Mayol y los seis meses de la administración Kast: “El Gobierno se enreda por errores, no porque haya un cambio de doctrina” | vía #UChileRadio
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Mayol y los seis meses de la administración Kast: “El Gobierno se enreda por errores, no porque haya un cambio de doctrina” | vía #UChileRadio
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Poder Judicial sufrirá recorte de ₡10.500 millones y congelamiento de ₡30.000 millones en 2027
Legisladoras critican el recorte de ₡10.500 millones y el congelamiento de otros ₡30.000 millones a la Corte. Advierten que mientras se debilita al OIJ, el Gobierno aumenta los fondos para la Presidencia y la DIS.
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Laura Fernández se pronuncia sobre crisis de seguridad en Cartago
Mandataria dijo que la provincia no merece la situación que atraviesa
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Álvaro Ramírez sobre plantón: Fue un llamado de atención al gobierno, una contundente señal de descontento
Álvaro Ramírez sobre plantón: Fue un llamado de atención al gobierno, una contundente señal de descontento
San José, 10 ago (elmundo.cr) – El jefe de fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, celebró el anuncio de la presidenta de la República, Laura Fernández, convocando a la unión de poderes para enfrentar la crisis de seguridad. Ramírez señaló que “celebramos este anuncio y lo celebramos porque no es casualidad, este es el primer […]
Yamileth Angulo
El Mundo CR
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Presidente Kast firma reforma constitucional de la ACOT y pide celeridad en su tramitación | vía #UChileRadio
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Presidenta Laura Fernández presenta paquete de seis proyectos de ley para seguridad y pide trámite expedito
Bajo el lema de "acabar con la alcahuetería", Mandataria propone iniciativas para aumentar castigos por resistir a policías, pertenecer a organizaciones criminales y pistas clandestinas, y eliminar ocio en cárceles y el derecho al olvido de registros judiciales
La [...]
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AMLO conocía de «La Barredora»: alcalde Jesús Alí
Acusación contra AMLO reavivó debate sobre inseguridad en Tabasco.
Por Enoc Gutiérrez | Corresponsal
Jesús Alí de la Torre acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de conocer la conformación del grupo criminal La Barredora y el crecimiento de las redes de huachicol en Tabasco, según una carta pública difundida en redes sociales. El exalcalde de Centro sostuvo que el exmandatario tuvo información sobre esos fenómenos durante su administración. También afirmó que el estado enfrentó un deterioro institucional y una crisis de seguridad sin precedentes.
https://twitter.com/Joseraul_reyes/status/2063011033128530154?s=20
En el documento, Alí de la Torre responsabilizó a López Obrador de permitir que actores cercanos a su entorno concentraran el control político de la entidad. El exfuncionario señaló que diversas decisiones favorecieron la consolidación de grupos con amplia influencia en la vida pública estatal. Asimismo, vinculó ese proceso con el incremento de problemas relacionados con la seguridad pública.
Adan Augusto Lopez Hernandez y Hernán BermúdezEl también exdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que personas allegadas al círculo político del expresidente asumieron posiciones estratégicas en Tabasco. De acuerdo con su versión, esa concentración de poder incidió en el rumbo político de la entidad. La carta fue difundida en plataformas digitales y generó reacciones en distintos sectores políticos.
Señalamientos directos
Dentro de sus señalamientos, Jesús Alí de la Torre mencionó de manera expresa a los exgobernadores Arturo Núñez Jiménez y Adán Augusto López Hernández. El exalcalde atribuyó a ambos parte de la responsabilidad por el deterioro registrado en Tabasco durante los últimos años. También los relacionó con decisiones políticas que, según su planteamiento, influyeron en la situación actual del estado.
El exaspirante a la gubernatura sostuvo que el entonces presidente tuvo conocimiento de la conformación de La Barredora. Además, afirmó que existió información sobre una red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustibles en territorio tabasqueño. Sus declaraciones colocaron nuevamente el tema del huachicol en el centro de la discusión pública.
La carta señaló que la problemática de seguridad avanzó durante los años recientes sin una respuesta suficiente para contenerla. Alí de la Torre afirmó que los efectos de esa situación impactaron a distintos sectores de la población. También indicó que la percepción de inseguridad aumentó de manera significativa en diversas regiones del estado. –sn–
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Presupuesto de 4,38% de ingresos ordinarios en 2022 cayó a niveles entre 3,72% y 3,55% durante la anterior gestión, a pesar de reclamos por una mayor eficiencia en Poder Judicial
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Presidencia y jerarcas del Poder Judicial se reúnen para temas prioritarios de seguridad
Presidencia y jerarcas del Poder Judicial se reúnen para temas prioritarios de seguridad
San José, 18 may (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, recibió esta mañana a los máximos representantes del Poder Judicial en la Casa Presidencial, en una reunión de alto nivel [...]
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Nigeria: Secuestran a decenas de estudiantes tras ataque yihadista en Borno
https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/nigeria-secuestran-estudiantes-ataque-borno/
Nigeria: Secuestran a decenas de estudiantes tras ataque yihadista en Borno
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Pobladores de Atlixtac denuncian ataques con drones explosivos
Los habitantes reiteraron el llamado urgente al gobierno federal y a las autoridades estatales para reforzar la seguridad en la Montaña Alta de Guerrero.
Por Martín García | Reportero
La comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula Norte, en el municipio de Atlixtac, denunció una nueva ola de violencia en la región Montaña Alta de Guerrero, donde civiles armados realizaron ataques a balazos y con drones explosivos. Los habitantes solicitaron apoyo urgente del gobierno federal y acusaron abandono de las autoridades de seguridad desde finales de abril.
Los pobladores señalaron que las agresiones ocurrieron en condiciones similares a los hechos registrados en Chilapa durante los últimos días. La comunidad informó que las detonaciones y explosiones se intensificaron desde la noche del miércoles, cuando decenas de familias buscaron refugio ante el temor de nuevos ataques.
Al menos 80 mujeres, 17 niñas y 15 niños permanecieron resguardados en la comisaría municipal durante la madrugada. Habitantes de la zona relataron que los explosivos lanzados desde drones dañaron viviendas y provocaron pánico entre la población indígena, que no logró descansar por el riesgo constante.
Miedo en la montaña
Una mujer de la comunidad declaró que las bombas destruyeron casas y que en un solo día cayeron alrededor de 20 artefactos explosivos. Los testimonios difundidos desde la región indicaron que las detonaciones ocurrieron a unos 500 metros de la localidad, mientras familias enteras permanecieron encerradas por seguridad.
A través de un comunicado firmado por aproximadamente 600 habitantes, la población solicitó la intervención de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Los pobladores denunciaron que la violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos dejó personas fallecidas, familias desplazadas y un clima permanente de terror en la zona.
El documento difundido desde la comisaría municipal señaló que las autoridades abandonaron a la comunidad desde el 27 de abril. Los habitantes alertaron además sobre la presencia de civiles armados en localidades como Totolapa, Zoyaltepec, Huixtlatzala, Totoltemec, Mexcaltepec y Meyoltepec. –sn–
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El atentado contra la casa de Rubén Rocha Moya se convirtió en uno de los episodios de mayor impacto político y mediático en Sinaloa durante las últimas semanas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El ataque contra una vivienda del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó registrado en un video difundido en redes sociales durante la mañana del sábado. Las imágenes mostraron a varios hombres armados disparando contra la fachada del inmueble ubicado en la colonia Las Quintas, una de las zonas residenciales más conocidas de Culiacán. El hecho ocurrió a plena luz del día y provocó movilización de corporaciones estatales.
De acuerdo con la grabación, un vehículo avanzó lentamente sobre la calle Lago de Cuitzeo mientras uno de los ocupantes captó el momento del atentado con un teléfono celular. En el video aparecieron al menos cuatro personas, entre ellas el conductor y dos sujetos armados que accionaron rifles de alto poder contra la propiedad. Los disparos impactaron sobre la fachada blanca del inmueble y levantaron fragmentos de concreto y polvo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó horas después el atentado contra la vivienda atribuida al mandatario con licencia. La dependencia informó que el reporte ingresó a través del sistema del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i) a las 10:12 horas. Las autoridades precisaron que la casa permanecía deshabitada desde hace más de una década y no se reportaron personas lesionadas.
Operativo en la zona
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al sitio para iniciar los peritajes correspondientes tras el ataque armado. Personal ministerial localizó impactos de arma de fuego en distintas partes de la fachada y realizó trabajos de recopilación de evidencia balística. La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras continuaron las diligencias oficiales.
Las autoridades estatales indicaron que también participaron agentes de la propia Secretaría de Seguridad en las labores de investigación. El operativo buscó identificar el vehículo involucrado y rastrear a los responsables mediante cámaras de videovigilancia y testimonios. Hasta el cierre de la jornada no existieron reportes de personas detenidas relacionadas con el atentado.
El video del ataque comenzó a circular de manera masiva en plataformas digitales pocas horas después de los hechos. En las imágenes se observó cómo los agresores dispararon desde el interior del automóvil sin descender de la unidad. La difusión del material provocó nuevas reacciones en el contexto político y de seguridad que atraviesa la entidad. –sn–
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El relevo ocurre en medio de investigaciones y acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de Sinaloa designó a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado provisional de la Vicefiscalía General, tras la separación del cargo de Dámaso Castro Saavedra, quien solicitó licencia mientras enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez, tomó protesta al funcionario.
Quiñonez cuenta con trayectoria en ministerios públicos y áreas de litigación oral, además de experiencia en unidades de delitos sexuales y contra la familia.
Previo a su nombramiento, se desempeñaba como vicefiscal de la región centro del estado.
El relevo ocurre en medio de investigaciones y acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. –sn–
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La reunión concluyó con el compromiso de mantener diálogo entre el Congreso capitalino y el Gobierno de la Ciudad para atender pendientes legislativos y administrativos.
Por Fausto Hernández | Reportero
Clara Brugada Molina, jefe de gobierno de la ciudad de México (Cdmx), sostuvo una reunión con coordinadores parlamentarios del Congreso capitalino, luego de reclamos de diputados relacionados con falta de comunicación institucional. El encuentro se realizó en un contexto de rezagos legislativos acumulados en el recinto de Donceles. Los participantes revisaron pendientes parlamentarios y mecanismos de coordinación política entre el Congreso local y el Gobierno de la Ciudad.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la ciudad de México (Cdmx), Jesús Sesma Suárez, informó que el encuentro marcó un nuevo canal de diálogo entre autoridades capitalinas y representantes parlamentarios. El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que la reunión permitió establecer acuerdos sobre temas legislativos pendientes. También indicó que existió disposición para fortalecer la interlocución institucional entre poderes.
Jesús Sesma Suárez afirmó que durante la reunión se revisaron asuntos vinculados con rezagos legislativos en distintas comisiones y grupos parlamentarios. El diputado explicó que se integrará una mesa permanente para revisar propuestas de cada bancada representada en el Congreso capitalino. Asimismo, mencionó que analizaron temas relacionados con protección civil dentro del recinto legislativo.
Acuerdan mesas permanentes
El legislador capitalino informó que los coordinadores parlamentarios plantearon la necesidad de avanzar en reformas pendientes antes de concluir el actual periodo ordinario. En ese contexto, indicó que existieron coincidencias para convocar a un periodo extraordinario durante agosto próximo. La propuesta surgió ante el volumen de iniciativas y dictámenes pendientes en Donceles.
Jesús Sesma Suárez adelantó que el Congreso capitalino podría sesionar nuevamente en agosto para resolver asuntos acumulados. El diputado explicó que la posibilidad de un periodo extraordinario permitió abrir espacio para acuerdos legislativos entre las distintas fuerzas políticas. También señaló que la coordinación con el Gobierno de la Ciudad resultó relevante para avanzar en esos trabajos.
Durante la reunión, los coordinadores parlamentarios acordaron establecer mesas de trabajo periódicas con funcionarios del Gobierno capitalino. El objetivo consistió en revisar proyectos legislativos antes de su presentación pública y mediática. Según el legislador local, el mecanismo permitirá incorporar observaciones de diputados en etapas previas a las iniciativas. –sn–
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta, Gobierno cercano
Alejandro Armenta ha llegado a la gobernatura de Puebla con un sello claro: el poder debe estar al servicio de la gente, no por encima de ella.
Por Raúl García Araujo
Inspirado en los principios que promovió Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, el gobernador apuesta por austeridad, ética pública y un sentido social que coloca al ciudadano en el centro de la gestión.
Leal a Claudia Sheinbaum y a Morena, Armenta combina disciplina política con liderazgo propio. Esa lealtad no es decorativa; le permite construir un gobierno fuerte, coherente y capaz de enfrentar retos con resultados concretos.
En su administración, la política ya no es solo un discurso: es acción directa.
El gobernador ha transformado la comunicación oficial. Las mañaneras y encuentros con medios se han regionalizado; el diálogo se da cara a cara con la sociedad.
Mesas de trabajo con sectores sociales, productivos y académicos buscan enriquecer los proyectos estratégicos para Puebla. Gobernar, en este esquema, significa escuchar, dialogar y articular.
El eje central de su gobierno es la territorialidad. Armenta está presente en los municipios y comunidades, supervisa obras, atiende demandas locales y prioriza la participación ciudadana.
Su administración busca dejar atrás privilegios y derroche; propone una gestión cercana, transparente y orientada al bienestar colectivo.
La participación social no es opcional. Comunidades deciden prioridades, supervisan obras y participan en la ejecución de proyectos. Cada acción se construye en corresponsabilidad, legitimando decisiones y fortaleciendo la gobernanza.
Armenta también apuesta por acuerdos firmes: combina autoridad con diálogo, planeación con escucha, acción con participación.
Las mesas de trabajo con empresarios, académicos y gobiernos municipales convierten los proyectos públicos en procesos democráticos, con respaldo social y visión territorial.
El desarrollo, insiste el gobernador, debe llegar a todas las comunidades, no concentrarse en unas pocas.
Su gestión redefine la política pública: menos burocracia, más cercanía; menos unilateralidad, más interlocución. La lealtad política y la coherencia ideológica se traducen en eficiencia y resultados.
Hoy, Armenta demuestra que gobernar con ética y compromiso social no es retórica. Es presencia, decisiones responsables y construcción de consensos sin ceder a presiones ni intereses particulares.
Su liderazgo marca un precedente: quien se compromete con el pueblo y mantiene disciplina política redefine los estándares de gobernabilidad en México.
No gobierna desde la comodidad del poder. Gobernar, para Armenta, es asumir la exigencia del servicio público con firmeza, claridad y resultados.
Puebla tiene un gobernador que no teme enfrentar retos, escuchar al ciudadano y consolidar un proyecto sólido, cercano y participativo. Ese es el sello de su gestión.
En Cortito
Nos cuentan que durante la Semana Santa 2026, Cuernavaca ya está lista para recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros bajo un esquema de seguridad reforzado.
El presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, puso en marcha un operativo especial que demuestra su liderazgo y compromiso tanto con los visitantes como con los habitantes de la capital morelense.
Desde el 29 de marzo y hasta el 12 de abril, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano despliega patrullajes terrestres y aéreos, con rondines permanentes en colonias, plazas, centros religiosos y puntos turísticos estratégicos.
La presencia de drones de vigilancia, Policía de Género, Policía Turística, Grupo de Operaciones Motorizadas, Protección Civil, Bomberos y Policía Vial asegura prevención y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
Bajo la supervisión directa de José Luis Urióstegui Salgado, cada acción es monitoreada y ajustada para maximizar su eficacia.
En Cuernavaca, Semana Santa no solo significa festividad: significa disciplina, coordinación y responsabilidad institucional.
De nueva cuenta, el alcalde Urióstegui demuestra que gobernar implica acción directa, presencia territorial y resultados visibles.
La capital de Morelos se prepara para recibir a sus visitantes con la certeza de que cada medida ha sido planeada, vigilada y ejecutada con eficiencia.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Harfuch, eje de la relación bilateral
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, eje de la relación bilateral
En seguridad, no hay espacio para figuras decorativas. Hoy, quien está sentado en la mesa donde se toman las decisiones más sensibles entre México y Estados Unidos es Omar García Harfuch.
Por Raúl García Araujo
Desde esa posición no solo coordina operativos: construye acuerdos, intercambia inteligencia y mantiene una relación directa con las agencias más poderosas del vecino del norte.
En los hechos, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se ha convertido en la pieza central del engranaje de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la administración de Donald Trump.
Su papel va mucho más allá de la coordinación interna. Es el arquitecto de una relación bilateral en seguridad que busca dejar atrás la desconfianza y traducirse en resultados concretos.
Su presencia constante en Washington y su interlocución directa con agencias clave confirman que la estrategia mexicana ha optado por una cooperación pragmática, centrada en objetivos compartidos.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad: su reunión con Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad. Ahí, ambas partes reafirmaron principios que hoy resultan indispensables: reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida. Pero más allá del discurso, lo relevante son los resultados.
Gracias al intercambio de información, México ha logrado detener a objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, además de diversos generadores de violencia que operaban en el país. Es decir, la cooperación bilateral comienza a traducirse en golpes concretos contra estructuras criminales.
Omar García HarfuchLa misma lógica se replicó en su encuentro con el director de la DEA, Terrance Christopher Cole. En esa mesa, la prioridad fue consolidar mecanismos de colaboración para enfrentar amenazas comunes, con énfasis en dos frentes críticos: el combate al narcotráfico y el freno al flujo ilegal de armas desde los Estados Unidos hacia México. Este último punto, históricamente relegado, empieza a colocarse en el centro de la agenda.
No es casualidad que el gobierno estadounidense invite de manera constante a Harfuch a reuniones de alto nivel. Su perfil técnico, combinado con capacidad política, lo ha convertido en un interlocutor confiable, pero también en un operador que entiende que la seguridad se construye tanto en el terreno como en la negociación internacional.
A ello se suma un elemento estratégico: la narrativa. Desde sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha consolidado como la voz oficial de las acciones del gobierno federal contra el crimen organizado. Cada operativo relevante encuentra ahí su primera versión pública, en un ejercicio claro de control del mensaje.
Y ese control no se limita al ámbito interno. Harfuch también ha asumido el papel de vocero del Estado mexicano ante medios internacionales. Lo hizo al informar, en entrevistas con medios estadounidenses, sobre el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No fue sólo la comunicación de un resultado operativo. Fue un mensaje político dirigido a Washington: el Estado mexicano tiene capacidad, voluntad y coordinación para golpear a las estructuras criminales de mayor impacto.
En paralelo, los intercambios de alto nivel —incluida la visita del propio director del FBI a México— han confirmado un incremento en las operaciones coordinadas y en la captura de objetivos prioritarios que afectan a ambas naciones. La cooperación, así, deja de ser discurso y se convierte en acción.
Al final, en un gobierno donde la seguridad define la estabilidad política, Harfuch no solo ejecuta la estrategia: la conduce, la negocia y la comunica. Y en ese cruce de funciones —operación, interlocución y narrativa— es donde hoy concentra un poder que pocos dentro del aparato gubernamental pueden igualar.
En Cortito
Nos cuentan que, lejos del reflector cotidiano, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, ha comenzado a recorrer el país con una misión clara: poner en marcha una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, la estrategia Reconecta con la Paz.
No se trata de un programa más. Desde la Consejería Jurídica se está impulsando un enfoque que busca ir al fondo del problema: atender las causas de la violencia desde una lógica distinta a la punitiva.
La propuesta se alinea con principios de justicia restaurativa, reinserción social y prevención, apostando por una ruta que combine legalidad con reconstrucción social.
Esthela DamiánEn cada entidad que visita, Damián Peralta no solo presenta la estrategia, también la posiciona como una política pública sustentada en evidencia internacional y en las mejores prácticas en materia de justicia restaurativa.
Si logra consolidarse, Reconecta con la Paz podría convertirse en uno de los pilares silenciosos del modelo de seguridad de este gobierno.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Morelos dejó de ser una advertencia para convertirse en evidencia. La crisis ya no se puede maquillar con discursos ni contener con comunicados.
Por Raúl García Araujo
Tiene nombre, tiene rostro y, sobre todo, tiene víctimas: jóvenes estudiantes asesinadas, desaparecidas y una comunidad universitaria que ha decidido no callar más.
El feminicidio de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos encendió una indignación que no deja de crecer.
Pero lejos de apaciguarse, la realidad se ha vuelto todavía más brutal. En el municipio indígena de Coatetelco, en la carretera hacia Miacatlán, apareció el cuerpo sin vida de una mujer en condiciones que reflejan el nivel de descomposición que vive la entidad.
Se trataba de Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho desaparecida días antes, no solo estremeció a su familia, sino que profundizó el miedo colectivo.
Al mismo tiempo, la confirmación del feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán terminó por detonar una respuesta social que ya venía gestándose.
Margarita González SaraviaNo se trata de casos aislados. Se trata de un patrón. De una cadena de violencia que el Estado no ha sabido —o no ha querido— frenar.
Las calles hablaron. Más de 10 mil mujeres marcharon en Cuernavaca en el marco del Día Internacional de la Mujer.
No fue una movilización simbólica: fue un grito de hartazgo. Pintas, destrozos, consignas… todo ello es la expresión de una sociedad que se siente abandonada.
Y en paralelo, estudiantes de distintas facultades bloquearon avenidas, denunciaron acoso dentro de las propias instituciones educativas y exigieron algo tan básico como seguridad para poder estudiar.
Aquí es donde la crisis adquiere su dimensión política más grave.
En marzo de 2018, Andrés Manuel López Obrador lanzó una frase que hoy parece una profecía mal entendida: “no es bueno despertar al tigre”.
Lo que no se anticipó —o no se quiso ver— es que ese tigre no solo podía despertar contra un régimen anterior, sino también contra quienes hoy gobiernan. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Morelos.
La gobernadora Margarita González Saravia no solo ha sido rebasada por la realidad; ha sido exhibida por ella.
Su reacción tardía, su falta de sensibilidad y la evidente mediocridad de buena parte de su equipo han convertido una crisis de seguridad en una crisis de gobernabilidad.
Presentar un “Plan Integral de Seguridad Universitaria” en medio del enojo social no se percibe como una solución, sino como un intento desesperado por contener lo incontenible.
Porque el problema no es de anuncios. Es de credibilidad. Y esa, hoy, está rota. Los estudiantes morelenses lo tienen claro. Aunque han regresado parcialmente a clases, no han bajado la guardia. Se organizan, se articulan y planean.
Y lo hacen con un objetivo definido: exhibir a un gobierno que consideran incapaz de garantizar lo más elemental. La indignación ya no es espontánea; se está convirtiendo en movimiento.
Morelos es hoy un polvorín. Cada feminicidio, cada desaparición, cada denuncia ignorada suma presión a una caldera que está a punto de estallar. Y cuando eso ocurra, no será solo una crisis local. Será un golpe político de alcance nacional.
En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación lo saben. Las alertas están encendidas. No por cálculo, sino por necesidad.
Porque si la situación se desborda, Morelos podría convertirse en el primer estado gobernado por Morena que enfrente un escenario real de ingobernabilidad con consecuencias mayores, incluida la eventual salida de su gobernadora.
La pregunta ya no es si se puede evitar el colapso. Es si alguien está dispuesto a asumir el costo político de actuar antes de que sea demasiado tarde.
Porque mientras el poder duda, en las calles el mensaje es contundente: el tigre no solo despertó… ya empezó a avanzar.
En Cortito
Nos cuentan que en Morelos no hay espacio para fiestas mientras la indignación y el dolor social se desbordan.
Suspender la Feria de la Primavera en Cuernavaca no es un detalle menor: es un gesto de sensibilidad política que muchos otros funcionarios locales parecen desconocer.
El ayuntamiento de Cuernavaca decidió posponer de manera indefinida la Feria de la Primavera —también conocida como Feria de la Flor— en respuesta a la crisis de luto y protesta que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tras los feminicidios de Kimberly Joselin y Karol.
José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de la capital, entendió lo que otros no han podido: no se puede celebrar mientras la sociedad está dolida y las calles están llenas de exigencias de justicia.
José Luis Urióstegui Salgado“Sería contradictorio”, señaló el alcalde, “tener una celebración de este tipo con los tiempos actuales, con la máxima casa de estudios en paro y en crisis por los feminicidios de sus compañeras”.
Esa claridad política —reconocer la magnitud del dolor antes de cualquier calendario de festividades— es un rasgo que hace falta en la clase política de Morelos, caracterizada por la improvisación, la torpeza y la desconexión de la realidad social.
La decisión de Urióstegui Salgado no solo es atinada; es ejemplar. Demuestra que gobernar no se trata solo de administrar recursos o organizar eventos, sino de leer el momento histórico y actuar en consecuencia.
Suspender la feria tiene costos económicos y políticos, pero transmite un mensaje más poderoso que cualquier comunicado: la prioridad es la gente, no la simulación de normalidad.
La postura del alcalde de Cuernavaca debería ser la norma: gobernar con responsabilidad, empatía y sentido común.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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En el ejercicio del poder hay decisiones que marcan el tono de un gobierno. Una de ellas es la forma en que se administra y se vigila el dinero público.
Por Raúl García Araujo
En Puebla, la firma de un convenio de coordinación entre el gobierno estatal, la Auditoría Superior del Estado de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación envió una señal política clara: la rendición de cuentas no se queda en el discurso, sino que se convierte en una regla de gobierno.
El acuerdo —en el que participaron la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Alejandro Espidio; la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Puebla, encabezada por Germán Reyna— busca algo elemental pero pocas veces logrado en el país: ordenar la coordinación institucional para vigilar mejor el uso de los recursos públicos.
Intercambio de información, alineación de criterios y fortalecimiento de mecanismos de seguimiento forman parte de una estrategia que coloca a la entidad en la ruta de una fiscalización más moderna y efectiva.
No es un detalle menor que Puebla se convierta en el primer estado del país en formalizar un esquema de coordinación de este tipo para la revisión de recursos federales, particularmente de las participaciones que llegan a los municipios.
Alejandro ArmentaEse paso coloca a la entidad como un referente nacional en la búsqueda de mayor transparencia y en la construcción de un modelo de gobierno que se revisa, se corrige y rinde cuentas.
Porque la auditoría no es un trámite de escritorio ni un requisito de cierre administrativo. Es, en esencia, una herramienta de buen gobierno.
Cuando el dinero público se maneja con disciplina, reglas claras y vigilancia institucional, ocurre algo sencillo pero poderoso: alcanza para más. Más obra útil, más servicios públicos, más programas sociales y, sobre todo, más resultados tangibles para la gente.
El convenio también tiene implicaciones concretas hacia adelante. Para la revisión de la Cuenta Pública 2025 se establecerán mesas de trabajo permanentes entre las instancias estatal y federal, acompañadas de intercambio de información y capacitación especializada para auditores.
El objetivo es claro: detectar riesgos con mayor oportunidad, corregir procesos antes de que escalen y elevar los estándares de legalidad en el manejo de los recursos públicos.
Con este acuerdo se busca avanzar en tres ejes fundamentales. El primero es poner orden: alinear metodologías y compartir información entre las instancias de fiscalización permitirá reducir la dispersión institucional y realizar revisiones más claras, consistentes y eficaces.
Segundo, fortalece la prevención: la fiscalización moderna no solo llega cuando el daño ya ocurrió; también permite corregir a tiempo. Y tercero, construye confianza ciudadana, porque la gente no pide discursos, pide certeza de que los recursos públicos se aplican donde deben aplicarse.
Desde la lógica de la administración estatal, la fiscalización forma parte de un sistema completo: prevenir, revisar, corregir y, cuando corresponde, fincar responsabilidades.
Bajo esa visión, la coordinación entre instancias estatales y federales no solo fortalece el seguimiento a observaciones; también mejora la trazabilidad del gasto y eleva la calidad del ejercicio público en dependencias, entidades y municipios.
Pero detrás de este modelo hay también una definición política. El gobernador Alejandro Armenta ha dejado claro que en su administración el recurso público no es botín ni espacio de discrecionalidad.
Cada servidor público tiene la responsabilidad de ejercerlo con legalidad, disciplina y sentido social. Cuando un gobierno fija esa línea desde el inicio, el mensaje hacia dentro de la administración es contundente: aquí se gobierna con orden y responsabilidad.
Puebla empieza así a construir algo más que un esquema administrativo de fiscalización. Está consolidando una cultura de gobierno basada en la transparencia, la prevención y la rendición de cuentas.
Y en ese escenario, el papel del gobernador Alejandro Armenta comienza a perfilarse más allá del ámbito estatal. Mientras otros gobiernos apenas intentan ordenar sus procesos internos, en Puebla se construye un modelo de administración con reglas claras sobre el manejo del dinero público.
Ese tipo de decisiones —que combinan orden administrativo con visión política— empiezan a delinear un liderazgo entre los gobernadores de Morena: uno que entiende que la verdadera fortaleza de un gobierno se mide en resultados, en transparencia y en la confianza que logra construir con la ciudadanía.
En Cortito
Nos cuentan que en el centro político del estado de México, aparecen dos alcaldes que han logrado colocarse de forma constante en la agenda nacional: la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda.
Ambos han encontrado en la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una aliada clave para empujar proyectos estratégicos que buscan cambiar el rumbo de una de las zonas más pobladas y complejas del país.
Adolfo Cerqueda RebolloNo es casual que los dos ediles sean convocados de manera recurrente a reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Más que encuentros protocolarios, se trata de mesas de trabajo donde se discuten decisiones que impactan directamente a millones de habitantes del cinturón urbano que rodea la capital del país.
La constante interlocución entre los gobiernos municipales y la Presidencia de la República envía un mensaje político claro: el oriente del Estado de México está en el radar prioritario del Gobierno Federal.
Y en esa apuesta, alcaldes como Azucena Cisneros y Adolfo Cerqueda se han convertido en actores clave de una nueva etapa de coordinación institucional que podría marcar el futuro inmediato de la región.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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En Cuernavaca, la prevención del delito se ha consolidado como el instrumento más eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos, gracias a la visión estratégica del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.
Por Raúl García Araujo
Su administración ha demostrado que la seguridad no se logra sólo con presencia policial reactiva, sino mediante una política integral que combina coordinación institucional, tecnología avanzada y participación ciudadana.
Durante diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno municipal implementó mil 267 acciones operativas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.
Desde operativos “Escuela Segura”, “Transporte Seguro” y “Mercado Seguro”, hasta el uso de drones, puntos de inspección y presencia máxima en zonas estratégicas, cada acción refuerza la estrategia de prevención que ha caracterizado a la administración de Urióstegui.
La planificación y la coordinación son claras señales de que la prevención es prioritaria en Cuernavaca.
Los resultados avalan este enfoque. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, los delitos denunciados disminuyeron 8% y los delitos de alto impacto 20% respecto al año anterior.
José Luis Urióstegui SalgadoEstas cifras confirman que la prevención del delito no es un concepto teórico, sino una estrategia que ya produce resultados tangibles para los ciudadanos.
La inversión en tecnología fortalece aún más esta política. Cuernavaca cuenta con cerca de mil 500 cámaras de videovigilancia, además de arcos carreteros con lectura de placas y la instalación de 250 dispositivos adicionales en vías públicas.
Este despliegue permite monitorear de manera constante y anticiparse a conductas delictivas, demostrando que la prevención no es solo presencia, sino inteligencia aplicada.
Otro componente clave de la estrategia es la transversalidad institucional.
Protección Civil, Instituto de la Mujer y Fiscalía Ambiental trabajan de manera coordinada con SEPRAC para fortalecer la prevención, mientras la implementación de la “Clave Violeta” mejora la atención a la violencia de género.
La seguridad en Cuernavaca no es solo protección física, sino también protección social, con políticas preventivas orientadas al cuidado integral de la ciudadanía.
El alcalde morelense ha vinculado la prevención del delito con desarrollo económico, destacando que la ciudad mantiene una de las tasas de empleo más altas del país según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La generación de oportunidades laborales, combinada con vigilancia tecnológica y presencia institucional, refuerza la prevención y fomenta estabilidad social.
La reciente firma de un convenio de coordinación metropolitana con el gobierno estatal también evidencia la visión de Urióstegui: la seguridad no conoce límites municipales.
La colaboración efectiva entre municipios y Estado asegura que la prevención sea integral, utilizando recursos de manera óptima y generando estrategias conjuntas que protejan a toda la población.
En síntesis, Cuernavaca avanza hacia una seguridad preventiva y efectiva bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado.
La capital de Morelos demuestra que, con planificación, coordinación y participación ciudadana, la prevención del delito es el instrumento más idóneo para garantizar tranquilidad, orden y bienestar, consolidando un modelo de seguridad que otros municipios del país podrían tomar como referencia.
En Cortito
Nos cuentan que el tema de la inseguridad tiene completamente rebasado al gobierno que encabeza Margarita González Saravia.
Este martes, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomaron las calles para expresar su indignación por la desaparición y muerte de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán, evidenciando un descontento social que va mucho más allá de la simple protesta.
Margarita González SaraviaLa reacción de la gobernadora fue tan inmediata como cuestionable: huyó de sus oficinas en Palacio de Gobierno al percatarse de la presencia de los estudiantes, sin prever que se encontraría con los medios de comunicación, quienes la confrontaron sobre los alarmantes índices de violencia que persisten en todo el estado.
Su respuesta fue mínima, reducida a un “ahora no”, que refleja más desconexión que capacidad de acción. Horas después, un video institucional fue necesario para fijar su postura, evidencia clara de que el gobierno está reaccionando bajo presión en lugar de anticiparse a los problemas.
El vacío gubernamental en Morelos es evidente. La sociedad morelense percibe que los integrantes del gabinete de seguridad no están a la altura de las circunstancias y que sus acciones –o la falta de ellas– han convertido al estado en un terreno fértil para la impunidad y la operación del crimen organizado.
Cada protesta, cada reporte de violencia, cada desaparición se suma a la percepción de un gobierno que llega tarde y actúa insuficientemente, dejando que los ciudadanos busquen por sí mismos seguridad y justicia.
La movilización estudiantil no es un hecho aislado: es un reflejo de la urgencia de cambios profundos en la administración estatal.
Morelos demanda liderazgo efectivo, estrategias claras y responsables, y funcionarios capaces de dar respuestas concretas a un problema que no puede resolverse con discursos ni con videos tardíos.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Jalisco y Teocaltiche: autoridad perdida
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Jalisco volvió a exhibirse. No como potencia económica. No como vitrina tecnológica. No como el estado moderno que presume su gobernador.
Por Raúl García Araujo
… Se exhibió como lo que fue en Teocaltiche: un territorio donde la autoridad estatal no apareció cuando más se necesitaba.
Un agente federal muerto y dos heridos dejó el ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la base de la Guardia Nacional. No fue un choque menor. Fue una ofensiva con armas de alto poder, rifles calibre .50 y convoyes blindados que llegaron desde Nochistlán, Zacatecas. Tres camionetas disparando. Tres cubriendo la retirada. Maniobra táctica. Coordinación criminal. Desafío frontal al Estado mexicano.
Mientras los federales resistían el asalto, la pregunta retumba: ¿dónde estaba la policía estatal? No hubo reacción visible. No hubo respaldo inmediato. No hubo liderazgo operativo.
La agresión ocurrió tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en Tapalpa al resistirse a su captura. El crimen organizado respondió con fuego. Y el gobierno estatal respondió con vacío.
El apoyo que evitó una tragedia mayor llegó desde la federación. Fuerzas de la Defensa repelieron el ataque. El agente caído fue uno de los casos reportados por Omar García Harfuch en la conferencia. El dato político es contundente: quien sostuvo la línea fue el Gobierno federal, no el gobierno de Jalisco.
Omar García HarfuchLa imagen de la base perforada por cientos de impactos —documentada por dominiopublico.com.mx— es más que evidencia balística. Es una radiografía política del gobierno de Pablo Lemus: rebasado por la realidad.
Porque mientras en Teocaltiche se combatía, en Guadalajara se presumían Cybertrucks y patrullas Tesla de casi dos millones de pesos cada una. Vehículos de exhibición presentados como símbolo de “inteligencia” y modernidad. Puro espectáculo. Cero estrategia territorial. Cero contención real del crimen.
En el operativo contra “El Mencho” no figuraron ni el secretario de Seguridad estatal ni el fiscal. La ausencia no fue protocolaria, fue política. El mensaje fue claro: el gabinete de seguridad federal no confió en sus contrapartes locales para una operación de alto nivel.
Y mientras tanto, convoyes criminales circulando con camionetas clonadas de la Defensa, uniformes tácticos y despliegue intimidante. La percepción ciudadana se vuelve inevitable: ¿ineficiencia o complicidad del gobierno estatal? ¿incapacidad o abandono de la administración de Pablo Lemus?
La federación terminó asumiendo el control operativo y narrativo. Los números lo reflejan: ocho de cada diez mexicanos se enteraron del operativo; la mayoría lo calificó con notas altas; y más de la mitad mejoró su opinión sobre la presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la acción federal. En contraste, el gobernador aparece reprobado.
Pablo Lemus Navarro | @SociedadN_En Jalisco, ya nadie le cree a Pablo Lemus cuando llama a la calma. La sociedad jalisciense continúa con sus actividades: va a la escuela, al trabajo, se reúne con amigos, ignora los exhortos oficiales, porque la autoridad perdió toda credibilidad.
Teocaltiche no fue sólo una emboscada. Fue un parteaguas. Exhibió descoordinación, fragilidad institucional y una ausencia de mando estatal en uno de los momentos más críticos. Mostró que mientras los federales enfrentaban al crimen organizado, el gobierno estatal quedó al margen de la operación que redefinió la seguridad en Jalisco.
La muerte de “El Mencho” no sólo sacudió al CJNG. También pulverizó la narrativa oficial de que en Jalisco las cosas están bajo control. Porque cuando el crimen ataca una base federal y el estado no encabeza la respuesta, la modernidad deja de importar.
Lo que quedó en Teocaltiche no fueron sólo casquillos y bardas perforadas. Quedó una pregunta política que aún no tiene respuesta: ¿quién gobierna realmente Jalisco?
En Cortito
El operativo que dio con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es un hito en la historia de la seguridad en México.
Un amplio reconocimiento corresponde al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien encabezó la operación con precisión y determinación, y cuyo trabajo quedará inscrito como ejemplo de liderazgo militar en momentos críticos.
La acción no habría sido posible sin el respaldo político y estratégico de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado estar a la altura de las circunstancias que enfrenta nuestro país, y de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo esfuerzo por pacificar a México sigue siendo evidente y fundamental.
El saldo fue doloroso: 25 oficiales federales muertos en combate, un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden al país frente al crimen organizado.
Sin embargo, la historia también deja clara la diferencia entre un Estado que actúa y una autoridad local ausente. Mientras la Federación demuestra coordinación y liderazgo, en varios estados, incluido Jalisco, la respuesta estatal continúa siendo insuficiente, poniendo de manifiesto la fragilidad institucional y la desconfianza ciudadana.
Este operativo debe servir como recordatorio: la seguridad en México depende de la acción decidida y coordinada del Estado, y de líderes que no solo prometen, sino que cumplen cuando más se necesita.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Puebla, Territorio Seguro
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Guatemala decreta estado de sitio por ola de violencia de pandillas y suspende clases
El presidente de Guatemala declara el estado de sitio y suspende clases por la ola de violencia de las pandillas.
SN Redacción | EFE
Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles.
La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.
El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.
El mandatario subrayó durante su mensaje a la nación que «no permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala».
De acuerdo al presidente, la estrategia «contra los criminales está teniendo éxito» y por ello «están desesperados».
En el mismo contexto, según Arévalo de Leon, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y «en represalia a los exitosos operativos» este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.
«Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas», añadió.
Suspenden clases en escuelas
El Gobierno de Guatemala suspendió este domingo el funcionamiento de escuelas públicas y colegios privados para el lunes ante la ola de violencia que vive el país centroamericano.
El Ministerio de Educación guatemalteco señaló en un comunicado de prensa que la medida pretende «priorizar» la seguridad de los estudiantes.
Integrantes de las Fuerzas Especiales y del Ejército participan en el operativo para tomar el control de la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’ este domingo, en Escuintla (Guatemala). EFE/ Alex CruzLa suspensión tiene lugar en medio de una ola de violencia que vive la nación que preside Bernardo Arévalo de León tras varios motines en cárceles y el asesinato de al menos ocho agentes de la Policía Nacional Civil, presuntamente a manos de pandilleros en ambos casos.
Es por ello que el ciclo escolar, que recién empezó la semana pasada, quedará suspendido durante el lunes.
Ola de violencia de las pandillas en Guatemala
El asesinato de los ocho policías tuvo lugar debido a múltiples ataques en diversos puntos de la capital del país, en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandillas, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.
El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra «dolido» por la muerte de los policías a manos de «terroristas».
De igual manera, expuso que se han detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados.
Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.
«El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes», aseguró Villeda.
Guatemala confirma que cárceles donde hubo motines se encuentran bajo control del Gobierno
l presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este domingo que las tres cárceles, ubicadas en el centro y sur del país, donde el sábado se presentaron motines en los que fueron tomados como rehenes varios guardias penitenciarios, y que hoy se encuentran bajo control del Gobierno.
El mandatario aseguró que los guardias en tres prisiones han sido rescatados ilesos, «sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar», aunque no detalló el número de personas rescatadas.
Los operativos, sin embargo, provocaron que pandilleros atacaran en represalia a las fuerzas de seguridad guatemaltecas este domingo, asesinado a ocho policías en varios puntos de la capital guatemalteca.
Debido a los motines y los asesinatos de las fuerzas de seguridad, Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, medida que le permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sin la necesidad de una orden judicial.
Arévalo precisó que la liberación tuvo lugar con operativos «ejemplares» por parte de las fuerzas de seguridad en las cárceles ‘Renovación 1’ (de máxima seguridad), Centro de Detención Preventivo Zona 18 y Fraijanes II, donde se registraron las revueltas el sábado.
Guardias del sistema penitenciario esperan tras su liberación en la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’ este domingo, en Escuintla (Guatemala). EFE/ Alex CruzEn el segundo semestre de 2025, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio trasladaran a sus líderes a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para su aislamiento, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.Categorías –sn–
Integrantes de las Fuerzas Especiales y del Ejército participan en el operativo para tomar el control de la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’ este domingo, en Escuintla (Guatemala). EFE/ Alex Cruz¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Reacomodos en Seguridad Nacional
El inicio del año marca el primer gran movimiento interno del Gobierno Federal en uno de sus frentes más sensibles: la seguridad pública.
Por Raúl García Araujo
El aparato del Estado comienza a reacomodarse para enfrentar una agenda cargada de presiones internas, compromisos internacionales y una exigencia social que no admite margen de error.
En este proceso, dos áreas concentran el rediseño estratégico: la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Esthela Damián.
Desde estas oficinas se están definiendo los equipos que operarán las decisiones clave del sexenio y que marcarán la dinámica de coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional.
En la FGR, los cambios han sido amplios y estructurales. La fiscal general anunció una serie de nombramientos que redibujan el mapa interno de la institución.
Raúl Armando Jiménez Vázquez asumió la Fiscalía Especializada de Control Competencial; David Boone de la Garza, la Fiscalía Especializada de Control Regional; y Mariana Díaz Figueroa, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
A estas designaciones se suman Laura Ángeles Gómez como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; Richard Urbina Vega en la Fiscalía de Asuntos Internos; Ulises Lara López en la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; y Julio César Bonilla Gutiérrez en la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.
Ernestina Godoy RamosEl nuevo esquema se completa con Claudia Luengas Escudero como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria en la Fiscalía Especial de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; Omar Cruz Juárez en la Unidad de Comunicación Social; Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal; y César Oliveros Aparicio en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.
Dentro de este reacomodo destacan de manera particular Ulises Lara y Omar Cruz, integrantes del círculo de mayor confianza de Ernestina Godoy.
Ambos acompañaron a la hoy fiscal durante su gestión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y estuvieron directamente involucrados en la atención y resolución de los casos de mayor impacto social y mediático, experiencia que ahora se traslada al ámbito federal.
En paralelo, en la Consejería Jurídica, Esthela Damián ha mantenido una agenda de trabajo permanente, incluso durante el periodo vacacional, sosteniendo reuniones con dependencias clave para integrar el equipo que la acompañará durante toda la administración.
Su oficina desempeña un papel central en la construcción del andamiaje legal que respalda las decisiones en materia de seguridad, justicia y cooperación internacional.
Esthela DamiánEste proceso se articula de forma directa con la agenda del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en un contexto donde la coordinación interinstitucional resulta indispensable, particularmente en el ámbito de la cooperación bilateral con los Estados Unidos.
El año apenas comienza, pero las decisiones ya están en marcha. Las estructuras están siendo definidas, los equipos ya operan y las líneas de mando empiezan a marcar territorio.
Lo que ocurra en los próximos meses no dependerá de anuncios públicos, sino de la capacidad real de estos nuevos cuadros para ejecutar, coordinar y responder en el momento más delicado de la agenda nacional.
Hoy, ante los actuales escenarios internacionales, la seguridad pública no solo es una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino uno de los principales pilares de entendimiento político con el Gobierno de los Estados Unidos.
En Cortito
Nos cuentan que 2026 comenzó en Yautepec con señales claras de trabajo y dirección política, marcando desde los primeros días del año un ritmo distinto en la administración municipal.
Nos dicen que el presidente municipal, Eder Alonso Gutiérrez, abrió el calendario con acciones concretas: infraestructura, servicios y atención directa a las necesidades de la gente, dejando claro que el gobierno local arrancó con resultados.
En ese contexto, la inauguración de la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Lucio Moreno de Cocoyoc, no es una obra menor ni aislada. Se trata de una de las vialidades más importantes de la zona, al conectar de manera directa con la escuela primaria, la Unidad Deportiva, un centro comercial y el panteón de la localidad, convirtiéndose en una arteria esencial para la vida cotidiana de cientos de familias.
La obra impacta de manera positiva a diversas comunidades de Cocoyoc que utilizan esta vía como acceso cotidiano a servicios educativos, deportivos y comerciales.
Es infraestructura que ordena, facilita y dignifica la vida comunitaria, y que además envía un mensaje político claro: en Yautepec, la gestión se mide por obras que se ven y se sienten.
Este tipo de proyectos también tiene un impacto directo en el turismo, uno de los principales motores económicos del municipio.
Yautepec es, cada fin de semana, uno de los destinos más visitados de la región gracias a sus atractivos, su oferta recreativa y su excelente clima.
Fortalecer la infraestructura urbana no solo beneficia a quienes viven aquí, sino también a quienes eligen este municipio para descansar, invertir y convivir, consolidando así una estrategia de desarrollo que combina bienestar social y crecimiento económico.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Opinión | Raúl García Araujo – Criminalizar para callar periodistas
Ejercer el periodismo en México nunca ha sido una labor segura, pero en 2025 el riesgo ha escalado a un nuevo y peligroso nivel: informar puede llevarte al banquillo de los acusados.
Por Raúl García Araujo
Mientras siete periodistas han sido asesinados en el país este año, según Artículo 19, hoy además enfrentamos una forma moderna de censura: la criminalización del ejercicio periodístico desde las propias instituciones del Estado, una práctica que no sólo intimida al comunicador, sino que erosiona directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
El caso del colega veracruzano Rafael “Lafita” León Segovia no es un episodio aislado, es una advertencia nacional.
Un juez de control, José Guadalupe Nucamendi Albores, desestimó finalmente el delito de terrorismo —una acusación tan grave como absurda—, pero aun así decidió vincular a proceso al periodista por otros cargos, imponiéndole prisión domiciliaria durante un año, no por haber cometido un crimen, sino por hacer su trabajo.
La audiencia, documentada por Artículo 19, exhibió a una Fiscalía de Justicia de Veracruz sin pruebas sólidas, con inconsistencias, argumentos endebles y una narrativa preocupante: si el periodista llega primero a cubrir una nota, entonces “sabía” del delito.
Bajo esa lógica perversa, informar se convierte en sospecha y la eficacia profesional pasa a ser “prueba criminal”.
La Fiscalía llegó al extremo de acusarlo de no denunciar hechos delictivos que supuestamente conocía por mensajes de texto, como si el periodista tuviera funciones de Ministerio Público y como si la recepción de información de una fuente fuera participación delictiva, una distorsión jurídica que pone en jaque a todo el gremio.
Peor aún, la acusación se sustenta principalmente en un “testigo protegido” cuyas declaraciones son contradictorias y plagadas de irregularidades.
Aun así, en apenas veinte días la Fiscalía integró y judicializó una carpeta por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, mientras solicita cuatro meses para la investigación complementaria, una diligencia que contrasta dolorosamente con la impunidad absoluta en los asesinatos de periodistas en Veracruz, una de las entidades más letales para la prensa.
El mensaje es claro y estremecedor: se persigue con rapidez al que informa, pero no al que mata al periodista.
La medida cautelar impuesta —arraigo domiciliario— resulta desproporcionada y devastadora, pues impide a Rafael salir a las calles, cubrir hechos, trabajar, vivir de su oficio y cumplir con el derecho social a la información; no sólo se castiga al periodista, se castiga a la sociedad.
Por eso este caso encendió todas las alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo con claridad: no existe precedente de acusaciones por terrorismo en México y exigió a la Fiscalía de Veracruz que explique si existe un delito real y probado, subrayando que ninguna investigación debe estar relacionada con la labor profesional del comunicador.
Entonces, ¿qué estamos viendo? Una peligrosa deriva: la utilización del aparato judicial como instrumento de intimidación política.
Ni en los peores tiempos del viejo régimen —cuando el poder lo controlaba todo— se normalizaba con tanta facilidad que un periodista fuera procesado por publicar información incómoda.
Hoy le tocó a Rafael, mañana puede tocarle a cualquier reportero, columnista o medio que se atreva a incomodar al poder, y por eso este no es un pleito personal ni un asunto local, es una causa del periodismo mexicano.
Cuando informar se vuelve delito, la democracia deja de existir. Hoy más que nunca el gremio está llamado a la solidaridad, a la defensa común de la libertad de expresión y a no permitir que el miedo sustituya al periodismo, porque si callan a uno, nos ponen en riesgo a todos.
En Cortito
Nos cuentan que el cierre de año en Ecatepec dejó una señal política clara: cuando hay coordinación real entre los tres niveles de gobierno, los resultados en seguridad sí llegan.
Desde el C5 de la policía estatal, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Mesa de Paz junto a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, y el mensaje fue contundente: Ecatepec es prioridad para el gobierno estatal y federal, y ese respaldo se traduce en acciones concretas, no en discursos.
Policia estatalDelfina Gómez no sólo reconoció el trabajo en equipo, sino que subrayó que los resultados positivos de las Mesas de Paz ya se reflejan en todo el Estado de México, destacando particularmente el caso de Ecatepec como ejemplo de cómo la coordinación institucional, el Mando Unificado y la voluntad política pueden revertir una de las problemáticas más complejas del país: la inseguridad en zonas metropolitanas densamente pobladas.
En esa misma línea, Azucena Cisneros agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la propia gobernadora, señalando que la implementación del Mando Unificado, junto con el despliegue de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y Fiscalía, ha sido clave para inhibir la comisión de delitos y recuperar la tranquilidad de las comunidades.
La seguridad, en Ecatepec, dejó de ser un tema de buenas intenciones para convertirse en una estrategia operativa con resultados medibles.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Esthela, confianza de Sheinbaum
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Esthela, confianza de Sheinbaum
En política, la confianza no se decreta: se construye con años de trabajo, resultados y lealtad probada.
Por Raúl García Araujo
El reciente nombramiento de Esthela Damián Peralta como Consejera Jurídica de la Presidencia de la República confirma que para la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo los cargos estratégicos no se asignan por coyuntura, sino por trayectoria, oficio y absoluta confianza política.
Esthela Damián no es una funcionaria improvisada ni una recién llegada al círculo presidencial. Es, por el contrario, una de las mujeres que ha acompañado a Sheinbaum desde su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde se consolidó como una operadora institucional de primer nivel.
Desde la Secretaría Particular de la entonces mandataria capitalina, Damián participó en la coordinación fina del gobierno local, en la toma de decisiones estratégicas y en el seguimiento puntual de la agenda política y administrativa de la ciudad más compleja del país.
Su paso por el DIF de la Ciudad de México no fue meramente administrativo: ahí construyó una política pública con enfoque de derechos, fortaleció instituciones y demostró una capacidad singular para traducir los principios progresistas en acciones concretas.
Más recientemente, como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la SSPC, encabezó una de las tareas más delicadas del Estado mexicano: atender las causas profundas de la violencia, integrando lo jurídico, lo social y lo comunitario.
Pero hay un elemento que explica mejor que ningún otro su llegada a la Consejería Jurídica: su oficio político.
Dentro de Morena y en el ámbito legislativo, Esthela Damián es reconocida como una de las negociadoras más eficaces, una operadora capaz de construir acuerdos complejos, procesar conflictos y sostener la estabilidad política aun en escenarios de alta presión.
No es casual que, por su perfil, su experiencia y su peso político, durante meses fuera considerada la virtual candidata de Morena al gobierno de Guerrero en 2027.
Sin embargo, el mensaje de la mandataria es claro: Sheinbaum la necesita a su lado. En el corazón del gobierno federal. En una posición clave para la consolidación del proyecto de transformación.
La Consejería Jurídica no es un espacio técnico; es un puesto profundamente político, donde se definen estrategias, se blindan decisiones y se construye gobernabilidad.
Colocar ahí a Esthela Damián es apostar por una mujer de absoluta lealtad, probada capacidad y profunda comprensión del Estado.
Más que un relevo administrativo tras la salida de Ernestina Godoy, este nombramiento refleja la arquitectura política del nuevo gobierno: un equipo compacto, experimentado, cohesionado y con liderazgo femenino en las áreas más sensibles del poder.
En esa lógica, Esthela Damián no sólo asume un cargo; se consolida como una de las figuras estratégicas del sexenio de Claudia Sheinbaum.
En Cortito
Nos cuentan que en apenas un año de gobierno, Azucena Cisneros Coss ha pasado de ser una apuesta municipal a convertirse en uno de los nuevos liderazgos más sólidos y visibles de Morena en el Estado de México.
Esto cobra especial relevancia en un municipio históricamente golpeado por el abandono institucional, donde Cisneros ha logrado algo políticamente valioso: devolverle a la ciudadanía la sensación de que el gobierno vuelve a estar de su lado.
Esa percepción no es casual. La alcaldesa entendió que gobernar Ecatepec implica atacar primero las carencias más profundas y convertir compromisos de campaña en políticas públicas tangibles.
En ese mismo sentido, se suma una estrategia de seguridad que ha reducido hasta en 50 por ciento los delitos de alto impacto, combinando proximidad social, patrullaje reforzado y el respaldo permanente de la Marina.
Con estos resultados sobre la mesa, más allá del ámbito municipal, su figura comienza a proyectarse como uno de los cuadros emergentes más fuertes de Morena en el Estado de México, y eso que apenas terminamos 2025.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Morelos, azotado por el crimen
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morelos, azotado por el crimen
Apenas ha terminado la primera quincena de diciembre y Morelos ya ofrece una imagen devastadora: un estado rebasado por el crimen organizado y un gobierno que no logra —o no quiere— asumir la gravedad de la crisis.
Por Raúl García Araujo
No es un discurso alarmista ni una exageración; son hechos encadenados que revelan una realidad que desmiente cualquier narrativa oficial de control o mejora en la seguridad.
Cuautla se ha convertido en el símbolo más claro del fracaso institucional. Comerciantes obligados a pagar doble derecho de piso porque dos grupos criminales operan al mismo tiempo, extorsionando con absoluta impunidad.
La denuncia no proviene de la oposición ni de actores políticos interesados, sino del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien ha advertido que las estadísticas oficiales no reflejan lo que realmente vive la población. Cuando la Iglesia levanta la voz en estos términos, es porque la crisis ya desbordó todos los límites.
Pero Cuautla no es un caso aislado. La violencia se extiende y escala. El ataque a balazos contra la vivienda del presidente municipal de Yecapixtla; las agresiones armadas contra las casas de una regidora y una síndica en el municipio indígena de Xoxocotla; y el hallazgo de cinco cuerpos calcinados —entre ellos una menor de edad— en la carretera Axochiapan–Amayuca, dibujan un mapa de terror que atraviesa regiones, cargos públicos y comunidades enteras. En Morelos, hoy nadie está a salvo.
Estos hechos no solo evidencian inseguridad: exhiben pérdida de control del Estado. Cuando los criminales atacan viviendas de funcionarios públicos y extorsionan abiertamente a comerciantes, el mensaje es inequívoco: el poder real no está en el gobierno, sino en las organizaciones criminales.
Y lo más grave es que no hay una respuesta clara, contundente ni sostenida que indique que el gobierno estatal entiende la magnitud del problema.
Frente a este escenario, resulta preocupante la postura de la gobernadora Margarita González Saravia. Mientras Morelos arde, ella insiste en que su administración “no simula”, que es transparente y que los comentarios ciudadanos en redes sociales son mayoritariamente positivos.
Pero la seguridad pública no se mide con percepciones digitales ni con discursos autocomplacientes. Se mide con resultados, y esos resultados hoy simplemente no existen.
Margarita González SaraviaLo verdaderamente alarmante es la normalización de la incapacidad. No hay una estrategia de seguridad visible, no hay golpes estructurales al crimen organizado, no hay coordinación efectiva que se traduzca en paz para la población.
La violencia avanza todos los días, mientras el gobierno parece más concentrado en defender su imagen que en recuperar el control del territorio.
Gobernar no es repetir que no se simula; es demostrarlo con hechos. Y los hechos, hoy por hoy, son extorsión generalizada, violencia política, homicidios múltiples y miedo instalado en la vida cotidiana de los morelenses.
La omisión también es una forma de responsabilidad, y cada día sin acciones firmes profundiza una crisis que ya se salió de control.
Morelos no necesita discursos optimistas ni autoelogios. Necesita liderazgo, decisiones incómodas y una estrategia real que enfrente al crimen organizado sin excusas. Porque mientras el gobierno se felicita a sí mismo, el crimen ya gobierna el estado.
A estas alturas, la pregunta ya no es si la estrategia de seguridad funciona, sino si realmente existe. Porque cuando el crimen cobra doble, dispara contra alcaldes, intimida a regidoras y calcina cuerpos en las carreteras, cualquier discurso oficial se vuelve irrelevante.
Negar la realidad no la corrige; solo la agrava. Y en Morelos, la distancia entre el poder y la calle es hoy tan amplia que raya en la irresponsabilidad política.
La historia es implacable con los gobiernos que prefieren el autoengaño a la acción. Si la gobernadora Margarita González Saravia insiste en administrar percepciones mientras el estado se desangra, quedará claro que no fue rebasada por la violencia: decidió convivir con ella. Y cuando un gobierno se acostumbra a la barbarie, deja de gobernar.
En Cortito
Nos cuentan que Cuernavaca avanza por una ruta distinta a la de muchos municipios que enfrentan crisis financieras, endeudamiento y parálisis administrativa.
Durante el primer año de gestión de José Luis Urióstegui Salgado en su segundo periodo como alcalde, la capital de Morelos ha consolidado un modelo de gobierno basado en disciplina financiera, planeación responsable y una clara prioridad: que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios para la gente.
Los números respaldan el discurso. En 2022, al inicio de la primera administración de Urióstegui Salgado, el Ayuntamiento de Cuernavaca registraba ingresos globales por mil 553 millones de pesos. Hoy, la recaudación municipal asciende a dos mil 494 millones de pesos, un incremento cercano al 61 por ciento.
Este crecimiento le ha otorgado al municipio mayor autonomía financiera y capacidad de respuesta, reduciendo la dependencia de recursos federales y fortaleciendo la toma de decisiones locales.
Gracias a esta disciplina financiera, Cuernavaca ha podido ampliar y fortalecer servicios prioritarios como el bacheo, la modernización del alumbrado público, la ejecución de obras en colonias y el reforzamiento de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
Hoy, el gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado deja claro que la austeridad bien aplicada y la eficiencia en el gasto no significan menos obras, sino más y mejores acciones para la ciudadanía.
En Cuernavaca, las finanzas sanas se han convertido en la base de un gobierno que responde y construye futuro.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Urióstegui consolida liderazgo en Morelos
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Urióstegui consolida liderazgo en Morelos
En política, el poder no se declara: se construye. Y hoy, en Morelos, ese poder se está edificando desde Cuernavaca. José Luis Urióstegui Salgado no gobierna la capital por inercia ni por discurso…
Por Raúl García Araujo
… la gobierna con resultados. En un contexto estatal fragmentado y con liderazgos debilitados, ese dato no es menor: lo coloca en una posición política claramente dominante.
Urióstegui entendió algo que muchos subestiman: administrar bien es ejercer poder. Mientras otros apuestan a la confrontación permanente o a la narrativa sin sustento, su gobierno ha apostado a la eficacia.
Seguridad con estrategia, finanzas con disciplina y gobernanza con participación ciudadana no son conceptos aislados, sino una misma lógica de control institucional. Esa coherencia explica por qué hoy es uno de los alcaldes con mayor peso político y mediático en Morelos, aun gobernando desde la oposición.
En materia de seguridad, Cuernavaca dejó atrás la simulación. Profesionalización policial, capacitación constante, uso de tecnología, coordinación interinstitucional y ciudadanía organizada han dejado de ser promesas para convertirse en políticas operando. Este enfoque ha devuelto algo clave al gobierno municipal: autoridad legítima, un activo político que no se improvisa y que se construye en el territorio.
Ese orden institucional se reflejó también en el terreno financiero. Recibir una ciudad quebrada y reducir de manera histórica una deuda millonaria, liquidar pasivos bancarios y enfrentar adeudos ocultos sin frenar la obra pública constituye una jugada política de alto nivel. En Morelos, pocos pueden presumirlo. La estabilidad financiera no solo ordena las cuentas públicas; ordena el tablero político y amplía el margen de maniobra.
José Luis Urióstegui SalgadoCon estos antecedentes, este miércoles 10 de diciembre, Urióstegui rendirá su primer informe sobre el estado que guarda la administración pública de Cuernavaca. No será un acto protocolario, sino un corte de caja político. En este caso, el informe no se sostiene en promesas, sino en resultados verificables, y eso cambia por completo la lectura.
Pero el poder político moderno no se limita a la seguridad ni a las finanzas; también se ejerce desde la proyección internacional y la diplomacia cultural. La reciente visita del embajador de Japón en México, Kozo Honsei, al Museo de la ciudad de Cuernavaca no fue un gesto social ni una fotografía casual. Fue una señal clara de que la capital morelense vuelve a colocarse en el radar internacional como una ciudad con identidad, estabilidad institucional y capacidad de interlocución global.
Cuernavaca hoy no solo se gobierna: se proyecta. Recupera presencia, reconstruye confianza y vuelve a ser referente. Eso explica por qué el liderazgo de Urióstegui ya no es únicamente municipal. En política, quien controla la capital controla la conversación, y hoy esa conversación se articula desde Cuernavaca.
Todo esto confirma un hecho central, José Luis Urióstegui Salgado se ha consolidado como uno de los liderazgos políticos más sólidos de Morelos, no por confrontar, sino por gobernar. Su liderazgo nace y crece en la oposición, pero con una ventaja decisiva frente a sus pares: tiene resultados que lo respaldan.
En tiempos donde la política suele confundirse con ruido, Cuernavaca ofrece una lección incómoda para muchos: gobernar bien sigue siendo la forma más efectiva de construir poder. Y cuando el poder se construye con resultados, deja de ser coyuntural para convertirse en proyecto. Por eso, hoy, el nombre de José Luis Urióstegui Salgado ya no solo pesa en la capital; empieza a marcar el ritmo político de todo Morelos.
En Cortito
Nos cuentan que en el estado de México comienza a configurarse un nuevo liderazgo político desde uno de los territorios más complejos y estratégicos del país: Ecatepec.
Gobernar este municipio no es un reto menor; es una prueba de capacidad, carácter y visión. En ese contexto, el Primer Informe de Gobierno de Azucena Cisneros Coss no fue solo un acto de rendición de cuentas, sino una señal clara de que algo distinto se está construyendo en una de las capitales sociales y electorales más importantes de México.
Mil obras realizadas con una inversión de 721 millones de pesos en apenas un año no son un dato administrativo: son una definición política. Cisneros Coss entendió que en Ecatepec gobernar es intervenir el territorio con hechos visibles.
La reducción de hasta 50 por ciento en delitos de alto impacto, la pavimentación de más de 444 kilómetros de vialidades y, por primera vez en la historia del municipio, la inversión en infraestructura hidráulica para llevar agua por red a más de 300 mil personas, marcan un punto de quiebre frente a décadas de abandono.
El respaldo político que arropó el informe confirma que Ecatepec ha recuperado centralidad. La presencia de liderazgos estatales y federales, así como de alcaldes de municipios clave del Valle de México, revela que lo que ocurre en Ecatepec ya no es un asunto local, sino parte de la reconfiguración política del estado de México.
Azucena CisnerosEl acompañamiento de la gobernadora Delfina Gómez y de la presidente Claudia Sheinbaum refuerza esa lectura: Ecatepec volvió a ser prioridad.
Más allá de las obras, el mensaje de fondo es político y social: el poder se construye con el pueblo. Unidad, organización comunitaria y dignidad como ejes de gobierno no son consignas, son método.
En un municipio que fue tratado durante años como fábrica de votos y de pobreza, hoy se perfila un nuevo liderazgo de la mano de Azucena Cisneros Coss que gobierna desde el territorio, con resultados y con respaldo social.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: «El Geras» actúa impune en Zacatecas
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | «El Geras» actúa impune en Zacatecas
Mientras el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, defendía —con números y con ironías— que los siete cadáveres abandonados en la frontera con Zacatecas…
Por Raúl García Araujo
… no pertenecían a su estado, lo que quedó exhibido no fue una disputa limítrofe, sino la profunda incapacidad del gobierno de Zacatecas para contener la violencia.
Gallardo acusó a las corporaciones zacatecanas de intentar “mover” cadáveres para no sumarlos a su estadística. Y aunque sus declaraciones pueden parecer provocadoras, apuntan a una verdad incómoda: en Zacatecas, la violencia no sólo no cede, sino que se ha vuelto imposible de maquillar.
El gobernador David Monreal lleva años sin poder presentar un solo resultado de alto impacto. Todavía más grave: continúa sin lograr la captura de El Geras, el principal generador de violencia en Apulco y Nochistlán, el hombre que mantiene aterrada a la región y cuya presencia ha fracturado la seguridad en la frontera con otros estados. La omisión dejó de ser una preocupación pública para convertirse en el símbolo más claro de la parálisis estatal.
Mientras tanto, Gallardo presume que San Luis Potosí cerró noviembre con nueve homicidios —una cifra históricamente baja para la entidad— y cuestiona públicamente la lógica de que cuerpos identificados como zacatecanos hayan sido asesinados fuera del territorio donde nacieron, vivieron y fueron reportados. Del otro lado, Zacatecas no ofrece claridad, ni datos, ni avances, ni responsables. Sólo silencio.
Ricardo Gallardo | @SociedadN_Pero quizá el golpe más duro para el gobierno estatal llegó cuando quedó claro que el único operativo de alto impacto en Zacatecas en lo que va de 2025 no vino del gobernador Monreal, sino del gobierno federal. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó desde la Mesa Nacional de Seguridad el desmantelamiento de una red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El líder de esa estructura no era un delincuente menor: se trataba del exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel “N”, prófugo durante meses y pieza clave del CJNG en la región. Un político que usó el poder público para operar a favor de la organización criminal y que terminó detenido sólo cuando intervino la Marina, no cuando actuó la autoridad estatal. Hoy la FGR lo procesa por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y otros delitos federales.
La captura de Mauro “N” no sólo exhibe la profundidad con la que el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas municipales; también evidencia la ausencia total del gobierno de Zacatecas. Porque el golpe más importante, el único que realmente movió las estructuras criminales del centro del país, no lo dio David Monreal… lo dio Harfuch.
Y mientras El Geras continúa libre y la violencia sigue desbordada en Nochistlán y Apulco, el gobernador insiste en que todo va “bien”, que la coordinación “es buena” y que su relación política con Gallardo “es muy buena”. Para intentar corregir el desorden, su secretario de gobierno tuvo que pedir el lunes que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, como si eso bastara para resolver una crisis que ha dejado crecer por años.
En medio de la polémica, los dimes y diretes, los números, los territorios controlados por el CJNG y las detenciones que tuvo que ejecutar la Federación cuentan otra historia: una donde Zacatecas está solo, rebasado y atrapado en una crisis que ya no sabe —o no quiere— enfrentar.
En Cortito
Nos cuentan que durante el informe del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dejó claro que el Gobierno del Estado de México mantendrá una relación estrecha y de cooperación con el Ayuntamiento y con el gobierno federal, retomando el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la deuda histórica con la zona oriente.
Cerqueda agradeció este respaldo y destacó que gracias a esta coordinación se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente, con el que por primera vez municipio, estado y Federación coinciden en prioridades y recursos para atender el rezago de la región.
El alcalde también abordó uno de los problemas más urgentes: las inundaciones. Adelantó que los colectores Kennedy y Sor Juana serán intervenidos en 2026 para evitar afectaciones como las registradas este año, obras que serán posibles gracias al acompañamiento del Gobierno del Estado de México.
Delfina GómezLa gobernadora, además, respondió con disposición a la solicitud de Cerqueda para incrementar el presupuesto destinado a la rehabilitación del Parque del Pueblo, un espacio emblemático que cumple 50 años y que requiere una renovación integral.
La sintonía política entre Delfina Gómez y Adolfo Cerqueda envía un mensaje claro: cuando existe voluntad, respeto institucional y objetivos compartidos, la transformación deja de ser discurso para convertirse en hechos concretos.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
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Raúl García Araujo¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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