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Muere Alberto Patishtán, activista indígena de Chiapas
Alberto Patishtán Gómez, profesor y defensor de derechos humanos, murió a los 55 años. Pasó 13 años en prisión tras ser condenado a 60 años y fue indultado en 2013 por Enrique Peña Nieto.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El profesor y activista indígena Alberto Patishtán Gómez murió este viernes 2 de octubre a los 55 años, después de una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y por los 13 años que permaneció encarcelado tras ser condenado por su presunta participación en una emboscada contra policías en Chiapas.
El fallecimiento fue confirmado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien expresó sus condolencias a familiares y amigos de Patishtán y señaló que su legado como defensor de los derechos humanos permanecerá entre quienes lo conocieron. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también lamentó el deceso.
Patishtán nació el 19 de abril de 1971 en El Bosque, Chiapas, y pertenecía al pueblo tsotsil. Se desempeñó como maestro bilingüe y participó en la organización de comunidades indígenas, además de cuestionar actos de corrupción atribuidos al gobierno municipal de Manuel Gómez Ruiz.
Una condena de 60 años
El caso que marcó su vida comenzó en junio de 2000, después de una emboscada contra una patrulla policial en Chiapas en la que murieron siete agentes. Patishtán fue detenido días después y acusado de participar en los hechos.
En marzo de 2002 recibió una sentencia de 60 años de prisión. Organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron irregularidades en el proceso y señalaron que existían testimonios que ubicaban al maestro realizando actividades escolares cuando ocurrió la emboscada.
Durante su encarcelamiento, Patishtán participó en la organización La Voz del Amate, creada en 2006 dentro del penal de El Amate, desde donde denunció condiciones penitenciarias, abusos y situaciones que afectaban a personas indígenas privadas de la libertad.
Indulto después de 13 años
Tras permanecer más de 13 años en prisión, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le concedió el indulto el 31 de octubre de 2013. La medida ocurrió después de reformas al Código Penal Federal que ampliaron los supuestos para conceder esta figura ante violaciones graves a los derechos fundamentales.
El caso de Patishtán se convirtió en una referencia dentro de la discusión sobre acceso a la justicia para pueblos indígenas y debido proceso. Organizaciones civiles mantuvieron durante años la exigencia de su liberación y denunciaron irregularidades en el procedimiento que terminó con su encarcelamiento.
Su legado en la defensa indígena
Después de recuperar la libertad, Patishtán continuó participando en actividades relacionadas con la defensa de personas indígenas y la denuncia de problemas en el sistema de justicia.
El Centro Prodh señaló tras su fallecimiento que su trayectoria estuvo vinculada con la resistencia frente a la criminalización y la discriminación en el sistema de justicia, mientras que organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) recordaron su papel como fundador y vocero de La Voz del Amate.
La muerte de Alberto Patishtán pone fin a la trayectoria de un maestro tsotsil cuyo caso permaneció durante más de dos décadas en el debate público sobre derechos humanos, justicia y condiciones de las personas indígenas privadas de la libertad. –sn–
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⚖️🇫🇷 #Noticias | ¡Lucha comunitaria hasta Francia! Un tribunal de París revisará la demanda de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, contra Électricité de France (EDF) por violar sus derechos territoriales. 🇲🇽💨 #DerechosIndígenas #Oaxaca #Justicia
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🌱🚨 #Nacional | Ambientalistas y comunidades indígenas de Sinaloa rechazan la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, cuestionando la validez de las consultas ciudadanas promovidas por el Gobierno federal. 🇲🇽🌊 #Sinaloa #Topolobampo #DerechosIndigenas #MedioAmbiente
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Pueblos indígenas en la Cdmx exigen vivienda, justicia y trabajo
Comunidades indígenas y afromexicanas residentes en Cdmx plantearon fortalecer sus derechos en la futura legislación general, con propuestas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos, intérpretes y protección para mujeres.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A casi 30 años de distancia de que la capital del país fuera gobernado por políticos de izquierda, el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que viven en contextos urbanos continúa como una de las principales demandas, así se planteó durante la asamblea del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, donde 229 participantes propusieron medidas específicas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos y protección para mujeres.
Las propuestas buscan que la eventual legislación general no se concentre únicamente en comunidades asentadas en territorios rurales, sino que considere las condiciones particulares que enfrentan quienes migraron o residen en ciudades y mantienen vínculos con sus pueblos, lenguas, tradiciones y formas de organización.
Durante el encuentro se instalaron seis mesas de trabajo para discutir vivienda, acceso a la justicia, derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos lingüísticos y disponibilidad de intérpretes en instituciones públicas.
Vivienda digna y sin discriminación
Uno de los principales planteamientos fue garantizar el acceso a una vivienda digna sin discriminación para las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan en la capital.
La demanda parte de una realidad urbana en la que pertenecer a una comunidad indígena no desaparece por vivir en una ciudad. Las políticas públicas, por tanto, deben considerar las condiciones culturales y sociales de esta población al diseñar programas de vivienda, servicios y desarrollo urbano.
Mujeres de grupos indígenas marcha en la CdmxEn la ciudad de México (Cdmx), la Constitución local reconoce a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes como sujetos de derechos, incluidos la libre determinación, participación política, comunicación, cultura, educación, salud, acceso a la justicia, tierra, territorio y trabajo.
El desafío consiste en que ese reconocimiento jurídico se traduzca en políticas públicas accesibles para quienes viven en zonas urbanas.
Justicia con intérpretes y defensa especializada
La segunda demanda central se relacionó con el acceso a la justicia. Los participantes plantearon que las personas indígenas deben contar con intérpretes y defensores con conocimientos de su lengua y cultura cuando intervengan ante instituciones de procuración o impartición de justicia.
No se trata solamente de traducir palabras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el acceso a la justicia de las personas indígenas debe considerar sus costumbres y especificidades culturales, además de garantizar asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
La Corte también ha sostenido que, cuando una persona indígena participa en un procedimiento, las autoridades tienen la obligación de garantizar efectivamente ese derecho. Incluso, cuando existen indicios fundados de pertenencia a una comunidad indígena, las autoridades deben adoptar una actitud activa para determinar si corresponden las garantías constitucionales específicas.
Por ello, la disponibilidad de intérpretes no es sólo una demanda administrativa: forma parte de las garantías para ejercer una defensa adecuada.
Derechos lingüísticos llegan al centro del debate
Los derechos lingüísticos ocuparon otra de las mesas de trabajo. La preocupación tiene una dimensión práctica: una persona que no domina suficientemente el español puede enfrentar obstáculos para realizar trámites, presentar denuncias, comprender resoluciones o defender sus derechos ante una autoridad.
La SCJN ha señalado que las instituciones públicas deben garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas y que no basta con establecer que una solicitud en una lengua indígena será atendida “preferentemente” en esa lengua cuando la protección constitucional exige mecanismos efectivos de traducción.
La demanda planteada en la asamblea busca llevar ese principio a la operación cotidiana de las instituciones públicas, particularmente en una ciudad donde conviven personas provenientes de distintos pueblos y regiones del país.
Trabajo y reconocimiento de actividades económicas
Los participantes también propusieron reconocer las actividades laborales y económicas desarrolladas por integrantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en distintos sectores.
El planteamiento pretende evitar que las formas de trabajo vinculadas con prácticas culturales, comercio, producción artesanal u otras actividades queden fuera de las políticas de protección laboral y desarrollo económico.
La Constitución de Cdmx reconoce el derecho al trabajo y establece derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entre ellos se encuentra la protección de condiciones laborales dignas.
El reto planteado por las comunidades consiste en que ese reconocimiento sea efectivo también para quienes desarrollan actividades económicas en mercados, espacios públicos, establecimientos, servicios y otros sectores de la economía urbana.
Mujeres indígenas piden una vida libre de violencia
La situación de las mujeres indígenas también fue incorporada como uno de los ejes de discusión.
La propuesta busca garantizar una vida libre de violencia y una participación plena de las mujeres en las decisiones que afectan a sus comunidades.
El planteamiento incorpora dos dimensiones: la protección frente a la violencia y el reconocimiento de su capacidad para participar en procesos de organización y toma de decisiones.
Taller infantil | Fotografía Axel Hernández | @SociedadN_La discusión resulta particularmente relevante porque las mujeres indígenas pueden enfrentar simultáneamente obstáculos relacionados con género, discriminación, origen étnico, lengua y condiciones socioeconómicas.
El objetivo planteado durante la asamblea es que esas circunstancias sean consideradas de manera integral en las políticas públicas y en la legislación.
Seis mesas para construir propuestas
La asamblea organizó seis espacios de discusión para ordenar las demandas de los participantes.
Los temas fueron:
- Vivienda.
- Justicia.
- Trabajo.
- Derechos de las mujeres.
- Derechos lingüísticos.
- Intérpretes en instituciones públicas.
La estructura permitió concentrar las propuestas en áreas donde las comunidades identifican mayores obstáculos para ejercer sus derechos en contextos urbanos.
El ejercicio se inscribe además en una discusión nacional más amplia sobre la legislación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
¿Qué se discute en la nueva legislación general?
La discusión nacional busca establecer un marco jurídico para reconocer y proteger derechos individuales y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados plantea que la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tenga como finalidad garantizar derechos individuales y colectivos y reconocer a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
congreso camara diputadosEntre sus objetivos aparecen la libre determinación, la autonomía, la participación en la vida pública, la protección de la identidad cultural y el establecimiento de una relación entre el Estado y las comunidades basada en justicia, democracia, interculturalidad, respeto de los derechos humanos y no discriminación.
En febrero de 2026 también se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta orientada a fortalecer el reconocimiento jurídico, político y cultural de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos colectivos de derecho.
Por ello, las demandas formuladas desde Cdmx forman parte de una discusión legislativa más amplia sobre cómo garantizar derechos en condiciones de igualdad.
El desafío de llevar derechos a las ciudades
Uno de los principales retos es superar la idea de que los derechos indígenas corresponden únicamente a comunidades rurales o territorios tradicionales.
Las comunidades indígenas residentes en las ciudades mantienen identidades, lenguas, vínculos comunitarios y prácticas culturales que requieren reconocimiento institucional.
La propia Constitución de Cdmx distingue entre pueblos y barrios originarios históricamente asentados en el territorio y comunidades indígenas residentes provenientes de otras regiones del país que se han establecido en la capital y reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.
Esta distinción resulta relevante para diseñar políticas públicas que atiendan tanto a quienes forman parte de pueblos originarios de la capital como a quienes llegaron desde otras regiones del país.
La justicia intercultural como obligación institucional
La discusión sobre intérpretes y defensores especializados se relaciona con un concepto más amplio: la justicia intercultural.
La SCJN ha desarrollado criterios que obligan a las autoridades judiciales a considerar las particularidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para garantizar un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.
La Corte también ha señalado que la perspectiva intercultural requiere comprender las formas de vida y sistemas normativos de los pueblos cuando éstos intervienen en controversias judiciales.
Esto implica que el acceso a la justicia no puede medirse únicamente por la existencia de tribunales. También debe evaluarse si las personas pueden comprender el procedimiento, comunicarse con las autoridades y ejercer una defensa adecuada.
Cdmx ya tiene un marco de derechos
Las propuestas de la asamblea no parten de cero. La Constitución capitalina reconoce derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, mientras que la legislación local establece obligaciones relacionadas con participación, cultura, educación, salud, justicia, territorio y trabajo.
Además, durante 2026 se han realizado ejercicios de participación de pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas para incorporar sus propuestas en instrumentos de planeación de largo plazo de la ciudad. En uno de estos foros se plantearon demandas sobre visibilización de personas afromexicanas, presupuesto para proyectos indígenas, estadísticas demográficas y reconocimiento de pueblos originarios.
El debate actual, por tanto, combina dos niveles: el cumplimiento de los derechos ya reconocidos y la construcción de nuevas reglas en el ámbito federal.
Una agenda que busca pasar del reconocimiento a la aplicación
Las 229 personas participantes plantearon una agenda que va más allá del reconocimiento formal de derechos.
Vivienda, trabajo, justicia, lengua, participación de las mujeres e intérpretes son ámbitos cotidianos en los que una norma puede tener efectos concretos sobre la vida de las comunidades.
El desafío para las autoridades será convertir las propuestas en mecanismos verificables, presupuesto, personal capacitado, servicios accesibles y procedimientos que permitan reclamar derechos cuando éstos sean vulnerados.
La discusión sobre la futura legislación general también deberá considerar las diferencias entre pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y población afromexicana, así como las condiciones particulares que enfrentan en las ciudades. –sn–
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Ley indígena abre debate en la UNAM por protección del patrimonio cultural
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos contempla 453 artículos y 11 transitorios. Especialistas de la UNAM analizan sus alcances sobre patrimonio cultural, consulta y autonomía.
Por Martín García | Reportero
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abre un debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural, la autonomía y el derecho a la consulta de las comunidades originarias y afromexicanas, temas analizados por especialistas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El proyecto, que busca reglamentar la reforma al artículo 2º constitucional publicada en septiembre de 2024, contiene 453 artículos y 11 transitorios y plantea reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La discusión adquiere relevancia mientras avanza el proceso nacional de consulta previa, libre e informada. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) estableció que las asambleas regionales se realizarán del 1 de julio al 13 de septiembre de 2026, con mesas de trabajo posteriores previstas en septiembre.
Patrimonio cultural, uno de los puntos bajo análisis
Durante el foro académico “Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta”, organizado por el Instituto de Geografía, especialistas y representantes comunitarios examinaron las implicaciones del proyecto legislativo en materia de patrimonio cultural.
María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía, señaló que la propuesta representa una de las reformas legislativas de mayor alcance de los últimos años en materia de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
El análisis universitario puso especial atención en la forma en que el proyecto plantea reconocer, proteger y regular el patrimonio cultural de las comunidades, así como en la relación entre sus decisiones colectivas y las facultades de las instituciones del Estado.
Víctor Francisco Martínez González Robles, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, señaló que el proyecto constituye un cuerpo legislativo de gran amplitud para el México contemporáneo, con disposiciones que abarcan autonomía, consulta, patrimonio, territorio y otros derechos colectivos.
La propuesta fue elaborada con participación de instituciones federales, especialistas y representantes de los pueblos y comunidades. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas la aprobó en junio de 2026 y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria y el protocolo para su consulta nacional.
Consulta indígena definirá cambios al proyecto
El proceso involucra a 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La documentación oficial establece que la consulta busca recibir opiniones, propuestas y planteamientos para modificar, en su caso, el proyecto antes de su eventual presentación ante el Congreso de la Unión.
El procedimiento contempla etapas de información, deliberación, presentación de propuestas y seguimiento. También establece principios como libre determinación, buena fe, participación plena y efectiva, perspectiva intercultural, transparencia e igualdad sustantiva.
En este contexto, Martínez González Robles planteó que uno de los aspectos que requiere mayor revisión es la relación entre el reconocimiento del patrimonio por parte de las comunidades y las atribuciones que conservaría el Estado para catalogarlo y registrarlo.
El investigador también señaló que la propuesta mantiene vigente el marco federal en materia de monumentos y las atribuciones técnicas de las autoridades competentes, por lo que consideró necesario analizar cómo funcionarán en la práctica los mecanismos de consentimiento, protección y distribución de beneficios.
Turismo y patrimonio indígena
Erik David García González, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, advirtió durante el foro sobre los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural ante fenómenos como el turismo masivo.
El especialista señaló que las ceremonias sagradas y festividades comunitarias pueden transformarse en productos comerciales cuando no existen mecanismos suficientes para proteger su carácter cultural y determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser difundidas o aprovechadas.
La discusión universitaria ocurre mientras el país desarrolla por primera vez un proceso nacional de consulta sobre una propuesta de legislación general específicamente orientada a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa tiene como antecedente directo la reforma constitucional de septiembre de 2024 al artículo 2º, que reconoce a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y garantiza, entre otros aspectos, su libre determinación y autonomía. –sn–
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Comunidades indígenas denuncian exclusión por Polos del Bienestar
Comunidades indígenas denuncian que el INPI desconoce su presencia en territorios donde se proyectan Polos del Bienestar y cuestionan decisiones judiciales relacionadas con sus derechos colectivos, consulta indígena y defensa del territorio.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Comunidades indígenas y afromexicanas denunciaron una presunta estrategia de exclusión institucional en territorios donde se proyectan Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, al señalar que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) habría desconocido la existencia de pueblos y comunidades asentados en esas zonas.
De acuerdo con el comunicado recibido por Sociedad Noticias, la denuncia se centra en comunidades que, según sus representantes, mantienen formas de organización comunitaria y actividades agrícolas y campesinas, aunque no necesariamente conserven una lengua originaria. Los denunciantes sostienen que esa circunstancia no debería utilizarse para negar su carácter comunitario ni sus derechos colectivos.
El planteamiento adquiere relevancia porque los Polos del Bienestar forman parte de una estrategia federal para impulsar inversiones, infraestructura y actividades productivas en distintas regiones del país. En el caso del Istmo de Tehuantepec, el proyecto contempla desde años atrás procesos de consulta con pueblos indígenas sobre la instalación de estos espacios.
La disputa por el reconocimiento comunitario
La organización autora del comunicado sostiene que el reconocimiento de un pueblo o comunidad indígena no puede depender exclusivamente de la conservación de una lengua originaria. En su denuncia, refiere que existen comunidades que mantienen territorio, organización social, prácticas agrícolas y estructuras comunitarias propias.
La acusación apunta a que el desconocimiento institucional tendría consecuencias sobre la posibilidad de que esas comunidades participen en procesos de consulta relacionados con proyectos que pueden modificar el uso y aprovechamiento de sus territorios.
El antecedente oficial muestra que el propio INPI ha participado en procesos de consulta vinculados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar. En 2021, el instituto informó sobre asambleas en Oaxaca destinadas a proporcionar información a comunidades indígenas y recoger sus decisiones respecto de proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En Ciudad Ixtepec, por ejemplo, el INPI informó que una asamblea comunitaria autorizó por unanimidad la implementación de un Polo de Desarrollo, después de un proceso de información y deliberación. En aquella ocasión, representantes comunitarios también plantearon condiciones relacionadas con biodiversidad, recursos naturales, agua, empleos y participación en los beneficios económicos.
Comunidades cuestionan actuación del Poder Judicial
El comunicado también cuestiona resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos y sostiene que el Poder Judicial habría actuado por consigna o bajo presión del Poder Ejecutivo.
Esta afirmación corresponde a la posición expresada por la organización y no constituye, por sí misma, una conclusión judicialmente acreditada. Para establecer responsabilidades o una eventual actuación irregular sería necesario conocer los expedientes, resoluciones y argumentos de las partes involucradas.
La controversia se inserta en un escenario más amplio de conflictos territoriales relacionados con los Polos del Bienestar. En julio de 2025, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció en el caso de Puente Madera, Oaxaca, una presunta persecución contra defensores comunitarios que se han opuesto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.
Consulta indígena, el punto central
La discusión sobre estos proyectos no se limita a su impacto económico. También involucra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.
El propio diseño institucional del Corredor Interoceánico contempla mecanismos relacionados con la planeación, adquisición o concesión de inmuebles para establecer Polos de Desarrollo para el Bienestar, además de procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión.
Por ello, el reconocimiento de las comunidades asentadas en las zonas de intervención se convierte en un elemento relevante para determinar quiénes deben participar en los procesos de información, diálogo y consulta que correspondan.
La denuncia plantea, en última instancia, que el desarrollo de los Polos del Bienestar no debería avanzar mediante el desconocimiento de comunidades que afirman tener presencia histórica, organización colectiva y actividades productivas en los territorios donde se pretende instalar infraestructura. –sn–
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🌎 #Noticias | Voces unidas. Organizaciones de los Pueblos Indígenas de América exigieron formalmente al Rey Felipe VI entablar un diálogo directo y abrir una Comisión de Esclarecimiento Histórico sobre el impacto de la colonización. ⚖️✊ #DerechosIndígenas #Historia #FelipeVI
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Aqí desde #Laponia estoy pensando escribir un ensayo sobre cómo la transición verde puede ser también green colonialism si no incluye consentimiento indígena
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Aqí desde #Laponia estoy pensando escribir un ensayo sobre cómo la transición verde puede ser también green colonialism si no incluye consentimiento indígena
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Comunidades indígenas toman planta de amoniaco en Sinaloa por riesgo de ecocidio
Al grito de “¡Aquí no!”, pueblos indígenas en México anuncian toma de una planta de amoniaco.
SN Redacción | EFE
“¡Aquí no!” es la consigna con la que comunidades indígenas mayo-yoreme han denunciado durante más de una década el ecocidio y etnocidio que provocaría la construcción de una de las plantas de amoniaco más grandes del mundo en la bahía de Ohuira, en el estado mexicano de Sinaloa, y frente a la desesperación, anunciaron la toma indefinida del proyecto financiado por Suiza y Alemania.
“Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, advirtió a EFE el gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, minutos después de haber mantenido un diálogo con las máximas autoridades ambientales del país, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena.
Montaño explicó que el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), busca instalar mesas de trabajo con las comunidades, una iniciativa que aceptarán únicamente sí, de manera paralela, se suspenden las obras de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que pretende producir 2.200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, exclamó Montaño, para quien es fundamental que el gobierno entienda los riesgos de construir esta megaplanta que afectará a los más de 6.600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río en la zona del puerto de Topolobampo.
Riesgos mortales
A lo largo de 12 años de resistencia, indígenas, científicos y organismos internacionales, como la ONU, han advertido que el proyecto, financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, succionará 2.000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco.
Cuando el agua sea descargada en la bahía, tendrá una temperatura superior a la original, de hasta tres grados más, detalló el líder indígena, lo que afectará al ecosistema y, en consecuencia, a la pesca, principal fuente de alimentación para las comunidades.
Incluso en un informe la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, lo que podría impactar a más de 40.000 personas, aunque Montaño aseguró que la compañía se reservó información importante sobre esta afectación.
“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, zanjó.
Además, en la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, —declarado sitio RAMSAR (humedal de importancia internacional), hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta importancia comercial.
Alerta por daño ambiental
La planta lleva un 88 % de avance y ya “se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha empezado a migrar”, ahondó.
“La empresa nos dejó con la interrogante de qué puede pasar y nos quedamos inconformes. La realidad es que empezaron mal y terminarán mal. Se van a tener que ir porque los pueblos originarios no aceptaremos este proyecto”, denunció.
Tras el rechazo en mayo pasado del megaproyecto turístico ‘Perfect Day’ en el Caribe mexicano, las comunidades indígenas mayo-yoreme mantienen la esperanza, pero son firmes en el plan de tomar la megaplanta GPO e impedir sus actividades.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, la cual resultó favorable para GPO porque incluyó en la votación a comunidades que no sufrirían un impacto directo.
Además “hubo compra de conciencias” con dinero y comida, acusó Montaño, quien agregó que estas acciones son una violación al derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). –sn–
Fotografía cedida por Alfredo Langa que muestra la Bahía de Ohuira en el municipio deTopolobampo, en el estado de Sinaloa (México). EFE/Alfredo Langa¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Defensa del territorio. 🛑 Pobladores originarios endurecen su postura y advierten movilizaciones y la ocupación de instalaciones industriales ante la falta de consultas ciudadanas y el riesgo ambiental. Revisa los detalles aquí. 👇 #NoticiasMéxico #DerechosIndígenas #Alerta
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En Ixil, defender tierras comunitarias derivó en proceso penal. Organizaciones acompañantes denuncian criminalización contra pobladores mayas que enfrentan el avance inmobiliario sobre tierras de uso común.
#Ixil #Yucatán #PueblosMayas #DefensaDelTerritorio #NoAlDespojo #Criminalización #TierrasDeUsoComún #DerechosIndígenas #Inmobiliarias
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Pueblos tsotsiles en Chiapas alzan la voz contra un proyecto carretero que amenaza su territorio. 🌳⚠️ Denuncian que las autoridades no realizaron la consulta previa e informada que marca la ley. ¡Respeto a la libre autodeterminación! #Chiapas #Tsotsiles #DerechosIndígenas
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SRE nombra a Rigoberta Menchú alta consejera indígena y de mujeres
Rigoberta Menchú contribuirá en la dependencia con el diseño de una política integral orientada a la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) designó a Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz, como «alta consejera para los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas» en la política exterior de México.
Al respecto, la cancillería dijo que este nombramiento se dio de manera coordinada con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y contribuye al objetivo del gobierno mexicano de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva, como ejes transversales del actuar internacional de nuestro país.
Con este cargo, Rigoberta Menchú contribuirá en la dependencia con el diseño de una política integral orientada a la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. –sn–
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ONU reconoce avances de México en derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
Otro de los temas expuestos fue la implementación de los 21 planes de justicia y desarrollo regional , para atender las demandas de bienestar de los pueblos.
Por Gabriela Díaz | ReporteraEl Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, se reunió con el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ( INPI ), Adelfo Regino.
Durante el encuentro en las oficinas del INPI, se dio a conocer los avances de nuestro país en materia de derechos para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Entre los avances expuestos se resaltó la reforma histórica constitucional que reconoce a los pueblos su carácter de sujetos de derecho público, lo que fue elogiado por el Alto Comisionado como “ejemplo mundial”.
También se destacó la propuesta de iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual será sometida a un proceso de consulta .
Otro de los temas expuestos fue la implementación de los 21 planes de justicia y desarrollo regional , para atender las demandas de bienestar de los pueblos.
A través de un mensaje en su red social X , el Alto Comisionado dijo sentirse complacido al conocer el trabajo del INPI, además de reconocer la voluntad, apoyo y cooperación de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), para hacer realidad los derechos inalienables de los pueblos originarios a nivel internacional. –sn–
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🆘 Están destruyendo la selva en las regiones tropicales del planeta.
🛑 En Salva la Selva trabajamos para frenarlo.
🔎 Investigamos y denunciamos abusos, apoyamos a pueblos indígenas y comunidades locales y presionamos a gobiernos y empresas.
📢 Aquí encontrarás noticias, contexto, campañas y formas concretas de actuar.
👁️ Síguenos y alza tu voz por la selva tropical.
#SelvaTropical #Amazonía #DerechosIndígenas #JusticiaClimática #DefensorasDelTerritorio #SalvaLaSelva #bosque #naturaleza
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Exigencia indígena en el Congreso 🏛️
Habitantes de la Huasteca Potosina piden leyes firmes contra el fracking para proteger su territorio. La movilización busca asegurar el derecho al agua y la salud. 💧 #CámaraDeDiputados #DerechosIndígenas -
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Celebran la diversidad lingüística con Festival de Lenguas y Culturas Indígenas en el Zócalo
En la ciudad de México está la escencia indígena de México al hablarse 55 lenguas indígenas de las 68 que se hablan en todo México, indicó la mandataria capitalina.
Por Fausto Hernández | Reportero
Clara Brugada Molina, jefe de gobierno, señaló que con el “Primer Festival Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”, en la plancha del Zócalo, se busca celebrar, reconocer y enaltecer la diversidad lingüística de esta capital, donde se hablan 55 lenguas indígenas de las 68 que hay en la República, y aseguró que en esta ciudad está la esencia indígena de México.
“Este lugar se convierte en un lugar donde se hablan lenguas indígenas, un lugar en el que pueda expresarse su cultura. Hoy hablar de indígenas y de lenguas indígenas en la Ciudad de México es hablar del comercio y es hablar de la vivienda y es hablar de los derechos sociales”, aseguró.
Acompañada por funcionarios de su gabinete y del estado de Hidalgo, así como legisladores capitalinos, Brugada Molina externó, desde la Plaza de la Constitución, un mensaje a las comunidades indígenas para garantizar que su administración está a favor de lograr que sus derechos se hagan realidad, y que siempre sean bien recibidos.
“Así como hay lucha de muchas otras expresiones, sabemos que aquí en esta gran Ciudad de México los indígenas tienen que ser bien recibidos, que aquí no se sientan fuera de su territorio, que este es su territorio, que ustedes son dueños de México y que aquí vamos a luchar contra la discriminación y ofrecemos al gobierno completo para ponernos al servicio de los pueblos indígenas”, subrayó la jefa del Ejecutivo Local. –sn–
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🌿 ¡Esta canoa navega por el corazón verde de la Tierra! Pero el Amazonas está en peligro 🔴
Cada día desaparecen enormes áreas de selva, junto con incontables animales y sus hogares 🐒🦜
🌴 No podemos quedarnos de brazos cruzados.
💚 Síguenos y ayuda a proteger la selva tropical.
#SalvaLaSelva #SalvaLaAmazonía #AcciónClimática #Amazonía #Selva #Bosque #DerechosIndígenas #MásAmorMenosHate
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🚜 "Impactos de la Industria del #Litio en Comunidades de #Argentina, #Bolivia y #Chile" 🌎 Participa en este coloquio y escucha las voces de comunidades #indígenas afectadas en Latinoamérica.💬 El 4 de diciembre en la Universidad Mayor de San Andrés #UMSA en La Paz, Bolivia: https://www.facebook.com/photo?fbid=1340884948080456 ¡Asiste, comparte y organiza! 🤝 #AbyaYala 💧#Extractivismo #DerechosIndígenas #Solidaridad
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🚨 Conflicto en planeación urbana: La Comunidad Otomí acusa a una diputada de Morena de intimidar a un activista del CNI en plena reunión. La tensión sube por la defensa de sus derechos territoriales. #DerechosIndígenas #Morena https://zurl.co/1UPtY
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#fondodearchivo 📻
👉 En esta conversación, la investigadora, docente y activista maya-kaqchikel de Guatemala Aura Cumes reflexiona sobre el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, el racismo y las luchas de los pueblos indígenas.
Narra algunas estrategias de resistencia con las que los pueblos mayas, y en particular las mujeres, están defendiendo sus tierras, recursos naturales y modos de vida.
🔗 Escúchalo: https://rwm.macba.cat/es/podcasts/sonia-297-aura-cumes/ -
#fondodearchivo 📻
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🔴 ALERTA URGENTE | Los derechos indígenas NO son negociables
Mientras los pueblos originarios exigen justicia, educación y salud digna, la respuesta del Estado es represión, violencia y criminalización.
❌ Policías disparando gas lacrimógeno a comunidades enteras.
❌ Detenciones arbitrarias a líderes indígenas por “alterar el orden público”.
❌ Silencio mediático frente a la vulneración sistemática de sus derechos.
📢 Exigimos:
- Cese inmediato de la violencia estatal.
- Diálogo real, sin condicionamientos.
- Respeto a la autodeterminación de los pueblos.✨ La lucha indígena es por todos nosotros. Por un país donde quepan muchos mundos.
#DerechosIndígenas #NoALaRepresión #JusticiaParaLosPueblos #NuncaMásSinNosotros #EcuadorResiste #ParoNacionalEcuador
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⚠️Creación de la Reserva Yavarí Mirim, en la Amazonía peruana, significa un retroceso en los derechos de las comunidades amazónicas.
👉 https://avispa.org/?p=120738 🐝
+ info: AVISPA.ORG
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⚠️Creación de la Reserva Yavarí Mirim, en la Amazonía peruana, significa un retroceso en los derechos de las comunidades amazónicas.
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🚨 ¡Alerta en Amazonía peruana! Gobierno bloquea creación de Reserva Yavarí Mirim, poniendo en peligro a pueblos indígenas en aislamiento y la biodiversidad.
👉https://avispa.org/?p=120738 🐝+en AVISPA.ORG
#PIACI #Amazonía #DerechosIndígenas #Bolivia #PueblosOriginarios #latam #DefensaTerritorial
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¡Una comunidad en pie! 🗣️ La lucha de Eloxochitlán de Flores Magón resuena en medio de la discusión sobre la Reforma Judicial. Entérate de sus demandas y su resistencia. #ReformaJudicial #DerechosIndígenas #México #Política
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¡El Istmo de Oaxaca levanta la voz! 🗣️ Comunidades indígenas recurren a bloqueos carreteros para exigir justicia y defender sus derechos. ¡Solidaridad con su lucha! #OaxacaResiste #DerechosIndígenas #ConflictoSocial #Istmo
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