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  1. Estados Unidos lanza su mayor ofensiva financiera contra el CJNG

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la mayor ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación al sancionar a más de 50 personas y empresas vinculadas con su estructura financiera y operativa, incluyendo a Juan Carlos Valencia González, identificado como uno de sus líderes.

    Por Martín García | Reportero                                      

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la mayor ofensiva financiera emprendida hasta ahora contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer sanciones contra más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con la estructura económica y operativa de la organización criminal.

    Las medidas buscan bloquear el acceso al sistema financiero estadounidense de individuos y compañías que, de acuerdo con las autoridades de Washington, forman parte de la red utilizada por el grupo delictivo para administrar recursos y mantener sus operaciones.

    Entre los principales señalados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, identificado por el gobierno estadounidense como uno de los líderes del CJNG y señalado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador de la organización criminal.

    Sanciones alcanzan a personas y empresas ligadas al CJNG

    El Departamento del Tesoro informó que las sanciones comprenden el congelamiento de bienes e intereses sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, además de prohibir transacciones financieras con los involucrados por parte de ciudadanos y empresas estadounidenses.

    La acción forma parte de la estrategia de Washington para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales mediante restricciones económicas dirigidas contra sus operadores, prestanombres y redes empresariales.

    Buscan afectar la estructura financiera del grupo criminal

    Las autoridades estadounidenses sostienen que el CJNG mantiene una compleja estructura financiera integrada por personas físicas y empresas que presuntamente facilitan el movimiento de recursos, el lavado de dinero y el sostenimiento de las actividades ilícitas de la organización.

    Con estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos busca limitar la capacidad operativa del grupo criminal mediante el aislamiento de quienes considera responsables de administrar o facilitar sus operaciones financieras.

    El anuncio representa una de las acciones económicas de mayor alcance emprendidas por Washington contra el CJNG, organización identificada por las autoridades estadounidenses como una de las principales amenazas del crimen organizado transnacional. –sn–

    Agente de la DEA

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  2. Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

    La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

    El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

    La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

    Francisco Alejandro Leyva Aguilar 

    El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

    Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

    México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

    Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
    | @SociedadN_

    En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

    Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

    Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  3. Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

    Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

    La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

    Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

    Edificio sede de la ONU | @SociedadN_

    Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

    Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

    Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

    Corte Penal Internacional

    México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

    Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

    43 de Ayotzinapa

    La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

    El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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  4. Sheinbaum evita responder a zar antidrogas de los Estados Unidos

    Sheinbaum elude polémica; pide frenar tráfico de armas

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La presidente Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder directamente a las declaraciones de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, y reiteró que existen mecanismos permanentes de diálogo entre ambas naciones para abordar temas de seguridad y combate al crimen organizado.

    Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que resultó “muy difícil” responder a cada declaración emitida por funcionarios estadounidenses, debido a que los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron reuniones periódicas para atender asuntos de interés común relacionados con seguridad, migración y cooperación bilateral.

    No obstante, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que entre ambas administraciones existieron diferencias en algunos temas, aunque sostuvo que los canales institucionales permitieron mantener la comunicación y el intercambio de información sobre asuntos estratégicos.

    Cooperación bajo revisión

    Las declaraciones surgieron después de que Sara Carter, conocida en Estados Unidos como la zar antidrogas, afirmó en una entrevista con el programa American Thought Leaders que la administración encabezada por Donald Trump desarrolló acciones para desmantelar las estructuras financieras y de protección política que favorecieron las operaciones de los cárteles.

    Durante esa conversación, la funcionaria estadounidense aseguró que las autoridades de su país dirigieron esfuerzos contra personas vinculadas con organizaciones criminales, incluidos funcionarios que, según señaló, facilitaron actividades de grupos delictivos mediante actos de colaboración o protección.

    https://youtu.be/WTuogsdA8iw

    Carter sostuvo que la estrategia incluyó el aseguramiento de recursos económicos relacionados con organizaciones criminales y advirtió que las acciones continuarían contra quienes mantuvieran vínculos con los cárteles dentro o fuera de las estructuras gubernamentales.

    Posturas contrapuestas

    Las expresiones de la funcionaria estadounidense contrastaron con la postura presentada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien evitó profundizar en las declaraciones y centró sus comentarios en la coordinación institucional existente entre ambos gobiernos.

    En la entrevista, Sara Carter afirmó que la cooperación actual entre México y Estados Unidos representó un nivel de coordinación que, según su valoración, no se había observado en administraciones anteriores, especialmente en acciones relacionadas con extradiciones, investigaciones y procesos judiciales. –sn–

    Fentanilo

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  5. “Acto de justicia” la captura y muerte de El Mencho: García Harfuch

    García Harfuch vincula caída de “El Mencho” con justicia. Operativo contra el CJNG respondió a homicidios y atentados en México.

    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, representó “un acto de justicia” para miles de mexicanos afectados por la violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El funcionario sostuvo que el operativo trascendió cualquier dimensión personal derivada del atentado que sufrió en junio de 2020 en la ciudad de México. García Harfuch relacionó el despliegue con una estrategia permanente contra estructuras criminales de alto impacto.


    Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular de la dependencia recordó que el atentado ocurrido el 26 de junio de 2020 dejó un saldo de dos policías y un civil muertos. Según explicó, la agresión fue ordenada por integrantes del CJNG como represalia contra acciones de seguridad emprendidas por autoridades federales. En sus declaraciones, insistió en que la respuesta institucional se centró en las víctimas de homicidios y ataques cometidos por el grupo criminal.

    García Harfuch describió a “El Mencho” como un líder criminal que operó durante años bajo condiciones de impunidad en distintas regiones del país. También atribuyó al CJNG responsabilidad en una gran parte de los homicidios registrados en México. El funcionario aseguró que el operativo fue planeado y ejecutado exclusivamente por autoridades mexicanas, con participación específica del Ejército mexicano.

    Operativos permanentes

    El secretario sostuvo que la acción contra el líder criminal formó parte de una estrategia constante de combate a organizaciones delictivas. En ese contexto, mencionó otro operativo realizado días después por la Secretaría de Marina, dirigido contra un objetivo identificado como “El jardinero”. Según explicó, ambos casos reflejaron una línea de intervención permanente contra liderazgos criminales de alta notoriedad.

    Durante sus declaraciones, García Harfuch subrayó que las operaciones de seguridad ocurrieron diariamente en diversas regiones del país. Indicó que las acciones no respondieron únicamente a eventos mediáticos, sino a una política de contención de grupos armados vinculados al narcotráfico. También señaló que la estrategia contempló despliegues continuos en estados con altos índices de violencia.

    El funcionario recordó que el atentado en su contra alcanzó amplia difusión pública debido a la magnitud de los hechos y a la exposición mediática del caso. Sin embargo, afirmó que otros ataques contra civiles y autoridades no recibieron la misma atención nacional. Bajo esa lógica, insistió en que el problema de violencia asociado al CJNG afectó a comunidades enteras en distintos puntos del país. –sn–

    El Mencho

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  6. Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

    La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

    Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

    El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

    En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

    Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

    En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

    El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

    Genaro García Luna

    De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

    Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

    Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

    Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

    En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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  7. 🔥 Deux mois après la mort d'El Mencho, son bras droit est arrêté caché dans un canal de drainage, protégé par soixante hommes armés. Les États-Unis offraient 5 millions de dollars pour sa tête.

    #Mexique #États-Unis #CJNG #ElJardinero #ElMencho
    bergfrid.com/blog/arrestation-

  8. Capturan a “El Jardinero”, presunto líder del CJNG, y asestan golpe a su estructura financiera

    Detenido en México alias El Jardinero, un presunto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    SN Redacción | EFE

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

    El arresto ocurrió en el estado de Nayarit (oeste), en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

    García Harfuch explicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

    «Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares», mencionó en un breve mensaje en su cuenta de X.

    La operación fue «planeada, desarrollada y ejecutada» por personal de la Secretaría de Marina (Semar), señaló el funcionario.

    El Gobierno del estado mexicano de Nayarit llamó a la ciudadanía a no salir de casa debido a una serie de violentos bloqueos que se han desatado tras la captura de alias El Jardinero. Además, exhortó a través de un comunicado «a los ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y, de manera preventiva, permanecer en sus casas y limitar traslados mientras siguen las acciones de seguridad en la región».

    Control territorial

    En abril de 2021, el Gobierno de EE.UU. anunció sanciones contra Flores Silva, a quien identificó como uno de los dirigentes regionales del CJNG.

    Flores Silva, de 45 años, también ha sido señalado como jefe se seguridad de Oseguera Cervantes, según reportes de medios que citan a la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

    El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó entonces que controlaba amplias zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, y lo señaló de traficar con grandes cantidades de opiáceos y cocaína. 

    También fue imputado en EE.UU. por conspiración para distribuir cocaína y heroína, así como por delitos con armas de fuego.

    Posteriormente, en junio de 2025, El Jardinero volvió a ser incluido en un paquete de sanciones contra altos mandos del CJNG, donde se le vinculó con la operación de laboratorios clandestinos de metanfetamina.

    Seguimiento e inteligencia

    En febrero pasado, tras la muerte de El Mencho, fundador del CJNG, especialistas señalaron al ahora detenido como parte de un grupo de líderes que quedó al frente del cartel.

    Autoridades mexicanas indicaron que la detención ocurrió tras 19 meses de seguimiento y trabajos de inteligencia, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses.

    También destacaron que Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos y tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

    Las agencias de Seguridad mexicana apuntaron que se tiene conocimiento que el ahora detenido «controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína» y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

    Arrestan a presunto operador financiero

    Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron este lunes a César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, capturado horas antes, señalado como uno de los dirigentes del CJNG y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

    «El día de hoy en Zapopan, Jalisco (oeste) Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Güero Conta’, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, jefe regional del CJNG’, indicó en un mensaje en redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch

    Agregó que El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

    «Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal», apuntó García Harfuch y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes «para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia».

    Detienen a alias ‘Metro 9’

    Los agentes de las fuerzas de seguridad también detuvieron en el estado de Tamaulipas (noroeste) a Alexander ‘N’, identificado como el líder de una facción del Cartel del Golfo, designado como grupo terrorista por Estados Unidos, en un operativo que fue respondido por el crimen organizado con bloqueos viales e incendios. 

    A través de sus redes sociales, la Vocería de Seguridad estatal informó de que agentes federales de la SSPC arrestaron a este individuo, calificado de «objetivo prioritario», en un domicilio en el municipio de Reynosa, fronterizo con EEUU.

    El detenido, conocido por el sobrenombre de ‘Metro 9’, sería el líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cartel del Golfo, según detallaron medios locales.  –sn–

    Sociedad Noticias

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  9. Jalisco cartel co-founder Erick Valencia Salazar pleads guilty in U.S. court

    By MICHAEL KUNZELMAN WASHINGTON (AP) — A California man who co-founded one of Mexico’s most powerful and violent…
    #Spain #ES #Europe #Europa #EU #Valencia #CJNG #cocaine #drugconspiracy #ElMencho #ErickValenciaSalazar #JaliscoNewGenerationCartel #LaNuevaPlaza
    europesays.com/spain/2847/

  10. Die Gewalt nach der Tötung des Narco-Bosses #ElMencho vor der Fußball-WM in #Mexiko hat die Frage überschattet, wer von dem Milliardenspektakel profitiert. Die FIFA und Sponsoren zahlen keine Steuern, Anwohner:innen klagen über Verdrängung und Wassermangel durch die WM-Bauten taz.de/Fussball-WM-...

    Fußball-WM 2026 in Mexiko: Olé...

  11. Meksyk po El Mencho — co się zmieniło i jakie będą skutki dla bezpieczeństwa? Rzeczowa, szybka analiza od Good Times Bad Times. Obejrzyj i podziel się opinią! #Meksyk #ElMencho #kartel #bezpieczeństwo #wiadomości #polityka #Polish
    pt.xut.pl/videos/watch/e7ab392

  12. Meksyk po El Mencho — co się zmieniło i jakie będą skutki dla bezpieczeństwa? Rzeczowa, szybka analiza od Good Times Bad Times. Obejrzyj i podziel się opinią! #Meksyk #ElMencho #kartel #bezpieczeństwo #wiadomości #polityka #Polish
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  13. Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos despertó al tigre

    Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.

    Por Raúl García Araujo                                            

    Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.

    El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.

    Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.

    Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.

    Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.

    Margarita González Saravia

    No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.

    Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.

    No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.

    Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.

    Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.

    En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.

    Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.

    La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.

    Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.

    Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.

    Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.

    Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.

    Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.

    En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.

    Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.

    La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.

    Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.

    En Cortito

    Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.

    Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.

    El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.

    José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.

    José Luis Urióstegui Salgado

    “Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.

    Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.

    La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.

    Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.

    La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.

    Periodista mexicano | Twitter @araujogar

    Columna anterior: Puebla y el valor de rendir cuentas

    Raúl García Araujo

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  14. Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos despertó al tigre

    Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.

    Por Raúl García Araujo                                            

    Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.

    El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.

    Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.

    Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.

    Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.

    Margarita González Saravia

    No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.

    Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.

    No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.

    Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.

    Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.

    En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.

    Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.

    La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.

    Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.

    Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.

    Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.

    Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.

    Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.

    En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.

    Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.

    La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.

    Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.

    En Cortito

    Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.

    Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.

    El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.

    José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.

    José Luis Urióstegui Salgado

    “Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.

    Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.

    La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.

    Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.

    La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.

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  15. Rosalinda González Valencia: Role within the CJNG Financial Network

    Rosalinda González Valencia, wife of 'El Mencho', was released early from prison on Feb 27, 2025. She was serving time for money laundering.

    #RosalindaGonzalezValencia, #CJNG, #ElMencho, #MoneyLaundering, #CartelNews

    newsletter.tf/rosalinda-gonzal

  16. Rosalinda González Valencia: Role within the CJNG Financial Network

    Rosalinda González Valencia, wife of 'El Mencho', was released early from prison on Feb 27, 2025. She was serving time for money laundering.

    #RosalindaGonzalezValencia, #CJNG, #ElMencho, #MoneyLaundering, #CartelNews

    newsletter.tf/rosalinda-gonzal

  17. Rosalinda González Valencia, wife of CJNG leader 'El Mencho', is out of prison. She was sentenced to 5 years for money laundering but released early on February 27, 2025.

    #RosalindaGonzalezValencia, #CJNG, #ElMencho, #MoneyLaundering, #CartelNews

    newsletter.tf/rosalinda-gonzal

  18. Rosalinda González Valencia, wife of CJNG leader 'El Mencho', is out of prison. She was sentenced to 5 years for money laundering but released early on February 27, 2025.

    #RosalindaGonzalezValencia, #CJNG, #ElMencho, #MoneyLaundering, #CartelNews

    newsletter.tf/rosalinda-gonzal

  19. Details of the villa where Jalisco cartel leader 'El Mencho' was killed

    📰 Original title: Inside the Mexican villa where feared drug lord spent final hours

    🤖 IA: It's clickbait ⚠️
    👥 Usuarios: It's clickbait ⚠️

    View full AI summary: killbait.com/en/details-of-the

    #incidents #mexico #drugcartel #elmencho

  20. Violence erupts across Mexico following death of Jalisco cartel leader

    📰 Original title: At least 25 National Guards killed in violence after death of Mexican drug lord

    🤖 IA: It's clickbait ⚠️
    👥 Usuarios: It's clickbait ⚠️

    View full AI summary: killbait.com/en/violence-erupt

    #conflict #mexico #drugcartel #elmencho

  21. UK Issues Travel Warning for Mexico Amidst Post-Cartel Leader Unrest

    UK government advises Britons in Mexico to stay inside and avoid travel after the death of cartel leader El Mencho caused widespread violence and travel disruptions.

    #MexicoTravelWarning, #ElMencho, #CartelViolence, #JaliscoUnrest, #UKinMexico

    newsletter.tf/britons-in-mexic

  22. UK Issues Travel Warning for Mexico Amidst Post-Cartel Leader Unrest

    UK government advises Britons in Mexico to stay inside and avoid travel after the death of cartel leader El Mencho caused widespread violence and travel disruptions.

    #MexicoTravelWarning, #ElMencho, #CartelViolence, #JaliscoUnrest, #UKinMexico

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