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  1. A 25 años del asesinato de Digna Ochoa, persiste la exigencia de justicia

    A 25 años del asesinato de Digna Ochoa, organizaciones y familiares exigen esclarecer el caso, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana y fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos en México.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    A 25 años del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, familiares y organizaciones civiles exigieron esclarecer el homicidio, garantizar la reparación integral y cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano.

    Durante una conferencia de prensa y un acto simbólico frente a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, los participantes instalaron un altar y leyeron un pronunciamiento para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia. También denunciaron que continúan pendientes medidas de reparación establecidas en la sentencia internacional de 2021.

    El caso trasciende la investigación de la muerte de la abogada, ocurrida el 19 de octubre de 2001: la resolución de la Corte IDH determinó la responsabilidad internacional de México por violaciones relacionadas con las deficiencias de la investigación y el uso de estereotipos que afectaron la honra y dignidad de la defensora.

    Digna Ochoa: una investigación que sigue bajo cuestionamiento

    Las organizaciones señalaron que todavía se requiere una investigación diligente, exhaustiva y con perspectiva de género que permita esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar las responsabilidades y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables.

    También advirtieron que el paso del tiempo prolonga la incertidumbre para la familia y subrayaron que la investigación debe evitar prejuicios que desacrediten a la víctima o minimicen su trabajo en defensa de los derechos humanos.

    Ochoa dedicó su trayectoria al acompañamiento de víctimas y a la defensa de derechos fundamentales frente a abusos de poder. El acto conmemorativo buscó reconocer ese legado y recordar que el acceso a la verdad y la justicia continúa siendo una demanda de sus familiares.

    Las medidas de reparación que siguen en el centro de las exigencias

    La sentencia del caso Digna Ochoa y familiares vs. México, emitida en noviembre de 2021, ordenó al Estado adoptar medidas de investigación, reparación y garantías de no repetición. Las organizaciones denunciaron pendientes y reclamaron avances verificables en los compromisos establecidos.

    Entre sus principales demandas se encuentran:

    • Impulsar una investigación integral para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.
    • Garantizar atención médica y psicológica a las víctimas.
    • Diseñar e implementar una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
    • Elaborar un plan calendarizado para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
    • Garantizar medidas efectivas para proteger a los testigos.
    • Cumplir la disposición de nombrar una calle en Misantla, Veracruz, en memoria de Digna Ochoa.

    Las organizaciones insistieron en que las medidas deben traducirse en reparación integral para las víctimas y cambios institucionales que ayuden a prevenir nuevas agresiones. La sentencia también contempla otras obligaciones, entre ellas acciones relacionadas con la investigación de ataques contra personas defensoras.

    Violencia contra personas defensoras: los riesgos persisten

    Durante el acto, las agrupaciones alertaron sobre las amenazas, la criminalización, las desapariciones y los asesinatos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México. Estas agresiones también afectan a sus familias, organizaciones y comunidades.

    Las mujeres defensoras afrontan riesgos específicos, entre ellos agresiones sexuales, ataques misóginos, violencia digital y campañas de desprestigio basadas en estereotipos de género. Las organizaciones señalaron que el racismo y otras formas de discriminación agravan la vulnerabilidad de defensoras indígenas, afromexicanas y trans.

    De acuerdo con las cifras presentadas por las organizaciones, durante 2025 se documentaron 43 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país. Advirtieron que la impunidad y la falta de garantías de seguridad inhiben las denuncias y la participación pública.

    Cuestionan el acceso al mecanismo de protección

    Las agrupaciones también expresaron preocupación por el funcionamiento del mecanismo federal de protección. Según los datos que difundieron, entre 2024 y junio de 2026 se recibieron 409 solicitudes, de las cuales 289 fueron inadmitidas, equivalentes a 70.66 por ciento.

    Las organizaciones señalaron que las barreras de acceso y las deficiencias en la atención pueden dejar a las personas solicitantes en condiciones de riesgo. También advirtieron que algunas personas han sido asesinadas mientras contaban con medidas de protección o esperaban ser incorporadas al mecanismo.

    Por ello, exigieron fortalecer la evaluación de riesgos, la coordinación institucional y la aplicación efectiva de las medidas, además de garantizar que las solicitudes reciban atención adecuada y oportuna. –sn–

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  2. La Comisión y la Corte Interamericana, diferencias, funciones y alcances

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero cumplen funciones distintas. Una recibe denuncias, monitorea y formula recomendaciones; la otra juzga casos, dicta sentencias y establece reparaciones obligatorias para los Estados.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    La protección internacional de los derechos humanos en América tiene dos instituciones centrales que con frecuencia son confundidas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aunque ambas forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus atribuciones, naturaleza jurídica y alcances son diferentes.

    La diferencia fundamental puede resumirse así: la Comisión investiga, monitorea, recibe peticiones, formula recomendaciones y puede llevar determinados casos ante la Corte; la Corte es un tribunal internacional que resuelve casos contenciosos, determina la responsabilidad internacional de los Estados y puede ordenar reparaciones.

    La distinción es relevante porque acudir a la CIDH no significa automáticamente que un caso llegará a la Corte IDH. Existe un procedimiento previo y, además, la competencia de la Corte está sujeta a las reglas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al reconocimiento de su jurisdicción por parte de los Estados.

    ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia.

    Su trabajo tiene una dimensión política, de promoción y monitoreo, pero también una dimensión cuasi judicial. La CIDH recibe peticiones de personas, grupos y organizaciones que alegan violaciones de derechos humanos, analiza los requisitos de admisibilidad y estudia los casos que cumplen las condiciones establecidas en el Sistema Interamericano.

    También puede realizar visitas a los países, elaborar informes sobre situaciones de derechos humanos, formular recomendaciones a los Estados, solicitar información a los gobiernos y desarrollar actividades de cooperación y promoción.

    ¿Quién dirige actualmente a la CIDH?

    La Comisión está integrada por siete personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la OEA. No representan a los gobiernos de sus países de origen. Para 2026, la presidencia corresponde al comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, de Guatemala; la primera vicepresidencia está a cargo de Andrea Pochak y la segunda vicepresidencia corresponde a José Luis Caballero Ochoa.

    Integrantes de la CIDH en Chiapas / @SociedadN_

    La Secretaría Ejecutiva constituye la estructura permanente que apoya el trabajo de la Comisión. Actualmente está encabezada por Tania Reneaum Panszi, quien ocupa el cargo desde junio de 2021.

    ¿Qué hace la Comisión cuando recibe una denuncia?

    Una persona que considere que sus derechos humanos fueron violados por un Estado miembro del Sistema puede presentar una petición ante la CIDH, siempre que se cumplan las condiciones previstas por las normas interamericanas.

    La Comisión analiza la petición y, si procede, puede avanzar hacia el estudio del fondo. Dependiendo de las circunstancias, puede emitir recomendaciones al Estado, promover una solución amistosa, solicitar medidas cautelares en situaciones que reúnen los requisitos correspondientes y, en determinadas circunstancias, someter el caso a la Corte IDH.

    Esto significa que la CIDH funciona como una puerta de entrada al Sistema Interamericano, pero no es un tribunal en el mismo sentido que la Corte.

    ¿Qué es la Corte Interamericana?

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial autónoma cuya función consiste en aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene sede en San José, Costa Rica.

    A diferencia de la Comisión, la Corte tiene naturaleza jurisdiccional. Su función contenciosa le permite determinar si un Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de derechos protegidos por la Convención Americana u otros instrumentos interamericanos aplicables.

    Cuando determina que existió una violación, puede establecer las reparaciones que correspondan para remediar sus consecuencias. Además, supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias.

    La Corte también tiene una función consultiva, mediante la cual interpreta cuestiones relacionadas con la Convención Americana y otros instrumentos del Sistema Interamericano, y puede dictar medidas provisionales en situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando sea necesario evitar daños irreparables.

    ¿Quién dirige la Corte Interamericana?

    La Corte está integrada por siete jueces elegidos a título personal. Los jueces deben ser juristas de reconocida competencia y alta autoridad moral, y no puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. Su mandato es de seis años y pueden ser reelegidos una vez.

    Desapariciones en México: CIDH

    En 2026, la presidencia de la Corte corresponde al juez Rodrigo Mudrovitsch, mientras que Patricia Pérez Goldberg ocupa la vicepresidencia. La propia Corte confirma que su composición actual está integrada por siete jueces.

    La presidencia es elegida por los propios integrantes de la Corte por un periodo de dos años y tiene entre sus funciones dirigir los trabajos del tribunal, representarlo y presidir sus sesiones.

    La diferencia clave: Comisión contra Corte

    Comisión InteramericanaCorte InteramericanaEs un órgano principal y autónomo de la OEA.Es una institución judicial autónoma.Tiene funciones de promoción, monitoreo y protección.Tiene funciones jurisdiccionales y consultivas.Recibe peticiones individuales.Resuelve casos contenciosos que llegan a su jurisdicción.Investiga y analiza posibles violaciones.Determina responsabilidad internacional del Estado.Formula recomendaciones.Dicta sentencias y establece reparaciones.Puede realizar visitas e informes.Puede supervisar el cumplimiento de sus sentencias.Puede someter casos a la Corte bajo las reglas aplicables.Resuelve los casos sometidos a su jurisdicción.Sus decisiones en peticiones individuales no equivalen a una sentencia judicial de la Corte.Sus sentencias tienen carácter obligatorio para los Estados sujetos a su jurisdicción.

    La propia Corte establece que la Comisión comparece ante ella en los casos relativos a su función jurisdiccional. Por ello, ambas instituciones están relacionadas, pero mantienen autonomía e independencia.

    ¿Cómo se relacionan entre sí?

    La relación entre ambas instituciones puede entenderse como una cadena de protección internacional, aunque no todos los casos pasan necesariamente de una a otra.

    En términos generales, una persona puede presentar una petición ante la CIDH. La Comisión analiza el asunto conforme a las reglas del Sistema Interamericano. Si determina que existen elementos suficientes y se cumplen las condiciones correspondientes, puede emitir un informe de fondo y, cuando proceda, someter el caso a la Corte.

    La persona afectada no presenta directamente un caso contencioso ante la Corte. De acuerdo con la Convención Americana, los casos ante el tribunal pueden ser sometidos por la Comisión o por los Estados que hayan reconocido la competencia correspondiente de la Corte.

    Una vez que un caso llega al tribunal, la Corte puede determinar si el Estado incurrió en responsabilidad internacional y, en su caso, establecer las medidas de reparación. Posteriormente supervisa el cumplimiento de sus sentencias.

    Esta relación no significa que la CIDH sea subordinada a la Corte. La propia jurisprudencia interamericana ha reconocido la autonomía e independencia de la Comisión, aunque la Corte puede ejercer control de legalidad sobre actuaciones de la CIDH en los asuntos que llegan a su conocimiento.

    ¿Qué alcances tienen sus decisiones?

    El alcance de ambas instituciones es diferente.

    La CIDH puede ejercer una presión internacional importante mediante informes, recomendaciones, medidas cautelares, audiencias, visitas y seguimiento de situaciones nacionales o individuales. Su trabajo también puede colocar determinados problemas de derechos humanos en la agenda regional.

    La Corte tiene un alcance judicial mayor en los casos sometidos a su jurisdicción. Sus sentencias pueden ordenar reparaciones económicas, investigación de hechos, reformas institucionales, adecuaciones legislativas, medidas de satisfacción y otras acciones destinadas a reparar las consecuencias de una violación.

    Por ello, una sentencia de la Corte no se limita a establecer quién tuvo razón en una controversia: puede ordenar al Estado adoptar medidas concretas para reparar a las víctimas y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

    ¿Qué países están sujetos a la Corte?

    La jurisdicción contenciosa de la Corte no opera exactamente de la misma manera respecto de todos los Estados miembros de la OEA. La Corte informa que 20 Estados han reconocido su competencia contenciosa: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

    Esta diferencia es fundamental: pertenecer a la OEA no significa automáticamente estar sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte en las mismas condiciones.

    ¿Para qué sirven ambas instituciones?

    En conjunto, la Comisión y la Corte constituyen el principal mecanismo regional para que los derechos humanos reconocidos en el continente no dependan exclusivamente de los sistemas nacionales de justicia.

    La CIDH permite documentar situaciones, recibir denuncias, investigar, formular recomendaciones y mantener vigilancia internacional sobre los Estados. La Corte, cuando tiene competencia, proporciona una instancia judicial internacional capaz de determinar responsabilidad estatal y ordenar reparaciones.

    La importancia del sistema radica precisamente en esa complementariedad: la Comisión cumple funciones de promoción, monitoreo, protección y procesamiento de peticiones; la Corte ejerce funciones judiciales y consultivas.

    Entender la diferencia también permite evitar uno de los errores más comunes: pensar que “CIDH” y “Corte IDH” son nombres distintos para la misma institución. No lo son. Son dos órganos diferentes, con competencias diferentes, que trabajan dentro de un mismo sistema regional de protección de derechos humanos. –sn–

    Derechos humanos

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  3. Taula per Mèxic cumple 10 años de apoyo a periodistas en riesgo

    Taula per Mèxic cumple una década de trabajo desde Barcelona en defensa de los derechos humanos en México, con programas de protección para periodistas y personas defensoras amenazadas.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Taula per Mèxic, organización con sede en Barcelona, cumple ciez años de trabajo en favor de los derechos humanos en México, una trayectoria que comenzó en 2016 ante la preocupación de personas mexicanas, catalanas, españolas y de otras partes del mundo por el incremento de la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

    La organización surgió como una red de personas e instituciones interesadas en promover la defensa de los derechos humanos y denunciar distintas expresiones de violencia, corrupción, impunidad y exclusión social en México.

    Durante esta década, Taula per Mèxic ha desarrollado actividades de investigación, formación, sensibilización, incidencia política y acompañamiento, además de construir redes de solidaridad entre México, Cataluña y otros territorios. Su trabajo también ha incorporado espacios culturales y de memoria relacionados con la situación de los derechos humanos.

    Protección para periodistas y personas defensoras

    Uno de los principales ejes de la organización es la acogida temporal de personas que enfrentan riesgos por ejercer el periodismo o defender derechos humanos.

    El programa municipal Barcelona Protege a Periodistas de México comenzó como una experiencia piloto en 2017 y posteriormente se consolidó como un esquema de acogida temporal gestionado por Taula per Mèxic. Su objetivo es ofrecer un periodo de respiro, acompañamiento psicosocial y sanitario, formación y apoyo para fortalecer las capacidades profesionales de periodistas amenazados.

    La organización también participa en programas destinados a personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio y del medioambiente que enfrentan amenazas relacionadas con su labor.

    Una década de redes entre México y Cataluña

    La historia de Taula per Mèxic se ha construido a partir de la participación de personas y colectivos de distintas procedencias. La organización plantea desde Cataluña una agenda de solidaridad internacional enfocada en la protección de derechos humanos y la construcción de paz en México.

    Para conmemorar sus 10 años, la asociación realizó en junio de 2026 una jornada cultural y comunitaria en Can Batlló, Barcelona, con actividades relacionadas con memoria, periodismo, arte, solidaridad y derechos humanos. La celebración también incluyó la presentación del libro Seguir contándolo, dedicado al programa de acogida de periodistas mexicanos amenazados.

    La propia organización señaló en julio que la conmemoración de esta década representa una historia construida colectivamente, marcada por el acompañamiento a periodistas y personas defensoras, así como por actividades de formación, incidencia política, cultura y artivismo.

    A diez años de su creación, Taula per Mèxic mantiene como uno de sus principales objetivos generar redes de protección y solidaridad desde Barcelona hacia quienes enfrentan riesgos por defender derechos humanos, ejercer la libertad de expresión o informar sobre la realidad de México. –sn–

    Derechos humanos

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  4. Víctimas y sobrevivientes denuncian que la tortura persiste en México

    Colectivos de víctimas y sobrevivientes denunciaron que la tortura continúa como una práctica sistemática en México y exigieron fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y garantizar justicia.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, familiares, víctimas y sobrevivientes provenientes de Baja California, Chiapas, Oaxaca, ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León, estado de México, Jalisco y Quintana Roo hicieron un llamado conjunto para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistemática en México y demandaron acciones efectivas para erradicarla.

    A través de un pronunciamiento público, los colectivos señalaron que esta práctica sigue siendo utilizada para obtener confesiones bajo coerción, fabricar culpables y vulnerar el derecho al debido proceso, además de denunciar la persistencia de altos niveles de impunidad.

    Señalan deficiencias en la prevención e investigación de la tortura

    Los firmantes citaron el Índice Global de Tortura de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el cual identifica deficiencias estructurales en México para prevenir, investigar y sancionar este delito, así como obstáculos para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas.

    Indicaron que, pese a la existencia de un marco jurídico especializado, persiste una amplia brecha entre la legislación y su aplicación efectiva, situación que favorece la repetición de estos hechos.

    Asimismo, cuestionaron la permanencia de figuras como la prisión preventiva oficiosa, el arraigo y las detenciones arbitrarias, al considerar que facilitan actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

    Denuncian impactos en mujeres, población LGBTIQ+ y personas privadas de la libertad

    El pronunciamiento destacó que la tortura genera afectaciones diferenciadas en diversos grupos de la población.

    Los colectivos recordaron los casos de mujeres fallecidas bajo custodia en el Centro Federal de Reinserción Social número 16, así como denuncias de tortura sexual, además de agresiones contra integrantes de la comunidad LGBTIQ+, particularmente mujeres trans.

    También señalaron que estas prácticas no se limitan a centros de detención, sino que pueden presentarse durante protestas sociales, en estaciones migratorias y en instituciones de salud mental o de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias. –sn–

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  5. GIDH advierte de graves retrocesos democráticos en derechos humanos en México

    Alertan deterioro democrático y crisis de derechos humanos en México tras informe sobre los derechos humanos en México.


    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en Derecho y galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, expresó su profunda preocupación por las conclusiones del más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), en el que se ubica a México entre los países con mayor deterioro democrático y graves violaciones a los derechos humanos.

    El doctor en derecho Fierro Hernández señaló que los hallazgos presentados por HRW confirman alertas que organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han venido documentando desde hace varios años, particularmente en lo relativo a la eliminación de contrapesos institucionales, la persistente impunidad y los abusos cometidos por fuerzas de seguridad. Subrayó que la erosión del Estado de derecho es un proceso acumulativo que termina afectando directamente a la ciudadanía.

    “El debilitamiento de la independencia judicial, la ampliación de figuras como la prisión preventiva oficiosa y la militarización de tareas civiles generan un entorno propicio para la restricción de derechos fundamentales. Cuando se concentran facultades sin controles efectivos, se abre la puerta a decisiones arbitrarias que históricamente han terminado mal”, afirmó.

    Desapariciones forzadas

    El defensor del pueblo, recordó que existe una severa crisis en materia de desapariciones forzadas, que supera los 133 mil casos registrados, y en la negativa institucional a reconocer este fenómeno como estructural. Para el también abogado litigante, esta postura obstaculiza el diseño de políticas públicas eficaces y revictimiza a miles de familias que siguen buscando verdad y justicia, sin encontrarla aún.

    Detalló que México atraviesa una forma específica de deterioro democrático, distinta a otras crisis de la región, pero igualmente grave, caracterizada por el desmantelamiento progresivo del sistema de pesos y contrapesos. “Este escenario incrementa el riesgo de que futuros gobiernos utilicen esas facultades concentradas para restringir libertades civiles y políticas”.

    Corregir prácticas

    Asimismo, Fierro Hernández advirtió que la cercanía del Mundial de Futbol 2026 colocará a México bajo un mayor escrutinio internacional, lo que obliga al Estado mexicano a atender con seriedad las observaciones en violaciones a las gratías individuales. “La atención global en derechos humanos es una oportunidad para corregir prácticas, fortalecer instituciones y demostrar un compromiso real con la dignidad humana”, sostuvo.

    Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos “Lex-magister” llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a asumir las recomendaciones internacionales, restablecer los equilibrios democráticos y garantizar que el combate a la violencia y la pobreza no se realice a costa de los derechos civiles y políticos. “Los apoyos sociales son importantes, pero nunca sustituyen la obligación del Estado de proteger a las personas frente a los abusos del poder y de garantizar acceso efectivo a la justicia”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

    Jesús Rey Fierro Hernández

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  6. Fortalecer la defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales: GIDH

    El presidente del GIDH afirmó que el país enfrenta un contexto de alta exigencia social en materia de justicia, seguridad y rendición de cuentas, por lo que resulta indispensable fortalecer las instituciones.


    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

    Ante las afectaciones por lluvia de los últimos días en México, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex Magister” llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el pleno respeto al Estado de derecho, la legalidad y la protección efectiva de los derechos humanos en México.

    Durante una declaración emitida este fin de semana, el presidente del GIDH afirmó que el país enfrenta un contexto de alta exigencia social en materia de justicia, seguridad y rendición de cuentas, por lo que resulta indispensable fortalecer las instituciones y los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales.

    “El respeto al Estado de Derecho no puede ser una aspiración, sino una práctica cotidiana. Sin legalidad, no hay justicia; y sin justicia, no puede haber paz ni desarrollo sostenible”, enfatizó el defensor del pueblo.

    Independencia judicial

    Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, resaltó la importancia de consolidar una cultura cívica basada en el respeto a la ley, la independencia judicial y la responsabilidad pública de los servidores del Estado, por lo que agregó que, los derechos humanos deben ser el eje transversal de toda política pública y acción institucional.

    camino afectado por lluvia

    “México no debe avanzar si se normaliza la impunidad o se relativiza la legalidad. Los derechos humanos no se negocian, se protegen con firmeza y coherencia institucional”, sostuvo el presidente del GIDH.

    De esta forma, el GIDH reiteró su compromiso con la defensa jurídica y la promoción de los valores democráticos, a través de asesoría, capacitación, observación y acompañamiento en casos de vulneración de derechos.

    Evaluar avances

    Asimismo, la organización informó que prepara un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en los últimos cinco años, con el objetivo de evaluar los avances y pendientes en la materia.

    El doctor en derecho subrayó que la sociedad mexicana requiere instituciones sólidas, transparentes y confiables. Indicó que el fortalecimiento del Estado de Derecho no es una tarea exclusiva de los poderes públicos, sino una responsabilidad compartida entre ciudadanía, academia y organizaciones civiles.

    “La defensa de la dignidad humana es el punto de partida de toda acción pública. No hay justicia social posible si no se protege la integridad, la libertad y los derechos de cada persona”, precisó el jurista.

    Comunidad jurídica

    El también abogado litigante exhortó a la comunidad jurídica y a las autoridades competentes a redoblar esfuerzos en la observancia del debido proceso, la protección de víctimas, la no discriminación y el acceso efectivo a la justicia, particularmente en los grupos en situación de vulnerabilidad.

    Finalmente, Fierro Hernández expresó que el Grupo Integral de Derechos Humanos continuará trabajando en la promoción de una cultura de legalidad y respeto, impulsando reformas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

    “Seguiremos vigilantes, críticos y propositivos. La defensa de los derechos humanos es una causa permanente, no una consigna temporal”, concluyó el presidente del GIDH “Lex Magister”. –sn–

    Jesús Rey Fierro Hernández

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  7. La SCJN refuerza derechos y seguridad vial en México

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación fortaleció los derechos de personas con discapacidad y la seguridad vial.


    Por Martín García | Reportero                                      

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el séptimo párrafo del artículo 145 del Código Civil de Veracruz, al considerar que vulneraba los derechos de las personas con discapacidad. El texto permitía que, en casos de divorcio, los excónyuges asumieran la tutela sin respetar la autonomía personal.

    La resolución representó un avance en la consolidación de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, reconociéndolas como titulares de derechos y no como sujetos pasivos de protección. El fallo subrayó la obligación de las autoridades de garantizar la autodeterminación y la inclusión.

    El Pleno recordó que los juicios de interdicción y las figuras de tutela restringen de manera indebida la capacidad jurídica, contraviniendo los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos. Además, estableció que dichas figuras quedaron derogadas con el nuevo marco legal.

    Protección de derechos en Veracruz

    De acuerdo con la sentencia, el Congreso de Veracruz carecía de competencia para emitir normas procesales civiles tras la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023. En consecuencia, se declaró inconstitucional el apartado impugnado.

    El caso derivó de la Acción de Inconstitucionalidad 181/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentó que el artículo violaba el derecho a la igualdad y la no discriminación. La resolución fue aprobada por unanimidad en sesión del 6 de octubre de 2025.

    El fallo se interpretó como un precedente en la eliminación de barreras jurídicas que limitaban la participación plena de las personas con discapacidad. Asimismo, reafirmó el compromiso del Estado mexicano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

    El tribunal constitucional precisó que el enfoque debía pasar de la sustitución de decisiones a los sistemas de apoyo y acompañamiento que promueven la autonomía. Subrayó que la legislación local deberá armonizarse con el estándar nacional y los instrumentos internacionales.

    Seguridad vial y movilidad en Puebla

    En otro fallo relevante, la SCJN protegió la seguridad vial en Puebla al validar la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, contemplada en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la entidad.

    La resolución confirmó que los automovilistas que incumplieran con esta disposición podían ser sancionados con multas administrativas. Sin embargo, invalidó el artículo 168, que imponía la cancelación de la licencia de conducir hasta por diez años, por considerarla una medida desproporcionada.

    El Pleno también avaló el artículo 127 de la misma ley, que establece la suspensión de un año de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. El tribunal concluyó que esta disposición era razonable y se ajustaba al principio de proporcionalidad.

    La Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuestionaba diversas disposiciones de la normativa local. No obstante, la Corte determinó que el resto de los artículos impugnados cumplían con el objetivo de proteger la seguridad de las personas en la vía pública. –sn–

    Pleno de la SCJN

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  8. Hay graves riesgos a derechos en la implementación de la CURP biométrica: GIDH

    Urgen principios de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica representa una seria amenaza a los derechos humanos. carece de control democrático, supervisión autónoma y mecanismos de reparación

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

    El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” expresó su profunda preocupación por el rumbo que podría tomar la digitalización de la identidad ciudadana en México, particularmente con la implementación de la nueva CURP biométrica impulsada durante la presente administración de Claudia Sheinbaum.

    Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, enfatizó que “toda política pública debe sujetarse irrestrictamente a los principios fundamentales de legalidad, privacidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La CURP biométrica, sin un marco jurídico sólido y transparente, representa una seria amenaza a los derechos humanos de millones de personas en México”.

    Fierro Hernández, doctor en derecho, denunció que este nuevo sistema de identificación —que almacenará huellas digitales, iris, fotografía facial y firma electrónica— carece de controles democráticos, supervisión autónoma y mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido, lo que abre la puerta a prácticas de vigilancia arbitraria, suplantación de identidad y violación al derecho a la privacidad.

    “Nos alarma que el Estado mexicano, que no ha sido capaz de proteger sus propias plataformas institucionales, ahora pretende centralizar los datos biométricos de toda la población, sin asumir con seriedad la responsabilidad que ello implica. No existen aún garantías plenas ni marcos legales específicos para asegurar su uso lícito y protegido”, denunció.

    Jesús Rey, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, recordó que durante el sexenio anterior se vulneraron las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Presidencia de la República, revelando la debilidad estructural en materia de ciberseguridad del Estado mexicano.

    “No se puede hablar de transformación digital ni de modernización si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. La experiencia del caso “Guacamaya” en 2022 nos deja claro que ni las fuerzas armadas fueron capaces de salvaguardar información crítica y de seguridad nacional”, subrayó.

    El defensor del pueblo enfatizó que, bajo el actual mandato presidencial, se corre el riesgo de que las digitales gubernamentales —sin contrapesos legales— se conviertan en instrumentos de control y vigilancia ciudadana. Alertó que esto podría derivar en atropellos sistemáticos a los derechos a la intimidad, autodeterminación informativa y debido proceso.

    “La defensa de los derechos humanos no puede subordinarse a la inercia tecnocrática. Es obligación del Estado proteger, no exponer, a sus ciudadanos. La administración actual tiene la responsabilidad histórica de evitar una arquitectura digital que derive en autoritarismo técnico”, advirtió el especialista.

    De esta forma, el presidente del GIDH subrayó el llamado urgente a la ciudadanía a, “informarse antes de proporcionar datos biométricos en cualquier plataforma digital; exigir leyes claras, con principios de seguridad, transparencia y proporcionalidad.

    “Rechazar cualquier medida que no contemple auditorías ciudadanas y supervisión independiente. Participar activamente en procesos de consulta sobre esta materia”, dijo.

    Asimismo, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a detener la implementación masiva de la CURP biométrica hasta contar con una Ley Nacional de Protección de Datos Biométricos, distinta y más estricta que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. –sn–

    Jesús Rey Fierro Hernández

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