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  1. Exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe 5 años de prisión por red de peleas de perros

    El exjugador de la NFL LeShon Johnson fue sentenciado a 60 meses de prisión por seis delitos relacionados con una red de peleas de perros; autoridades incautaron 190 animales en Oklahoma.

    Por Vera Martín del Campo | Corresponsal                                        

    LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.

    El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.

    Operaba la red desde Oklahoma

    De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.

    La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.

    Cientos de perros fueron criados para peleas

    Durante el juicio se presentaron pruebas de que Johnson promocionaba algunos de sus perros como “campeones” y “grandes campeones”, términos utilizados en ese ámbito para identificar animales que habían ganado tres o cinco peleas, respectivamente.

    También comercializaba cachorros procedentes de líneas seleccionadas por sus características para la pelea y cobraba por permitir la reproducción con determinados perros machos. Según las pruebas presentadas ante el jurado, esta actividad le generó ganancias de cientos de miles de dólares.

    La investigación concluyó que el negocio no se limitaba a Oklahoma, sino que Johnson traficaba perros hacia distintos puntos de Estados Unidos para abastecer actividades de peleas.

    Ya había sido condenado por peleas de perros

    El caso tuvo además el antecedente de una condena previa. Johnson había enfrentado cargos relacionados con peleas de perros en Oklahoma en 2004, antes de volver a involucrarse en una operación de mayor escala.

    El Departamento de Justicia indicó que la nueva investigación derivó en una acusación federal y que un jurado lo declaró culpable el 1 de agosto de 2025 de tres cargos por posesión de perros destinados a actividades de peleas y tres por venta de perros para ese propósito.

    FBI investigó la operación

    La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans, particularmente de su oficina residente en Shreveport.

    El Departamento de Justicia señaló que la incautación de los 190 perros representó el mayor operativo de rescate de este tipo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un caso federal de peleas de perros.

    Las autoridades federales señalaron que el caso demuestra la aplicación de las leyes contra las actividades de peleas de animales, así como las consecuencias para quienes utilizan la crianza y comercialización de perros con fines de lucro dentro de ese circuito. –sn–

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  2. Impulsan delito federal de suplantación de identidad con penas de hasta 7.5 años

    La diputada Olga Lidia Herrera Natividad impulsa tipificar la suplantación de identidad como delito federal, con penas de cuatro a cinco años de prisión y agravantes de hasta 50 por ciento cuando se utilice inteligencia artificial.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La diputada federal Olga Lidia Herrera Natividad, del Partido del Trabajo (PT), impulsa una reforma al Código Penal Federal para convertir la suplantación de identidad en un delito autónomo, con penas de cuatro a cinco años de prisión y multas de hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

    La propuesta busca sancionar el uso no autorizado de datos personales, biométricos, documentos, firmas electrónicas, credenciales y otros mecanismos de autenticación cuando sean utilizados para asumir la identidad de otra persona, atribuirse su representación o realizar actos jurídicos o materiales en su nombre.

    El proyecto también plantea aumentar las penas hasta en una mitad cuando se utilice inteligencia artificial, sistemas automatizados o herramientas de generación sintética de voz, imagen o video, así como cuando la conducta afecte el patrimonio, derechos políticos, historial crediticio u otros derechos de la víctima. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis.

    ¿Qué propone castigar la iniciativa?

    La propuesta plantea adicionar un Capítulo VII Bis al Título Decimotercero del Código Penal Federal para definir como suplantación de identidad el uso, obtención, reproducción, alteración, transferencia o empleo no autorizado de elementos que permitan identificar o autenticar a una persona física.

    La conducta tendría que realizarse con la finalidad de asumir la identidad de la víctima, atribuirse su representación o hacerse pasar por ella para obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, o causar un perjuicio.

    Entre los elementos contemplados se encuentran datos personales, datos biométricos, credenciales, documentos, firmas electrónicas y medios de autenticación, además de cualquier otro recurso que permita acreditar la identidad de una persona.

    La iniciativa plantea una pena base de cuatro a cinco años de prisión y una multa de 800 a 3 mil veces el valor diario de la UMA.

    Inteligencia artificial sería una agravante

    Uno de los componentes centrales de la propuesta es incorporar el uso de nuevas tecnologías como una circunstancia que puede elevar la sanción.

    Las penas aumentarían hasta en una mitad cuando la suplantación se cometa mediante inteligencia artificial, algoritmos, sistemas automatizados o herramientas capaces de generar o modificar contenido con apariencia auténtica, incluidos audios, imágenes y videos.

    La agravante también aplicaría cuando la conducta produzca afectaciones al patrimonio, los derechos políticos o el historial crediticio de la víctima, o cuando la persona afectada se encuentre en condición de vulnerabilidad.

    La propuesta contempla que las sanciones por suplantación se apliquen sin perjuicio de las penas correspondientes por otros delitos que puedan configurarse.

    Reparación y restitución de la identidad

    El proyecto no se limita a establecer penas de prisión y multas. También propone que el órgano jurisdiccional pueda ordenar la restitución de la identidad de la víctima y la cancelación de registros, cuentas, perfiles o instrumentos creados mediante la conducta ilícita.

    La iniciativa contempla además la reparación integral de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, medidas para restablecer los derechos afectados y acciones para proteger los datos personales comprometidos.

    También prevé el aseguramiento, decomiso o destrucción de dispositivos, programas, archivos o herramientas utilizados para cometer el delito, conforme a las disposiciones legales aplicables.

    Suplantación de identidad ante el crecimiento digital

    En la exposición de motivos, Herrera Natividad plantea que la digitalización modificó la manera en que las personas realizan operaciones, celebran actos jurídicos, acceden a servicios y ejercen sus derechos.

    Bajo ese contexto, la identidad dejó de ser un elemento exclusivamente físico y adquirió una dimensión digital vinculada con la seguridad jurídica y la confianza en las operaciones realizadas mediante plataformas tecnológicas.

    La legisladora sostiene que la expansión de redes sociales y herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir imágenes, voces, videos y otros elementos personales incrementó la complejidad de las conductas relacionadas con la apropiación de identidad.

    Entre los usos ilícitos asociados con este fenómeno se encuentran fraudes financieros, apertura de cuentas, contratación de servicios, obtención de créditos y extorsiones.

    Diputados ya avanzaron en la tipificación

    La propuesta de Herrera Natividad forma parte de una discusión legislativa más amplia sobre la creación de un delito federal de suplantación de identidad.

    El 9 de julio de 2026, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para incorporar este delito al Código Penal Federal, con 24 votos a favor, cuatro abstenciones y ninguno en contra, de acuerdo con reportes legislativos y parlamentarios.

    El dictamen aprobado contempla un Capítulo VI Bis denominado “Suplantación de identidad”, integrado por los artículos 249 Bis 1, 249 Bis 2, 249 Bis 3 y 249 Bis 4. El proceso legislativo todavía requiere continuar su trámite antes de que las disposiciones puedan entrar en vigor.

    El Grupo Parlamentario del PT informó además que Olga Lidia Herrera Natividad respaldó, junto con la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia para tipificar y sancionar la suplantación de identidad digital.

    La discusión legislativa ocurre mientras distintas propuestas buscan actualizar el marco penal frente al uso de datos personales, biométricos y tecnologías de inteligencia artificial en conductas delictivas. El Sistema de Información Legislativa registra diversas iniciativas presentadas durante 2026 con enfoques y sanciones diferentes sobre esta materia. –sn–

    Confirman identidad

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  3. Condenan a 12 años de prisión a hombre por posesión ilícita de petrolíferos en Guanajuato

    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 12 años de prisión contra un hombre detenido en Salamanca, Guanajuato, por posesión ilícita de petrolíferos. También deberá pagar una multa superior a 1.3 millones de pesos.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión contra Francisco «N» por el delito de posesión ilícita de petrolíferos, como resultado de una investigación encabezada por autoridades federales en el estado de Guanajuato.

    Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de un millón 357 mil pesos, de acuerdo con la resolución emitida por la autoridad judicial.

    El fallo fue obtenido por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuyos elementos de prueba fueron considerados suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado durante las distintas etapas del proceso.

    Operativo derivó en la detención en Salamanca

    La investigación permitió ejecutar, en abril de 2025, una orden de cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de San Juan de la Presa, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

    En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

    Durante la diligencia fue detenido Francisco «N», quien posteriormente fue procesado por el delito relacionado con la posesión ilícita de hidrocarburos.

    Aseguraron más de 89 mil litros de petrolíferos

    En el inmueble intervenido, las autoridades aseguraron 54 mil litros de combustóleo y 35 mil litros de petrolífero tipo asfalto, además de diversos vehículos y equipo utilizado presuntamente para el manejo de estos materiales.

    Entre lo decomisado se encuentran tres tractocamiones, tres vehículos, cinco motocicletas y un motor de tractocamión modificado como bomba.

    Sentenciado cumplirá condena en Guanajuato

    La autoridad judicial determinó que el sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Puentecillas, en el estado de Guanajuato.

    La FGR señaló que este resultado forma parte de las acciones emprendidas para combatir los delitos relacionados con la posesión y manejo ilícito de petrolíferos, considerados de competencia federal. –sn–

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  4. FGR logra condena contra dos por llevar drogas y armas en la V.Carranza

    La Fiscalía General de la República informó que mantiene acciones de investigación y persecución de delitos de competencia federal.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra dos personas por su responsabilidad penal en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La resolución fue emitida tras concluir el proceso penal derivado de una investigación federal. El caso se originó a partir de un cateo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Cdmx.

    María “N” y Diego “N” fueron detenidos en mayo de 2022 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Cdmx. La captura ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en dicha demarcación. Las autoridades aseguraron diversas sustancias ilícitas y armamento.

    Durante la intervención, los agentes localizaron 740.8 gramos de marihuana. También aseguraron 206.9 gramos de cocaína y 195.5 gramos de metanfetamina. El material quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

    Investigación federal

    Además de los narcóticos, fueron asegurados 35 cartuchos útiles. Los elementos policiales también localizaron tres armas de fuego largas. El hallazgo derivó en la apertura de una investigación por delitos federales.

    Tras la detención, los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común. Posteriormente, la autoridad local declinó competencia a favor de la instancia federal. El expediente fue turnado para continuar con las diligencias correspondientes.

    El Ministerio Público de la Federación (MPF) asumió la conducción de la investigación. La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Fiscalía Federal en la Cdmx. Los fiscales reunieron pruebas documentales, periciales y testimoniales.

    Pruebas y proceso

    La representación social federal presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial. El procedimiento avanzó conforme a las distintas etapas previstas en el sistema penal acusatorio. El caso llegó finalmente a la fase de juicio oral.

    Durante las audiencias fueron expuestos los indicios recabados por la autoridad investigadora. El tribunal analizó el material probatorio presentado por la fiscalía. La valoración judicial permitió acreditar la responsabilidad penal de los acusados. –sn–

    Fiscalia General de la Republica (FGR)

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  5. Aseguran más 800 kilos de cocaína en Guerrero

    Este aseguramiento representa una afectación económica de 180 millones de pesos, lo cual debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos

    Por Martín García | Reportero                                      

    En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) detuvo a cinco personas, aseguró una embarcación menor con tres motores fuera de borda y 13 bultos con 829 kilos de presunta cocaína, aproximadamente a 195 millas náuticas al sur del estado de Guerrero.

    Dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectó una embarcación con cinco tripulantes, por lo que al efectuar una inspección se localizó la carga ilícita.

    Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 13 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 829 kilos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad de superficie de la Armada de México, junto con las personas detenidas a quienes les leyeron sus derechos de ley.

    Por lo tanto, se efectuaron las coordinaciones con el fin de ponerlos disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

    Este aseguramiento representa una afectación económica de 180 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de las organizaciones delictivas transnacionales. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente 1.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

    En la presente administración suman más de 72 toneladas de cocaína asegurada en la mar.

    Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas –sn–

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  6. Cateos en Chiapas dejan droga, armas y detenidos

    La acción fue encabezada por elementos de Semar en conjunto con la Policía Estatal y la Fiscalía General de Chiapas, así como SSPC.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Autoridades federales cumplimentaron cuatro órdenes de cateo y se aseguró una bodega, presunta droga, armamento y combustible en Chiapas.

    Durante la inspección de un inmueble ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, se aseguraron alrededor de 70 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con combustible; un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital, balizas, diversa documentación y una embarcación tipo rivereña sin motor.

    De manera simultánea, en el embarcadero del poblado de Chocohuital, se detuvo a cuatro personas y se aseguraron siete balizas, 29 equipos de radiocomunicación satelital, tres brújulas, cuatro equipos de radiocomunicación, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros abastecidas con un líquido con características similares a la gasolina, una dosis de presunto narcótico y tres bolsas transparentes que contenían seis dosis con características similares a la cocaína.

    Asimismo, en un inmueble localizado en las inmediaciones del poblado de Playa Grande, se aseguraron aproximadamente 70 bidones llenos, 49 bidones vacíos, dos balizas, cinco propelas, diversas cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, dos bombas de achique y un cubitanque vacío.

    En otra intervención, en un inmueble ubicado en el poblado de Paredón, se aseguraron 50 paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros abastecidos con gasolina, 29 bidones vacíos, dos cargadores para arma larga, tres cubitanques vacíos, nueve boyas satelitales y el inmueble presuntamente utilizado como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima. –sn–

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  7. Guadalajara reduce delitos de alto impacto

    En lo que va de la Administración, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara registró la detención de 16 mil 290 personas por faltas administrativas y diversos delitos.

    Por Daniel Reséndiz | Corresponsal                                                

    De acuerdo con información del C5 Tapatío, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, en Guadalajara se detuvieron a 12 mil 488 personas por faltas administrativas, 3 mil 120 por delitos del fuero común y 682 por delitos del fuero federal.

    Durante el primer cuatrimestre de 2026 se redujo un 18 por ciento los delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2025. De los delitos que más disminución tuvieron, el robo a cuentahabientes tuvo una baja del 80 por ciento; el robo a persona tuvo una reducción del 36 por ciento y el robo a negocio disminuyó 28 por ciento.

    También se aseguraron 647 mil 124 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana, 17 mil 332 gramos de aparente droga sintética, 1,136 pastillas, 584 armas de fuego, y se recuperaron 1,284 vehículos y 614 motocicletas. –sn–

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  8. Semar detiene a 16 en operativos en centro del país

    Se aseguraron seis vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con hechos delictivos, dos armas de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvo a 16 personas por su probable participación en diversos delitos. 

    Además, se aseguraron 349 dosis de presunta cocaína, 205 dosis de presunta metanfetamina, 140 dosis de presunta marihuana, además de un frasco y cinco bolsas con características similares a esta droga, así como ocho bolsas con características similares a la metanfetamina. 

    De igual forma, se aseguraron seis vehículos y una motocicleta presuntamente relacionados con hechos delictivos, dos armas de fuego, un cargador y seis cartuchos útiles.

    Las acciones operativas incluyeron la ejecución de órdenes de cateo en coordinación con autoridades ministeriales, la atención a denuncias ciudadanas, recorridos de patrullaje terrestre y la implementación de dispositivos de seguridad perimetral durante operativos interinstitucionales, fortaleciendo la presencia y capacidad de respuesta en zonas prioritarias. –sn–

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  9. Naucalpan, que lidera Isaac Montoya, a la cabeza en robo de combustible en el edomex

    INEGI registra aumento de huachicol en zonas urbanas.


    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    Durante el trimestre pasado, el municipio de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, registró el mayor índice de robo de combustible en el Estado de México, según cifras del INEGI. Esta práctica, conocida como huachicol, preocupa al movimiento político de la Cuarta Transformación, al cual pertenece el alcalde.

    El 5.7 por ciento de vecinos encuestados entre abril y junio de 2025 afirmó que presenció o supo de robo o venta ilegal de gasolina o diésel en las inmediaciones de su hogar. Esta información fue revelada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

    https://sociedad-noticias.com/2025/07/18/opinion-jose-victor-rodriguez-sociedad-simulacion-en-naucalpan-simulacion-mexiquense/

    De acuerdo con los datos oficiales, Naucalpan, que desde enero de 2025 está bajo el gobierno de Isaac Montoya, encabezó el listado estatal con más testimonios sobre actividades vinculadas al huachicol. Superó a municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Tlalnepantla.

    Un trimestre antes, entre enero y marzo de 2025, el porcentaje fue inferior. Solo el 3.7 por ciento de los habitantes aseguró haber presenciado o escuchado sobre el robo o venta ilegal de combustibles en su zona.

    Comparativo entre trimestres

    El aumento del 2 por ciento en las percepciones ciudadanas respecto al huachicol en Naucalpan llamó la atención de las autoridades. Este fenómeno se ha convertido en uno de los principales retos del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

    El robo de hidrocarburos, además de provocar pérdidas económicas al erario público, genera riesgos para la seguridad de las comunidades donde se realiza. Las explosiones, incendios y derrames han sido consecuencias directas de esta actividad.

    https://sociedad-noticias.com/2025/07/25/joven-muere-al-saltar-desde-los-arcos-de-naucalpan/

    La Cuarta Transformación ha puesto énfasis en combatir este delito desde su origen. Para ello, implementó operativos en ductos, zonas de almacenamiento y puntos de distribución, en colaboración con la Guardia Nacional y Petróleos Mexicanos.

    Postura del gobierno federal

    En días recientes, la presidente Claudia Sheinbaum advirtió que se procederá contra cualquier funcionario involucrado con el robo de combustible. Durante una de sus conferencias matutinas, sostuvo que no habrá impunidad para quienes solapen o participen en esas acciones.

    La mandataria fue enfática al señalar que tanto el poder ejecutivo federal como los gobiernos locales tienen la responsabilidad de actuar. “No importa si son alcaldes o legisladores, nadie está por encima de la ley”, puntualizó ante los medios.

    Aunque no se refirió directamente al municipio de Naucalpan, la declaración se produjo días después de publicarse los resultados de la ENSU. Este contexto generó inquietud entre diversos actores políticos del Estado de México.

    Supervisión y medidas preventivas

    Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el gobierno municipal de Isaac Montoya ha emprendido acciones específicas para contener esta problemática. Sin embargo, el alza en los testimonios ciudadanos obliga a una revisión exhaustiva.

    La Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México podrían intervenir en las próximas semanas con operativos focalizados. Además, se contempla reforzar la inteligencia territorial para detectar puntos de extracción ilegal.

    La población de Naucalpan ha manifestado preocupación por el impacto de estas actividades. Algunas colonias donde se ha reportado presencia constante de camiones y bidones sospechosos solicitaron mayor patrullaje.

    Riesgos para la población civil

    El robo de combustibles no solo representa un delito federal, también pone en riesgo la vida de quienes viven cerca de las tomas clandestinas. Explosiones como las de Tlahuelilpan, Hidalgo, siguen latentes en la memoria colectiva.

    Especialistas en seguridad consideran que el aumento en los índices reportados por el INEGI debe tomarse como una alerta temprana. Han pedido que se investigue a fondo si existen redes organizadas que operan con complicidad de autoridades locales.

    A pesar de las cifras, el gobierno federal ha insistido en que los esfuerzos contra el huachicol continúan. La colaboración entre instancias es clave para cerrar brechas de impunidad y garantizar el abasto legal de combustibles.

    Tendencia al alza en el Edomex

    El Estado de México ha sido históricamente una zona crítica para este tipo de delitos debido a la infraestructura de ductos que cruzan su territorio. Naucalpan, por su ubicación y desarrollo urbano, se vuelve vulnerable a estas operaciones ilícitas.

    Organizaciones civiles que monitorean temas de seguridad han pedido transparencia en las cifras de tomas ilegales detectadas. También solicitaron que se informe cuántas personas han sido detenidas por este delito en los últimos meses.

    La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se elabora trimestralmente. Evalúa la percepción ciudadana sobre distintos delitos y hechos que afectan su entorno inmediato, como el robo de combustibles o la presencia de grupos armados.

    Exhortan a mayor vigilancia

    Ante el panorama revelado, legisladores del Congreso mexiquense urgieron a las autoridades municipales y estatales a reforzar la vigilancia. También pidieron que se proteja a quienes denuncien estas prácticas para evitar represalias.

    https://sociedad-noticias.com/2025/07/18/opinion-jose-victor-rodriguez-sociedad-simulacion-en-naucalpan-simulacion-mexiquense/

    El gobierno federal aseguró que continuará con la estrategia de seguridad centrada en inteligencia, tecnología y trabajo comunitario. Se busca inhibir el robo desde el origen y garantizar la seguridad energética del país.

    En caso de detectar actividades sospechosas, la población puede llamar de forma anónima al 911 o al número de denuncia ciudadana de Pemex. Las autoridades recordaron que colaborar con la justicia es una responsabilidad compartida. –sn–

    Venta de gasolina en las calles de Venezuela

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  10. Sheinbaum afirma que no debe haber linchamiento mediático sobre Adán Augusto

    Sheinbaum respalda investigación sin encubrir a nadie. Niega protección a morenistas y rechaza linchamientos.


    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    La presidente Claudia Sheinbaum confirmó una reunión con Adán Augusto López, senador de Morena, y aseguró que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) encubrirán a nadie, aunque pertenezcan al partido oficial. Aclaró también que se opone a los linchamientos mediáticos sin pruebas.

    Durante su tradiccional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum abordó la presunta relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y acusado de liderar al grupo criminal La Barredora. Afirmó que las investigaciones seguirán su curso de manera autónoma.

    “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, ni la Fiscalía”, puntualizó la mandataria, al subrayar que corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en pruebas, no en especulaciones. También rechazó acusaciones sin sustento lanzadas desde medios o redes.

    Aseguró que debe existir el mismo rigor probatorio tanto para sancionar a funcionarios como para deslindarlos públicamente. “Así como se deben presentar pruebas para imputar, también deben existir para acusar públicamente”, dijo.

    Reunión con coordinadores parlamentarios

    Sheinbaum explicó que el encuentro con Adán Augusto López se dio el lunes 14 de julio como parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos, entre ellos Ricardo Monreal. Indicó que el propósito fue revisar la agenda legislativa federal.

    Negó que dicha reunión tuviera como fin discutir o resolver temas personales o jurídicos. Aclaró que su carácter fue institucional y en el marco de trabajo legislativo ordinario. “Fue para revisar leyes aprobadas y pendientes”, puntualizó.

    Sobre el caso Bermúdez, reiteró que corresponde a la FGR determinar si existe algún nexo con el senador, sin intervención del Ejecutivo. Confirmó que la Fiscalía mantiene la investigación abierta.

    La presidente enfatizó que el gobierno federal respeta la autonomía del Ministerio Público y no presiona en ninguna dirección. “La justicia no puede estar supeditada ni a linchamientos ni a complicidades”, señaló.

    Sin protección para nadie

    Respecto a la posibilidad de que Adán Augusto López sea citado a declarar, Sheinbaum indicó que el propio senador manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. “Si lo llaman, él va a presentarse”, afirmó.

    El exsecretario de Gobernación también asistió al Consejo Político Nacional de Morena este domingo, donde algunos asistentes lo recibieron con gritos de “¡No estás solo!”. La presencia generó reacciones diversas dentro del partido.

    En ese contexto, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aclaró públicamente que no se encubrirán malas prácticas, ni se protegerá a militantes que incurran en actos ilícitos o colusión con el crimen.

    Investigación continúa

    Sheinbaum reiteró que no emitirá posicionamiento alguno hasta que existan elementos jurídicos concretos. Insistió en que su administración no encubre a funcionarios implicados en actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.

    Al mismo tiempo, sostuvo que no tolerará linchamientos políticos sin sustento. “Tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de redes sociales”, expresó al recalcar su compromiso con la justicia y la presunción de inocencia.

    Añadió que las instituciones deben actuar conforme a la ley y que el proceso contra Hernán Bermúdez debe esclarecer todos los posibles vínculos, sin importar filiaciones partidistas o pasados cargos públicos.

    Concluyó que las reuniones con legisladores continuarán bajo su formato institucional y que ningún asunto judicial será negociado fuera de los canales formales de procuración de justicia. –sn–

    Gerardo Fernandez noroña y Adan Augusto Lopez Hernandez

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  11. Sheinbaum impulsa Ley General contra extorsión

    Busca reforma constitucional para perseguir de oficio. Envía propuesta al Congreso.


    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    La presidente Claudia Sheinbaum anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados con el objetivo de facultar al Congreso para expedir una Ley General contra la extorsión. La medida permitirá perseguir este delito de oficio en todo el país.

    Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que la propuesta contempla primero la modificación constitucional y posteriormente la expedición de la nueva legislación. Aseguró que todas las fuerzas políticas deberían coincidir en respaldar la medida.

    “Ya no descanse en la víctima la denuncia, le estamos quitando a la víctima ese peso”, expresó. Añadió que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de perseguir el delito y que la extorsión afecta a toda la población.

    Nueva facultad para el Congreso

    La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que la iniciativa propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución. Dicha modificación otorgará al Congreso la facultad para legislar sobre el delito de extorsión.

    Actualmente, el artículo permite expedir leyes generales sobre delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas y tortura. La nueva redacción incluiría la extorsión, permitiendo establecer un tipo penal único, con agravantes y sanciones uniformes.

    Godoy Ramos indicó que la ley servirá para prevenir, investigar y sancionar de forma homogénea el delito en todo el territorio nacional, y estará alineada con las leyes estatales respectivas.

    Sistema nacional de inteligencia

    La propuesta, según la consejera jurídica, se encuentra respaldada por la recién expedida Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que sentó las bases para una nueva estrategia contra la delincuencia organizada.

    La ley refuerza la coordinación entre autoridades y permitirá integrar acciones más eficaces para atender delitos como la extorsión, que han afectado de manera creciente a negocios, transportistas, productores y ciudadanos.

    Extorsión con impacto nacional

    Durante la presentación, Claudia Sheinbaum enfatizó que la extorsión es un problema que trasciende niveles económicos o regionales. Señaló que el fenómeno afecta a pequeñas y medianas empresas, al comercio informal, e incluso a estudiantes y familias.

    Destacó que la persecución de oficio permitirá liberar a las víctimas del temor de denunciar, y aumentará la eficacia del Estado en la aplicación de justicia.

    Coordinación con entidades federativas

    Con la Ley General contra la extorsión, los congresos estatales deberán armonizar sus legislaciones locales conforme al modelo federal. La meta, explicó Godoy Ramos, es evitar vacíos legales y garantizar una respuesta uniforme.

    Indicó que la legislación contendrá mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como la integración de datos en el sistema nacional de inteligencia criminal.

    Aprobación esperada este año

    Sheinbaum Pardo manifestó que su gobierno buscará aprobar tanto la reforma constitucional como la ley secundaria durante el presente año legislativo.

    Confió en que los grupos parlamentarios apoyarán la propuesta por tratarse de una demanda social ampliamente reconocida. “No veo por qué nadie no esté de acuerdo”, declaró.

    Reacción de organismos civiles

    Diversas organizaciones sociales han solicitado durante años una legislación nacional contra la extorsión. Las quejas sobre amenazas, cobros ilegales, extorsión telefónica y cobro de piso han crecido en sectores productivos.

    https://sociedad-noticias.com/2025/07/08/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-08-de-julio-2025/

    La posibilidad de que el Estado investigue de oficio se considera un avance, especialmente en regiones donde persisten condiciones de miedo o control por parte del crimen organizado.

    Delito con alta incidencia

    Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la extorsión ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos años.

    Durante 2024 se registraron más de 10 mil carpetas de investigación por este delito, aunque analistas estiman una cifra negra de hasta el 90 por ciento. –sn–

    delitos ciber

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