente de la Fiscalía General de Justicia del estado. Su inacción frente a la solicitud de desafuero de Blanco Bravo lo pone en una posición comprometida: dejó de cumplir con su deber para que el ex gobernador rindiera cuentas ante la justicia.

Para la gobernadora y el fiscal de Morelos, el discurso de pretender hacer un cambio radical de gobierno y un frente común contra la corrupción se ha agotado. La sociedad mexicana sabe que permitieron que un ex gobernador acusado de múltiples fechorías, que utilizó el dinero público para sus excesos, siga libre y sin rendir cuentas, respaldado por un gobierno que lo protege.

En cuanto a Morena, el discurso de que es “tiempo de mujeres” ha quedado totalmente desmentido. En la Cámara de Diputados, gracias a la aplanadora de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo logró mantener su fuero, evitando así enfrentar las acusaciones de ser un violentador de mujeres.
Y la Presidenta, por aquello de ser la primera mujer presidenta y por su dicho de «no llegué Yo, llegamos Todas», lo cual en teoría la comprometía a gobernar preferentemente para las mujeres. Esto ha quedado en entredicho.
En Cortito
Nos cuentan que en un contexto donde las finanzas públicas de muchos municipios de México siguen siendo un desafío, Cuernavaca parece estar marcando la diferencia. Bajo la administración de José Luis Urióstegui Salgado, la capital de Morelos ha experimentado una notable mejora en su situación financiera, logrando reducir las deudas públicas y sentando las bases para un gobierno más responsable y eficiente.
Uno de los principales objetivos de Urióstegui Salgado, que refleja su compromiso con el bienestar de la ciudad, es dejar a Cuernavaca libre de deudas al final de su mandato.
José Luis Urióstegui Salgado
Un ejemplo claro de esta gestión es el reciente paso dado por el alcalde, quien, el día de ayer, entregó oficialmente al Congreso del Estado de Morelos la solicitud para acceder al programa “Peso a Peso”. Este plan tiene como propósito saldar el adeudo histórico que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, un adeudo que asciende a 279 millones de pesos y que se arrastra desde las administraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán.
La propuesta es clara y responsable: en lugar de dejar que la deuda continúe creciendo, la administración de Urióstegui plantea un esquema de pago que, de ser aprobado por el Congreso, podría reducir la deuda a la mitad.
Sin embargo, este plan no puede ser implementado sin la autorización del Congreso del Estado, ya que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, la administración actual no tiene facultades para asumir este tipo de compromisos sin el respaldo legislativo. La autorización del Congreso sería un paso crucial para asegurar que la deuda histórica sea saldada de manera estructurada y dentro de un marco legal
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Armenta mejora la seguridad en Puebla
Raúl García Araujo
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2025-03-19

Opinión | En Corto | Armenta mejora la seguridad en Puebla
Un nuevo dinamismo en la administración pública de Puebla ha puesto en marcha el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien exige a cada uno de sus colaboradores resultados inmediatos en sus funciones.
Por Raúl García Araujo
Uno de los temas prioritarios de su gobierno es la seguridad y la procuración de justicia, donde el mandatario poblano ha logrado avances significativos en los primeros dos meses de su gobierno.
Tomando en cuenta estos dos aspectos fundamentales, la administración de Armenta Mier ha registrado avances que la población ya empieza a percibir.
Incluso, a nivel nacional, la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ubicó a Puebla como uno de los estados con mejor coordinación entre las instancias de gobierno, lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva.
Esto se refleja en las recientes estadísticas dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado, que revelan una disminución significativa en la incidencia de delitos de alto impacto en el primer bimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Alejandro Armenta Mier
De acuerdo con los datos, delitos como el robo de vehículos con violencia, el robo a casa habitación, el robo a transportistas y el robo a negocios han mostrado una notable reducción, junto con otros delitos como el fraude y abuso sexual.
La disminución en la tasa de robos con violencia, como el robo de vehículos y a viviendas, es una señal positiva. Por ejemplo, el robo de vehículos con violencia disminuyó un 13.3%, y el robo a casa habitación se redujo en un 20.7%. Estos porcentajes son significativos, considerando la gravedad de estos crímenes que, además de dañar la propiedad, ponen en riesgo la integridad física de las personas. El robo a transportistas y a negocios también experimentó una baja considerable, lo que podría indicar que las estrategias de seguridad están funcionando en algunos puntos clave del estado.
Una cifra que no puede pasar desapercibida es la drástica disminución del robo bancario, con una baja del 50%. Esto podría indicar que las medidas de seguridad en las instituciones financieras en coordinación con las del Estado, están siendo efectivas, lo que a su vez refleja una respuesta rápida y adecuada de las autoridades ante la evolución de las modalidades delictivas.
Los números reflejan algo claro: el gobernador Alejandro Armenta cuenta con una estrategia eficaz en la lucha contra la delincuencia.
Lo que realmente se destaca de estos resultados, es el trabajo interinstitucional entre los distintos niveles de gobierno, el cual, según la titular de Gobernación ha sido clave para conseguir estas bajas.
Las acciones coordinadas y el fortalecimiento de los operativos de seguridad son fundamentales, pero deben formar parte de un enfoque integral que no solo se limite a la reacción ante el crimen, sino que también se enfoque en la prevención.
En este contexto se enmarca el esfuerzo conjunto de los gobiernos de Puebla, Veracruz y Oaxaca, que hace unos días firmaron un convenio de colaboración para desmantelar a los grupos criminales que se dedican a robar a transportistas en las autopistas que conectan a las tres entidades.
La apuesta es convertir este territorio del centro del país en uno de los más seguros de México.
Es por eso que es importante resaltar que, a poco más de dos meses de su mandato, Alejandro Armenta Mier ya está mostrando los primeros resultados en materia de seguridad.
Uno de los actores clave en este proceso es el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien ha demostrado ser uno de los funcionarios más eficientes y comprometidos de la administración pública.
El vicealmirante Sánchez González llega a la Secretaría de Seguridad Pública con un conocimiento profundo de la situación en el estado. Sabe perfectamente cuáles son los grupos delictivos que operan en las diversas regiones de Puebla: desde la Sierra Norte y la Mixteca hasta San Martín Texmelucan y la zona conurbada de la capital.
El hecho de que Armenta Mier haya colocado a un militar al frente de la seguridad en Puebla también es un mensaje de confianza para los ciudadanos. La seguridad no solo se construye con estrategias y operativos, sino también con la credibilidad que genera una persona formada en las fuerzas federales.
La gente tiene más confianza en aquellos que provienen de instituciones como la Secretaría de Marina-Armada de México, por lo que la asignación de Sánchez González es una señal positiva de que Puebla está en buenas manos.
Por lo tanto, si bien los logros actuales son bienvenidos, es esencial que no se caiga en la complacencia. El trabajo debe continuar, y las autoridades deben asegurarse de que esta disminución no sea solo una estadística temporal, sino el principio de un cambio real y duradero en la seguridad y el bienestar de los poblanos.
En Cortito
Nos cuentan que las cosas para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, van muy mal en temas de seguridad y procuración de justicia. Nos informan que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le solicitó un informe detallado sobre lo que está ocurriendo en estos temas en la entidad. También le exigió una explicación sobre la razón por la cual, hasta la fecha, no ha visitado los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, donde los pobladores viven a merced de los grupos criminales.
Nos comentan que el mandatario jalisciense se limitó a mantener su discurso de cooperación y coordinación, sin ofrecer una explicación concreta a la jefa del Ejecutivo federal, quien lo recibió en Palacio Nacional.
Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_
Una vez más, será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien deberá corregir al gobernador Pablo Lemus Navarro, quien tampoco ha podido dar una explicación clara a los jaliscienses sobre lo ocurrido en Teuchitlán, pero que, por otro lado, disfrutó de un viaje a España a principios de año.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Lemus maltrata a Teocaltiche
Raúl García Araujo
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2025-03-05

Opinión | En Corto | Lemus maltrata a Teocaltiche
El municipio de Teocaltiche, Jalisco, se ha convertido en un polvorín social que está a punto de estallar y puede alterar el orden institucional de México.
Por Raúl García Araujo
Lo que prevalece en esta localidad jalisciense es la zozobra entre la población que lejos de ser escuchada por su gobernador, Pablo Lemus Navarro, recibe de él acusaciones, un día sí y otro también, de ser presuntos integrantes de algún grupo criminal.
Tal parece que el mandatario jalisciense dejó de lado su vocación política de atender a los ciudadanos, para expresar desde la comodidad de su oficina, en Guadalajara, que la mayoría de las personas en Teocaltiche están ligadas al crimen organizado.
Hasta el día de hoy, y después de su viaje a principios de año a Europa, Pablo Lemus Navarro, no se ha sentado, y mucho menos, programado una mesa de seguridad en este municipio para conocer de viva voz lo que está ocurriendo en esta zona de los Altos de Jalisco.
Es fácil gobernar desde el escritorio, sin caminar las calles y poblados de uno de los estados más importantes del país y creer a pie juntillas todo lo que le dice su secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, quien no ha dejado de acusar a los pobladores de Teocaltiche de ser delincuentes.
Es fácil gobernar desde el escritorio, para hacer caso omiso a las denuncias de abuso, acoso y brutalidad que cometen policías estatales en contra de esta comunidad.
Es fácil para Pablo Lemus Navarro declarar, desde la comodidad de su oficina, que los ciudadanos que fueron a la Ciudad de México, para abrir un diálogo directo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que sean atendidas sus demandas, son delincuentes, sin considerar que la gente le teme a sus policías y no quieren ser identificados, y al regresar a su municipio, ser agredidos por los estatales.
Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_
Es fácil para el gobernador de Jalisco hablar de pacificar el estado, cuando hasta ahora no se le ha visto recorrer los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, que empezaron el año con el derramamiento de sangre de gente inocente que murió a manos de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Es fácil no asumir la responsabilidad de brindar seguridad a una población que vive el asecho constante del crimen organizado que ha golpeado por completo la economía de Teocaltiche o Villa Hidalgo.
Es muy fácil para el gobernador jalisciense esperar que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vea la grave crisis de inseguridad que viven los habitantes de Teocaltiche y Villa Hidalgo, para que intervenga y le haga la chamba a un gobierno de funcionarios mediocres e insensibles a los ciudadanos.
En medio de tanto deslinde político y social, es muy fácil ser gobernador de Jalisco.
En Corto
Nos cuentan que en la capital de Morelos su alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, lanzará en los próximos días un gran programa de rescate urbano para convertirla en una de las ciudades más limpias del país.
Nos dicen que será el 31 de marzo cuando entre en operación tan importante proyecto en Cuernavaca, que en la primera etapa de su operación contará con una inversión de cinco millones de pesos.
José Luis Urióstegui Salgado
Lo primero que hará el presidente municipal es contratar a personal que se dedicará a barrer, podar, remozar y retirar mobiliario urbano inservible de las principales calles y avenidas de la Ciudad de la Eterna Primavera.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado tiene claro que rescatar la imagen urbana de Cuernavaca representa una acción para terminar con espacios que pueden ser utilizados por la delincuencia y, por ende, este esfuerzo jamás visto en Morelos, será un ejemplo para los demás municipios del estado.
Estas acciones se suman a una estrategia de cooperación conjunta entre alcaldes para combatir el crimen en los municipios de Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, y Huitzilac.
Lo interesante es que el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado cuenta con un plan bien trazado y concreto para colocar a Cuernavaca como una de las urbes más limpias y seguras de México.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: El ascenso de Alejandro Armenta
Raúl García Araujo
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2024-11-06

Los hermanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Ulises Bravo Molina, lejos de representar buenos activos para el Partido Morena, son el principal ejemplo de los excesos y abusos al amparo del poder.
Por Raúl García Araujo
En Morelos, a un mes de que Margarita González Saravia asumiera la gubernatura del estado, lejos de hablar de su proyecto de gobierno para los siguientes seis años, la opinión pública está volcada en cuestionar los escándalos en los que se han visto involucrados el exgobernador y su hermano, el dirigente estatal del partido guinda.
La población en Morelos pide que se castiguen todos los abusos de Cuauhtémoc Blanco y su pandilla pues día con día salen a relucir presuntos actos de corrupción, como lo es la compra de terrenos que hicieron varios de sus allegados en la zona del Lago de Tequesquitengo a precios de ganga: de un costo promedio de 3 millones, los compraron en menos de 150 mil pesos.
Entre ellos destacan la ex secretaria de administración, Sandra Anaya Villegas –hoy diputada federal de Morena-, la ex secretaria de hacienda, Mónica Boggio, actual magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa, y Edgar Riuo, exsecretario particular y primo del Cuau.
Pero quienes están en verdaderos problemas son Cuauhtémoc Blanco y su hermano Ulises, pues ambos personajes cuentan con denuncias penales por presunta violación o violencia intrafamiliar, que involucra a mujeres, dejando en entredicho el discurso hacia ese sector de la sociedad morelense.
No es lo mismo acusar sin pruebas, que contar con los elementos suficientes para interponer acusaciones que siguen su cause en materia penal, hasta que llegan ante un juez de control para desecharlas o en su caso actuar en consecuencia contra los presuntos responsables.
Entonces, lo que vemos en los últimos días en Morelos, es que se confirma que en la era del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, existía una complicidad entre él y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Gamboa Olea, para que los jueces fallarán siempre a favor del mandatario y su familia en caso de alguna denuncia penal en su contra.
Ese pacto de impunidad existía, ya que de otro modo no se explica que este martes los magistrados Rafael Brito, Juan Emilio Elizalde y Martha Sánchez, quienes integran la Tercera Sala de dicho Tribunal, hayan ordenado al juez Luis Guillermo Ortega reabrir el caso contra el dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, para vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar y, por ende, ordenar su detención con una alta posibilidad de imponerle prisión preventiva.
En una situación similar se encuentra el exfutbolista y ahora diputado, claro plurinominal, ya que existe una denuncia penal por el presunto delito de violación en su contra. La denuncia fue interpuesta por una hermana del exmandatario y la cual sigue su curso en la investigación.
En este tema, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura, que contrario al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando tenía oportunidad salía en defensa de Blanco Bravo, ella se mostró seria y directa al señalar que se debe llegar al fondo del asunto y castigar en caso de que exista un delito.
En este entramado de escándalos, también salta a la escena pública el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea, a quien la Comisión de Derechos Humanos del Estado, le tiene nueve expedientes en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos, tales como hostigamiento y acoso laboral, acoso sexual, discriminación, libertad de expresión, violencia vicaria, entre otras.
Regresando a los casos de los hermanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Ulises Bravo Molina, la nada digna actuación de ambos, se vio reflejada en la irritación y enojo que se hizo presente hace dos semanas cuando la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, asistió a Morelos y que lejos de resaltar el trabajo de partido, el acto proselitista estuvo marcado por los cientos de abucheos de que fue objeto el dirigente estatal de ese instituto político.
Ante los actuales hechos, la líder nacional morenista tendrá que tomar cartas en el asunto y como primero acción está obligada a quitarle la dirigencia estatal al hermano del ex gobernador morelense, sino lo hace, no pasará mucho tiempo en sufrir las consecuencias de su falta de oficio político ante la militancia de su partido o lo que es peor ante la sociedad de Morelos.
En Cortito
Nos cuentan que la nueva coordinación entre el municipio de Cuernavaca con el gobierno de Margarita González Saravia y la presidenta Claudia Sheinbaum ha traído consigo importantes avances en la reducción de la incidencia delictiva en la capital de Morelos.
El resultado de este nuevo entendimiento político está encabezado por el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, y consiste en la reducción de delitos como el robo a casa habitación con violencia y sin violencia, el robo de vehículo con violencia y sin violencia, el robo de motocicleta con y sin violencia y el robo a negocio sin violencia.
El resultado de estos números se debe a la buena coperación que existe entre las autoridades de la capital del estado con la SEDENA y la Guardia Nacional, ya que pusieron en marcha diversos operativos de prevención del delito en Cuernavaca.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: La delicada definición del TEPJ para Puebla
Raúl García Araujo
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2024-10-30

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene en sus manos una delicadísima definición para Puebla…
Por Raúl García Araujo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene en sus manos una delicadísima definición para Puebla, que no solamente tiene carácter comicial, sino que involucra a la seguridad pública en ese estado que ha sido azotado, en algunas regiones, por bandas criminales dedicadas al robo de combustible.

Vayamos al detalle. Desde las campañas en esa entidad, que el pasado 2 de junio renovó también sus 217 ayuntamientos, se advirtió de dos candidatos, quienes han sido señalados por tener vínculos con grupos delictivos. Las acusaciones y los procesos que siguen las autoridades en esos casos son añejos y de expedientes abultados.

Se trata de Marco Valencia Ávila, en el municipio de Venustiano Carranza, quien compitió bajo las siglas del PAN, PRI y PRD; y de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, de Chignahuapan, quien fue candidato de Fuerza por México.

En esos dos municipios, las elecciones fueron turbulentas y se mantienen bajo impugnación, pues se hallaron elementos para su anulación. Se espera que en los próximos días llegue la definición final.

Sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF les otorgó el triunfo a esos dos personajes, entrando así en controversia con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y hasta con el Congreso del Estado, que ya habían nombrado concejos municipales que serían encargados de encabezar esos ayuntamientos y de convocar a elecciones extraordinarias en enero próximo.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobernación, ha reconocido que tanto Valencia como Lira, tienen procesos por vínculos delictivos.

En tanto, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, advirtió que las investigaciones contra los dos, siguen vigentes.

“Nunca, en ningún caso, la Fiscalía General del Estado va a dejar de cumplir su función y de resolver, trátese de quien se trate”, dijo el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en conferencia de prensa el 24 de octubre, en la respuesta específica sobre Marco Valencia y Juan Lira.

El caso alertó a las autoridades, que ven el tema como de alto riesgo a la seguridad pública de esa región del norte de Puebla, pues la Sala Regional del TEPJF, en controversia contra el TEEP, que había declarado nulos los comicios en esos dos municipios, les concedió un cuestionado triunfo.

En Puebla, los municipios entraron en funciones el primer minuto del 15 de octubre, por lo que el Congreso ya había nombrado concejos municipales en Venustiano Carranza y Chignahuapan, por lo que se abrió además un debate sobre qué autoridad es la legal y legítima.

Pero, por encima del tema electoral, está el de seguridad pública y a eso hay que sumar el riesgo de protección civil en la región, en donde se han registrado explosiones e incendios de tomas clandestinas de combustible y bodegas ilegales.

De ese tamaño y con esas implicaciones es la responsabilidad que tiene la Sala Superior del TEPJF. En las manos de los magistrados se juega mucho.
En Cortito
Nos cuentan que en el Senado de la República, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, dejó un buen sabor de boca durante su comparecencia ante senadores, ya que es uno de los aspirantes más fuertes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.

En su intervención, ocurrida la semana pasada, el ombudsperson morelense planteó la necesidad de contar con una CNDH independiente que castigue los abusos que cometen las autoridades en la violación de los derechos humanos.

Ante los senadores, Hernández Cruz planteó varios escenarios de cómo se debe de actuar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en caso de conseguir tal postulación.

Destacó que la CNDH es la garantía institucional para que en caso de la vulneración de un derecho se pueda contar con las facultades para investigar, sostener y reparar los daños a víctimas.

De entre los 48 aspirantes, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de Morelos, es uno de lo más fuertes para convertirse en el próximo titular de la CNDH.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: ¿Por qué hay tantas armas en las calles?
Raúl García Araujo
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2024-10-23

La proliferación del uso de armas en nuestro país, debe ser ya un tema de seguridad nacional.
Por Raúl García Araujo
La preocupación ciudadana radica en el hecho de que en la actualidad, no sólo el crimen organizado las utiliza para atemorizar a la población o para hacerle frente a las fuerzas del orden, sino que también se hacen relucir en pleitos de vecinos e incluso en simples incidentes viales que en muchos casos terminan en saldos mortales.
Las preguntas que deben responder las autoridades involucradas, de todos los órdenes de gobierno, pero principalmente del federal, son las siguientes:
¿Cómo es posible que en México, exista un gran número de armas? ¿cómo es que llegan a nuestro país? ¿cómo es posible que cualquier persona puede tener acceso a una de ellas?
Las respuestas a cada una de estas interrogantes deben ser un asunto de seguridad nacional para la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en especial, porque ya pasaron más de 18 años de la llamada operación, fracasada, “Rápido y Furioso”, en donde el entonces gobierno de Felipe Calderón permitió la entrada ilegal de 2 mil 500 armas a México.
La estrategia que deben seguir las autoridades competentes, debe ser su rastreo y conocer cómo ingresan, si hay autoridades de las aduanas involucradas en su ingreso, y conocer detalles de su distribución y/o venta para saber el “modus operandi” de las organizaciones criminales.
El tema cobra relevancia porque la constante en la Ciudad de México y demás entidades del país, es la presencia de armas de fuego en los diversos conflictos que se suscitan día con día; le hablo de esos casos cotidianos donde en la mayoría de ellos están involucradas personas de a pie, en sus roles de victimarios y víctimas.
Por otro lado, los ciudadanos no podemos acostumbrarnos a que un sicario vaya armado, como sucedió en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en donde en presencia de niños y mujeres ejecutó a una persona en la estación Tepalcates.
Un caso más es el de que dos moto sicarios que utilizaron un arma de fuego para matar, en pleno Viaducto Miguel Alemán, a una joven abogada.
Lo que es aún peor, es que el mismo día otros dos sujetos armados, también en moto, se hicieran presentes en pleno centro de la capital del país, supuestamente la zona más vigilada de la Ciudad de México, para atentar contra la diputada suplente Diana Sánchez Barrios, a quien pretendían asesinar.
No obstante, sus agresores lograron matar a uno de sus acompañantes y dejar tanto a ella como a una persona más lesionados.
Y qué decir del municipio mexiquense de Chimalhuacán, donde un sicario abrió fuego contra unos niños y sus padres cuando realizaban compras en una tienda a plena luz del día. Los hechos se hicieron virales por un video en redes sociales.
La situación es grave en entidades como Chiapas, Guerrero, Tamaulipas o Sinaloa, donde los criminales tienen un gran poder de fuego y esos rifles de alto poder los consiguen por precios que van de los 50 mil a los 200 mil pesos y los adquieren sin ningún problema.
Para colmo de males también están en los conflictos viales, ya que varios conductores de vehículos o motocicletas, salen todos los días con una arma de fuego para hacerle frente a cualquier ciudadano que se le cierre en una avenida, crucero o en frente de cualquier autoridad.
Lo que vemos en México, sin duda, es una proliferación indiscriminada de las armas de fuego en nuestras calles, parques, áreas de entretenimiento, lugares en los cuales jamás pensamos verlas, pero sobre todo, sin que hasta ahora exista alguna política real que combata el ingreso de las mismas, así como su venta ilegal, a pesar de que están cobrando diariamente la vida de gente inocente.
Basta ver los noticieros de televisión, escuchar los de radio y leer los periódicos para darnos cuenta de que mayoritariamente su contenido es de nota roja, de asesinatos de personas, una buena parte por confrontación entre grupos de la delincuencia, pero otra por cobros de piso de éstos, y otra más por asaltos, pleitos e incidentes viales.
Todo mundo vemos, sabemos y padecemos la omnipresencia de las armas, menos las autoridades, que deben saber que cada persona muerta por esos artefactos, es responsabilidad suya, de nadie más.
En Cortito
Morena enfrenta uno de sus más grandes desafíos y es qué hacer con todos aquellos pésimos e impresentables cuadros, como el que representa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha que se encuentra en las arenas movedizas por el caso de la muerte de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García.
La Fiscalía General de la República de plano desmintió la versión que en principio manejó la Fiscalía de Justicia de Sinaloa de que Cuén Ojeda había muerto en un asalto en una gasolinera, sino que su asesinato ocurrió en la finca donde fue levantado El Mayo Zambada.
El gobernador Rubén Rocha lejos de brindar seguridad a los sinaloenses, ante la ola de ataques entre grupos afines a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, “Los Chapitos” con los sicarios de “La Mayiza”, debe salir todos los días a dar una explicación del caos que tiene en este caso y culpar a los medios de comunicación de todas sus imprecisiones.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Se cae el manto protector de Cuauhtémoc Blanco
Raúl García Araujo
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2024-10-16

La red de complicidades que creó el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, empieza a caerse a pedazos…
Por Raúl García Araujo
La red de complicidades que creó el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, empieza a caerse a pedazos, afectando no sólo al ahora diputado federal, sino también a aquellos funcionarios que pusieron en sus manos las instituciones públicas para defenderlo.
A penas a unos días de ocupar su escaño en la Cámara de Diputados, claro por la vía plurinominal, en la entidad morelense salió a la luz una denuncia penal en su contra por abuso sexual en grado de tentativa, en la cual también se involucra a su hermano Ulises Bravo Molina, por amenazar a la víctima.
El asunto tomó especial relevancia este martes, cuando una periodista le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre este tema, durante su conferencia del pueblo, a lo cual la jefa del Ejecutivo federal, fue tajante al señalar que se investigue y por ende se castigue, en caso de existir algún delito.
A diferencia del ex presidente López Obrador que lo defendió a capa y espada, Sheinbaum fue directa al afirmar que la demanda por una presunta violación debe seguir su curso y por lo tanto no habrá impunidad.
A esto se suma que en Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia, ya vio el desastre que dejó el exfutbolista en materia de seguridad, ya que lejos de proteger a los ciudadanos, los policías de la Comisión Estatal de Seguridad, más de un centenar de ellos, estaban asignados a la custodia de la familia del exfutbolista del Club América, propiedad de Televisa.
La mandataria morelense ya ordenó que 150 policías que eran escoltas de Blanco Bravo y sus allegados, regresen a sus funciones reales que son las de velar por la seguridad de cada uno de los morelenses y no cuidar a los familiares del ex futbolista.
Otra muestra del desastre en materia de seguridad es la administración de los reclusorios del estado, en particular el de Atlacholoaya, donde fueron cesados todos los mandos por actos de corrupción y en los próximos días, habrá más evidencias de la pésima administración que hubo con funcionarios traídos de Veracruz.
Sin embargo, el mayor golpe certero que recibió uno de los incondicionales de Cuauhtémoc Blanco Bravo, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea.
El titular del Poder Judicial local, el pasado lunes recibió un revés de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle la razón a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para que pueda recibir y solicitar información sobre cualquier queja de naturaleza administrativa y/o laboral que venga de dicho tribunal.
Ahora el “amigo” del ex ídolo nacional tendrá que dar una explicación a cada uno de los morelenses sobre sus actuaciones o ver el modo de defenderse.
Esto debido a que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos cuenta, hasta el momento, con nueve expedientes de queja contra el Presidente del TSJ iniciados por presuntas violaciones a derechos humanos, tales como hostigamiento y acoso laboral, acoso sexual, discriminación, libertad de expresión, violencia vicaria, entre otras.
Es decir, la Suprema Corte le ordenó que entregue la información de cada una de estas quejas, y en caso de que alguna de ellas avance en materia penal, algún juez podrá emitir una orden de aprehensión en su contra.
En Morelos se sabe que el todavía presidente del Poder Judicial de Morelos, Jorge Gamboa Olea, era la persona que alertaba a Blanco Bravo y su familia cuando había denuncias penales en su contra, pero en especial, conseguía que cada una de ellas, no se convirtieran en órdenes de aprehensión.
Los tiempos han cambiado, son tiempos de las mujeres, y ahora en pleno proceso de destitución de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahora vayan a una elección en 2025, no creo que en este momento salga algún juez a otorgarle un amparo o defender tanto a Jorge Gamboa Olea como al ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien por cierto, también cuenta con nulo apoyo en la Cámara de Diputados, en caso de que proceda la denuncia por presunta violación en su contra, y de este modo evitar un eventual desafuero.
En Cortito
En más de Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene razón de que es necesario combatir la corrupción de algunos jueces y magistrados ligados al titular del Poder Judicial de Morelos, Jorge Gamboa Olea, ya que de manera increíble no valoraron pruebas periciales de informática que existían en contra de Vanessa Linette Ballar, alias “La Güera”, considerada como presunta autora intelectual del homicidio de dos hombres israelíes en la Plaza Artz Pedregal en la Ciudad de México.
Son tres los jueces involucrados en este caso, que desestimaron el trabajo conjunto de las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y de Morelos que permitió la captura y encarcelamiento de “La Güera”.
No es la primera vez que jueces allegados a Gamboa Olea tienen señalamientos de este tipo y que no entienden que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está en contra de la impunidad.
También nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, resolvió un problema heredado desde hace nueve años y que era un adeudo millonario con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
Nos dicen que el pago del mismo, se logró gracias a una disciplina financiera y austeridad que ha caracterizado a la actual administración.
Para cerrarlo, el presidente municipal José Luis Urióstegui, entregó un cheque por más de 37 millones de pesos que garantiza a los trabajadores sindicalizados y policías acceder a todos los créditos.
La liquidación de la deuda traerá beneficios a por lo menos mil 350 trabajadores de Cuernavaca y esto habla de un buen ejercicio de gobierno.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Harfuch va por tiros de precisión contra el crimen
Raúl García Araujo
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