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Soya transgénica reaparece en la Península de Yucatán
Más de una década después del fallo de la SCJN sobre soya transgénica, apicultores mayas denuncian nuevas siembras en Campeche y la Península de Yucatán, mientras persisten disputas por miel, biodiversidad, consulta indígena y vigilancia gubernamental.
Por Óscar Pech | Corresponsal
Más de 10 años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las comunidades indígenas afectadas por la siembra de soya genéticamente modificada debían ser consultadas, el conflicto vuelve a la Península de Yucatán por reportes de nuevas extensiones de cultivo y por la falta de claridad sobre su origen y situación legal.
El antecedente jurídico se remonta a 2012, cuando el entonces Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó a Monsanto Comercial un permiso para liberar comercialmente soya genéticamente modificada resistente al glifosato. El permiso contemplaba hasta 253 mil 500 hectáreas distribuidas en cinco polígonos de distintas regiones del país, incluida la Península de Yucatán.
La controversia llegó a la SCJN después de que apicultores y comunidades mayas de Campeche y Yucatán impugnaron la autorización. En noviembre de 2015, la Segunda Sala determinó que las comunidades indígenas tenían derecho a una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe cuando un proyecto pudiera producir un impacto significativo en su territorio.
El origen de la disputa
La oposición a la soya GM no surgió únicamente en los tribunales.
En la Península de Yucatán confluyeron organizaciones de apicultores, comunidades mayas, productores de miel, académicos, investigadores y organizaciones civiles que advirtieron sobre posibles efectos de los cultivos sobre la apicultura y el territorio.
Uno de los puntos centrales fue la relación entre la producción de miel y los cultivos de soya.
Las abejas pueden desplazarse entre diferentes áreas de floración y, por ello, los productores de miel plantearon que la coexistencia de cultivos genéticamente modificados con zonas apícolas podía afectar la comercialización de miel destinada a mercados que exigían controles sobre la presencia de material transgénico.
El conflicto adquirió una dimensión económica porque la apicultura constituye una actividad relevante para numerosas comunidades rurales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Qué resolvió realmente la Suprema Corte
La resolución de 2015 suele resumirse como una prohibición de la soya transgénica, pero jurídicamente el alcance fue más específico.
La Segunda Sala de la SCJN determinó que las autoridades habían vulnerado el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de autorizar la liberación comercial del organismo genéticamente modificado.
En el caso del amparo en revisión 499/2015, la Corte dejó sin efectos jurídicos el permiso respecto de los territorios de las comunidades indígenas involucradas hasta que se realizara la consulta correspondiente.
El criterio fue acompañado por otros asuntos relacionados con Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La Corte estableció que una consulta de esta naturaleza debe ser previa, culturalmente adecuada, informada y realizada de buena fe con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
Ese criterio convirtió el caso de la soya en uno de los precedentes relevantes sobre derechos de los pueblos indígenas y proyectos con posibles impactos ambientales.
El permiso terminó siendo revocado
La historia no terminó con la sentencia de 2015.
En noviembre de 2017, SENASICA informó que había revocado el permiso para la liberación comercial de la soya GM resistente al glifosato, identificada como evento MON-0432-6.
La dependencia explicó que realizó muestreos y análisis de laboratorio y detectó que la semilla había sido sembrada durante el ciclo otoño-invierno de 2016 en algunos predios ubicados en zonas donde la SCJN había ordenado la suspensión del permiso.
SENASICA también informó que Monsanto Comercial impugnó la revocación.
El litigio se prolongó durante varios años. En agosto de 2021, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por la empresa, por lo que la autoridad reportó que la revocación había quedado firme.
Por ello, afirmar que el permiso de 2012 simplemente continúa vigente no corresponde al historial jurídico documentado por las autoridades.
Entonces, ¿de dónde salen las nuevas siembras?
Aquí aparece el principal punto que requiere explicación.
Diversos reportes de organizaciones de apicultores y documentos legislativos han señalado que la siembra de soya transgénica no desapareció completamente de Campeche.
Un documento de la Cámara de Diputados registra el señalamiento de productores y organizaciones que reportaron alrededor de 30 mil hectáreas de soya transgénica en Campeche, distribuidas en ocho de los 11 municipios del estado.
El dato no equivale a un padrón oficial nacional de cultivos transgénicos y requiere ser actualizado y corroborado mediante inspecciones de campo, trazabilidad de semillas y documentación de las autoridades competentes.
Esa diferencia es fundamental: una denuncia de presencia de cultivos no demuestra por sí misma que exista actualmente un programa comercial autorizado de soya GM.
Lo que sí demuestra es que el conflicto continúa siendo denunciado por organizaciones productoras y que existe una disputa pendiente sobre vigilancia, identificación de semillas y cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales.
Campeche, el centro de la controversia
Dentro de la Península, Campeche concentra buena parte de la historia jurídica y productiva del conflicto.
El municipio de Hopelchén se convirtió en uno de los principales escenarios de la disputa. Allí comunidades mayas y organizaciones de apicultores cuestionaron la expansión de la agricultura industrial y su convivencia con la producción de miel.
El territorio también se convirtió en escenario de controversias por el uso de agroquímicos, cambio de uso de suelo y expansión de la frontera agrícola.
Para los productores de miel, el problema no se limita a la semilla.
La discusión abarca el modelo de producción agrícola, la conservación de la selva, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, los derechos de las comunidades y la permanencia de la apicultura como actividad económica y cultural. –sn–
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Comunidades Tének y Náhuatl cuestionan el proceso de consulta impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la reforma la ley indígena.
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San Lorenzo Cacaotepec dice no al Corredor Vial Zapoteca en consulta indígena; Salomón Jara desconoce el resultado y dice que no fue consulta; aquí te contamos por qué sí fue consulta
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📰 Termina proceso de consulta indígena por reposición de Puente Choroy-Traiguén en San Juan de la Costa
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San Lorenzo Cacaotepec, #Oaxaca, le recordó al gobernador #SalomónJara, quién manda realmente. El Corredor Zapoteca se topó con pared, el pueblo le respondió con un NO tajante
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Pueblo de Xoco acusa omisiones ante obras inmobiliarias
El Pueblo de Xoco acusó al gobierno de Cdmx de favorecer los intereses inmobiliarios y de incumplir suspensiones judiciales que ordenan detener obras de tres desarrollos ubicados en las inmediaciones de su territorio.
Por Fausto Hernández | Reportero
El Pueblo de Xoco acusó al gobierno de la ciudad de México (Cdmx) de favorecer los intereses inmobiliarios y de incumplir suspensiones judiciales que ordenan detener obras de tres desarrollos ubicados en las inmediaciones de su territorio.
La comunidad señaló a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), encabezada por Enrique Irazoque Palazuelos, por presuntamente no ejecutar las medidas cautelares concedidas en los juicios de amparo promovidos contra Archandel Del Valle, Be Grand Del Valle y Square Coyoacán. El gobierno capitalino identifica a Irazoque como titular de Metrópolis.
De acuerdo con el Pueblo de Xoco, las suspensiones provisionales continúan vigentes y ordenan paralizar trabajos de cimentación y construcción relacionados con esos proyectos. La comunidad sostiene que las obras representan un impacto urbano por su escala, número de viviendas y capacidad de estacionamiento.
Xoco cuestiona tres desarrollos
Según la información proporcionada por representantes del pueblo, los tres proyectos acumulan 316 mil 778.57 metros cuadrados de construcción, además de mil 619 departamentos y 3 mil 719 cajones de estacionamiento.
La comunidad sostiene que el volumen de vivienda y estacionamientos tendrá efectos sobre servicios e infraestructura de la zona, particularmente en materia de agua, movilidad y presión sobre el impuesto predial.
Uno de los proyectos señalados es Be Grand Del Valle, que el propio desarrollador describe como un conjunto de usos múltiples localizado en avenida Universidad 1005, en la colonia Del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez. Su información comercial refiere tres torres de 26 niveles, un área comercial y nueve sótanos.
Los datos sobre superficie total, número de departamentos y cajones de estacionamiento de los tres proyectos fueron atribuidos por el Pueblo de Xoco a los expedientes de los amparos; su alcance y vigencia deberán determinarse conforme a las resoluciones judiciales correspondientes.
Comunidad acusa actuación oficial
El Pueblo de Xoco también cuestionó la participación de distintas instancias del gobierno capitalino en los litigios derivados de los amparos.
De acuerdo con la comunidad, Metrópolis, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México han presentado informes previos y justificados en los que solicitaron al Poder Judicial negar las suspensiones reclamadas por Xoco.
La acusación central de los habitantes es que las instituciones públicas estarían defendiendo la continuidad de los proyectos inmobiliarios en lugar de garantizar los derechos que corresponden al pueblo originario.
La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana aparece oficialmente entre las dependencias del gobierno capitalino y tiene a Irazoque Palazuelos como titular. –sn–
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Ley indígena abre debate en la UNAM por protección del patrimonio cultural
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos contempla 453 artículos y 11 transitorios. Especialistas de la UNAM analizan sus alcances sobre patrimonio cultural, consulta y autonomía.
Por Martín García | Reportero
La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abre un debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural, la autonomía y el derecho a la consulta de las comunidades originarias y afromexicanas, temas analizados por especialistas del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El proyecto, que busca reglamentar la reforma al artículo 2º constitucional publicada en septiembre de 2024, contiene 453 artículos y 11 transitorios y plantea reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La discusión adquiere relevancia mientras avanza el proceso nacional de consulta previa, libre e informada. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) estableció que las asambleas regionales se realizarán del 1 de julio al 13 de septiembre de 2026, con mesas de trabajo posteriores previstas en septiembre.
Patrimonio cultural, uno de los puntos bajo análisis
Durante el foro académico “Patrimonio indígena: lo que la consulta no pregunta”, organizado por el Instituto de Geografía, especialistas y representantes comunitarios examinaron las implicaciones del proyecto legislativo en materia de patrimonio cultural.
María Teresa Sánchez Salazar, directora del Instituto de Geografía, señaló que la propuesta representa una de las reformas legislativas de mayor alcance de los últimos años en materia de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
El análisis universitario puso especial atención en la forma en que el proyecto plantea reconocer, proteger y regular el patrimonio cultural de las comunidades, así como en la relación entre sus decisiones colectivas y las facultades de las instituciones del Estado.
Víctor Francisco Martínez González Robles, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, señaló que el proyecto constituye un cuerpo legislativo de gran amplitud para el México contemporáneo, con disposiciones que abarcan autonomía, consulta, patrimonio, territorio y otros derechos colectivos.
La propuesta fue elaborada con participación de instituciones federales, especialistas y representantes de los pueblos y comunidades. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas la aprobó en junio de 2026 y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria y el protocolo para su consulta nacional.
Consulta indígena definirá cambios al proyecto
El proceso involucra a 69 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La documentación oficial establece que la consulta busca recibir opiniones, propuestas y planteamientos para modificar, en su caso, el proyecto antes de su eventual presentación ante el Congreso de la Unión.
El procedimiento contempla etapas de información, deliberación, presentación de propuestas y seguimiento. También establece principios como libre determinación, buena fe, participación plena y efectiva, perspectiva intercultural, transparencia e igualdad sustantiva.
En este contexto, Martínez González Robles planteó que uno de los aspectos que requiere mayor revisión es la relación entre el reconocimiento del patrimonio por parte de las comunidades y las atribuciones que conservaría el Estado para catalogarlo y registrarlo.
El investigador también señaló que la propuesta mantiene vigente el marco federal en materia de monumentos y las atribuciones técnicas de las autoridades competentes, por lo que consideró necesario analizar cómo funcionarán en la práctica los mecanismos de consentimiento, protección y distribución de beneficios.
Turismo y patrimonio indígena
Erik David García González, investigador posdoctoral del Instituto de Geografía, advirtió durante el foro sobre los riesgos que enfrenta el patrimonio cultural ante fenómenos como el turismo masivo.
El especialista señaló que las ceremonias sagradas y festividades comunitarias pueden transformarse en productos comerciales cuando no existen mecanismos suficientes para proteger su carácter cultural y determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser difundidas o aprovechadas.
La discusión universitaria ocurre mientras el país desarrolla por primera vez un proceso nacional de consulta sobre una propuesta de legislación general específicamente orientada a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa tiene como antecedente directo la reforma constitucional de septiembre de 2024 al artículo 2º, que reconoce a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y garantiza, entre otros aspectos, su libre determinación y autonomía. –sn–
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Comunidades indígenas denuncian exclusión por Polos del Bienestar
Comunidades indígenas denuncian que el INPI desconoce su presencia en territorios donde se proyectan Polos del Bienestar y cuestionan decisiones judiciales relacionadas con sus derechos colectivos, consulta indígena y defensa del territorio.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Comunidades indígenas y afromexicanas denunciaron una presunta estrategia de exclusión institucional en territorios donde se proyectan Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, al señalar que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) habría desconocido la existencia de pueblos y comunidades asentados en esas zonas.
De acuerdo con el comunicado recibido por Sociedad Noticias, la denuncia se centra en comunidades que, según sus representantes, mantienen formas de organización comunitaria y actividades agrícolas y campesinas, aunque no necesariamente conserven una lengua originaria. Los denunciantes sostienen que esa circunstancia no debería utilizarse para negar su carácter comunitario ni sus derechos colectivos.
El planteamiento adquiere relevancia porque los Polos del Bienestar forman parte de una estrategia federal para impulsar inversiones, infraestructura y actividades productivas en distintas regiones del país. En el caso del Istmo de Tehuantepec, el proyecto contempla desde años atrás procesos de consulta con pueblos indígenas sobre la instalación de estos espacios.
La disputa por el reconocimiento comunitario
La organización autora del comunicado sostiene que el reconocimiento de un pueblo o comunidad indígena no puede depender exclusivamente de la conservación de una lengua originaria. En su denuncia, refiere que existen comunidades que mantienen territorio, organización social, prácticas agrícolas y estructuras comunitarias propias.
La acusación apunta a que el desconocimiento institucional tendría consecuencias sobre la posibilidad de que esas comunidades participen en procesos de consulta relacionados con proyectos que pueden modificar el uso y aprovechamiento de sus territorios.
El antecedente oficial muestra que el propio INPI ha participado en procesos de consulta vinculados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar. En 2021, el instituto informó sobre asambleas en Oaxaca destinadas a proporcionar información a comunidades indígenas y recoger sus decisiones respecto de proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En Ciudad Ixtepec, por ejemplo, el INPI informó que una asamblea comunitaria autorizó por unanimidad la implementación de un Polo de Desarrollo, después de un proceso de información y deliberación. En aquella ocasión, representantes comunitarios también plantearon condiciones relacionadas con biodiversidad, recursos naturales, agua, empleos y participación en los beneficios económicos.
Comunidades cuestionan actuación del Poder Judicial
El comunicado también cuestiona resoluciones judiciales relacionadas con los proyectos y sostiene que el Poder Judicial habría actuado por consigna o bajo presión del Poder Ejecutivo.
Esta afirmación corresponde a la posición expresada por la organización y no constituye, por sí misma, una conclusión judicialmente acreditada. Para establecer responsabilidades o una eventual actuación irregular sería necesario conocer los expedientes, resoluciones y argumentos de las partes involucradas.
La controversia se inserta en un escenario más amplio de conflictos territoriales relacionados con los Polos del Bienestar. En julio de 2025, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció en el caso de Puente Madera, Oaxaca, una presunta persecución contra defensores comunitarios que se han opuesto al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los Polos de Desarrollo para el Bienestar.
Consulta indígena, el punto central
La discusión sobre estos proyectos no se limita a su impacto económico. También involucra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en decisiones que puedan afectar sus territorios y formas de vida.
El propio diseño institucional del Corredor Interoceánico contempla mecanismos relacionados con la planeación, adquisición o concesión de inmuebles para establecer Polos de Desarrollo para el Bienestar, además de procedimientos de evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión.
Por ello, el reconocimiento de las comunidades asentadas en las zonas de intervención se convierte en un elemento relevante para determinar quiénes deben participar en los procesos de información, diálogo y consulta que correspondan.
La denuncia plantea, en última instancia, que el desarrollo de los Polos del Bienestar no debería avanzar mediante el desconocimiento de comunidades que afirman tener presencia histórica, organización colectiva y actividades productivas en los territorios donde se pretende instalar infraestructura. –sn–
Indigenas tseltales¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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📰 Gobierno de Chile inicia invalidación de consulta indígena del SBAP tras pérdida de firmas
🔗 https://laderasur.com/articulo/que-paso-con-la-consulta-indigena-del-sbap-gobierno-de-chile-inicia-proceso-de-invalidacion-tras-perdida-de-firmas/ -
SCJN participará como observadora en consulta para la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que participará como observadora en la consulta para elaborar la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, durante un foro sobre justicia pluricultural realizado con comunidades de Chiapas.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que participará como observadora en el proceso de consulta para la elaboración de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento de los derechos colectivos y la justicia pluricultural en México.
El anuncio fue realizado por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, durante la clausura del foro «Pluriversos de la justicia, Modevite: la lucha por la vida y el territorio», organizado por el Centro de Estudios Constitucionales (CECSJ) y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).
El encuentro reunió durante dos días a representantes de comunidades tseltales, tsotsiles y ch’oles de 13 municipios de Los Altos y la Selva de Chiapas para analizar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos y la defensa de sus territorios.
Corte acompañará la consulta nacional
Hugo Aguilar Ortiz destacó que México contará por primera vez con una legislación general dedicada a los pueblos indígenas y afromexicanos, por lo que calificó el proceso como un hecho histórico.
Explicó que la participación de la SCJN como observadora busca contribuir a que la futura legislación refleje la realidad de las comunidades y fortalezca la protección de sus derechos.
El ministro presidente señaló que conocer las necesidades y particularidades de cada pueblo permitirá que las resoluciones del máximo tribunal sean más cercanas y útiles para quienes históricamente han enfrentado condiciones de exclusión.
Foro abordó autonomía y defensa del territorio
Durante el encuentro se analizaron temas relacionados con la autonomía de los pueblos indígenas, la defensa del territorio, los derechos de la naturaleza y los mecanismos jurídicos para proteger los derechos colectivos.
Además de las mesas de trabajo, el programa incluyó una ceremonia maya, una exposición fotográfica y un laboratorio de reflexión jurídica enfocado en la construcción de estrategias para fortalecer la defensa legal de las comunidades indígenas.
Buscan fortalecer una justicia pluricultural
El director general del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, Orlando Aragón Andrade, afirmó que la nueva etapa de la justicia constitucional busca consolidar una visión pluricultural basada en la igualdad sustantiva y el acceso efectivo a la justicia.
Por su parte, Pascuala Vázquez Aguilar, representante del gobierno comunitario de Chilón e integrante de Modevite, reconoció la apertura de la Suprema Corte para establecer un diálogo directo con los pueblos indígenas y afromexicanos.
Estrategia de acercamiento con comunidades
La SCJN informó que este foro forma parte del Plan Estratégico 2025-2027, cuyo objetivo es fortalecer una justicia más cercana a la población mediante el diálogo con comunidades indígenas, organizaciones sociales y especialistas.
En el evento también participaron investigadores, académicos y representantes de diversas instituciones vinculadas con los derechos de los pueblos originarios y la defensa del territorio. –sn–
Pleno de la SCJN¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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ONU reconoce avances de México en derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
Otro de los temas expuestos fue la implementación de los 21 planes de justicia y desarrollo regional , para atender las demandas de bienestar de los pueblos.
Por Gabriela Díaz | ReporteraEl Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, se reunió con el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ( INPI ), Adelfo Regino.
Durante el encuentro en las oficinas del INPI, se dio a conocer los avances de nuestro país en materia de derechos para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Entre los avances expuestos se resaltó la reforma histórica constitucional que reconoce a los pueblos su carácter de sujetos de derecho público, lo que fue elogiado por el Alto Comisionado como “ejemplo mundial”.
También se destacó la propuesta de iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual será sometida a un proceso de consulta .
Otro de los temas expuestos fue la implementación de los 21 planes de justicia y desarrollo regional , para atender las demandas de bienestar de los pueblos.
A través de un mensaje en su red social X , el Alto Comisionado dijo sentirse complacido al conocer el trabajo del INPI, además de reconocer la voluntad, apoyo y cooperación de la Organización de Naciones Unidas ( ONU ), para hacer realidad los derechos inalienables de los pueblos originarios a nivel internacional. –sn–
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Comunidades afectadas con ampliación de Ruta 5 Sur exigen #consultaindígena. El ministerio de Obras Públicas pretende licitar la autopista por 45 años, asegurándole al concesionario el pago de peaje por casi medio siglo. Comunidades de Filkun y Padre las Casas, exigieron que se realice al #consultaindígena previa que obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (#OIT), ante la inminente licitación del tramo Kollipulii - Longkoche, de la Ruta 5 Sur https://araucaniadiario.cl/amp/32324/comunidades-afectadas-con-ampliacion-de-ruta-5-sur-exigen-consulta-indigena
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Defensoría logra restituir derechos de pueblos indígenas en tres cantones
Defensoría logra restituir derechos de pueblos indígenas en tres cantones
San José, 07 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes intervino a favor de los derechos de los pueblos indígenas, logrando la restitución de los mismos en tres cantones d [...]#ConsultaIndígena #Convenio169OIT #CostaRica #DefensoríaDeLosHabitantes #DerechosHumanos #DerechosIndígenas #LeyIndígena #PueblosIndígenas
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Aucán Huilcamán: “El Gobierno debe abrir un diálogo directo con el movimiento mapuche” | vía #UChileRadio
#aucánhuilcamán #comisiónporlapazyelentendimiento #consultaindígena #juliachuñil
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Salvador Millaleo y caso Julia Chuñil: “El Ministerio Público está distraído en una línea de investigación que va por otro lado” | vía #UChileRadio
#comisióndepazyentendimiento #consultaindígena #facultaddederechouniversidaddechile #juliachuñil #salvadormillaleo #viodemos
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Salvador Millaleo y caso Julia Chuñil: “El Ministerio Público está distraído en una línea de investigación que va por otro lado” | vía #UChileRadio
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La Consulta Indígena no tiene validez, seriedad ni legitimidad
https://radiokurruf.org/2025/09/15/la-consulta-indigena-no-tiene-validez-seriedad-ni-legitimidad/
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La Consulta Indígena no tiene validez, seriedad ni legitimidad
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Consulta indígena del nuevo sistema de tierras de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: un problema de fondo y uno de forma | vía #CIPERChile
#columna #comisiónparalapazyelentendimiento #consultaindígena
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Consulta indígena del nuevo sistema de tierras de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: un problema de fondo y uno de forma | vía #CIPERChile
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Consulta indígena del nuevo sistema de tierras de la Comisión para la Paz y el Entendimiento: un problema de fondo y uno de forma | vía #CIPERChile
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Elisa Loncon llamó al Gobierno a detener la consulta de la Comisión para la Paz | vía #UChileRadio
#comisiónporlapaz #consultaindígena #elisaloncon #regióndelaaraucanía #senado
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Elisa Loncon llamó al Gobierno a detener la consulta de la Comisión para la Paz | vía #UChileRadio
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#Heineken anuncia inversión millonaria en #Yucatán, habitantes de #Kanasín denuncian simulacro de consulta indígena
👉 https://avispa.org/?p=120179
#ConsultaIndígena #TrenMaya #ClaudiaSheinbaum #Mexico #FelizDomingo #YaPagaCabrón #DDHH #consulta #yucatan #trenmaya #claudiasheimbuam #mexico #latinoamerica #extractivismo #agua
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Mideplan anuncia tercer intento de consulta indígena requerida para Plan Regulador de Talamanca
El Minae y el INVU deberán presentar un informe sobre los impactos ambientales del Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, según el Mideplan.
La entrada Mideplan anuncia tercer intento de consulta indígena requerida para Plan Regulador de [...]#ConsultaIndigena #INVU #Kekoldi #MINAE #MartaEsquivel #MunicipalidadDeTalamanca #País #PlanReguladorTalamanca #ÚltimaHora
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Mideplan anuncia tercer intento de consulta indígena requerida para Plan Regulador de Talamanca
El Minae y el INVU deberán presentar un informe sobre los impactos ambientales del Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, según el Mideplan.
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Mideplan anuncia tercer intento de consulta indígena requerida para Plan Regulador de Talamanca
El Minae y el INVU deberán presentar un informe sobre los impactos ambientales del Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita, según el Mideplan.
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Defensoría emite alerta temprana sobre Plan Regulador Costero del Caribe Sur
San José, 10 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes emitió una alerta temprana sobre el Plan Regulador Costero Caribe Sur Cahuita, advirtiendo sobre hallazgos preliminares que deben ser atendidos [...]
#ConservaciónAmbiental #ConsultaIndígena #CostaRica #DefensoríaDeLosHabitantes #DerechosCiudadanos #InformaciónYParticipaciónCiudadana #PlanReguladorCosteroCaribeSur #PuebloIndígenas
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Comunidad maya de Yucatán exige que la Corte apele a su demanda y abra un precedente ante controversias de otros proyectos extractivos en la región.
👉 https://avispa.org/pueblo-maya-solicita-a-suprema-corte-detener-despojo-de-tierras-por-mega-granja-porcicola/#Chapab #ComunidadMaya #MegaGranjaPorcícola #TerritorioIndígena #ConsultaIndígena #ControversiaAmbiental #CuidarLaTierra #DerechosTerritoriales #DerechosIndígenas
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Comunidad maya de Yucatán exige que la Corte apele a su demanda y abra un precedente ante controversias de otros proyectos extractivos en la región.
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Comunidad maya de Yucatán exige que la Corte apele a su demanda y abra un precedente ante controversias de otros proyectos extractivos en la región.
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Comunidad maya de Yucatán exige que la Corte apele a su demanda y abra un precedente ante controversias de otros proyectos extractivos en la región.
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Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció penalmente a funcionario municipal.
👉 avispa.org/?p=107586#AutonomíaIndígena #DerechosIndígenas #ConsultaIndígena #Autogobierno #ConsultaLibre #ComunidadesIndígenas #ConsejoSupremoIndígena