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ONU exige a Sri Lanka frenar abusos, reformar cárceles y avanzar en justicia por violaciones de derechos humanos
La ONU pidió a Sri Lanka reforzar la rendición de cuentas, investigar abusos, reformar las cárceles y derogar la Ley de Prevención del Terrorismo ante denuncias de tortura, vigilancia y detenciones arbitrarias.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Sri Lanka acelerar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, reforzar la rendición de cuentas y avanzar en la reconciliación, ante denuncias de tortura, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias y vigilancia contra periodistas y activistas.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), correspondiente al periodo de octubre de 2025 a julio de 2026, reconoce avances en investigaciones relacionadas con asesinatos políticos, desapariciones forzadas, corrupción y los atentados del Domingo de Pascua de 2019, pero advierte que persisten graves obstáculos para superar décadas de impunidad.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Anura Kumara Dissanayake consolidar las medidas adoptadas y adoptar acciones concretas para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado y en años recientes.
ONU cuestiona aplicación de ley antiterrorista
El organismo internacional señaló que, pese a las promesas de reformas legales e institucionales, las autoridades continúan aplicando la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), utilizada para realizar arrestos arbitrarios y mantener detenciones prolongadas sin cargos.
Türk pidió establecer una moratoria sobre la aplicación de esa legislación mientras se concreta su derogación, además de liberar a las personas que permanecen detenidas durante largos periodos bajo sus disposiciones.
El informe también documentó denuncias de vigilancia estatal contra integrantes de organizaciones civiles, activistas y periodistas. La información recibida por la ONU, según el documento, apunta a un patrón persistente de vigilancia, intimidación y represalias atribuido a funcionarios militares y de inteligencia.
Las personas interrogadas habrían sido cuestionadas sobre viajes a Ginebra, participación en mecanismos de derechos humanos de la ONU, afiliaciones organizativas, fuentes de financiamiento y asistencia a protestas o actos de conmemoración.
Tortura y muertes bajo custodia
La situación penitenciaria figura entre las principales preocupaciones del informe. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka registró 602 casos de tortura y malos tratos durante 2025 y otros 138 hasta abril de 2026.
El organismo nacional también recibió denuncias sobre 18 muertes bajo custodia en 2025 y tres más hasta abril de este año. Uno de los casos corresponde a un hombre de 40 años detenido por un delito menor relacionado con drogas, quien murió el 3 de mayo en la prisión de Welikada, en Colombo, presuntamente después de recibir una brutal golpiza.
La ONU también llamó la atención sobre los disturbios ocurridos en la prisión de Negombo en julio, que dejaron 32 muertos y más de un centenar de heridos. El episodio puso nuevamente bajo escrutinio el hacinamiento y otras deficiencias estructurales del sistema penitenciario.
Persisten casos de la guerra civil
El informe sostiene que los esfuerzos para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado todavía presentan deficiencias, particularmente en la investigación y procesamiento de crímenes graves.
Türk consideró necesario adoptar medidas contra los responsables de violaciones cometidas por cualquiera de las partes durante el conflicto que se prolongó durante más de dos décadas.
Entre los avances recientes, la ONU tomó nota de la decisión del fiscal general de procesar al ex primer ministro de la Provincia Oriental, Sivanesathurai Chandrakathan, conocido como Pillayan, y a otras tres personas por el presunto secuestro y asesinato del exvicerrector de la Universidad Oriental, Subramanian Ravindranath, ocurrido en 2006.
Sin embargo, el Alto Comisionado cuestionó que otros casos emblemáticos continúen sin resolverse. Entre ellos mencionó el asesinato de 17 trabajadores humanitarios de Action Contre La Faim en Muttur, ocurrido hace dos décadas.
ONU pide proteger a víctimas y liberar territorios
La ONU pidió al gobierno de Sri Lanka intensificar las medidas de reconciliación y rendición de cuentas, así como garantizar que las personas señaladas de manera creíble por violaciones de derechos humanos no ocupen altos cargos gubernamentales, de seguridad o diplomáticos mientras las acusaciones no sean investigadas y resueltas de manera efectiva.
Türk también instó a las autoridades a respaldar las iniciativas de conmemoración de las víctimas y avanzar en la liberación de territorios que permanecen bajo ocupación militar.
El informe reconoce que el gobierno ha denunciado el racismo y promovido la unidad nacional, pero advierte que la falta de avances en verdad y justicia puede frenar el proceso de transformación institucional que reclaman las víctimas y sus familias.
El llamado de la ONU ocurre mientras Sri Lanka enfrenta el desafío de convertir las investigaciones recientes en procesos judiciales efectivos y establecer mecanismos capaces de impedir que las violaciones de derechos humanos permanezcan sin consecuencias. –sn–
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ONU acusa deterioro de derechos humanos en Nicaragua y alerta por nuevas restricciones políticas
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por nuevas medidas en Nicaragua que podrían restringir la participación política y profundizar el cierre del espacio cívico.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, manifestó este miércoles su preocupación por el deterioro de las libertades fundamentales en Nicaragua y advirtió que recientes decisiones del gobierno podrían restringir aún más la participación política y el ejercicio de los derechos civiles.
El pronunciamiento se produjo después de que el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, planteara la posibilidad de impulsar nuevas leyes para impedir que personas y grupos con posturas políticas discrepantes participen en procesos electorales, una medida que, de concretarse, profundizaría las restricciones al pluralismo político en el país.
El Alto Comisionado, Volker Türk, afirmó que estos acontecimientos reflejan una creciente concentración del poder y un debilitamiento del Estado de derecho, además del cierre casi total del espacio cívico y la represión sistemática de la libertad de expresión.
ONU cuestiona restricciones y detenciones
El organismo indicó que, a principios de julio, el gobierno nicaragüense revocó las credenciales de varios abogados sin ofrecer fundamentos jurídicos ni una explicación oficial.
Asimismo, señaló que al menos 46 personas continúan privadas de la libertad de manera arbitraria por motivos políticos, situación que mantiene la preocupación de la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
Volker Türk exhortó a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar que quienes permanezcan bajo custodia reciban un trato conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Preocupación por pueblos indígenas y libertad religiosa
El Alto Comisionado también retomó informes de organizaciones de la sociedad civil que denuncian que hasta una cuarta parte de los territorios indígenas de Nicaragua ha sido afectada por concesiones mineras y proyectos extractivos otorgados sin procesos adecuados de consulta y consentimiento libre, previo e informado.
Además, expresó inquietud por las denuncias sobre actos de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.
Entre los casos mencionados se encuentra el del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, cuyo paradero y condición, según el organismo, no han sido informados oficialmente desde su detención el pasado 29 de junio.
Llamado a restablecer el Estado de derecho
El Alto Comisionado pidió a las autoridades reabrir el espacio cívico, garantizar el Estado de derecho y respetar los compromisos internacionales asumidos por Nicaragua en materia de derechos humanos.
Asimismo, sostuvo que todas las personas, independientemente de su posición política, deben tener la posibilidad de votar y postularse a cargos públicos sin restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. –sn–
Daniel Ortega¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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México, de alto riesgo por tortura: OMCT
La OMCT clasificó a México como un país de riesgo alto en el Índice Global de la Tortura 2025 por impunidad y debilidades institucionales.
Por Martín García | Reportero
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó a México como un país de riesgo alto en el Índice Global de la Tortura 2025, presentado en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado cada 26 de junio. El organismo evaluó las condiciones legales e institucionales relacionadas con la prevención, investigación y sanción de este delito. El informe identifica factores que, a su juicio, mantienen riesgos persistentes para los derechos humanos.
De acuerdo con la OMCT, la tortura continúa vinculada en México con altos niveles de impunidad y con prácticas como las detenciones arbitrarias. El documento también señala preocupaciones relacionadas con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, así como con las limitaciones institucionales para investigar y sancionar a los responsables.
El informe sostiene que estos factores afectan el acceso de las víctimas a la justicia y dificultan la erradicación de la tortura. La organización consideró que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir esta problemática.
Persisten desafíos
La OMCT explicó que el índice evalúa el marco jurídico, las políticas públicas y la capacidad institucional de los países para prevenir la tortura. También analiza la actuación de las autoridades encargadas de investigar las denuncias y garantizar la rendición de cuentas.
Según el organismo, la permanencia de prácticas que permiten restricciones a la libertad personal sin sentencia definitiva representa uno de los elementos considerados dentro de la evaluación realizada para México.
El documento agrega que la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir la tortura y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas afectadas.
Llaman a fortalecer instituciones
La organización internacional planteó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la tortura. También señaló la importancia de consolidar mecanismos independientes de supervisión y protección de los derechos humanos.
El informe sostiene que las reformas legales deben acompañarse de acciones efectivas para garantizar investigaciones imparciales y el procesamiento de quienes resulten responsables cuando existan pruebas suficientes. –sn–
Tortura¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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SIP condena escalada de represión contra periodistas en Cuba
La SIP denuncia escalada represiva contra periodistas independientes en Cuba
Por Martín García | Reportero
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este viernes su más «enérgica condena a la reciente escalada de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y hostigamiento policial contra periodistas independientes en Cuba, registrada en las últimas semanas». La organización advirtió que no puede existir libertad de prensa bajo un sistema de persecución permanente y control policial, y que la represión sostenida contra quienes informan constituye una negación abierta y sistemática del derecho de la sociedad a estar informada.
«Esta nueva ofensiva contra el periodismo independiente ocurre en un contexto de profunda crisis económica y social que la isla atraviesa, agravada en las últimas semanas por una crisis energética sin precedentes que se acentuó tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela, con apagones de 20 o más horas diarias en amplias regiones del país y sin perspectivas claras de solución», recordó.
En este escenario crítico, «el periodismo independiente cumple un rol esencial al documentar la realidad cotidiana de la población, dar voz al malestar social y exponer las consecuencias de la crisis. Precisamente por ello, las autoridades han intensificado los mecanismos de represión para impedir que los periodistas informen libremente sobre estos hechos».
Señaló los hechos más recientes, la SIP documentó los siguientes casos:
Henry Constantín Ferreiro, director del medio La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en ese país, fue detenido en tres ocasiones en lo que va de enero —los días 14, 20 y 27— y posteriormente liberado sin cargos formales.
Alejandra García, colaboradora de La Hora de Cuba, fue detenida junto a Constantín el 27 de enero y liberada horas después.
Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio e integrante de la junta de directores de la SIP, fue detenida el 28 de enero en una vía pública de La Habana por agentes de la Seguridad del Estado, quienes la obligaron a regresar a su vivienda con la orden de no salir “hasta mañana”. La acción habría tenido como objetivo impedir la asistencia de los periodistas a una actividad diplomática.
Reinaldo Escobar, esposo de Sánchez y columnista de 14ymedio, fue interceptado por agentes al salir de su edificio y obligado igualmente a regresar a su domicilio. En este caso, la acción obedeció al mismo propósito que en el caso de Sánchez.
Boris González Arenas, periodista independiente, fue impedido el 28 de enero de salir de su vivienda.
Ángel Cuza Alfonso, reportero independiente, fue detenido el 27 de enero en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a una unidad policial del municipio Playa, apenas 24 horas después de haber sido liberado tras pasar seis meses en prisión sin juicio.
José Gabriel Barrenechea, escritor y periodista independiente, fue condenado el 15 de enero a seis años de prisión por el delito de desórdenes públicos. Barrenechea había sido detenido en 2024 tras participar en una protesta pacífica.
Jorge Fernández Era, escritor y colaborador de medios independientes, fue detenido el 18 de enero y permaneció incomunicado por más de 15 horas.Asimismo, los opositores Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo y Dagoberto Valdés, entre otros, fueron también objeto de operativos policiales con la aparente intención de impedir su participación en una actividad diplomática, en un contexto de fuerte despliegue represivo.
“El régimen cubano ha decidido responder a una crisis económica y social profunda con más represión y más censura”, afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP. “La detención arbitraria, la vigilancia permanente y el encarcelamiento se utilizan para silenciar a periodistas que intentan cumplir con su deber de informar en uno de los momentos más críticos que vive el país en décadas”.
Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, agregó que “estos abusos no son hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para impedir que el periodismo independiente documente la crisis, exponga el descontento social y rompa el cerco informativo impuesto por el Estado”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “el uso reiterado de arrestos breves, la incomunicación, las citaciones policiales y las condenas desproporcionadas constituyen un sistema de castigo diseñado para infundir miedo y desalentar la cobertura periodística de una realidad que el gobierno intenta ocultar”.
Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “las detenciones arbitrarias, amenazas, vigilancia constante, confiscación de equipos y restricciones de movimiento son prácticas ampliamente documentadas por la SIP y forman parte de una política estatal orientada a sofocar al periodismo independiente justamente cuando más necesaria es la información para la sociedad cubana”. –sn–
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Aumentan quejas en materia de dh por detenciones arbitrarias en Cdmx
Quejas ciudadanas revelaron detenciones arbitrarias y patrones policiales reiterados en Cdmx.
Por Paola Ramírez | ReporteraLa Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) registró 591 quejas por detenciones arbitrarias e ilegales en tres años. Los casos involucraron a funcionarios públicos en las 16 alcaldías de la ciudad de México (Cdmx). Las quejas señalaron a policías y agentes de investigación como presuntos responsables.
De ese total, 80 por ciento correspondió a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El resto se atribuyó a agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ). La información se obtuvo mediante una respuesta oficial en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las quejas incluyeron a cinco niños menores de 11 años y 22 adultos mayores de 60. También se documentaron dos personas de la comunidad LGBT+ y cuatro migrantes. Todos los casos fueron considerados de población vulnerable por el organismo.
Población afectada
La CDHCM informó que los expedientes evaluaron el derecho a la libertad y seguridad personales. El análisis se realizó conforme al Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos. Las autoridades señaladas fueron la SSC y la FGJ como responsables presuntas.
Del total de expedientes, 29 por ciento correspondió a mujeres. El resto se atribuyó a hombres entre 18 y 44 años. Las quejas reflejaron un patrón concentrado en edades productivas.
En noviembre se sumaron 11 quejas adicionales. Estas correspondieron a participantes de la primera Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre. La mayoría de las personas denunciantes se ubicó en rangos juveniles. –sn–
Policia y manifestantes¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Represión policial marca la segunda jornada del Paro Nacional en Ecuador contra medidas de Daniel Noboa
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Acusan abusos policiales en el municipio mexiquense de La Paz
Habitantes denuncian extorsiones y detenciones ilegales en vía federal
Por Gabriela Díaz | Reportera
Vecinos del municipio de La Paz acusaron detenciones arbitrarias, extorsiones y abuso policial en la carretera México‑Puebla. Los casos involucran a elementos de la Policía Municipal y de Tránsito sin que se observen sanciones o controles por parte del Ayuntamiento.
La administración encabezada por Martha Guerrero Sánchez, quien asumió funciones en enero de 2025, no aplicó medidas visibles para frenar las prácticas denunciadas. Desde su toma de protesta el 8 de diciembre de 2024, Guerrero prometió un gobierno honesto y cercano.
Siete meses después, no se percibieron avances sustantivos. Las quejas vecinales persisten, en particular contra patrullas de tránsito que operan en la carretera federal, donde exigen dinero a cambio de liberar a conductores.
Los afectados aseguraron que se les detuvo sin motivo legal aparente. Señalaron que los agentes solicitan pagos en efectivo por infracciones inexistentes, sin levantar reportes ni informar sobre sus derechos.
Falta de control institucional
Además, las detenciones ocurren sin registro en video ni canalización al Ministerio Público. Las víctimas relataron que no recibieron explicaciones sobre las razones de su arresto ni garantías de audiencia.
Organizaciones civiles documentaron estos hechos como parte de un patrón sistemático de impunidad. Apuntaron que existe una aparente permisividad institucional ante prácticas policiales contrarias al estado de derecho.
Según testimonios, los operativos se realizan de manera constante durante el día, incluso frente a testigos. Las patrullas interceptan vehículos particulares sin identificarse ni exhibir orden de revisión.
La falta de protocolos en las detenciones evidencia un vacío en la capacitación y supervisión interna. A pesar de las promesas de renovación, no se percibe una ruptura con los métodos del pasado.
Sin respuesta del Ayuntamiento
A la fecha, el Ayuntamiento de La Paz no emitió un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones. Tampoco anunció acciones para revisar el comportamiento de sus policías o aplicar medidas correctivas.
En su campaña de transición, Martha Guerrero Sánchez aseguró que su prioridad sería erradicar la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana con apego a los derechos humanos.
El contexto actual pone en entredicho sus compromisos públicos. Los pobladores consultados aseguraron que no tienen acceso a mecanismos de denuncia efectivos ni protección ante represalias.
Los operativos suelen centrarse en zonas de alto tránsito, especialmente en entradas y salidas hacia la autopista. Esta situación incrementó el temor entre automovilistas y transportistas locales.
Urgen revisión de mandos
Colectivos ciudadanos exigieron que se revisen las órdenes de operación de la Policía Municipal y se transparente la cadena de mando. Solicitaron que se sancione a los mandos que toleran estas prácticas.
Entre los casos documentados se encuentran detenciones sin notificación formal a familiares y cobros de hasta mil pesos por permitir la circulación. Las víctimas dijeron que no recibieron comprobantes.
Tampoco se encuentra habilitado un mecanismo independiente de supervisión. Las denuncias internas no tienen seguimiento ni retroalimentación visible para los denunciantes.
La administración municipal mantiene una página oficial de contacto, pero vecinos señalaron que los reportes enviados por ese medio no reciben respuesta.
Compromisos en entredicho
Pese a su discurso inicial de transformación, la gestión de Guerrero Sánchez arrastra señalamientos por opacidad en el gasto público y ausencia de resultados visibles en materia de seguridad.
La auditoría municipal iniciada hace semanas incluye observaciones sobre recursos etiquetados para capacitación y equipamiento policial que no se ejercieron.
Vecinos expresaron que la situación con los policías es uno de los temas que más afecta su vida cotidiana, al generar miedo y desconfianza en las instituciones.
Organizaciones como Red Ciudadana Anticorrupción advirtieron que el patrón detectado en La Paz podría replicarse en otros municipios con estructuras de seguridad débiles.
Sin intervención estatal
Hasta el momento, la administración estatal no intervino para revisar el funcionamiento de la corporación local. Tampoco se conoce si la Fiscalía ha abierto investigaciones de oficio.
Juristas consultados indicaron que las detenciones ilegales y cobros sin registro constituyen delitos graves que deben sancionarse con separación del cargo e incluso prisión preventiva.
Las denuncias contra la policía municipal no son recientes, pero se intensificaron tras el arranque del nuevo gobierno. El hecho de que persistan sin control exhibe una falla estructural.
Algunos afectados declararon que han optado por evitar circular por la carretera para no exponerse a estas detenciones, lo que afecta su trabajo o actividades escolares.
Exigen atención urgente
Colectivos de vecinos planean movilizaciones y bloqueos pacíficos si no reciben respuesta en los próximos días. Solicitan la intervención de la Contraloría municipal y la Comisión de Derechos Humanos.
De no frenarse los abusos, aseguraron que acudirán a instancias federales y organismos internacionales. Consideran que las detenciones arbitrarias constituyen violaciones graves a sus garantías individuales. –sn–
Martha Guerrero¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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