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Opinión – Jonathan Cordero | «La Captura», dos agentes y un dilema que marcaría el rumbo de todo un país

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa (…)

Por Jonathan Cordero

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, no pudo eludir más a la justicia, tras el operativo “Cisne Negro” ejecutado por la Marina y otros acontecimientos casi fortuitos. Hoy, “El Chapo” cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos.

Con esa premisa, el director Chava Cartas, originario de Guadalajara, Jalisco, decidió llevar a la pantalla “La Captura”, que se estrenó apenas este 21 de agosto a través de Netflix, y que en solo unas horas ya es el filme más visto de la plataforma en más de 90 países, lo que deja claro el alcance no solo del streaming, sino del personaje criminal que en algún momento ocupó el sitio 701 en la lista de las personas más ricas del mundo realizada por la revista Forbes.

Basado en una crónica del periodista Héctor de Mauleón, el thriller es protagonizado por Alfonso Herrera, y coprotagonizado por Noe Hernández, quienes dan vida a un par de agentes de la extinta Policía Federal, que prácticamente por lo que algunos llamamos destino, aprehenden al líder del cártel y a su jefe de seguridad “El Cholo Iván”, y a partir de ahí se desata una serie de hechos que mantienen el suspenso en todo momento.

La captura

En la trama hay sin duda un punto central, el dilema. Y es que, de acuerdo con la historia, Joaquín Guzmán en más de una vez ofreció millones de pesos a los agentes federales para que lo liberaran en algún lugar de Sinaloa, que en ese momento ya estaba sitiado por halcones y gatilleros del cártel, sin que ni ellos ni la autoridad tuvieran certeza de dónde estaba el capo más buscado del mundo.

Lo que eso demuestra es que Guzmán Loera estaba seguro de que los dos policías que lo capturaron luego de su fallida huida en un Ford Focus color rojo robado en calles de Los Mochis tenían un precio; sin embargo, ante el dilema, los agentes no ceden y continúan con su labor, quizá sin imaginar los alcances de lo que esa captura representaba.

Surgen preguntas elementales, ¿Y si hubieran aceptado el soborno? ¿Y si hubieran sido otros los agentes? Lo cierto es que con el paso de las horas la pareja de policías toma decisiones que los conducen hasta un motel en las afueras de la ciudad de Los Mochis, desde donde solicitan apoyo de su superior, quien a su vez da aviso a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reiniciar el operativo y llegar por “El Chapo” y “El Cholo Iván” antes de que lo hagan sus células criminales.

Por inverosímil que parezca, porque recordemos que no hablamos de una historia ficticia, en la habitación 51 de aquel motel aguardaba su destino Joaquín Guzmán Loera, pero su suerte estaba echada, porque aún con la presión, amenazas en contra de su familia y la desconfianza de lo que pudiera pasar, el agente se mantuvo firme en su decisión y esperó hasta que arribaron los elementos de la Marina que finalmente arrestaron al jefe del cártel.

Siempre quedará la duda sobre lo que hubiera pasado si alguna de las determinaciones de los agentes hubiera sido distinta, pero más allá de eso, la película destaca sobre todo el buen actuar de dos policías que antepusieron su vocación, lealtad y amor a México por encima de intereses personales, de su integridad y la de sus familias. A 10 años de aquel suceso la duda quizá radica en qué ha cambiado en Sinaloa.

https://www.youtube.com/watch?v=uIaPDKA0-Y4&t=3s

*Periodista

La Captura. Héctor Hotsifakis as El Tigre in La Captura. Cr. María Medina / Netflix ©2026

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

¡Ah! Ya entendí por qué aquí los medios y opinadores, guardan silencio sobre quién es y quién lo apadrina en México.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

Mario A Medina

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Andy Lopez Beltran

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

Gabriel Boric Font | Foto Presidencia de Chile

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Luiz Inácio Lula da Silva | EFE/ Andre Borges

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

En días pasados viajaba en el Metro. En la línea B llegan muchas personas del rumbo de Ecatepec, de Villa de las flores, de “La Bola”; de colonias de la Gustavo A. Madero. Dos mujeres platicaban:

Por Mario A. Medina

-¡Nooo! Sería una desgracia para el país. No sólo no pagaría impuestos, además preferiría a su televisora, a la Chapoy, al pinche pedrito mayonesa; jajajaja.

– Sí, sería una desgracia. Ese güey es un transa, no respeta a las mujeres; un corrupto de primera.

-Un corrupto de herencia – acotó la otra-.

Supongo que el tema ya lo venían platicando antes de que yo subiera. No escuché el porqué de la trama, pero esas dos mujeres -me imagino de una tienda departamental por su vestimenta- me provocaron el convencimiento de que estaban bastante bien informadas y que sus fuentes, desde luego, no era “Hechos” ni el noticiero estelar de Televisa, ni los radiofónicos. Supongo lo hacen a través de portales de periodistas y/o youtuberos.  Quién sabe.

Aunque no escuché de ellas el nombre de Ricardo Salinas Pliego, ni de TV Azteca, era claro que se referían al magnate, propietario de Grupo Salinas. Al bajar del vagón empecé a imaginar qué le podría pasar al país si el ahora apodado: “la perrita de Trump” fuera presidente de México.

Me distraje al cruzar la avenida Mosqueta rumbo a Paseo de la Reforma. Seguí caminado recordando qué otras actividades de mi agenda del día tenía que atender.

De repente me interrumpió un nombre: Silvio Berlusconi. El empresario italiano, magnate de la televisión de aquel país. Tres veces fue primer ministro; un populista de la derecha; digamos una especie anterior a Donald Trump.

Y es que cómo se parece Salinas Pliego a Berlusconi. Y aunque no empezó con una cadena de tiendas de venta de línea blanca y televisores, el empresario del país de la bota fue adueñándose de cadenas regionales por cable, trasformando esas televisoras en una televisión nacional, una acción que algunos la llegaron a calificar de “ilegal”, otros no, pero aceptaban que se había hecho de las emisoras gracias a una “chicana”, a una trampa y a la corrupción gubernamental.

Al final de su tercer y último periodo de gobierno en 2011, Berlusconi fue inhabilitado debido a su condena por fraude al fisco -sí como Salinas Pliego-. Fue senador y se asoció al gobierno de coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Propietario del equipo de futbol Milán y de muchas empresas, en 2009 Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del planeta; fue condenado a siete años de cárcel por prostitución de menores. Quienes lo estudiaron han destacado su falta de ética en sus prácticas políticas y empresariales. En 2013 la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a cuatro años de prisión por su fraudar al fisco.

Berlusconi tejió una red de complicidades para fortalecer su personalidad que lo llevó al gobierno durante tres periodos convenciendo a la población; una población poco informada, más bien desinformada, alejada de la política.

Salinas Pliego ha seguido de alguna manera el mismo esquema. Financia a un nutrido grupo de comunicadores que se dedican a enaltecerlo y proyectarlo como “el presidente que México necesita”.  En sus redes sociales y en los noticieros de la televisora que tiene concesionada, miente, difama, ofende a la presidentA Claudia Sheinbaum, a Citlalli Hernández o a la periodista Sabina Berman y a todo aquel o aquella que se atreve a criticarlo, amén de generar horas y horas de telebasura.

Aunque el gran poder que tuvo Berlusconi se dio en el contexto del siglo pasado, pareciera que Ricardo Salinas tiene en el italiano su ídolo, la figura a seguir. Como aquel, está “ensayando la misma ruta” para ser candidato presidencial de la ultraderecha.

Si viviera Berlusconi, Ricardo Salinas le podría cantar: “me parezco tanto a tiiii”. Los biógrafos de Berlusconi destacan “su amor propio y autoestima”; hablan de “un polémico sentido del humor” que le gustaba presumir en actos públicos, además de “carismático, deslenguado, insolente, indomable, machista, gamberro” (grosero), tramposo.

Sin embargo, hay al menos una diferencia. De Berlusconi se dice, “innovó” la televisión italiana. De Salinas se ha documentado que asaltó, se robó el canal 40 y lo acusan -no me costa- de no haberle pagado a otro Salinas, a Raúl Salinas, lo que le prestó para hacerse de la estatal Imevisión. Enfrenta juicios en EU por deudas con sus socios.

Lástima que nunca me enteré por qué y cómo empezó aquella charla entre esas dos señoras, pero sí me quiero imaginar que todo comenzó con una pregunta de una de ellas: “¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?”, y la otra le contestó: “¡Ay nanita, nooo!”

Que no le cuenten…

El enojo de un grupo de periodistas por el listado que presentó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde que, a decir de éstos, “remite a prácticas de regímenes totalitarios”, es entendible, pues son exhibidos, efectivamente, como un grupo que recurren constantemente a la mentira, y así lo es.

Lo que hizo María Luisa es exactamente lo que hace la revista del Consumidor. Alcalde presentó una lista de opinadores, sus características, cómo funcionan en redes y lo que provocan en el “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. La revista analiza diferentes productos; pueden ser electrónicos, muebles, alimentos. Los somete a exámenes de laboratorio y luego publica lo que encontró: sus características buenas o malas para la salud del consumidor, compara precios, pero también, exhibe si la marca miente sobre las “bondes” de su producto. El propósito de la revista es beneficiar al consumidor, que no le vayan a dar gato por liebre. Creo que el de la Consejera Jurídica es parecido, que, a las audiencias, a los lectores de medios no nos quieran contar un cuento.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: El secuestro de El Ché y Fidel

Mario A Medina

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

En días pasados viajaba en el Metro. En la línea B llegan muchas personas del rumbo de Ecatepec, de Villa de las flores, de “La Bola”; de colonias de la Gustavo A. Madero. Dos mujeres platicaban:

Por Mario A. Medina

-¡Nooo! Sería una desgracia para el país. No sólo no pagaría impuestos, además preferiría a su televisora, a la Chapoy, al pinche pedrito mayonesa; jajajaja.

– Sí, sería una desgracia. Ese güey es un transa, no respeta a las mujeres; un corrupto de primera.

-Un corrupto de herencia – acotó la otra-.

Supongo que el tema ya lo venían platicando antes de que yo subiera. No escuché el porqué de la trama, pero esas dos mujeres -me imagino de una tienda departamental por su vestimenta- me provocaron el convencimiento de que estaban bastante bien informadas y que sus fuentes, desde luego, no era “Hechos” ni el noticiario estelar de Televisa, ni los radiofónicos. Supongo lo hacen a través de portales de periodistas y/o youtuberos.  Quién sabe.

Aunque no escuché de ellas el nombre de Ricardo Salinas Pliego, ni de TV Azteca, era claro que se referían al magnate, propietario de Grupo Salinas. Al bajar del vagón empecé a imaginar qué le podría pasar al país si el ahora apodado: “la perrita de Trump” fuera presidente de México.

Me distraje al cruzar la avenida Mosqueta rumbo a Paseo de la Reforma. Seguí caminado recordando qué otras actividades de mi agenda del día tenía que atender.

Ricardo Salinas Pliego

De repente me interrumpió un nombre: Silvio Berlusconi. El empresario italiano, magnate de la televisión de aquel país. Tres veces fue primer ministro; un populista de la derecha; digamos una especie anterior a Donald Trump.

Y es que cómo se parece Salinas Pliego a Berlusconi. Y aunque no empezó con una cadena de tiendas de venta de línea blanca y televisores, el empresario del país de la bota fue adueñándose de cadenas regionales por cable, trasformando esas televisoras en una televisión nacional, una acción que algunos la llegaron a calificar de “ilegal”, otros no, pero aceptaban que se había hecho de las emisoras gracias a una “chicana”, a una trampa y a la corrupción gubernamental.

Al final de su tercer y último periodo de gobierno en 2011, Berlusconi fue inhabilitado debido a su condena por fraude al fisco -sí como Salinas Pliego-. Fue senador y se asoció al gobierno de coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Propietario del equipo de futbol Milán y de muchas empresas, en 2009 Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del planeta; fue condenado a siete años de cárcel por prostitución de menores. Quienes lo estudiaron han destacado su falta de ética en sus prácticas políticas y empresariales. En 2013 la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a cuatro años de prisión por su fraudar al fisco.

Berlusconi tejió una red de complicidades para fortalecer su personalidad que lo llevó al gobierno durante tres periodos convenciendo a la población; una población poco informada, más bien desinformada, alejada de la política.

Salinas Pliego ha seguido de alguna manera el mismo esquema. Financia a un nutrido grupo de comunicadores que se dedican a enaltecerlo y proyectarlo como “el presidente que México necesita”.  En sus redes sociales y en los noticiarios de la televisora que tiene concesionada, miente, difama, ofende a la mandataria Claudia Sheinbaum, a Citlalli Hernández o a la periodista Sabina Berman y a todo aquel o aquella que se atreve a criticarlo, amén de generar horas y horas de telebasura.

Tv Azteca

Aunque el gran poder que tuvo Berlusconi se dio en el contexto del siglo pasado, pareciera que Ricardo Salinas tiene en el italiano su ídolo, la figura a seguir. Como aquel, está “ensayando la misma ruta” para ser candidato presidencial de la ultraderecha.

Si viviera Berlusconi, Ricardo Salinas le podría cantar: “me parezco tanto a tiiii”. Los biógrafos de Berlusconi destacan “su amor propio y autoestima”; hablan de “un polémico sentido del humor” que le gustaba presumir en actos públicos, además de “carismático, deslenguado, insolente, indomable, machista, gamberro” (grosero), tramposo.

Sin embargo, hay al menos una diferencia. De Berlusconi se dice, “innovó” la televisión italiana. De Salinas se ha documentado que asaltó, se robó el canal 40 y lo acusan -no me costa- de no haberle pagado a otro Salinas, a Raúl Salinas, lo que le prestó para hacerse de la estatal Imevisión. Enfrenta juicios en EU por deudas con sus socios.

Lástima que nunca me enteré por qué y cómo empezó aquella charla entre esas dos señoras, pero sí me quiero imaginar que todo comenzó con una pregunta de una de ellas: “¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?”, y la otra le contestó: “¡Ay nanita, nooo!”

Que no le cuenten…

El enojo de un grupo de periodistas por el listado que presentó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde que, a decir de éstos, “remite a prácticas de regímenes totalitarios”, es entendible, pues son exhibidos, efectivamente, como un grupo que recurren constantemente a la mentira, y así lo es.

Lo que hizo María Luisa es exactamente lo que hace la revista del Consumidor. Alcalde presentó una lista de opinadores, sus características, cómo funcionan en redes y lo que provocan en el “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. La revista analiza diferentes productos; pueden ser electrónicos, muebles, alimentos. Los somete a exámenes de laboratorio y luego publica lo que encontró: sus características buenas o malas para la salud del consumidor, compara precios, pero también, exhibe si la marca miente sobre las “bondes” de su producto. El propósito de la revista es beneficiar al consumidor, que no le vayan a dar gato por liebre. Creo que el de la Consejera Jurídica es parecido, que, a las audiencias, a los lectores de medios no nos quieran contar un cuento.

*Periodista: @MarioA_Medina

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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