AIMX pide evitar sanciones anticipadas ante posibles filtraciones de datos personales
La AIMX pidió preservar el debido proceso ante posibles filtraciones de datos y planteó fortalecer la coordinación entre autoridades y empresas para proteger a los titulares.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Asociación de Internet MX (AIMX) pidió que las investigaciones sobre posibles filtraciones de datos personales mantengan una separación clara entre los indicios detectados, las hipótesis de investigación y una eventual responsabilidad administrativa, ante los recientes comunicados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La asociación señaló que la detección temprana de posibles exposiciones permite activar protocolos para verificar la autenticidad de la información, contener riesgos y, cuando corresponda, informar a las personas titulares de los datos. La Secretaría informó el 20 de septiembre que localizó en Telegram una oferta de una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico, con más de 15 millones de registros.
El planteamiento de la AIMX se centra en que una posible filtración puede constituir, en primer término, un incidente de seguridad que requiere investigación técnica y, de manera paralela, determinar si existió algún incumplimiento atribuible al responsable de los datos. La asociación sostiene que la comunicación pública debe distinguir entre un indicio y un hecho acreditado.
AIMX advierte sobre el debido proceso
La organización señaló que anunciar una investigación contra una empresa a partir de información todavía sujeta a verificación puede generar consecuencias reputacionales y comerciales antes de que concluya la investigación.
El argumento se relaciona con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). La legislación establece que una verificación debe iniciar mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación, además de contemplar obligaciones de confidencialidad para los servidores públicos que conozcan información durante el procedimiento.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha establecido, mediante la jurisprudencia P./J. 43/2014, que el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con las modulaciones correspondientes a su naturaleza.
Riesgos para las investigaciones por delitos cibernéticos
La AIMX planteó además que la venta de una base de datos presuntamente sustraída puede involucrar una conducta delictiva cuya investigación corresponde a las autoridades ministeriales y policiales competentes.
Desde su perspectiva, una difusión pública prematura puede alertar a quienes ofrecen los datos, facilitar el retiro de publicaciones o el cambio de canales y dificultar la preservación de evidencia digital. También advirtió que una muestra obtenida por la autoridad debe recibir las mismas medidas de protección exigibles a cualquier responsable que tenga bajo su resguardo datos personales.
La asociación consideró que la coordinación entre las autoridades encargadas de protección de datos y las instituciones responsables de investigar delitos cibernéticos puede permitir que la respuesta se concentre simultáneamente en proteger a las personas afectadas y preservar los elementos necesarios para esclarecer el origen de una posible filtración.
La investigación debe determinar el origen de los datos
Lina Rodríguez, presidenta de la AIMX, señaló que un modelo en el que cada publicación criminal active automáticamente una verificación contra la empresa identificada podría generar incentivos para utilizar filtraciones como mecanismo de presión o extorsión.
Por su parte, Juan Antonio Ramírez Márquez, vicepresidente de Relaciones con Gobierno de la asociación, sostuvo que antes de atribuir el origen o responsabilidad sobre una base de datos es necesario determinar su autenticidad, antigüedad, procedencia, forma de obtención y la existencia de un eventual incumplimiento.
La posición de la AIMX no cuestiona la necesidad de detectar posibles exposiciones de información. Por el contrario, plantea que la respuesta debe permitir una actuación rápida para proteger a los titulares de los datos, pero sin convertir un indicio en una atribución definitiva antes de concluir las verificaciones correspondientes. –sn–
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