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Semar destruye más de dos toneladas de cocaína aseguradas en operativos en Oaxaca

Personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) incineró más de 2,155.382 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron asegurados en el marco de las acciones de mantenimiento del Estado de derecho.

El acto se realizó en el Polígono Naval de Instalaciones Logísticas de este Mando Superior en Jefe Operacional, siendo presidido por el Vicealmirante Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, Comandante de la Décima Región Naval quien estuvo acompañado en por el Ingeniero Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, la Maestra Damaris Baglietto Hernández, Fiscal Federal de la República en el Estado de Oaxaca, en conjunto con diversas autoridades.

Derivado de lo anterior, es importante mencionar que personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable, asimismo, peritos de dicha dependencia verificaron los procedimientos, así como la identidad química del estupefaciente destruido. –sn–

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Aseguran metanfetamina y fentanilo en Chihuahua

 En la acción participaron elementos de SSPC y AIC de FGR. También fueron detenidas dos personas

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades detuvieron a dos personas y aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil dosis de fentanilo en el estado de Chihuahua.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, los agentes interceptaron un vehículo sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua–Juárez, al que se le marcó el alto para efectuar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, un binomio canino realizó un marcaje positivo en las puertas de la unidad, donde detectaron alteraciones en su estructura metálica que ocultaban compartimentos, dentro de los cuales localizaron diversos paquetes envueltos en plástico que contenían aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y un recipiente con 25 mil pastillas de fentanilo.

Por lo anterior, el conductor y su acompañante fueron detenidos, se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas, debilitar las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en el país. –sn–

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Mayoría de costarricenses apoyarían un acuerdo militar con EE.UU., según CIEP-UCR

Mayoría de costarricenses apoyarían un acuerdo militar con EE.UU., según CIEP-UCR
San José, 06 may (elmundo.cr) – La mayoría de los costarricenses esta de acuerdo con un acuerdo militar entre Costa Rica y Estados Unidos, esto según [...]

#AcuerdoMilitarConEE.UU. #CombateAlNarcotráfico #CostaRica #Destacada #DonaldTrump #EEUU #EncuestaCIEP-UCR #LuchaContraElCrimenOrganizado #RodrigoChaves

https://elmundo.cr/costa-rica/mayoria-de-costarricenses-apoyarian-un-acuerdo-militar-con-ee-uu-segun-ciep-ucr/

Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Soberanía y solidaridad

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Sofía Guillén es una irresponsable que mancha el nombre de Costa Rica, asegura Chaves

San José, 9 oct (elmundo.cr) – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la emprendió contra las afirmaciones de la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén. Esto luego de que Guillén ha asegurado en varias oc [...]

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https://elmundo.cr/costa-rica/sofia-guillen-es-una-irresponsable-que-mancha-el-nombre-de-costa-rica-asegura-chaves/